Hay suficiente evidencia que demuestra que, conforme transcurrió el día 30 de septiembre, se evolucionó del “cuartelazo” al intento de golpe de Estado y finalmente al intento de matar al Presidente Correa. No debe perderse la consideración sobre la progresiva violencia, ni sobre la evolución de las posturas de la oposición en aquel día.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)
Al siguiente día de la rebelión policial-militar del 30 de septiembre del 2010, la oposición tenía lista su interpretación: todo es culpa del Presidente Correa, nunca hubo golpe de Estado, jamás existió un intento para matar al Mandatario y el asunto se redujo a la “protesta” policial. Hasta las muertes de aquel día son atribuidas a la “prepotencia” del Presidente. Y el inicio de una serie de procesos judiciales ha servido para hablar de “cacería de brujas”.
Con semejantes argumentos se ha tratado de minimizar lo ocurrido, desviar el problema para proseguir el ataque al Presidente, justificar los hechos y desvirtuar las responsabilidades contra la misma realidad empírica existente.
Desde una perspectiva histórica estricta, el 30 de septiembre actuaron, en forma directa, policías y militares insurrectos. Fueron actores “activos” una serie de personajes ligados a Sociedad Patriótica (SP); los dirigentes y manifestantes del Movimiento Popular Democrático (MPD) y sus grupos aliados (un sector de la FEUE, la UNE y la UGTE); varios dirigentes de Pachakutik, la CONAIE y ciertos sindicatos; un núcleo de activistas políticos “independientes” o ligados a partidos de la oposición; los asambleístas identificados con la misma SP, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y otros aliados. Entre los actores “pasivos” cuenta la extrema derecha; sectores del alto empresariado con intereses oligárquicos; el núcleo hegemónico de medios de comunicación privados anticorreístas; y una más amplia y difusa esfera de clases altas y medias, todos interesados en aprovechar del momento, en que “algo pase” y, sin duda, con el abierto propósito de que “caiga” el Presidente.
Hay suficiente evidencia que demuestra que, conforme transcurrió el día 30 de septiembre, se evolucionó del “cuartelazo” al intento de golpe de Estado y finalmente al intento de matar al Presidente Correa. No debe perderse la consideración sobre la progresiva violencia, ni sobre la evolución de las posturas de la oposición en aquel día.
En un contexto histórico aún más amplio, tampoco caben dudas de que hay sectores y fuerzas no solo nacionales sino extranjeras, interesados en derrumbar los proyectos políticos –y sobre todo económicos- de los gobiernos de la “nueva izquierda” latinoamericana y particularmente los que va encarnando el ALBA. Por supuesto, ahí se introducen los intereses del capital transnacional y de las estrategias geopolíticas y de seguridad de las potencias “imperialistas”.
Los individuos y sectores comprometidos en forma activa o pasiva, y los que estratégicamente ubicaron sus intereses en torno a la posibilidad de la crisis gubernamental en Ecuador, exigen “pruebas” y “nombres”. Aquí está la trampa de su juego de palabras. Porque en ciencias sociales claramente se diferencian las responsabilidades jurídicas de las de tipo histórico y político.
A los jueces corresponderá determinar las responsabilidades legales. Pero los responsables político-históricos del intento de golpe de Estado y del intento de muerte del Presidente, están perfectamente identificados para la historia contemporánea del Ecuador.
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