En el
contexto actual se observa cómo el anticomunismo se renueva. Todo aquel que
forma parte de luchas sindicales o de defensa del territorio y constituya una
expresión reivindicativa desde sujetos históricamente excluidos, vuelve a ser
catalogado como comunista y terrorista.
Desde Ciudad de Guatemala
En la
historia reciente del país, la extrema derecha guatemalteca deviene de una
matriz ideológica y política común: el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Como partido político, el MLN tiene su origen en las fuerzas
contrarrevolucionarias que, bajo la conducción de Estados Unidos y la
realización de la Operación PBSuccess, derrocaron
el gobierno democrático y legítimo encabezado por Jacobo Árbenz Guzmán
(1951-1954).
El MLN,
constituido formalmente en 1958, fue la más representativa expresión del
anticomunismo, que como ideología fue esencial en la implementación de una
política de crímenes de lesa humanidad, planificados, organizados y ejecutados
por estructuras represivas de Estado y escuadrones de la muerte, cuya acción
comenzó en 1954 y se extiende al día de hoy en prácticas de corte fascista.
Algunos
escuadrones de la muerte tuvieron su origen directo en este partido político,
autodenominado «el partido de la violencia organizada», al cual pertenecieron
algunas expresiones del gran empresariado. Al rastrear a muchos políticos y
poderes actuales, que se encuentran en la mayoría de los partidos políticos de
derecha, puede constatarse su origen en las filas del MLN y de sus vástagos
ideológicos. Así las cosas, el sustrato ideológico anticomunista se encuentra
difuminado en buena parte de las organizaciones partidarias, pero también en
grupos, medios y expresiones económicas, sociales, culturales e ideológicas que
forman parte de quienes hegemonizan el poder dentro y fuera del Estado.
Desde la
ideología anticomunista se categorizó como comunistas, cuando no como
terroristas, a todas aquellas personas y organizaciones sociales y políticas
que atentaran contra el establishment y
el statu quo. Se incluyó no solo a las organizaciones
claramente subversivas e insurrectas, sino también a expresiones orientadas a
exigir derechos, a luchar por mejoras económicas y sociales, a perseguir
objetivos democráticos. En este marco, la expresión quitarle el agua al pez constituyó una máxima en
la estrategia anticomunista y se tradujo en la aplicación de la tierra
arrasada, política consistente en un plan sistemático de masacres contra
comunidades rurales, indígenas y campesinas bajo el supuesto de ser
colaboradoras de las organizaciones guerrilleras.
En el
contexto actual se observa cómo el anticomunismo se renueva. Todo aquel que
forma parte de luchas sindicales o de defensa del territorio y constituya una
expresión reivindicativa desde sujetos históricamente excluidos, vuelve a ser
catalogado como comunista y terrorista. No obstante, su renovación está siendo
recuperada y reimpulsada por un conjunto de aparatos ideológicos (medios y
programas de difusión masiva, netcenters, Iglesias
neopentecostales, etcétera) y políticos (Cacif, así como fundaciones y partidos
políticos de derecha y extrema derecha) que integran, de forma directa o
indirecta, la articulación de poder que controla los principales organismos
estatales. Esto se explica en que buena parte de sus integrantes se han visto
amenazados por procesos de investigación y procesamiento judicial, por
resistencias a proyectos extractivos y búsquedas de reforma, los cuales son
interpretados como un peligro para sus intereses y para el régimen económico,
social y político instituido.
En este
sentido, utilizan un conjunto de términos cercanos: comunista, socialista,
izquierdista, terrorista. Asimismo, se mezclan discursos racistas y
homofóbicos. Siendo elástico el uso de tales términos, estos son aplicados
contra todo aquel que se distancie de alguna política específica aunque
coincida en la defensa del modelo de acumulación y del régimen político. Así,
el exembajador de Estados Unidos Todd Robinson fue catalogado como socialista.
Embajadas europeas que propugnan por avances en la investigación criminal,
además de instituciones como la Cicig y figuras como Thelma Aldana e Iván
Velásquez, son acusados de ser parte de una trama izquierdista de carácter
internacional que atenta contra la soberanía y
la independencia del país. Y en la disputa electoral
actual califican a Sandra Torres, política tradicional de derecha moderada, de
exguerrillera, de representación de la izquierda y de expresión del socialismo
internacional.
Más allá de
una acepción y aplicación laxa de la ideología anticomunista, lo riesgoso de
esto son los cambios institucionales, las nuevas leyes y las orientaciones de
la política estatal, que podrían devenir en una política de mayor persecución,
represión y aniquilamiento de dirigencias, luchadores y defensoras de derechos.
Este sería el caso de la activación de estructuras estatales y privadas
organizadas desde el mundo finquero y empresarial.
Así las
cosas, el anticomunismo constituye un espectro que amenaza nuevamente a nuestro
pueblo.
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