La Constitución cubana y América Latina

En la República de Cuba se vive un importante momento histórico, pues está en camino la aprobación de la nueva Constitución.

Juan J. Paz y Miño Cepeda / Firmas Selectas de Prensa Latina

La Ley Fundamental adoptada en febrero de 1959 fue prácticamente el primer instrumento que rigió al nuevo Estado, nacido de la triunfante Revolución. Pero se quedó corta frente al acelerado proceso que vivió el país, que desde 1962 se declaró socialista, en medio de la voracidad anticubana impulsada por el imperialismo, en el marco de la guerra fría.

La primera Constitución de Cuba, aprobada por referéndum en 1976 tras un singular proceso de masiva pedagogía legal y política, ha regido, con enmiendas, hasta el presente. Hoy, el pueblo cubano igualmente participa, en sus diversas instancias organizativas, de esa tradicional discusión ampliada de sus normas fundamentales, con el propósito de aprobar la nueva Constitución de la República.

En la opinión general, la nueva Constitución que tendrá Cuba parecería ser un asunto correspondiente a su gobierno y relativo al sistema económico que rige en ese país, totalmente distinto al del resto de países de América Latina y el Caribe. Pero no es así. Esa Constitución tiene especial significado para nuestra región por múltiples razones. Destaco algunas, ya que en este espacio no es posible hacer relación a todo cuanto podría analizarse.

La necesidad de dictar la nueva Constitución es fruto de un proceso que viene desde 2013. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto en julio de 2018 y será sometido al referendo popular en febrero de 2019, luego de haber pasado por el análisis y la discusión del pueblo. De este modo, Cuba es un ejemplo de participación política de la población, pues su Carta Magna no será fruto, como ocurre en la mayoría de países latinoamericanos, de los textos elaborados por especialistas o comisiones, que se discuten en los congresos y se aprueban al margen de los ciudadanos.

La experiencia cubana para la discusión constitucional es parecida a la que tuvo Ecuador en 1978 cuando tocó definir, por referéndum, entre dos proyectos de Constitución, que fueron elaborados por comisiones especiales nombradas por la dictadura militar (Consejo Supremo de Gobierno, 1976-1979) y que fuera el punto de partida para el retorno al orden constitucional, que llegó en 1979, con el triunfo presidencial de Jaime Roldós (1979-1981). Las derechas políticas de aquella época negaron la capacidad del pueblo para debatir e inteligenciarse de asuntos constitucionales que esas fuerzas consideraban exclusivos para una elite instruida. Pero Ecuador demostró no solo que supo entender bien los alcances de los dos proyectos, sino que votó mayoritariamente por la nueva Constitución, que resultó muy progresista e incluso anti oligárquica.

De otra parte, la participación popular en las decisiones es un tema de creciente atención en América Latina y los primeros países en reconocer constitucionalmente diversas formas de democracia directa han sido Colombia (1991), Perú (1993), Venezuela (1999), Costa Rica (2003), Bolivia (2009) y Ecuador (1998 y 2008). Sobre estas bases, el desafío en la región está en utilizar esos instrumentos -como el referendo o la consulta popular- para afirmar la activa presencia de las masas en la democracia representativa. Sin duda América Latina todavía está lejos de llegar a la práctica usual de consulta directa practicada en Suiza; pero igualmente se vuelve necesario acudir a los mecanismos de la democracia directa, con iniciativa popular, constitucionalmente reconocida, para tratar de frenar la reimplantación del neoliberalismo, que galopa nuevamente sobre América Latina, una vez que el ciclo de los gobiernos progresistas y de nueva izquierda fue desestabilizado.

El proyecto de Constitución cubana reafirma la estructura organizativa del Estado, bien diferente a la del resto de América Latina. Crea la figura del Presidente de la República como Jefe del Estado y la del Primer Ministro, a cargo del gobierno, que, salvando las distancias y las atribuciones, podría compararse con la estructura de varios países europeos que diferencian Presidente y Premier (Primer Ministro). Además, se mantiene el Consejo de Estado y, desde luego, la Asamblea Nacional del Poder Popular; pero ahora se inscribe un Consejo Electoral Nacional.

Cuba se adelanta a algunos países de América Latina en la expresión de los nuevos derechos sobre la no discriminación por género, identidad de género, orientación sexual, origen étnico y discapacidad, al mismo tiempo que reconoce al matrimonio entre dos personas, ocasionando una ruptura con la tradicional concepción que solo lo ha tenido como la relación entre un hombre y una mujer. Con todo el adelanto que representó la Constitución de 2008 en Ecuador, aún no se reconoce ese tipo de matrimonio. El nuevo derecho altera viejos conceptos y remueve el conservadorismo.

Cuba reafirma el carácter socialista del país y el papel rector del Partido Comunista. Imposible una situación igual en el resto de América Latina. El socialismo cubano es, además, irrevocable y, por cierto, “Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”. Al mismo tiempo, Cuba proclama la paz, el orden jurídico internacional, el respeto a los derechos humanos universales, sus vínculos latinoamericanistas y caribeños, y afirma su soberanía en forma radical, sin admitir injerencia extranjera ni amenazas.

Interesa resaltar los fundamentos económicos. El proyecto constitucional parte de reconocer que en Cuba “rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que considera y regula el mercado, en función de los intereses de la sociedad”. En tal virtud, se aceptan varias formas de propiedad: 1. socialista, en manos del Estado; 2. cooperativa; 3. mixta; 4. de las organizaciones políticas de masas y sociales; 5. privada, “que se ejerce sobre determinados medios de producción”; 6. otras. El proyecto también incorpora un principio décadas atrás impensable: “El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales”.

Pretendiendo utilizar estos conceptos cubanos, pero tergiversándolos, los neoliberales latinoamericanos sostienen que “hasta en Cuba” se introducen las “privatizaciones” y se acepta al “capital extranjero”. Nada han comprendido sobre el tema, aunque lo que tratan es de doblegar a los otros países al imperio del capital privado.

Bajo el brutal bloqueo que tiene Cuba desde la década de 1960, el socialismo actual ha visto la necesidad de utilizar tanto a la economía privada como a la inversión extranjera como elementos para el desarrollo. Incluye la posibilidad de alianzas público-privadas. Pero todo subordinado al régimen estatal socialista. Sin embargo, esos instrumentos han merecido críticas y hasta rechazos de la izquierda dogmática, que ya está, a estas alturas de la evolución de América Latina, históricamente incapacitada para entender el mundo y el marxismo. Pero son fórmulas que también pueden adoptarlas el conjunto de países de América Latina y que, de hecho, ya se hallan vigentes. El problema es el tipo de poder económico que administra y decide sobre esos mecanismos, pues mientras para los neoliberales el sector privado y el mercado son los que deben dominar, todo gobierno de izquierda en Latinoamérica debiera comprender que es necesario imponer el poder del Estado y de los intereses nacionales sobre el mercado y los intereses empresariales privados.

Este problema histórico es lo que contrastó al “ciclo neoliberal” del “ciclo progresista” latinoamericano. Porque durante las dos décadas finales del siglo XX se impuso el neoliberalismo y se edificaron en la región modelos empresariales que arruinaron las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones; mientras con el inicio del siglo XXI y la irrupción de gobiernos progresistas y de nueva izquierda, lograron imponerse los Estados a los voraces intereses privados, sin que ello haya implicado que tales gobiernos se hubieran propuesto acabar con la empresa privada. Pero ese solo cambio en las relaciones de poder se volvió imperdonable a las fuerzas del capital nacional e imperialista. Hoy, la restauración de los intereses empresariales privados contra el Estado y los intereses populares y laborales son visibles en los gobernantes post-progresistas, como ha ocurrido en la Argentina de Mauricio Macri, en el Brasil de Michel Temer o en el Ecuador de Lenín Moreno.

Finalmente, Cuba garantiza la educación y la medicina desde el Estado y como servicios gratuitos. Este también es un ejemplo a tomar en el conjunto de América Latina, pues la necesidad de impedir el avance neoliberal que ha resurgido en la región, obliga a reivindicar no solo la educación y la medicina estatales, sino a buscar una nueva alteración del poder privado, que permita que en cada país latinoamericano se implante la seguridad social universal y pública, la educación y la medicina sociales y gratuitas, e incluso, en el futuro, una renta básica universal (RBU) o salario nacional ciudadano, que parece utopía, pero que ya se ha implantado, en forma experimental, en Finlandia. Y fortalecer esas capacidades estatales requerirá de fuertes impuestos a los ricos, sobre rentas, herencias, patrimonios y ganancias, algo para lo que no están dispuestos.

Desde luego, los neoliberales se movilizarán contra todas las formas de economía social y de propiedad distinta a la privada. En Ecuador ya ocurrió con la Constitución de 1979 que reconocía las formas de propiedad estatal, mixta, privada y autogestionaria o comunitaria, contra la cual se lanzaron las derechas por considerarla “comunista”. La Constitución de 2008 retomó el camino del fortalecimiento público, sin descartar el rol de la economía privada.

  

Así es que contamos con la posibilidad de avanzar sobre experiencias mutuas latinoamericanas, de modo que los nuevos principios y reivindicaciones constitucionales merecen afirmarse para un nuevo rumbo social.