Guatemala: El espectro del anticomunismo

En el contexto actual se observa cómo el anticomunismo se renueva. Todo aquel que forma parte de luchas sindicales o de defensa del territorio y constituya una expresión reivindicativa desde sujetos históricamente excluidos, vuelve a ser catalogado como comunista y terrorista.

Mario Sosa / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad de Guatemala

En la historia reciente del país, la extrema derecha guatemalteca deviene de una matriz ideológica y política común: el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Como partido político, el MLN tiene su origen en las fuerzas contrarrevolucionarias que, bajo la conducción de Estados Unidos y la realización de la Operación PBSuccess, derrocaron el gobierno democrático y legítimo encabezado por Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954).

El MLN, constituido formalmente en 1958, fue la más representativa expresión del anticomunismo, que como ideología fue esencial en la implementación de una política de crímenes de lesa humanidad, planificados, organizados y ejecutados por estructuras represivas de Estado y escuadrones de la muerte, cuya acción comenzó en 1954 y se extiende al día de hoy en prácticas de corte fascista.

Algunos escuadrones de la muerte tuvieron su origen directo en este partido político, autodenominado «el partido de la violencia organizada», al cual pertenecieron algunas expresiones del gran empresariado. Al rastrear a muchos políticos y poderes actuales, que se encuentran en la mayoría de los partidos políticos de derecha, puede constatarse su origen en las filas del MLN y de sus vástagos ideológicos. Así las cosas, el sustrato ideológico anticomunista se encuentra difuminado en buena parte de las organizaciones partidarias, pero también en grupos, medios y expresiones económicas, sociales, culturales e ideológicas que forman parte de quienes hegemonizan el poder dentro y fuera del Estado.

Desde la ideología anticomunista se categorizó como comunistas, cuando no como terroristas, a todas aquellas personas y organizaciones sociales y políticas que atentaran contra el establishment y el statu quo. Se incluyó no solo a las organizaciones claramente subversivas e insurrectas, sino también a expresiones orientadas a exigir derechos, a luchar por mejoras económicas y sociales, a perseguir objetivos democráticos. En este marco, la expresión quitarle el agua al pez constituyó una máxima en la estrategia anticomunista y se tradujo en la aplicación de la tierra arrasada, política consistente en un plan sistemático de masacres contra comunidades rurales, indígenas y campesinas bajo el supuesto de ser colaboradoras de las organizaciones guerrilleras.

En el contexto actual se observa cómo el anticomunismo se renueva. Todo aquel que forma parte de luchas sindicales o de defensa del territorio y constituya una expresión reivindicativa desde sujetos históricamente excluidos, vuelve a ser catalogado como comunista y terrorista. No obstante, su renovación está siendo recuperada y reimpulsada por un conjunto de aparatos ideológicos (medios y programas de difusión masiva, netcenters, Iglesias neopentecostales, etcétera) y políticos (Cacif, así como fundaciones y partidos políticos de derecha y extrema derecha) que integran, de forma directa o indirecta, la articulación de poder que controla los principales organismos estatales. Esto se explica en que buena parte de sus integrantes se han visto amenazados por procesos de investigación y procesamiento judicial, por resistencias a proyectos extractivos y búsquedas de reforma, los cuales son interpretados como un peligro para sus intereses y para el régimen económico, social y político instituido.

En este sentido, utilizan un conjunto de términos cercanos: comunista, socialista, izquierdista, terrorista. Asimismo, se mezclan discursos racistas y homofóbicos. Siendo elástico el uso de tales términos, estos son aplicados contra todo aquel que se distancie de alguna política específica aunque coincida en la defensa del modelo de acumulación y del régimen político. Así, el exembajador de Estados Unidos Todd Robinson fue catalogado como socialista. Embajadas europeas que propugnan por avances en la investigación criminal, además de instituciones como la Cicig y figuras como Thelma Aldana e Iván Velásquez, son acusados de ser parte de una trama izquierdista de carácter internacional que atenta contra la soberanía y la independencia del país. Y en la disputa electoral actual califican a Sandra Torres, política tradicional de derecha moderada, de exguerrillera, de representación de la izquierda y de expresión del socialismo internacional.

Más allá de una acepción y aplicación laxa de la ideología anticomunista, lo riesgoso de esto son los cambios institucionales, las nuevas leyes y las orientaciones de la política estatal, que podrían devenir en una política de mayor persecución, represión y aniquilamiento de dirigencias, luchadores y defensoras de derechos. Este sería el caso de la activación de estructuras estatales y privadas organizadas desde el mundo finquero y empresarial.

Así las cosas, el anticomunismo constituye un espectro que amenaza nuevamente a nuestro pueblo.