Asfixiada desde hace mas de seis décadas por el estadio de sitio económico impuesto por Estados Unidos, Cuba se enfrenta a graves dificultades que repercuten en el bienestar de la población.
Salim Lamrani / Para Con Nuestra América
Desde La Réunion, Francia
El 17 de marzo de 2024, en Santiago de Cuba, decenas de personas expresaron pacíficamente su descontento frente a las dificultades materiales a las que se enfrentan a diario. La agencia de noticias estadounidense The Associated Press, generalmente bien informada, evocó la presencia de “pequeños grupos de protestatarios”. Fueron recibidos por la secretaria del Partido Comunista de la ciudad para exponer sus quejas. Las autoridades gubernamentales subrayaron que las manifestaciones se desarrollaron en un marco “respetuoso”.
Cuba sufre una grave crisis económica que afecta al bienestar de la población. Los cortes de electricidad, debidos a la falta de suministro de petróleo, son habituales y a veces pueden duran hasta 8 horas. La escasez afecta también el sector alimentario haciendo cada vez más difícil para los hogares cubanos encontrar productos de primera necesidad. Por primera vez en su historia, Cuba ha pedido ayuda al Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas para hacer frente a la situación.
Estados Unidos, mediante su embajada en La Habana, no tardó en responder destacando “la falta de alimentos y electricidad” en la isla. “Instamos al gobierno a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legitimas del pueblo cubano”. La Habana denunció inmediatamente la injerencia y la hipocresía de Washington, convocando al encargado de negocios, Benjamin Ziff, al Ministerio de Relaciones Exteriores.
De hecho, los Estados Unidos son los principales responsables de la situación económica de la isla. Desde 1960, Washington ha impuesto sanciones que afectan todos los sectores de la sociedad, en particular a los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los enfermos. Después del desmoronamiento de la URSS en 1991, lejos de normalizar las relaciones con Cuba, la administración de Bush Sr. reforzó el estado de sitio al aprobar la ley Torricelli en 1992, ilegal por su alcance extraterritorial. Su sucesor, el demócrata Bill Clinton, hizo lo proprio con la ley Helms-Burton de 1996, que viola principios elementales del Derecho Internacional Público por su carácter retroactivo. George W. Bush reforzó estas medidas coercitivas con la adopción de nuevas sanciones en 2004 y 2006.
Durante el segundo mandato de Barack Obama se observó una tregua al producirse el proceso histórico de acercamiento entre ambos países, iniciado oficialmente en diciembre de 2014. Washington adoptó medidas constructivas, pero no se levantaron las sanciones. De hecho, cabe destacar que la administración de Obama I fue la que impuso las multas más severas a las empresas y bancos internacionales que tenían vínculos con Cuba.
En 2017, la llegada al poder de Donald Trump puso fin a este acercamiento. Washington volvió a la política de la confrontación e impuso 243 nuevas sanciones en cuatro anos, más de una sanción por semana, dirigidas a sectores vitales de la economía cubana, como la exportación de servicios médicos, el turismo y las remesas. Entre ésas, 50 se impusieron en plena pandemia de Covid-19, privando a la isla de equipos vitales como los respiradores y afectando gravemente al sistema sanitario.
La elección de Joe Biden en 2020 no ha supuesto ningún cambio significativo para Cuba. Ha mantenido la mayoría de las medidas adoptadas por su predecesor. Las cifras son reveladoras del impacto de las sanciones económicas sobre los derechos humanos de los cubanos. Mas del 80% de la población nació bajo las sanciones. Estas sanciones cuestan a la economía cubana una media 15 millones de dólares al día. En noviembre de 2023, por 31° año consecutivo, 187 países, incluidos los mas firmes aliados de los Estados Unidos, pidieron “el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero” de Washington contra Cuba. Anacrónico, cruel e ilegal, es el principal obstáculo al desarrollo del país y es responsable de los actuales sufrimientos de la población de la isla.
Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona, Salim Lamrani es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de La Reunión y está especializado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
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