Guatemala: si la constitución no me respalda, peor para la constitución

La Corte de Constitucionalidad se ve envuelta en otro giro: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, exige a Guatemala en el marco de su escalada contra los inmigrantes, transformarse en tercer país seguro, y el gobierno de Jimmy Morales dio su aprobación, ignorando que la Constitución establece que quien debe darlo es el Congreso.

Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

Bajo la mirada de Trump, el ministro de gobernación
de Guatemala firmó este viernes el acuerdo
de "tercer país seguro" con los EE.UU.

La arremetida de la derecha guatemalteca para restablecer la impunidad rampante en el país es furibunda. Esta semana que termina, el presidente Jimmy Morales comunicó a la ONU que no renovará la permanencia de la CICIG en Guatemala, poniendo así término a la colaboración de un organismo que permitió iniciar el desmantelamiento de redes de corrupción y crimen organizado, y juzgar algunos crímenes perpetrados, principalmente por militares, en el transcurso de la guerra de más de 30 años que asoló al país.

Asimismo, en el Congreso de la República se promueven leyes para amnistiar crímenes de lesa humanidad, mientras una de las fuentes principales, si no la principal, de documentos probatorios de las violaciones de derechos humanos, el Archivo Histórico de la Policía Nacional, se encuentra en peligro no solo de que se vete su consulta sino, lo que es peor, de caer en manos de quienes están interesados en que desaparezca.

El sistema judicial guatemalteco no se caracteriza por su integridad. Una de las razones por las que los Acuerdos de Paz de 1996 acordaron crear una comisión respaldada por la ONU (la CICIG) fue, precisamente, la certeza que debía depurarse y fortalecerse en aras de apoyar la construcción de un Estado de derecho.

La composición y accionar de la Corte de Constitucionalidad debe entenderse en este contexto. Sus resoluciones han sido contradictorias y muchas veces tendenciosas. Anuló sesgadamente, por ejemplo, el juicio seguido al dictador Efraín Ríos Montt que había concluido en su condena por genocidio. En este caso, la Corte de Constitucionalidad cedió ante las presiones públicas de la representación institucional de las cámaras empresariales, el CACIF, y otras organizaciones directamente interesadas en que no se sepa la verdad de las atrocidades de la guerra, ordenando volver a realizar el juicio a sabiendas que eso nunca sucedería.

Igualmente, en el reciente caso de la ex fiscala Thelma Aldana, en decisión dividida fueron parte de la trama que la marginó de las elecciones presidenciales, decisión que tomó presionada por el llamado “pacto de corruptos”, una compleja trama de políticos y empresarios que han hecho del Estado su botín y medio para la entronización de redes mafiosas, y que veían la muy posible llegada de Aldana al gobierno como una amenaza a sus privilegios.

Pero ahora, la Corte se ve envuelta en otro giro: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, exige a Guatemala en el marco de su escalada contra los inmigrantes, transformarse en tercer país seguro, y el gobierno de Jimmy Morales dio su aprobación, ignorando que la Constitución establece que quien debe darlo es el Congreso. Así lo hizo ver la Corte, levantando la ira del gobierno norteamericano que amenaza con vengarse gravando las remesas que constituyen cerca del 18% del PIB guatemalteco, y del presidente Morales, quien ignorante y prepotente, pretende desconocerla para aprobar el convenio.

La Constitución sirve, según estos malandrines, cuando les es propicia y, si no, se la ignora o se amenaza con cambiarla, como sucede en estos momentos en otro país centroamericano, Costa Rica, en donde diputados enojados por no poder disponer a su antojo del presupuesto de las universidades estatales porque se los prohíbe la Carta Magna, también pretende cambiarla según su coyuntural conveniencia.

Cosas veredes, Sancho amigo. Son los mismos que se llenan la boca despotricando contra los procesos constitucionalistas que, como sucedió en Venezuela, Ecuador o Cuba, modifican la ley básica de la nación en base a proyectos marcados por la consensuada discusión y la sanción social a través de referendos.

Saltándose todas las barreras que encuentran a su paso, no respetando a nada ni a nadie puesto que, como ha sucedido en el pasado, no vacilan incluso en liquidar físicamente a quien difiere de ellos, los grupos dominantes guatemaltecos hacen una vez más de las suyas.