La divulgación de los
resultados de las llamadas pruebas PISA (Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos, por sus siglas en inglés), una evaluación
estandarizada diseñada y aplicada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), bastión del neoliberalismo global, ha generado
revuelo y polémica en nuestra región.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa
Rica
Para algunos voceros
del establishment neoliberal, el pobre
desempeño de los estudiantes de los países latinoamericanos que tomaron
estas pruebas, en relación con sus pares de los países asiáticos y europeos,
constituye la mejor prueba del fracaso de nuestros sistemas educativos y de la
necesidad de impulsar reformas que nos pongan a la altura de los sistemas del primer mundo (siempre y cuando esto no
implique pagar más impuestos o alterar la sacrosanta estructura de distribución
de la riqueza).
Quienes expresan este
punto de vista, poco dicen de las condiciones de desigualdad social estructural
en que transcurre la infancia y adolescencia de la gran mayoría de los jóvenes
latinoamericanos, y callan sobre las furiosas reacciones de los poderes
fácticos cuando algún presidente o presidenta comete el imperdonable agravio de
gobernar en beneficio de los excluidos, de los más pobres, de los últimos entre
los últimos. Ahí están los casos de Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina o
Ecuador, para quien necesite más pruebas sobre las brutales ofensivas
restauradoras que han debido enfrentar los gobiernos que más hicieron por
reducir la desigualdad y la pobreza en América Latina, en lo que va del siglo
XXI.
Para los críticos de la
evaluación estandarizada de conocimientos, como el secretario general de
CLACSO, Pablo Gentili, las pruebas PISA son
un mecanismo artificial, burocrático, impuesto sin mayor discusión a los países
latinoamericanos que forman parte de la OCDE, o que aspiran a serlo, y con un
problema de origen: parten “de un principio equivocado, de que hay una forma de
pensar el desarrollo y el mundo, que es universal, de Shanghái hasta República
Dominicana, todos los jóvenes con 15 años tienen que saber un conjunto de cosas
que son fundamentales para sobrevivir y progresar en la vida”. Para Gentili, a
través de estas pruebas la OCDE “establece un horizonte, un modelo educativo
colonial, dominante y para nada universal ni científico”, que condiciona los
objetivos de la educación a la visión económica de los poderosos. Es decir, la
del capitalismo neoliberal.
Gentili da en el clavo
de la cuestión. Ese modelo educativo es el que se ha venido instalando en
América Latina, con mayor o menor resistencia, por medio de una reforma
educativa de larga duración –ya supera las dos décadas-, reproductora de la
ideología dominante y de la racionalidad tecnocrática, y que le ha permitido a
un manojo de organismos internacionales influir en la definición de los
sentidos y finalidades de la educación en nuestros países. Este neoliberalismo pedagógico, como lo llama la educadora argentina Adriana Puiggrós,
se asienta en los discursos de la calidad y la evaluación, en la imposición de
una lógica gerencial sobre las prácticas pedagógicas, y en la aceptación pasiva
de la tesis según la cual los sistemas
educativos deben satisfacer, por encima de cualquier otro propósito, la demanda
de recursos humanos o mano de obra calificada para el mercado.
La evaluación de los
aprendizajes va más allá de la simple medición cuantitativa de resultados, la
aplicación de instrumentos estandarizados, o la creación de una identidad entre
el estudiante y un número que pretende calificarlo; la evaluación supone un
ejercicio de valoración fundamentada, desde el que se reflexiona, analiza e
investiga sistemáticamente la integralidad del fenómeno educativo: su intencionalidad,
los aciertos, las imitaciones, y todos aquellos aspectos susceptibles de ser
mejorados en la praxis. Por el contrario, instrumentalizar la evaluación del
aprendizaje, como intentan hacerlo las agencias del pensamiento y la cultura
neoliberal, sería reducir la condición humana a una relación de costo-beneficio
y aceptar como única ley educativa el juego de la oferta y la demanda.
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