La
Corte de Constitucionalidad se ve envuelta en otro giro: Donald Trump,
presidente de los Estados Unidos, exige a Guatemala en el marco de su escalada
contra los inmigrantes, transformarse en tercer país seguro, y el gobierno de
Jimmy Morales dio su aprobación, ignorando que la Constitución establece que
quien debe darlo es el Congreso.
Rafael Cuevas Molina / Presidente
AUNA-Costa Rica
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| Bajo la mirada de Trump, el ministro de gobernación de Guatemala firmó este viernes el acuerdo de "tercer país seguro" con los EE.UU. |
La
arremetida de la derecha guatemalteca para restablecer la impunidad rampante en
el país es furibunda. Esta semana que termina, el presidente Jimmy Morales
comunicó a la ONU que no renovará la permanencia de la CICIG en Guatemala,
poniendo así término a la colaboración de un organismo que permitió iniciar el
desmantelamiento de redes de corrupción y crimen organizado, y juzgar algunos
crímenes perpetrados, principalmente por militares, en el transcurso de la
guerra de más de 30 años que asoló al país.
Asimismo,
en el Congreso de la República se promueven leyes para amnistiar crímenes de
lesa humanidad, mientras una de las fuentes principales, si no la principal, de
documentos probatorios de las violaciones de derechos humanos, el Archivo
Histórico de la Policía Nacional, se encuentra en peligro no solo de que se
vete su consulta sino, lo que es peor, de caer en manos de quienes están
interesados en que desaparezca.
El
sistema judicial guatemalteco no se caracteriza por su integridad. Una de las
razones por las que los Acuerdos de Paz de 1996 acordaron crear una comisión
respaldada por la ONU (la CICIG) fue, precisamente, la certeza que debía
depurarse y fortalecerse en aras de apoyar la construcción de un Estado de
derecho.
La
composición y accionar de la Corte de Constitucionalidad debe entenderse en
este contexto. Sus resoluciones han sido contradictorias y muchas veces
tendenciosas. Anuló sesgadamente, por ejemplo, el juicio seguido al dictador
Efraín Ríos Montt que había concluido en su condena por genocidio. En este
caso, la Corte de Constitucionalidad cedió ante las presiones públicas de la
representación institucional de las cámaras empresariales, el CACIF, y otras
organizaciones directamente interesadas en que no se sepa la verdad de las
atrocidades de la guerra, ordenando volver a realizar el juicio a sabiendas que
eso nunca sucedería.
Igualmente,
en el reciente caso de la ex fiscala Thelma Aldana, en decisión dividida fueron
parte de la trama que la marginó de las elecciones presidenciales, decisión que
tomó presionada por el llamado “pacto de corruptos”, una compleja trama de
políticos y empresarios que han hecho del Estado su botín y medio para la
entronización de redes mafiosas, y que veían la muy posible llegada de Aldana
al gobierno como una amenaza a sus privilegios.
Pero
ahora, la Corte se ve envuelta en otro giro: Donald Trump, presidente de los
Estados Unidos, exige a Guatemala en el marco de su escalada contra los
inmigrantes, transformarse en tercer país seguro, y el gobierno de Jimmy
Morales dio su aprobación, ignorando que la Constitución establece que quien
debe darlo es el Congreso. Así lo hizo ver la Corte, levantando la ira del
gobierno norteamericano que amenaza con vengarse gravando las remesas que
constituyen cerca del 18% del PIB guatemalteco, y del presidente Morales, quien
ignorante y prepotente, pretende desconocerla para aprobar el convenio.
La
Constitución sirve, según estos malandrines, cuando les es propicia y, si no,
se la ignora o se amenaza con cambiarla, como sucede en estos momentos en otro
país centroamericano, Costa Rica, en donde diputados enojados por no poder
disponer a su antojo del presupuesto de las universidades estatales porque se
los prohíbe la Carta Magna, también pretende cambiarla según su coyuntural
conveniencia.
Cosas
veredes, Sancho amigo. Son los mismos que se llenan la boca despotricando
contra los procesos constitucionalistas que, como sucedió en Venezuela, Ecuador
o Cuba, modifican la ley básica de la nación en base a proyectos marcados por
la consensuada discusión y la sanción social a través de referendos.
Saltándose
todas las barreras que encuentran a su paso, no respetando a nada ni a nadie
puesto que, como ha sucedido en el pasado, no vacilan incluso en liquidar
físicamente a quien difiere de ellos, los grupos dominantes guatemaltecos hacen
una vez más de las suyas.
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