La infamia de Ayotzinapa no solamente
fue una evidencia de la colusión del crimen organizado con el Estado mexicano.
Fue también evidencia de cómo dicho Estado está podrido al grado de encubrir
con una espuria investigación y una falsa “verdad histórica” a los verdaderos
autores materiales e intelectuales del crimen.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con
Nuestra América
Desde Puebla,
México
En el momento en que escribo estas
líneas, se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas
de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y el asesinato de nueve
personas más. En estos cuatro años, el
gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto construyó una “verdad histórica” que fue demolida con
las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH) y por el
Equipo Argentino de Antropología Forense. Las conclusiones de ambos organismos
pusieron en severas dudas el que un
incendio haya ocurrido en el basurero de Cocula, lugar en el que supuestamente
habrían sido incinerados los jóvenes desaparecidos. Esa verdad oficial también
ha sido severamente cuestionada por el libro de la periodista Anabel Hernández
(“La verdadera Noche de Iguala”, 2016) en el que sostiene que además de las
autoridades municipales de Iguala, estuvieron implicados elementos del 27
batallón de infantería del ejército mexicano en la desaparición de los jóvenes.
El gobierno de Peña Nieto (2012-2018)
finalizará con el imperecedero estigma no solamente de la desaparición de los
normalistas, sino también el de haber construido una “verdad histórica” que
busca encubrir a los verdaderos autores de la infamia de Ayotzinapa. Un Tribunal Colegiado asentado en el estado
de Tamaulipas ha resuelto que no existe ningún impedimento legal para que se
instaure una Comisión de la Verdad que investigue el caso. Y es promesa de
campaña del presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, para que
tal Comisión de la Verdad comience sus funciones durante el próximo gobierno. La Comisión de
la Verdad que el Tribunal recomendó, ha sido atacada por el gobierno actual:
son 200 las controversias que se han presentado. Es esperanzador también que
Alejandro Encinas, el próximo
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación haya declarado que están en conversaciones con la GIEI para que
regrese a México y colabore con la Comisión de la Verdad. En el cuarto aniversario del hecho oprobioso, el presidente electo de México se reunió con
los padres de los normalistas desaparecidos en el Museo Memoria y Tolerancia
que preserva la memoria de genocidios y crímenes de lesa humanidad ocurridos en México y en diversas partes del
mundo. Los acuerdos allí logrados llenan de esperanza a los padres de los
muchachos desaparecidos: Comisión de la Verdad, un decreto presidencial de
compromiso y una comisión integrada por la ONU y el GIEI.
La infamia de Ayotzinapa no solamente
fue una evidencia de la colusión del crimen organizado con el Estado mexicano.
Fue también evidencia de cómo dicho Estado está podrido al grado de encubrir
con una espuria investigación y una falsa “verdad histórica” a los verdaderos
autores materiales e intelectuales del crimen. Con el triunfo de Andrés Manuel
López Obrador comienza una cuarta época en la vida política de México. Y uno de
los síntomas de que esa cuarta transformación
será una realidad, es que la verdad sobre la suerte y victimarios de los
normalistas de Ayotzinapa finalmente sea develada.
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