Costa Rica: crisis, deuda e impunidad del neoliberalismo

La narrativa de la crisis, instrumentalizada por tecnócratas, intelectuales y medios de comunicación, se convirtió en uno de los ejes del proyecto neoliberal criollo que, como en el resto de América Latina, insiste con terquedad en alimentarse de sus fracasos y reproducirse a partir de sus propios errores.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

 “Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, la ejecución se llama ajuste de cuentas; y se llama plan de ajuste la ejecución de un país endeudado, cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo”.

Eduardo Galeano. Patas arriba. La escuela del mundo al revés (2004).

Dos noticias recientes activaron las alarmas de la sociedad costarricense, especialmente de la clase política, los grupos de poder económico y la tecnocracia: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la tasa de desempleo abierto alcanzó al 12,4% en el cuarto trimestre del año 2019, el porcentaje más alto de la última década; además, el país registró el déficit fiscal más alto desde 1979 -un 6,96% del PIB-, lo que echó por tierra los pronósticos más optimistas del gobierno del presidente Carlos Alvarado, para detener un problema histórico que condiciona las posibilidades de desarrollo del país en varios ámbitos.

Recordemos que en diciembre del 2018, el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) logró la aprobación en la Asamblea Legislativa de una polémica reforma fiscal que fue anunciada como necesaria si se quería evitar una crisis de dimensiones escatológicas, y con ello, frenar la aplicación de medidas de ajuste que –en palabras de la entonces Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar- provocarían “dolor”, más desempleo y afectarían la calidad y cobertura de los servicios públicos esenciales que recibe la población.

Ahora, frente al estancamiento prolongado de la economía, y a los magros resultados del nuevo esquema tributario, agravados por el hecho de que la agencia Moodys emitió un comunicado negativo sobre el riesgo  de inversión en bonos de deuda costarricense, la intelligentsia neoliberal, arrinconada por la situación, redobla su apuesta por los dogmas económicos neoclásicos.

Desde el Ejecutivo, y con apoyo de las cámaras empresariales y varios partidos de derecha, se promueve la aprobación de un proyecto de ley que pretende flexibilizar la jornada laboral, que pasaría de 8 a 12 horas, bajo el supuesto de que dicho cambio ayudaría a reactivar la actividad económica.  Y  en relación con la delicada situación fiscal del país y la asfixia de las finanzas públicas por el pago de la deuda, el mandatario alega que recibió un "país hipotecado" por los gobiernos que le precedieron en los últimos 20 años, que no hicieron lo suficiente por resolver la crisis (aunque fue omiso en asumir la responsabilidad que cabe  a su propio partido, el PAC, que gobernó entre 2014 y 2018, y donde Alvarado se desempeñó como ministro). Es decir, las distintas administraciones no “ajustaron” al Estado y sus instituciones a la medida del traje diseñado por los organismos financieros internacionales.

En consecuencia con este discurso, el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial, anunció que reforzará el combate a la evasión de impuestos y, además, propuso "recurrir a los superávits presupuestarios de once instituciones y empresas públicas, así como la privatización" del banco BICSA y de la Fábrica Nacional de Licores, para conseguir recursos frescos para el pago de la deuda.  No obstante, como explica el economista Luis Paulino Vargas, "todo esto sumado daría para cancelar un 1% de la deuda total o, en el mejor de los casos, un poquitito más. Bastaría un trimestre, quizá menos, para que esa amortización quede compensada y superada por el crecimiento inercial de la deuda".  

El servicio de la deuda –es decir, el monto que el Estado endeudado debe pagar a los acreedores- consumirá el 38,2% del presupuesto nacional del 2020, y el ministro Chaves alberga la expectativa de realizar una nueva colocación de bonos (los llamados eurobonos) en los mercados de Londres o Nueva York para sustituir deuda cara por deuda barata. El ciclo, a todas luces, parece interminable: a mayor deuda, mayor endeudamiento; a más desempleo y déficit, más ajustes y sacrificios. La narrativa de la crisis, instrumentalizada por tecnócratas, intelectuales y medios de comunicación, se convirtió en uno de los ejes del proyecto neoliberal criollo que, como en el resto de América Latina, insiste con terquedad en alimentarse de sus fracasos y reproducirse a partir de sus propios errores.

Para quienes nacimos en la Costa Rica de finales de la década de 1970, “crisis” se ha convertido en una palabra común, casi omnipresente: nuestra vida ha transcurrido en la zozobra permanente, en la inminencia del colapso social y económico, sometidos al dictum de los organismos financieros internacionales que reclaman la profundización de los ajustes fiscales y estructurales –detenidos solo temporalmente por la resistencia de los movimientos sociales-.  La edad de oro del Estado costarricense, aquella en que el proyecto socialdemócrata iniciado en 1950 desplegó todo su potencial transformador -por medio del desarrollo de una economía mixta, de la regulación de los capitales, de la promoción del empleo  y los derechos de los trabajadores como política social, de la inversión pública en infraestructura, de la ampliación de la cobertura educativa y sanitaria, del fortalecimiento de la producción agrícola y la gestión cultural, entre otros aspectos-, es para nosotros un recuerdo que gravita en el discurso de la historia oficial y en el imaginario del discurso hegemónico de la identidad nacional, pero que  tiene cada vez menos referentes a los cuales anclarse como factor de movilización de la acción política.

Desde mediados de la década de 1980, con la implementación del primer Programa de Ajuste Estructural, la crisis como condición permanente, como narrativa que sostiene e impulsa el proyecto neoliberal en el país, devino en una suerte de dispositivo cultural e ideológico que establece el carácter inexpugnable de sus mandatos, al tiempo que proscribe  cualquier alternativa que se aleje de los marcos hegemónicos de comprensión de los problemas económicos y sociales. Y con pesar, debemos reconocer que no existe hoy, entre la oposición en la Asamblea Legislativa ni entre los diversos movimientos sociales, la capacidad de abrir un debate, con incidencia en la opinión pública, sobre salidas otras a la crisis multidimensional que nos aqueja. 

Aunque aumente la desigualdad social, la concentración de la riqueza, el desempleo y la precarización del trabajo, el sistema permanece exento de toda sospecha, gozando de la impunidad de sus crímenes. Ese, quizás, sea uno de sus mayores triunfos.