Costa Rica: la voz disonante

Como ya han mostrado científicos sociales desde hace varias décadas, Costa Rica es uno de los países de la región en el que el Estado ha logrado mayores niveles de legitimidad entre la población, lo que, en buena medida, se encuentra sustentado en una institucionalidad pública que otorga beneficios bastante generalizados.

Rafael Cuevas Molina/ Presidente AUNA-Costa Rica

Daniel Salas, Ministro de Salud de Costa Rica,
ha coordinado la respuesta de las instituciones
de salud del Estado frente a la pandemia.

En estos días, ha quedado en evidencia que esa institucionalidad pública se ha convertido en una red de seguridad que ha permitido que no se desborde la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, las Universidades públicas y el entramado institucional del Estado social han contribuido eficientemente a mantener, dentro de lo posible, bajo control la dispersión del virus y la atención de quienes han sido infectados.

La población costarricense reconoce y agradece esto. El Estado, por su parte, acorde con una tradición arraigada y no exclusiva de este país, inyecta dosis de nacionalismo que le permiten, por un lado, incrementar la eficacia de su mensaje preventivo y, por otro, fortalecer su legitimidad en una sociedad con grietas de convivencia debido al resquebrajamiento paulatino que han tenido las bases materiales del consenso en los últimos 30 años.

Efectivamente, el Covid-19 llega al país en una coyuntura específica en la que se encontraba en marcha una poderosa ofensiva conservadora que pretende llevar hasta sus últimas consecuencias la implementación del modelo neoliberal, y el gobierno de turno se ha subido a ese carro.

Tal ofensiva tiene como signo distintivo la satanización del aparato de Estado. La punta de lanza de tal ofensiva la constituyen las cámaras patronales e ideólogos de la derecha que cuentan, como en toda la región, con un aparato mediático poderoso cuya principal finalidad es moldear una opinión pública favorable a sus designios. 

Es este conjunto de fuerzas las que se han erigido, en la coyuntura de la pandemia, en la voz disonante. Aunque es la institucionalidad pública la que lleva sobre sus hombros, hasta ahora de manera eficiente, el peso de la lucha contra la enfermedad y sus consecuencias, no cesan en atacarla a través de propuestas que buscan debilitarla.

En primer lugar, trasladando hacia los trabajadores asalariados el peso de la contribución económica para afrontar los gastos en los que de debe incurrir para apoyar a los sectores sociales más desfavorecidos, que más sufren con las medidas de aislamiento y, por ende, de freno a la actividad económica. 

Los ideólogos neoliberales más recalcitrantes, los que tienen caja de resonancia inmediata y destacada en los medios de comunicación cartelizados, propusieron inmediatamente recortar a la mitad todos los salarios públicos, y luego han propuesto impuestos, recortes de beneficios salariales y de pensiones.

No mencionan tales ideólogos ni, lógicamente, las cámaras patronales, el soporte que podrían brindar las grandes empresas y capitales, muchas de las cuales han sido denunciadas reiteradamente por elusión de impuestos, fraude fiscal y declaración de cero ganacias o pérdidas económicas, cuando son grandes y pujantes emporios.

Muchos de los ataques que sistemáticamente organizan los medios de comunicación cartelizados se dirigen contra las universidades públicas, a quienes denigran publicando medias verdades o abiertamente mentiras, en una campaña que busca desprestigiarlas frente a una población que sigue depositando su confianza en ellas, a pesar del exponencial crecimiento de la educación superior privada.

En medio de la crítica situación que vivimos todos, quienes anteponen sus intereses lucrativos a los de toda la población no escatiman artimañas para hacer avanzar su proyecto excluyente. Son grupos sociales que, en el pasado, ante el bienestar más o menos general que ofrecía el Estado, algunos no dudaron en caracterizar como inteligentes, atribuyéndoles colaboración en la construcción y mantenimiento de un modelo de sociedad en la que no se presentaban las formas despiadadas de explotación que prevalecen en la región.

Pero estaban equivocados quienes así los consideraban. No estaban anuentes ni eran colaboradores de buena fe. Solo estaban neutralizados y a la espera de dar el zarpazo al que su instinto de clase los predispone. Ahora más que nunca lo están demostrando.