jueves, 30 de octubre de 2008

Reinventar la Universidad Pública: a noventa años de la Reforma

Una nueva entrega de la colección Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, preparada por CLACSO.
Los textos que componen el presente Cuaderno del Pensamiento Crítico constituyen un aporte al necesario debate sobre el presente y el futuro de las universidades latinoamericanas y caribeñas. A 90 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, cuyo Manifiesto Liminar, publicamos en el Cuaderno Nº5 (febrero de 2008), y en el contexto de una coyuntura regional donde se juegan grandes oportunidades políticas y enormes desafíos democráticos, la reflexión sobre nuestras universidades constituye un imperativo intelectual, una necesidad estratégica que mucho nos aportará en la construcción de un futuro de justicia e igualdad.
Pensar la actualidad del legado de la Reforma Universitaria y, al mismo tiempo, la necesidad de ir más allá de los límites del reformismo de 1918 redoblando su herencia democrática, es el eje que atraviesa este nuevo Cuaderno. Las contribuciones aquí presentadas constituyen fragmentos de algunos de los capítulos que componen el libro compilado por Emir Sader, Hugo Aboites y Pablo Gentili: La Reforma Universitaria. Desafíos y perspectivas 90 años después, publicado por CLACSO.

La Reforma de Córdoba: su actualidad y sus desafíos Carlos Tünnermann Bernheim
Posneoliberalismo, reforma universitaria y excelencia académica Pablo Gentili
La lucha por la autonomía universitaria, hoy Jaime Ornelas Delgado
La autonomía en México: entre la libertad, el Estado y el interés privado (1921-2008) Hugo Aboites

Lea los textos completos aquí

miércoles, 29 de octubre de 2008

Lanzan con éxito primer satélite venezolano desde China

El presidente de Venezuela Hugo Chávez, acompañado por su homólogo Evo Morales, siguieron de cerca el lanzamiento con éxito del Satélite Simón Bolívar.
TeleSUR
El Satélite venezolano Simón Bolívar fue lanzado al espacio este miércoles en China, como parte de los acuerdos de cooperación tecnológica establecidos por ambas naciones.
Veintidos días antes del lanzamiento, el cohete fue transportado a Xichang y levantado en la torre de lanzamiento. Desde entonces, las pruebas y chequeos se llevaron a cabo continuamente.
En el área de lanzamiento hubo más de 10 sistemas trabajando simultáneamente, como el sistema eléctrico, controles, telemetría y comunicaciones.
Toda la información del trabajo se transmitió al centro de control maestro en tiempo real.
Un período clave fue a 15 minutos de la ignición, cuando la mayoría de las pruebas y chequeos habían culminado, el último grupo de personal evacuó la torre de lanzamiento. Se colocaron cámaras en 4 áreas del sitio, que grabaron la operación desde diferentes ángulos.
A 6 km del lugar del lanzamiento, se dispuso un punto para que algunos espectadores tuvieran una vista cercana de la ignición del cohete, siendo éste el punto más cercano para los visitantes.
El cohete surcó vuelo de tipo vertical. Las primeras corrientes de aire ofrecen una fuerte resistencia, así que para acortar tiempo de vuelo el cohete se lanza de esta manera. Adicionalmente el vuelo vertical favorece la estabilidad del aparato.

Las Etapas

La primera etapa es el lanzamiento del cohete, posteriormente hay una segunda y tercera separación y finalmente el desacople del Satélite del vehículo de lanzamiento.
En este instante el cohete está bajo el rango de observación del equipo de rastreo y seguimiento. Cuando el Satélite alcance el punto destinado entre la órbita y el Ecuador. El cohete se preparará para soltar el Satélite en la órbita de transferencia, ésta también es una órbita elíptica. En ese momento la función del cohete se dará por terminada.
En la órbita de transferencia, la altitud y la posición del satélite será medidas repetidamente. Los pequeños propulsores del Venesat-1 lo llevarán hasta el punto destinado, hasta alcanzar el lugar exacto en superposición al ecuador.
Cuando el Simón Bolívar alcance su órbita, los paneles solares son desplegados. El Satélite es un Hexaedrón; en cada lado del satélite se encuentra un largo panel solar, estos artefactos, son principalmente utilizados como fuente de electricidad. Los paneles desplegados podrán alcanzar unos 26 metros de longitud.
Cada panel solar pesa 160 Kg. Y tienen una duración útil de 15 años. El despliegue de estos paneles solares se lleva a cabo en unos 30 minutos.
Luego de terminado el proceso de los paneles solares comenzó el despliegue de las antenas. La antena de subida del Satélite es utilizada para recibir los comandos desde la Tierra y transmitir señal de estatus. Mientras que la antena de bajada es utilizada para el tráfico de transmisiones o señales a Tierra.
Estas antenas están dentro del Satélite, cuando el Simón Bolívar alcanza su órbita requerida éstas antenas salen y deben apuntar a nuestro planeta.
Ambas operaciones son controladas por los comandos en Tierra y verificadas por las estaciones de medición repetidamente. Si ambos procesos se cumplen con éxito, entonces toda la misión será exitosa.

domingo, 26 de octubre de 2008

Reforma petrolera: política desgastada

Al día de hoy debiera ser una obviedad decir que, en democracia, la obligación de los legisladores es atender, comprender y dar cauce a las necesidades y demandas de sus representados, porque en éstos se sostiene y justifica el cargo público que detentan.
Editorial LA JORNADA (26-10-2008)
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó ayer (sábado), en menos de cinco horas y prácticamente sin discusión, los siete dictámenes que integran la llamada reforma petrolera, enviados a esa instancia legislativa tras su aprobación en el Senado.
La votación y el aval de los siete documentos se realizó a contrapelo de un acuerdo previo, en la mesa directiva de dicha comisión, de someter a discusión sólo cinco de ellos y dejar para el próximo lunes los dos restantes: la Ley de Petróleos Mexicanos y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, los componentes más polémicos del paquete de enmiendas en materia petrolera. Tal circunstancia provocó que los legisladores del Frente Amplio Progresista –a excepción de los pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda– abandonaran la sesión.
Cabe señalar, por principio de cuentas, que la forma en que se consumó esa aprobación –fast-track, sin espacio para el debate– constituye un factor inadmisible en el ámbito de un país pretendidamente democrático: la insistencia de los diputados del PRI y el PAN por acelerar los procesos de votación, el rechazo sistemático de esa coalición legislativa de facto a las impugnaciones de los opositores y el mayoriteo aplicado a lo largo de la sesión son elementos que remiten inevitablemente a las prácticas empleadas en tiempos del priísmo gobernante, las cuales, a lo que puede verse, se mantienen a pesar del cambio de logotipos y siglas en la Presidencia de la República y de la conformación de un Legislativo pluripartidista.
La premura con que se intenta aprobar la reforma petrolera en la Cámara de Diputados pareciera obedecer a una táctica del grupo en el poder para eludir las manifestaciones de descontento ciudadano previstas a realizarse la semana entrante, lo que refuerza la idea de que las intenciones privatizadoras no han sido erradicadas del todo, sino acaso matizadas, y pudieran avanzar, así sea de manera furtiva, por las ambigüedades y las imprecisiones que persisten. Estas suspicacias podrían desactivarse si existiera voluntad política, por parte de los grupos parlamentarios, de incluir en las leyes discutidad una frase que cancele explícita y puntualmente la posibilidad de conceder a los particulares áreas exclusivas del territorio nacional en los contratos de exploración y perforación, pero la actitud observada ayer en San Lázaro no aporta elementos alentadores en ese sentido.
Por añadidura, el episodio que se comenta constituye un factor de desencanto con relación a la clase política en su conjunto y la forma en que se dirimen los asuntos públicos en este país. Si al interior de los órganos de representación popular no existe espacio para la reproducción de las demandas que se originan fuera de ellos, no es de extrañar que la ciudadanía busque formas de expresión alternas. En este marco se inserta, precisamente, el movimiento en defensa del petróleo que encabeza el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, cuya valía radica justamente en haber frenado, mediante acciones cívicas y pacíficas, el designio abiertamente privatizador que encerraba la iniciativa presidencial, e impedir, con ello, que se consumara un grave atropello a la soberanía nacional.
Al día de hoy debiera ser una obviedad decir que, en democracia, la obligación de los legisladores es atender, comprender y dar cauce a las necesidades y demandas de sus representados, porque en éstos se sostiene y justifica el cargo público que detentan. Tales consideraciones son, sin embargo, necesarias, porque lo observado ayer en San Lázaro no abona a la consolidación de un país democrático, en el que se respete la pluralidad y el disenso; evidencia, en cambio, una crisis de representatividad en el modelo vigente y un desgaste sostenido de la política nacional.

La Otra Colombia

La Minga es el modo en que los de abajo han decidido “concertar la palabra y convertirla en camino”. Es apenas el primer paso. Pero el que marca el rumbo y deja huella.
Raúl Zibechi / LA JORNADA
“Algo nuevo se está cocinando en el país”, dice Alfredo Molano, periodista y sociólogo perseguido por el régimen uribista por decir lo que ve y vocear lo que sienten millones de colombianos para quienes los medios están cerrados. No lo dice en un despacho cerrado, sino a cielo abierto en el Foro de la Solidaridad en Moravia, barrio pobre de Medellín construido sobre una enorme montaña de basura que los desplazados por las sucesivas guerras convirtieron en trama urbana, periférica y resistente, con base en una impresionante red de solidaridades.
Lo nuevo es la amplitud, extensión y profundidad de la protesta, y sobre todo la confluencia de actores que están colocando contra las cuerdas al gobierno de Álvaro Uribe. Los paros más destacados por los medios son los del sector público por salario, como el de los judiciales, que llevó al gobierno a decretar el estado de “conmoción interior”. Luego siguieron los funcionarios del sistema electoral (Registraduría), los maestros, los camioneros y otros servidores públicos que ven sus salarios diezmados por el incesante aumento de precios. Sin embargo, lo que más desvela a los poderosos es la confluencia del abajo.
El 15 de septiembre pasado se inició la huelga de 10 mil corteros de caña de azúcar que ocupan ocho ingenios de Valle del Cauca, quienes trabajan a destajo y en condiciones feudales. Los corteros, casi todos afrocolombianos, se levantan a las cuatro de la madrugada, trabajan de seis de la mañana a cinco de la tarde bajo un sol que lastima y llegan sobre las ocho de la noche a su casa, luego de dar 5 mil 400 golpes de machete e inhalar humo de la quema de caña y el glifosato usado en las plantaciones. Ganan poco más del salario mínimo, pagan de su bolsillo la seguridad social, las herramientas, la ropa de trabajo y el transporte hasta el cañaveral. Al atarceder, se ven espigadas siluetas morenas al borde de la Panamericana, entre Cali y Popayán, tambaleándose como zombis luego de una jornada laboral criminal.
La huelga de los más pobres sorprendió a todos, tanto por su duración como por el macizo seguimiento de los agrupados en el sindicato Sinalcorteros. Para el gobierno y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar la huelga es un problema, ya que obligó a importar azúcar de Ecuador y Bolivia, paralizó la producción de etanol y elevó el precio de la gasolina, porque de los brazos destrozados de los corteros sale el etanol para sus coches. Quizá por eso el ministro de Protección Social (ironía de los de arriba) dijo en el parlamento que la huelga no es un problema social, sino una protesta de delincuentes, y acusó a los corteros de estar infiltrados por las FARC.
Los corteros piden ser contratados directamente por la empresa, porque ahora se les obliga a ingresar en cooperativas que son bolsas de trabajo para abaratar salarios; que se les paguen los días perdidos por paradas de las empresas, así como los que deben asistir al médico, ya que los accidentes laborales incapacitan a 200 corteros cada año. Exigen, además, que se eliminen las básculas móviles que pesan a favor del patrón, que se quiten las máquinas que hacen el trabajo de 150 corteros, y un aumento salarial de 30 por ciento.
En los 516 años de resistencia, el 12 de octubre pasado comenzó la Minga de los Pueblos que retoma las decisiones del primer Congreso Itinerante de los Pueblos por la Vida, la Alegría, la Justicia, la Libertad y la Autonomía, realizado en septiembre de 2004 y del que surgió el Mandato Indígena y Popular que contempla: rechazo al TLC, un tratado “entre patrones y contra los pueblos”; derogación de las reformas constitucionales que someten a los pueblos a la exclusión y la muerte; “no más terror del Plan Colombia (…) que infesta nuestros territorios y los siembra de muerte y desplazamiento”; cumplimiento del Estado a los acuerdos a raíz de la masacre del Nilo en 1991, donde fueron asesinados 20 nasas; y construir la Agenda de los Pueblos, que surja de “compartir y sentir el dolor de otros pueblos y procesos”.
La Minga, trabajo colectivo en el mundo andino, comenzó al borde de la carretera Panamericana, donde unos 10 mil indígenas, sobre todo nasas agrupados en el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y en la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), instalaron un territorio de Paz, Convivencia y Diálogo en el municipio La María Piendamó. Cortaron la ruta y fueron brutalmente atacados por las fuerzas armadas, lo que dejó un saldo de dos muertos y 90 heridos, la mayor parte por bala. La violencia no consiguió desalojarlos, pero concitaron el apoyo de toda la Colombia de abajo.
Fracasada la negociación con las autoridades, la Minga se puso en marcha hacia Cali, donde 12 mil indios escolatados por su guardia indígena, a los que se vienen sumando los corteros y otros trabajadores agrupados en la CUT, llegarán el lunes 27 a la tercera ciudad del país luego de recorrer 100 kilómetros por la rica llanura tapizada de cañaverales. Lo más trascendente es que la Minga de los Pueblos se está convirtiendo en una articulación de los de abajo sin aparatos burocráticos, encuentro abajo y en la lucha, confluencia entre múltiples torrentes que están empezando a formar el enorme cauce de la Otra Colombia. Uno de ellos fue el paro nacional convocado por la CUT para ayer jueves.
El memorial de agravios es impresionante. Sólo los indígenas denuncian que en los seis años de gobierno de Uribe asesinaron a mil 243 indios de las más de 100 etnias existentes en Colombia y 54 mil fueron expulsados de sus territorios. En los últimos 15 días ya son 19 asesinados. “Todos somos corteros, todos somos indígenas”, reza un comunicado de ACIN. La larga experiencia del pueblo nasa les dice que “ningún sector actuando solo puede enfrentar la agenda de explotación y sometimiento de quienes desde el régimen la van implementando”.
La Minga es el modo en que los de abajo han decidido “concertar la palabra y convertirla en camino”. Es apenas el primer paso. Pero el que marca el rumbo y deja huella.

América Central: Derechos violados por las transnacionales y los Estados

Giorgio Trucchi / ALAI - Lista Informativa "Nicaragua y más"
La audiencia centroamericana del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) "Políticas neoliberales, transnacionales y grupos económicos", realizada en Guatemala del 9 al 11 de octubre 2008 en el marco del III Foro Social Américas (FSA), concluyó con una resolución que condena ética y moralmente a las transnacionales y los grupos económicos demandados y que radican en Centroamérica.
También fueron sentenciados cuatro Estados, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, por "estar obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de la ciudadanía, mientras que en muchos de estos casos han operado como agentes activos y sujetos protagónicos de violaciones a los derechos humanos, por complicidad, omisión o connivencia con la actuación de empresas transnacionales”.
Las empresas condenadas fueron Unión Fenosa (España), Holcim (Suiza), Cementos Progreso (Guatemala), Enel Green Power (Italia), CALVOconservas (España), Grupo Pellas (Nicaragua), Goldcorp (Canadá) y las transnacionales norteamericanas involucradas en el caso del mortal agrotóxico Nemagón-DBCP (Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, Amvac Chemical Corporation, Shell Oil Company, Standard Fruit Company, Dole Food Company, Chiquita Brands y Del Monte Fresh Produce).
En la sentencia los jueces auspiciaron "el establecimiento de condiciones de responsabilidad universal, tales como sanciones jurídicas eficaces, difusión pública de la condena, confiscación de los instrumentos del delito producido, multas, reparación estricta del daño causado y en definitiva, la disolución de la empresa”. (1)
Para conocer más en detalle los aspectos y la importancia de esta audiencia centroamericana del TPP, la Lista Informativa "Nicaragua y más" dialogó con Luis Nieto Pereira, coordinador del Observatorio de las Multinacionales Españolas en América Latina (OMAL) y por la ocasión también juez del TPP.

-¿Cuáles han sido las conclusiones de la audiencia centroamericana del TPP en Guatemala?
-El documento final trata los siete casos que se han presentado en esta audiencia y en todos estos casos hemos visto una serie de vulneraciones de derechos, como los derechos laborales, a la salud, ambientales y resaltó también el tema de género. En alguno más y otros menos, pero en todos los casos presentados se reflejan estos tipos de violaciones.
En el caso específico del Grupo Pellas, denunciado por la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), se le acusó por haber tratado a los trabajadores en condiciones laborales indebidas, donde manejaron agrotóxicos sin el equipamiento adecuado y, además, el Grupo Pellas los utilizó como material de desecho al no hacerse cargo de ellos cuando salieron afectados por la IRC, ni siquiera reconoció la enfermedad y resolvió sus contratos de trabajo dejándolos a la intemperie en materia de protección sanitaria y laboral.
También se hace responsable al gobierno de Nicaragua por no hacer cumplir las leyes del país. Es decir, si la empresa no lo hace, el gobierno tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y en este caso, a los trabajadores del Ingenio San Antonio del Grupo Pellas. Al gobierno de Nicaragua pedimos que asuma sus responsabilidades en el plan protector de los trabajadores y trabajadoras, y que haga cumplir a las empresas, tanto al Grupo Pellas como a las involucradas con el caso del Nemagón, aquellas condiciones a las cuales los trabajadores tienen derecho en materia laboral, de salud y también ambiental. Las tierras y los recursos hídricos están contaminados y hay que revertir esta situación; los trabajadores están enfermos y hay que darles atención e indemnizarlos, tanto a los propios trabajadores como a las comunidades afectadas.

-¿A quiénes se les va a enviar copia de la sentencia del TPP?
-Se va a enviar a las empresas, a los gobiernos de los cuatros países involucrados, a los países donde residen las casas matrices de las empresas, a la Unión Europea, a los organismos financieros internacionales y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

-¿Eso quiere decir que en la sentencia se habla de manera expresa de indemnización para los daños ocasionados?
-En la sentencia final se va a pedir de forma global a las transnacionales juzgadas que indemnicen por los daños ocasionados y de esta manera el Grupo Pellas está incluido en ello.-En el caso del Grupo CALVOconservas de El Salvador, los trabajadores organizados en el SGTIPAC presentaron toda una serie de demandas y pedían al TPP diferentes resoluciones.

-¿Cuál ha sido la decisión final? ¿Fueron acogidas estas demandas?
-En el caso de CALVO, la empresa española fue condenada y se acusó también al gobierno de El Salvador por complicidad activa al estar vulnerando los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en materia de organización sindical, de protección al fuero sindical y al no reconocer el sindicato legalmente constituido por los trabajadores y trabajadoras. En este sentido pedimos el reconocimiento y respeto de los convenios internacionales que protegen del despido a los trabajadores y trabajadoras cuando quieren libremente organizar un sindicato. Más bien deberían ser apoyados por las propias leyes laborales a la hora de formar un sindicato, sin embargo en este momento no sólo no han sido apoyados sino que se han utilizado las leyes en contra de los trabajadores. Es por eso que el TPP está haciendo responsable tanto al gobierno de El Salvador como a la propia empresa CALVO de vulnerar leyes que El Salvador ha firmado y que la empresa dice estar cumpliendo.

-¿Qué responsabilidad tiene el Estado español en ese caso de CALVOconservas en El Salvador?
-El gobierno español es corresponsable de lo que les está pasando a los trabajadores y trabajadoras de CALVO en El Salvador, porque ese grupo por un lado recibe financiamientos del propio gobierno español a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES S.A) y por el otro, de la Xunta de Galicia, donde está la casa matriz del Grupo CALVO. Estas dos son entidades públicas y tienen una responsabilidad, es decir es dinero de todos los ciudadanos lo que está siendo invertido en una dirección determinada, desconociendo los ciudadanos la propia realidad de lo que está ocurriendo.

-¿Cuáles van a ser los próximos pasos después de esta sentencia?
-Nos vamos a reunir con las organizaciones centroamericanas para ver qué tipo de instrumentos de seguimientos a la sentencia se pueden coordinar. Por parte de los miembros del TPP lo que podemos hacer es ser facilitadores de este encuentro para estudiar como poder seguir adelante.

-¿Quienes van a recibir copia de la sentencia en Nicaragua?
-Seguramente el gobierno y el Grupo Pellas, sin embargo creo que se debería de enviar también al Parlamento, a los grupos políticos y extenderlo al mayor número posible de instancias que tienen que ver con las personas afectadas por la IRC y el Nemagón.

(1) Más detalles de la resolución en:
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1762

Pérez Roque: La confrontación México-Cuba quedó atrás


Según el canciller cubano, la recomposición de relaciones con México avanza positivamente. En su reunión de la semana pasada con Felipe Calderón, afinaron detalles de la visita del mandatario mexicano a La Habana, prevista para el próximo año, y coincidieron en impulsar las relaciones bilaterales sobre la base del respeto, de la no injerencia.
Blanche Petrich / LA JORNADA
En las últimas semanas, desde el desplome del sistema bancario mundial, el mundo ha presenciado lo que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, llama “hechos sorprendentes”: presidentes de los países más ricos trabajando frenéticamente, incluso fines de semana, movilizando sumas fabulosas de dinero para salvar a los banqueros que actuaron irresponsablemente.
“Sin embargo, no los vimos nunca correr así para salvar a los hambrientos, a los países pobres. Decían que no había recursos para dedicar 0.7 por ciento de su producto interno bruto que prometieron en 1970 en ayuda oficial al desarrollo.” Se pregunta dónde está hoy el Fondo Monetario Internacional, que imponía ajustes y amonestaba a los países en desarrollo que, según su criterio, actuaban “irresponsablemente”.
Con esa visión de la economía, el canciller socialista de Cuba conversó “a fondo”, según dijo, con el presidente Felipe Calderón en Los Pinos, el pasado martes durante 40 minutos, sobre la necesidad de una nueva gobernabilidad financiera internacional. “Él –dijo Pérez Roque– no enjuició la situación interna de Cuba y yo tampoco, por supuesto, la de México”.
Afinaron detalles de la visita del mandatario mexicano a La Habana, prevista para el próximo año, y coincidieron en impulsar las relaciones bilaterales sobre la base del respeto, de la no injerencia. Leer más...

De la mano de Evo se abrió camino a la refundación

Cuando todo indicaba que convivir con la tensión era inevitable, el Gobierno y la oposición lograron negociar. Parece ser que la situación tiende a estabilizarse.
Taiana González /APM
Meses atrás incansablemente se hablaba del conflicto que tenia como escenario a Bolivia, y en el que se había puesto de manifiesto el malestar de un sector xenófobo que se negaba a ser presidido por un indígena. Hoy esas diferencias que se materializaron en violencia y racismo, parece haber mermado, y luego de varios días de diálogo se ha dado un paso a un acuerdo entre el gobierno de Evo Morales y los grupos opositores.
El acuerdo entre diputados oficialistas y los de la oposición, fue posible luego de que el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero diera a conocer la renuncia del presidente boliviano –el lunes se la semana pasada- a una segunda reelección sucesiva. El mandatario boliviano aseguró: “renunció por la unidad del país a ser reelecto por segunda vez, para que vean que no soy egoísta".
Gracias a este arreglo -alcanzado en presencia de los observadores internacionales de la Unión Europea (UE), Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Organización de los Estados Americanos (OEA), Parlamento Andino e iglesias se pone fin, momentáneamente, a una profunda crisis política que amenazaba la estabilidad del Gobierno y de todo el pueblo boliviano. Leer más...

DestaPando

Rodolfo Mattarollo dirige la Comisión de UNASUR que investiga la masacre de Pando, Bolivia. Asegura que su trabajo no estará terminado hasta que haya escuchado a todas la voces. “Escuchar a todas las voces no significa hablar con las distintas partes porque acá no hay partes –aclara–. Hay un gobierno constitucional y las personas que han violado la ley a través de muertes, torturas y desapariciones.”
Santiago O’Donnell / Página12
El jurista Rodolfo Mattarollo es uno de los expertos en derechos humanos más reconocidos que tiene la Argentina. En los últimos 20 años Naciones Unidas lo mandó a El Salvador, Etiopía, Haití y Sierra Leona y él no fue una semana o un mes, sino que pasó años en cada destino. Ahora encara otra misión, tan importante como las anteriores o quizá más, porque esta vez el encargo no llega desde Naciones Unidas sino de un organismo supranacional nuevo, de la región, una institución que prácticamente estará debutando con esta misión que le está encomendando. Y de alguna manera todo esto representa la culminación de un sueño compartido que empezó en los ’70 con el escritor Haroldo Conti y los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
“Quisimos cambiar el mundo y conseguimos la democracia”, dice en el escritorio con vista al jardín de su casa, en Boedo, a las ocho y media de la mañana. Saborea un rico café preparado por Beatriz Grosso, madre de sus tres hijos, abuela de sus cuatro nietos y compañera de la vida, justo antes de hacer las valijas para viajar a Pando, Bolivia, donde ocurrió la masacre que le han encomendado investigar.
Será su tercera visita a la escena del crimen en los últimos 40 días. La masacre ocurrió del 11 de septiembre. Ese día, un escuadrón de paramilitares abrió fuego con armas automáticas contra una caravana de indígenas que marchaba a la vera de un río en la localidad de Porvenir, camino a un consejo tribal. La emboscada causó al menos doce muertos, decenas de heridos y más de cien desaparecidos. Las víctimas provienen de distintas comunidades de Pando y Beni. Marchaban a lo que ellos llaman una “ampliada”, o cumbre regional, convocada de urgencia para apoyar al gobierno de Evo Morales. En esas horas el presidente enfrentaba un intento de golpe de los prefectos y comités cívicos de la Media Luna que había llevado al país al borde de una guerra civil.
La primera visita la hizo el 16 de septiembre, cuatro días después de la masacre y 48 horas después de la reunión de urgencia que los presidentes sudamericanos sostuvieron en Santiago para analizar la crisis boliviana y apuntalar al gobierno de Morales. En esa reunión se nombró al ex canciller chileno Juan Gabriel Valdez como delegado del bloque para mediar en la crisis y, a instancias de Cristina Kirchner, a Mattarollo para investigar la masacre. Diez días más tarde los presidentes de la región formalizaron el mandato de Mattarollo en otra reunión de Unasur, esta vez en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Le encargaron tres cosas: que investigue con celeridad, que lo haga con imparcialidad y que elabore conclusiones y recomendaciones para combatir la impunidad.
La comisión que preside el jurista argentino cuenta con un equipo de apoyo de antropólogos forenses, peritos criminalistas, investigadores legales, equipos para grabar testimonios y especialistas en informática. Salvo un par de expertos legales chilenos, los demás colaboradores los aporta la Argentina y los costean el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería. La Unión Europea prometió financiamiento pero todavía no se ha materializado. Hasta el gobierno de Bush, enfrentado con el de Morales, hizo público su apoyo al trabajo de la comisión.
“Esto refuerza el papel de liderazgo de la Argentina en materia de derechos humanos en la región y en el mundo, porque demuestra que el país no sólo tiene iniciativas doctrinarias, sino que las lleva a cabo en el terreno práctico, desplegando sus recursos”, dice con orgullo Mattarollo, que hasta hace pocos días fue subsecretario de Derechos Humanos.
Hasta ahora la comisión se ha limitado a entrevistar a los sobrevivientes y recoger información sobre las víctimas. Pero Mattarollo asegura que su trabajo no estará terminado hasta que haya escuchado a todas la voces. “Escuchar a todas las voces no significa hablar con las distintas partes porque acá no hay partes –aclara–. Hay un gobierno constitucional y las personas que han violado la ley a través de muertes, torturas y desapariciones.”
Las distintas voces que escuchará la comisión incluyen la del ahora ex prefecto Leopoldo Fernández, acusado de ser el autor intelectual de la masacre. Fernández está preso en La Paz por orden de una comisión de la Cámara de Diputados bajo la ley de estado de sitio que impera en Pando desde el día de la masacre, después de que grupos cívicos tomaran el aeropuerto y los edificios federales de Cobija, la capital.
Las voces que serán escuchadas también incluyen las de cientos de simpatizantes de Fernández que cruzaron la frontera después de la emboscada escapando a Brasil, donde reclaman status de refugiados políticos que hasta ahora les ha sido negado. Mattarollo quiere entrevistarlos en ese país.
“Hay dos tesis. O fue un enfrentamiento espontáneo entre facciones opuestas o fue una masacre –dice el jurista y no hace falta ser adivino para saber cuál le resulta más convincente–. Si fue una masacre, hay que investigar si fue una agresión dirigida desde el Estado, de grupos organizados de sicarios contra civiles desarmados o armados con armas primitivas.”
Las evidencias parecen apuntar en esa dirección. Todos los muertos en el supuesto combate pertenecen al mismo bando. Y todos los que se escaparon a Brasil pertenecen al otro. “Somos una comisión orientada a las víctimas, a victims-oriented comission”, explica Ma-ttarollo, usando la expresión en inglés.
“No hacemos calificaciones jurídicas de figuras delictivas, no tenemos que demostrar culpa más allá de la presunción de inocencia ni de toda duda razonable. Nuestro standard es estadístico: medimos si hay más información a favor de una versión que en contra.”
El informe de la comisión constará de una narración de casos paradigmáticos, y se evaluará la conducta de los sicarios y de la policía. “Es importante saber si cada atacante actuaba por su cuenta o recibía órdenes dentro de una estructura jerárquica. Los testigos que entrevistamos hasta ahora dicen que los atacantes actuaban como una fuerza organizada –señala el experto–. Además hay que investigar por qué la policía (de la prefectura de Pando) habría tenido una actitud pasiva y no hizo nada para detener a los sicarios.”
La comisión también analizará el asesinato del ingeniero Pedro Oshiro, empleado de la prefectura de Pando, que fue baleado en un corte de ruta de Porvenir poco antes de la masacre. Algunos indígenas declararon ante la comisión que el ingeniero murió en un accidente automovilístico, pero la autopsia no avala esos testimonios. “Si hubo una respuesta desproporcionada de parte del sector cívico se habría violado el Protocolo para el Uso de Armas de Fuego de Naciones Unidas, que habla de ‘necesidad y proporcionalidad’”, advierte Mattarollo.
El delegado de Unasur dijo que hasta ahora no encontró pruebas de la supuesta presencia de militares venezolanos o cubanos acompañando a los indígenas atacados, ni de cadáveres enviados a Caracas, como dice una versión que suena fuerte en Santa Cruz de la Sierra. “Sí hubo médicos cubanos que atendieron a los heridos de bala”, aclara, en referencia a la ayuda que prestaron en el hospital de Cobija los enviados de Operación Dignidad.
La comisión nombrará a las personas involucradas en los hechos y describirá sus comportamientos, pero no hará valoraciones al respecto. “Vamos a citar nombres y describir conductas sin atribuir responsabilidad penal. Por ejemplo, podemos hablar de un ‘autor mediato de tal cosa’, pero no decimos que ‘tal cosa’ constituye un crimen, mucho menos cuál crimen”, ejemplifica.
En el informe final habrá también un capítulo dedicado a las reparaciones para las víctimas, aspecto que el jurista considera fundamental.
El trabajo será presentado a fines de diciembre a las autoridades de Unasur y a la comisión de diputados que investiga los hechos de Pando desde el Congreso boliviano. “El seguimiento del tema va a ser fundamental. Por eso es muy probable que incluyamos una recomendación para que se cree una estructura permanente de derechos humanos dentro de Unasur.”
El viernes pasado Mattarollo y la comisión se habían reunido con Morales en el Palacio Quemado. “Dijo que el trabajo de la comisión es importantísimo para Bolivia y nos pidió que investiguemos con total imparcialidad. Dijo que si teníamos que criticar al gobierno, que lo hiciéramos. Y yo le dije que había que estar atento a la bandera de la amnistía que están levantando ciertos sectores, que pretenden que la reconciliación pueda realizarse a través de la amnistía, el perdón y el olvido. Pero si no hay memoria, verdad y justicia no se puede construir nada sólido.”
Mattarollo no lo puede decir todavía, pero sabe que la masacre de Pando fue un crimen de lesa humanidad. Su misión es documentarlo. Destapar el manto de impunidad que oculta la verdad.
El experto en derechos humanos es también autor y traductor de poesía. Durante dos décadas hurgó en los rincones más oscuros de la condición humana por encargo y convicción propia. Pensó que ya tenía la piel curtida. Pero no. Confiesa que los relatos que escuchó en estos días le desgarraron el corazón.
Mira el reloj y apura el final de la entrevista. Es tiempo de hacer la valija. Otra vez la valija. Parece cansado. No pudo cambiar el mundo. Para recordárselo, Pando lo espera con sus muertos y sus fantasmas.

El negocio de "selva verde" en la Amazonia

El pasado 1 de agosto, el presidente brasileño Luiz Inácio da Silva creó el Fondo Amazónico, destinado a financiar la lucha contra la deforestación y promover actividades forestables durables. Por su parte, las empresas privadas dicen estar interesadas en “salvar el planeta”. Pero, ¿es posible contar con ellas para salvar al Amazonas de la destrucción masiva?
Jacques Denis / Le Monde Diplomatique
Traducción: Mariana Saúl
Es un claro en medio de la inmensa selva brasileña. A algunos cientos de metros de allí, el río Solimos empieza su larga bajada. Ahora, en el mes de abril, el suelo aún está húmedo; los mosquitos son voraces. Un árbol caído anuncia un aserradero a cielo abierto. “Los árboles se marcan desde el momento en que su diámetro llega a los veinticinco centímetros –indica Antonio, un robusto leñador de cincuenta años que vive en la otra orilla, en Assumpção–. A partir de los cincuenta centímetros, algunos de ellos serán cortados. No más de tres en una zona delimitada de una hectárea, cada veinticinco años”.
No lejos de allí, una sierra circular corta en planchas iguales la madera en crudo (el mulateiro, muy preciado para fabricar camas, y el coração de negro, una madera marrón que está de moda). Para Jean-François Kiebler, economista francés enviado por el Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológico (GRET, por sus siglas en francés), “hay que diversificar la demanda para respetar la diversidad de las especies”. Desde hace poco más de dos años, Kiebler es uno de los dos coordinadores del proyecto Floresta Viva, lanzado por esa asociación francesa de solidaridad y de cooperación internacional en el estado brasileño de Amazonas (1). Llevado adelante en colaboración con los poderes públicos locales, el proyecto pretende asociar a “las poblaciones locales con planes de gestión a pequeña escala de explotaciones duraderas”.
Una actividad parecida se encuentra en Assumpção, a una hora y media de barco de Tefé, un centro urbano ubicado, a su vez, a una hora de avión de Manaos. Allí vive una comunidad de unas veinte viviendas, en el límite de la zona protegida de Mamirauá, la primera reserva natural creada en el estado de Amazonas en 1996, inspirada en los trabajos de José Marcio Correa Ayres. Según este biólogo ecologista, es posible imaginar una explotación de la selva no predadora, si se desarrolla “una presencia humana en el marco de una explotación duradera” (2).

Asociar a las poblaciones locales

La tarea parece desmesurada: catastro incompleto, conflictos hipotecarios, permisos de explotación no entregados… Pero qué importa: hay que “trabajar para crecer”, anuncia el eslogan escrito sobre la escuela que sirve de sala de reuniones en Assumpção. Los líderes y los miembros más comprometidos de esta comunidad de ribeirinhos –poblaciones mestizas que pueblan las orillas del río– dan cuenta de sus preocupaciones: preservación del hábitat, optimización de la producción, mejoramiento de la escolaridad… Sus reivindicaciones remiten a la política de preservación implementada por Manaos. Tres veces más grande que Francia, el estado de Amazonas pudo limitar el desmonte al 2% de las tierras; las zonas protegidas, las reservas indígenas y las unidades de conservación de toda clase cubren el 40% de su superficie. En calidad de comparación, se calcula en cerca del 20% la deforestación en los vecinos estados de Para y Rondonia.
Aquí, la selva sigue siendo un recurso vital, aun cuando la explotación de la madera apenas completa los ingresos de la agricultura y la pesca. “Hay que reforzar los controles para que nuestra producción, que es legal, no compita con la de los leñadores ilegales”, insiste Israel, presidente de la asociación de habitantes. Frente a este inmenso desafío, los medios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto de Protección Ambiental del Estado de Amazonas (Ipaam) son ridículos, a pesar de un aumento real de los créditos concedidos. Es por eso que sus acciones locales sólo pueden ser simbólicas. De todos modos, “es imposible poner a un guardia forestal detrás de cada árbol –estima Kiebler–. Ante todo, hay que asociar a las poblaciones locales. La necesidad de preservar la selva resulta evidente si se observa la biodiversidad. En cambio, impedir toda explotación es una idea en la cual no creo. No se puede frenar la expansión del mercado. Se trata de organizarlo, alentando la explotación duradera”.
¿Se puede explotar la selva sin destruirla? La pregunta es más actual que nunca en Manaos, el centro neurálgico del Amazonas donde viven dos millones de personas, más de la mitad de la población de ese estado del noroeste del país. Si bien es cierto que la Zona Franca , creada hace cuarenta años por la dictadura militar, favoreció el auge económico y demográfico de la ciudad, también es verdad que no permitió un desarrollo equilibrado del estado en su conjunto y que dejó en suspenso las cuestiones del medio ambiente.
Afiliado el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador Eduardo Braga fue electo en 2002, embanderado bajo el lema “la ecología ciudadana y responsable”. En junio de 2003 declaraba al diario Folha de São Paulo: “Si no integramos la economía de esta región a una perspectiva nacional, dejaremos el campo libre a todo tipo de iniciativas, entre las que estarán la compra de tierras por las multinacionales y la explotación de nuestras riquezas naturales”. Sin embargo, no se trataba para él de “impedir la llegada del capital extranjero”, sino todo lo contrario.
Desde su asunción, Braga marcó la pauta para una serie de reformas: creó una Secretaría estatal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, otra de Ciencia y Tecnología, así como una Agencia de Selvas. Al mismo tiempo, asoció a sus acciones a los dirigentes de los movimientos sociales y los expertos en cooperativas, empezando por el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA), poderoso sindicato de los trabajadores de la región, en una estrategia que recuerda la del presidente Lula. Se encargó a un influyente ex miembro del sindicato del seringueros (3), Francisco Ademar Cruz, la recolección de los recursos naturales de la selva distintos de la madera (extrativismo) para el gobierno de Amazonas.
La medida central de esta vasta reorganización político-semiológica es, en 2003, la creación de la Zona Franca Verde. Su objetivo es “apoyar la producción forestal, la agropecuaria y la pesca, de manera ecológicamente adecuada, socialmente justa y económicamente viable”. Biólogo recibido en Harvard y especialista en desarrollo sustentable, eminencia “verde” del gobernador, Virgilio Viana nos explica que “se trata de un componente central de la política del Amazonas. Entre 2003 y 2007, la zona verde permitió una reducción del 67% del desmonte, un crecimiento económico anual del 9% y un aumento del 135% en la cantidad de zonas protegidas. Los resultados son significativos en cuanto a la lucha contra la pobreza, el saneamiento, la educación y el desarrollo de las infraestructuras”. Las placas gubernamentales hablan de diez millones de hectáreas protegidas, mil nuevos planes de gestión de la madera, más de sesenta mil empleos creados y más de cien mil productores rurales “subsidiados”. Es verdad que esta política se ve beneficiada con el crecimiento excepcional del estado, debido a la prosperidad de la Zona Franca de Manaos.
Inspirado en el modelo Bolsa Familia (la renta mínima implementada por Lula), Bolsa Floresta es uno de los programas clave de la Zona Franca Verde. Se trata de retribuir a las poblaciones locales encargadas de preservar la selva. Así , cuatro mil hogares recibirán 50 reales mensuales (25 dólares), una suma significativa si se tiene en cuenta el nivel de vida en esta región, y más del doble deberían empezar a recibirla desde fines de 2008.
Para muchos agentes cooperativos, las tareas colectivas y el trabajo comunitario en el seno de las reservas tienen un fundamento sólido. En cambio, algunos acusan al primero y más visible de los cuatro pilares de Bolsa Floresta, dedicado a las familias, de desarrollar el asistencialismo. “Una política clientelista adaptada al nuevo milenio”, relativiza Carolina Ramos, una periodista de San Pablo que trabaja en el Instituto Mamirauà.
Viana rechaza de plano las críticas. “Se trata del primer programa brasileño de retribución de los servicios ambientales que toca directamente a las comunidades amazónicas –subraya–. El objetivo es doble: la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero causadas por la deforestación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la selva. Bolsa Floresta se inscribe en los objetivos del milenio para las zonas tropicales húmedas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Jeffrey Sachs, consejero especial de este programa, lo saludó como un ejemplo que hay que seguir en todas partes.”

La preservación como negocio

Para financiar esta política, el gobierno de Amazonas debió implementar incentivos fiscales y un marco legal. Votada el 5 de junio de 2007, la ley 3135, sobre el cambio climático, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable, “reconoce y extiende los proyectos definidos por el protocolo de Kioto” (4). Con el fin de alentar la participación privada, la ley crea una “certificación llamada ‘amigos del clima y la selva amazónica’”, para “homologar las empresas adherentes con el fin de que puedan dar a conocer su compromiso a favor de la reducción del efecto invernadero y por la lucha contra los cambios climáticos”.
Se trata, pues, de absorber las inversiones con el fin de viabilizar la Zona Franca Verde. Para alcanzar este objetivo, Viana pone en práctica un proyecto que considera personal: vender los créditos de carbono (5) correspondientes a parcelas “potenciales” del Amazonas, aprovechando el creciente interés por la ecología. Durante la conferencia sobre clima celebrada en Montreal en diciembre de 2005, Viana ya había probado esta idea, calculada a partir de los datos del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA). Allí, sugirió establecer una factura de 70 millones de euros a cargo de la “comunidad internacional”, los Estados y las empresas para la correcta preservación de la selva de Amazonas.
Después, Viana dejó rápidamente su puesto de secretario de Estado del gobierno de Amazonas para velar por el destino de la fundación Amazonas Sustentable , encargada de reunir esos futuros fondos de ayuda.
Cofinanciada en veinte millones de reales (8,32 millones de euros) por el Estado de Amazonas y el banco Bradesco, la fundación Amazonas Sustentable prevé aumentar su capital con la ayuda del sector privado. Bradesco ya prometió pagar 4,14 millones de euros al año durante cinco años, en forma de “productos bancarios tales como títulos de capitalización, fondos de pensión, fondos de inversiones…”.
Otros también manifestaron su interés: en Washington, el 7 de abril de 2008, Bill Marriott, presidente de la famosa cadena hotelera, firmó un convenio con Braga para invertir dos millones de dólares en la reserva de Juma. Además, el grupo italiano Yamamay, uno de las cadenas de lencería más grandes del mundo, hizo una donación de 50.000 euros antes de anunciar su intención de instalar tiendas en Brasil, empezando por Manaos. Y esto es sólo el principio, a juzgar por los numerosos viajes que Braga y Viana vienen haciendo en esta dirección. Interrogado sobre el riesgo de privatización de una parte de la selva, Viana replica que la fundación es “una institución sin fines de lucro, dedicada únicamente a servicios y productos ambientales de las zonas protegidas. (…) Por ley, tenemos la obligación de reinvertir todos los ingresos en los planes de gestión”. Y arguye que un estudio privado de auditorías, PriceWaterHouseCoopers, controla todos los documentos contables.
Según la subsecretaria de Medio Ambiente, Sila Mesquita, que coordinaba el Foro Social Panamazónico en los años ’90, antes de convertirse en 2005 en una de las colaboradoras de Viana, “la creación de esta fundación permite atraer inversiones. El interés para Marriott es participar en la conservación de la selva tropical más grande del mundo y, como consecuencia, en la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. ¡Es normal que el Estado de Amazonas reciba un retorno de las inversiones que hizo para protegerla!”. Lo que no dice Mesquita es que Marriott aprovechó esta acción para limpiar su imagen. Más ejemplar todavía: en 2007, el Festival de Cine Ambiental creado por Braga tenía como principales patrocinadores a Coca-Cola y Nissan: una anunciaba los méritos de su fórmula light y la otra, los beneficios de su 4x4 ecológica. “La preservación del Amazonas se convierte en un verdadero negocio”, se queja Ademir Ramos, profesor de Antropología Política en la Universidad Federal de Manaos y participante de un centro de investigación privado sobre “cuestiones amazónicas”.
“Se monetiza la selva. Sin embargo, desde un punto de vista ético, no se la puede reducir a un simple problema comercial. Los ecologistas se han convertido en los evangelistas de nuestra época, animada por el catecismo de la protección ecológica adaptada a la globalización”, señala Ramos, y apunta al consejo de administración de la fundación Amazonas Sustentable , donde trabajan legisladores, sindicalistas, científicos y empresarios privados.
La candidatura a la presidencia de la Fundación de Luiz Fernando Furlán, ex ministro de Desarrollo, Comercio e Industria durante el primer mandato de Lula, rey de la ganadería intensiva y cercano a los grandes grupos industriales, confirma las dudas sobre los objetivos reales de la organización. Por otra parte, apenas nombrado declaraba: “Soy un ex empresario, ingeniero de formación. No soy ecologista. Estoy aquí para trabajar en el desarrollo mundial de la Fundación y, al mismo tiempo, dar a conocer a todas las comunidades de Brasil y en el extranjero que un Estado puede dar el ejemplo” (6). Sí, pero ¿qué ejemplo?
“De hecho, esta fundación realiza una doble operación de marketing: las empresas pueden blanquear su imagen y, con el tiempo, extraer de eso rentas enormes –predice Carlos Cesar Durigan–. Cuando dejó el gobierno, Viana envió una carta para saludar a los verdaderos guardianes de la selva: sus habitantes. Pero ellos apenas reciben migajas vía Bolsa Floresta, mientras que él mueve millones.” Este ecólogo, que dirige la fundación Vitoria Amazónica , una asociación especializada en la educación ambiental cuyos locales están ubicados en Manaos, cuestiona el funcionamiento “muy opaco” de esta institución.
En la sede de Greenpeace en Manaos, Paulo Adario se considera, por su parte, pragmático: “Tenemos que luchar con las mismas armas que nuestros enemigos”. Esta figura emblemática del movimiento ecológico brasileño considera que “la cuestión central es el dinero necesario para la protección de las selvas tropicales, en países que se enfrentan con grandes desafíos demográficos y socioeconómicos. En Brasil, basta con mirar el peso de los ministerios de Industria o de Agricultura frente al de Medio Ambiente para comprender quién influye más”. Es sin duda una de las razones que condujeron a la salida, a principios de mayo de 2008, de la ministra de Medio Ambiente Marina Silva, un emblema de la lucha de los sindicatos de trabajadores amazónicos. Como ministra, era responsable del Programa de Desarrollo Sustentable del Amazonas, que nunca superó la etapa de las buenas intenciones…
Apoyada por otras organizaciones no gubernamentales (ONG), Greenpeace obtuvo la creación del programa Deforestación Cero (416 millones de euros por año hasta 2015), con el fin de instalar la infraestructura que permita una protección efectiva del Amazonas: más control a priori, más iniciativas duraderas a posteriori. Para que este maná perdure, calcula Adario, “la contribución de la comunidad internacional en calidad de compensación no es estúpida”. Pero “existe el riesgo de malvender las selvas de los países pobres a los países más ricos. Así pues, hay que establecer cupos. Dicho claramente: juntar fondos sin permitir un movimiento de ‘ecolavado’”.
“¡Una lavada de cara ecologista!”, truena el biólogo estadounidense Charles Clement. Miembro desde hace treinta años del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA), donde se especializó en frutos (en particular el de la palmera, la pupunha), Clement milita por una disminución serena y realista. Su frase favorita es “La única parte sostenible del desarrollo sostenible es la retórica. Es muy cínico, ya lo sé, como Braga. ¡Mucho se dice sobre la conservación, pero hay que comer su propia carne!”. Como a propósito, este doble discurso aparecía el mismo día en dos diarios amazónicos: A Critica se alegraba, en tapa, de que Braga hubiera recibido, el 14 de abril de 2008, en Sevilla, un premio y 30.000 euros –depositados en la cuenta de la Fundación Amazonas Sustentable – para su actividad ejemplar en materia de medio ambiente; la portada del Diaro do Amazonas, por su parte, anunciaba que el Estado de Amazonas invertía en ganadería.
Dos días más tarde, un suelto sugería que el gobernador habría recibido el apoyo de los lobbies agroalimentarios durante su campaña electoral. “Braga sintetiza a la perfección la vida política brasileña –lanza Carlos Cesar Durigan, de la fundación Vitoria Amazónica –: por un lado, crea unidades de conservación; por el otro, deja entrar el ganado” (7).
Aunque ella también evoca el “ecolavado” con una sonrisa entendida, Ana Paulinha Aguiar Soares plantea preguntas aun más graves. Profesora en la Universidad Federal de Manaos tras dejar el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en 1996, esta geógrafa cercana al Movimiento de los Sin Tierra (MST) está terminando una tesis sobre la acción del Estado para viabilizar las acciones de las empresas privadas en la selva.
Desde 1999, sus investigaciones la llevaron a interesarse por el aserradero Gethal, una empresa que en octubre de 2005 compró el multimillonario sueco Johan Eliasch, propietario de la fábrica de indumentaria deportiva Head, consejero “verde” del primer ministro británico Gordon Brown (después de ser vice-tesorero del Partido Conservador) y tesorero mayor de la ONG Cool Earth. Según lo que él dice, las 160.000 hectáreas ubicadas en Amazonas fueron adquiridas para la preservación del medio ambiente.
No obstante, la buena conciencia de “uno de los filántropos verdes más notorios”, según The Independent, no debe ocultar su voluntad de modificar el protocolo de Kioto, al permitir que los propietarios de selvas preservadas (como los que actualmente reforestan), como compensación, tengan permisos de emisión de carbono, es decir “derecho a contaminar” en otro lugar que se pueda explotar. ¡A principios de junio, las autoridades brasileñas apercibieron a Eliasch por la tala ilegal de 230.000 árboles!
“El crédito de carbono vuelve a privatizar la selva en provecho de las empresas internacionales –repite Aguiar Soares–. Con la excusa de la protección ambiental, éstas se van apropiando de parcelas. ¿Qué pasará con los habitantes, las asociaciones, las cooperativas?” El 25 de mayo de 2008, Eliasch declaraba en O Globo que es posible regalarse el Amazonas por 50.000 millones de dólares. Esta idea resultó muy chocante para el ministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Minc; sin duda menos que para Braga. Desde 2006, este último proporcionaba “una ayuda preciosa” a Eliasch, que por entonces declaraba: “Todos los políticos se mostraron extremadamente complacientes y comprendieron perfectamente mi proyecto” (8). Todo en un contexto general en que numerosos ecólogos se preocupan por el nuevo aumento de la deforestación, mientras el INCRA anuncia que 5,5 millones de hectáreas del Amazonas ya son propiedad de extranjeros.

La torta “ecológica”

Sin embargo, Brasilia sigue el ejemplo de Manaos. El 13 de diciembre de 2007, mientras se cerraba la conferencia de Bali (9), el propio gobierno federal reunió fondos, sobre la base del voluntariado, para la conservación del Amazonas y la lucha contra las emisiones de gases con efecto invernadero (10). Lo cual no dejó de irritar a Braga: “¿Se redistribuirán los beneficios del fondo crédito de carbono entre los Estados y las ciudades implicados?”.
Cada uno quiere su parte de la torta “ecológica”. El 1 de agosto, en Río de Janeiro, el presidente Lula da Silva finalmente firmó un decreto que creaba el Fondo Amazónico, que podrá recibir hasta 14.700 millones de euros de donaciones de aquí a 2021. Administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), y limitado a 700 millones de euros en 2009, el Fondo debería financiar proyectos de preservación y desarrollo sostenible de la selva amazónica propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. Eduardo de Mello, responsable del proyecto en el BNDES, asegura que los eventuales donadores no gozarán de contrapartidas tales como exenciones de impuestos o créditos de carbono. Varios países y empresas ya estarían interesados.
“La limitación de la lucha contra el cambio climático a la cuestión del carbono constituye una herejía científica, una construcción ideológica y económica. Tras esta innovación ecológica, la referencia a las ciencias y al saber oculta un juego que ve cómo los científicos y los políticos participan en los progresos de la mercantilización”, analiza Florencia Pinton, socióloga en el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y especialista en mercados emergentes de la biodiversidad (11). En efecto, los intereses privados a menudo desvían las preocupaciones ambientales según su provecho.
“Vivimos en un mundo ultraliberal que provee las herramientas que necesita el capitalismo para penetrar hasta lo más recóndito de la selva”.

Notas

1 El GRET tiene un equipo de unos diez “locales”, un presupuesto de 1,8 millón de euros (financiado en un 80% por la Unión Europea ) y la colaboración de diferentes instituciones locales.
2 La idea de la economía de una selva “en pie” ya tiene un camino hecho, como lo demuestra el millón de hectáreas de esta área protegida inscrita en el futuro corredor ecológico amazónico.
3 Obreros encargados de la recolección del látex en las heveas.
4 Bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, sujeto a ratificación en 1992, entró en vigencia el 21 de marzo de 1994. Pretende luchar contra los cambios climáticos mediante una acción internacional de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero.
5 Un crédito de carbono equivale a la emisión de una tonelada de dióxido de carbono. Un proyecto ubicado en un país en vías de desarrollo genera estos créditos si evita o captura emisiones de CO2. Por este medio, las empresas de países desarrollados, en particular las que, en Europa, están sometidas a un cupo, pueden “compensar” sus emisiones e incluso aumentarlas.
6 Amazonas em Tempo, Manaos, 23-12-07.
7 Además de la avanzada de los frentes pioneros de los lobbies agrícolas por el sur, el estado de Amazonas enfrenta otros asuntos problemáticos: entre ellos, la conexión entre Porto Velho y Manaos, para la cual unos defienden la ruta, sinónimo de deforestación a pesar de las medidas preventivas que se han contemplado últimamente, y otros la solución del tren, más cara. Ninguno hace referencia a la red fluvial… Por otro lado, el pacto para el crecimiento acelerado que preconiza el gobierno federal se apoya en la construcción de grandes represas hidroeléctricas, con consecuencias nefastas sobre la fauna y la flora, como lo demuestra el ejemplo de Balbina, que inundó 2.500 km2 en los últimos veinte años.
9 Del 3 al 14 de diciembre 2007, la conferencia de Bali sobre el calentamiento climático apuntaba a un nuevo acuerdo mundial de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, y a un acuerdo global desde fines de 2009, como preparación para el post Kioto, en 2012.
10 A causa del los incendios para fertilizar el suelo (responsables del 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero), Brasil es el cuarto emisor de carbono mundial.
11 Autora, con Catherine Aubertin y Valérie Boisvert, de Les Marchés de la biodiversité, IRD Editions, París, 2007.

Jubilaciones: El fracaso de las reformas en la región

Las naciones menos democráticas fueron las que impulsaron cambios más privatizadores. El promedio ponderado de cobertura cayó de 38 por ciento a 27. Dificultades para las economías informales. La hora de las contrarreformas.
José Natanson /Página12
Desde la pionera reforma pinochetista de 1980, doce países latinoamericanos transformaron, total o parcialmente, sus esquemas de seguridad social, muchos de ellos inspirados en el influyente informe del Banco Mundial de 1994, titulado “Envejecimiento sin crisis”, que funcionó como base teórica de las reformas. Algunos países, como Chile, El Salvador y México, crearon modelos totalmente privados; otros, como la Argentina y Costa Rica, avanzaron en diseños mixtos o paralelos; y otros, como Brasil, mantuvieron el monopolio estatal, aunque modificándolo sustancialmente.
El profesor de la Universidad de Pittsburgh Carmelo Mesa-Lago es el principal especialista latinoamercano en sistemas de pensiones y uno de los cuatro o cinco grandes expertos mundiales (y casi el único de orientación progresista). En un artículo ya clásico (“Política y reforma de la seguridad social en América Latina”, Nueva Sociedad Nº 160), Mesa-Lago ensayó un ejercicio interesante: comparó la radicalidad de la reforma con el grado de democratización del país que la implementaba y llegó a la conclusión de que aquellas naciones menos democráticas fueron las que impulsaron las reformas más privatizadoras: el Chile de Pinochet, el Perú post autogolpe de Fujimori y el México del partido hegemónico.
De forma inversa, entre los países que modificaron sus sistemas, los de más sólida tradición democrática, como Costa Rica y Uruguay, crearon esquemas Estado-mercado más balanceados. Y no sólo como resultado del diseño institucional: en Uruguay, con su huella de estatalidad cuasi socialista, se abrió un sistema paralelo como el argentino, pero la mitad de la población prefirió quedarse en el régimen de reparto. Leer más...

La crisis y el poder global después de ella

El mundo no será el mismo, pasada la crisis actual. Le corresponde al Sur del mundo – y a América Latina en particular – saber defender nuestros intereses, y colocar en práctica políticas de superación del neoliberalismo y de la creación de un mundo multipolar y post neoliberal.
¿En que medida la crisis actual afecta las relaciones de poder en el mundo actual? La nueva relación de fuerzas va a depender de las disputas sobre quien pagará los platos rotos y que tipo de discurso triunfará, como interpretación de la crisis. Apelar al Estado, después de 1929, fue siempre un instrumento inclusive del liberalismo, para recomponer las condiciones de funcionamiento del mercado.
Vamos a lo que realmente interesa: ¿en que medida la crisis actual afecta las relaciones de poder en el mundo actual?
Para eso es preciso resumir en que momento de la trayectoria reciente del capitalismo ésta se sitúa y cual es la configuración de poder que ésta encuentra y altera. Vivimos un período histórico marcado por dos grandes cambios – ambos de carácter regresivo: el pasaje de un mundo bipolar a otro, unipolar, bajo la hegemonía imperial estadounidense y la transición de un modelo regulador a otro, de carácter neoliberal, de desregulación.
La transición fue de un período largo de carácter expansivo, iniciado en la segunda posguerra y concluido en 1973, a un período largo de carácter recesivo – porque la desregulación llevó a la transferencia masiva de capitales del sector productivo al sector especulativo y, como consecuencia, a un período de bajos índices de crecimiento.
En ese marco, la década pasada fue la luna de miel del nuevo período histórico, con el fin de la URSS y los Estados Unidos a la cabeza del bloque imperialista, con capacidad de imponer la "pax estadounidense" [i] , con apoyo de la ONU y/o de la OTAN, desarrollando las llamadas "guerras humanitarias" – en Irak, en Bosnia. Al mismo tiempo, los Estados Unidos lideraron un ciclo corto expansivo, coincidente con el gobierno de Clinton, donde reinó la euforia de una supuesta "nueva economía", que superaría el carácter de ciclo de la economía capitalista. Fue el auge de la hegemonía norteamericana y del modelo neoliberal.
El agotamiento de ese ciclo estadounidense - acompañado de las crisis en las economías brasilera y argentina, en la región donde mas reinaba el neoliberalismo – y la reacción del gobierno de Bush a los atentados del 2002, vinieron a alterar ese cuadro idílico, de la primera década del nuevo período histórico. Lo segundo fue marcado por las guerras de Irak y de Afganistán, por el surgimiento y coordinación de cada vez mas gobiernos del continente en proyectos autónomos de integración, así como por la consolidación del ritmo de crecimiento de China.
La crisis, iniciada en los Estados Unidos extendida a Europa, a Japón y al resto del mundo, se suma a esos elementos para configurar la coyuntura actual. Esta acentúa elementos ya presentes anteriormente: el declive económico de los Estados Unidos, la fragilidad de un modelo centrado en la acumulación financiera, el avance de una multipolaridad económica en el mundo, el fracaso de los Estados Unidos para resolver militarmente las guerras de Irak y de Afganistán. La crisis que se instaura, más fuerte y prolongada que en otros lugares, en los Estados Unidos, debilitará aún más esa economía. Sin embargo, los Estados Unidos utilizan su capacidad de iniciativa política y de liderazgo sobre otras potencias centrales, para intentar imponer su solución a la crisis, exportar sus pérdidas mas graves y buscar recomponerse como potencia económica.
A pesar de esas realidades, la nueva relación de fuerzas va a depender de las disputas acerca de quien pagará los platos rotos y que tipo de discurso triunfará, como interpretación de la crisis. Apelar al Estado, después de 1929, fue siempre un instrumento inclusive del liberalismo, para recomponer las condiciones de funcionamiento del mercado.
Hoy existe una derrota ideológica fuerte de las ideologías de mercado, cualesquiera que sean las justificaciones que traten de dar. Con todo, pueden predominar soluciones conservadoras, inclusive con la utilización del Estado, posibilidad más probable hoy, por la composición de derecha del cuadro político europeo y japonés. Para las grandes potencias capitalistas se trata de salvar, a cualquier precio, la estructura económica-financiera existente, con intervenciones estatales y masivas inyecciones de dinero.
El cuadro post crisis y sus nuevas configuraciones de poder están abiertas. Se puede dar un re- fortalecimiento de los Estados Unidos como potencia hegemónica, siempre que éste consiga exportar una parte de los efectos negativos de la crisis, compartiendo con las otras economías centrales, pero principalmente, imponiendo duras soluciones internas para la masa de la población norteamericana y, especialmente, para los países de la periferia, comenzando por los emergentes.
Esta alternativa será posible (y la principal variante de la crisis) si no se pone en funcionamiento, esto es, si las mayores economías emergentes y, en particular, los proyectos de integración de América Latina, no crean sus propias políticas frente a la crisis y comparten – activa o pasivamente – las políticas de las potencias centrales del capitalismo. La alternativa, que puede efectivamente mover el cuadro de poder mundial bajo los efectos de la crisis actual, debe venir, antes que nada, de la profundización de los procesos de integración latinoamericanos, a comenzar por el Banco del Sur – con el avance decisivo para la creación de una moneda única regional, de un Banco Central único, de políticas económicas cada vez mas articuladas, de procesos de regulación de la circulación de capital, entre otras medidas. Lo que, a su vez, implica el aceleramiento de la implantación y de la asunción de responsabilidades por parte del Parlamento del MERCOSUR, de Unasur, del Consejo Sudamericano de Defensa.
Al mismo tiempo, requiere la profundización en lo que hace a la coordinación de los países del Sur del mundo, para evitar que se exporte para esa región la crisis forjada en el Norte. Y, paralelamente, que se diseñe y se ponga en práctica una visión y una política de superación de la crisis desde los intereses del Sur del mundo, que necesariamente apunte a superar el modelo neoliberal y el de los organismos internacionales responsables por ésta.
El mundo no será el mismo, pasada la crisis actual. Se abre, con ésta, una gigantesca disputa – de intereses y de interpretaciones – sobre su significado y sobre las lecciones a aprender. El Norte busca rearticularse para defenderse de sus evidentes responsabilidades y tratar de imponer sus soluciones, exportando gran parte de sus consecuencias negativas. Le corresponde al Sur del mundo – y a América Latina en particular – saber defender nuestros intereses, proyectar nuestra visión sobre el sentido de esta crisis y colocar en práctica políticas de superación del neoliberalismo y de la creación de un mundo multipolar y post neoliberal.
* Emir Sader es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj), coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Uerj y autor, entre otros libros, de "La venganza de la Historia".
Nota
[i] La "Pax Estadounidense" (del latín pax) denota el período de paz relativa en el mundo occidental desde el final de la Guerra Fría en 1989, que coincide con la posición militar y económicamente dominante de los Estados Unidos.
Traducción Insurrectasypunto

miércoles, 22 de octubre de 2008

Guerra de tipo colonial del presidente Uribe Vélez contra indígenas

Frente a estos sucesos de violencia y sangre contra los indígenas, el Presidente Uribe Vélez, con el cinismo de un funcionario del sistema colonial español de hace 300 años, exigió que los indígenas le pidieran perdón.
Apolinar Díaz–Callejas
(ARGENPRESS.info)
Colombia mira con espanto la guerra que ejecuta el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez contra las comunidades indígenas sobrevivientes, en el sur de Colombia. El periódico español El Tiempo de Bogotá ha tenido que denunciar con vigor los atropellos y agresiones físicas contra los grupos indígenas colombianos del sur del país que sobreviven en los departamentos del Valle y del Cauca.
A su vez, el diario liberal El Espectador, de Bogotá, dice el 15 de octubre: “la muerte sistemática de representantes indígenas, la expansión de proyectos de palma, de caucho en zonas ancestrales, la continua presencia de grupos irregulares y amenazas conexas, así como la protesta en contra de leyes y reformas sobre tierras que ha venido impulsando el gobierno, derivaron en fuertes disturbios que contabilizaban no menos de 32 heridos- uno con muerte cerebral- y 12 policías que corrieron la misma suerte, luego que cerca de 6.000 indígenas se enfrentaran con miembros de la fuerza pública en varios municipios de los departamentos del Valle y Cauca. El Dezmad de la policía lanzó gases lacrimógenos para repeler la protesta indígena”.
Los grupos indígenas se tomaron la carretera aduciendo que en los últimos meses han sido asesinados muchos líderes de las distintas etnias del país. Según la Vicepresidencia de la República, en 2.007 fueron asesinados 40 indígenas. En lo que va corrido del año, van por lo menos 36 muertos. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca denunció que la policía y el ejército dispararon contra los indígenas, contra los comuneros. Nueve nativos fueron heridos a bala. El Defensor Regional Del Pueblo, funcionario público encargado de la defensa de la ley, insistió “en que la Fuerza Pública se ha excedido en el uso de las armas de fuego”.
Frente a estos sucesos de violencia y sangre contra los indígenas, el Presidente Uribe Vélez, con el cinismo de un funcionario del sistema colonial español de hace 300 años exigió que los indígenas le pidieran perdón. El Senador indígena Jesús Enrique Piñacué ha intervenido con mucha energía para parar la represión oficial. La reacción nacional de Colombia ha sido de solidaridad con la población indígena y de denuncia de la agresión armada de las fuerzas militares gubernamentales contra esas comunidades.
El concejo Mayor de Gobierno Indígena de la Organización Nacional Indígena de Colombia explicó la decisión de los indígenas de movilizarse, durante el mes de octubre, contra el Estado Colombiano y el actual Gobierno Nacional, para a defender y exigir sus derechos humanos y colectivos. La respuesta del Gobierno ha sido el empleo masivo de la represión militar y policial de los pueblos indígenas.
Lo que actualmente ocurre contra los indígenas es una muestra de la política de guerra y agresión del Gobierno Uribe Vélez contra la creciente protesta de los grupos étnicos, sociales y de trabajadores sindicales que se han lanzado a la oposición contra esa represión. El grave riesgo para Colombia es que Uribe Vélez se lance del todo a la agresión contra el pueblo colombiano, como en los peores tiempos de los últimos 100 años de historia de la república.
El Movimiento Indígena de los departamentos del Valle y Cauca ha recibido hasta ahora el apoyo de la totalidad de las Organizaciones Indígenas colombianas que se han lanzado a la calle en protesta por la represión oficial del gobierno Uribe Vélez, y reclamando sus propios derechos.
A su vez, los cortadores de caña de la Industria Azucarera del valle llevan 30 días de protesta y de reclamos por sus derechos sociales y sindicales. En esa región está concentrada la Industria azucarera Colombiana. El Gobierno Uribe Vélez se coloco desde el principio contra los trabajadores y en apoyo incondicional los empresarios, movilizando hacia la región la nueva fuerza represiva rural que ha sido puesta en marcha en los pueblos Colombianos.
Foto: Alvaro Uribe Vélez presidente de Colombia. / Autor: Fernando Ruiz Nieto - SNE

martes, 21 de octubre de 2008

Bolivia: Acuerdan gobierno y oposición referendo constitucional para enero

Se destraba la negociación luego que Evo Morales renuncia a una segunda relección. El pacto recoge los compromisos establecidos entre el Ejecutivo y prefectos de la Media Luna. Festejan decenas de miles de indígenas y sindicalistas que marcharon de Caracollo a La Paz.
Rosa Rojas (Corresponsal LA JORNADA y agencias)
La Paz, 20 de octubre. El gobierno y la oposición de Bolivia llegaron a un acuerdo para la realización de un referendo constitucional el próximo 25 de enero, así como de elecciones generales en diciembre de 2009, luego que el presidente Evo Morales renunció a la posibilidad de una segunda elección sucesiva. El Congreso sesionaba al cierre de esta edición para aprobar el proyecto de ley de Constitución política, mientras decenas de miles de personas mantenían una vigilia en la Plaza Murillo, donde horas antes culminó una histórica marcha que partió de la andina localidad de Caracollo, que arrancó el pasado día 13, para exigir al Congreso que convocara al referendo necesario para que sea aprobado el proyecto de Constitución oficialista.
Al igual que al inicio de la movilización, el presidente Evo Morales se sumó a la marcha y lideró los últimos 35 kilómetros desde la población de Achica Arriba, seguido de decenas de miles de indígenas.
Fue el vicepresidente Álvaro García Linera, quien informó de los acuerdos, que recogen los compromisos pactados en materia de autonomías entre los prefectos derechistas de la llamada Media Luna y Chuquisaca con el gobierno de Morales.
Ante unos 200 mil indígenas, campesinos y sindicalistas que concluyeron la marcha de 200 kilómetros, el último episodio de una larga lucha por la aprobación de la nueva Carta Magna, Morales dijo que permanecerá en ese lugar hasta que el Congreso sesione y apruebe la ley de convocatoria al referendo constitucional.
“Una vez que la ley sea sancionada, aquí la promulgaremos, no importa la hora, aunque sea de madrugada, para que todos nos vayamos con la ley de convocatoria al referendo constitucional”, sentenció el mandatario indígena.
Morales insistió en que esperará a las puertas del Congreso “si fuera necesario hasta las 4 o 5 de la mañana y se va a promulgar lo que se apruebe”.
García Linera detalló que el último punto que frenaba el acuerdo entre las cuatro fuerzas representadas en el Congreso: el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el derechista Poder Democrático y Social (Podemos); Unidad Nacional (UN) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), era el del recorte de mandato de los congresistas.
En una rueda de prensa en el Palacio Legislativo, en la que estuvo acompañado por los observadores internacionales de las organizaciones de Naciones Unidas, y de Estados Americanos, así como de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), de la Unión Europea, Parlamento Andino y representantes de iglesias, explicó que el acuerdo implica, además de la realización del referendo el 25 de enero, el adelanto de las elecciones generales para el 6 de diciembre.
De esta manera, se acorta el mandato del presidente, vicepresidente de la República y de senadores y diputados, pero queda prohibida la postulación de Morales a una eventual segunda relección en 2014. La propuesta del MAS, que fue rechazada, era que Morales se presentara a la elección del periodo 2009-2014, con una nueva relección para el periodo 2015-2019.
Con este acuerdo nacional, además de los cambios aceptados por el gobierno en unos 105 artículos del proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente, se habilita una solución a la tensión que había vivido el país en los últimos tiempos, indicó García Linera.
El vicepresidente dijo que unos 200 artículos de los 411 que tiene la nueva Constitución, fueron modificados o ajustados. Aunque no entró en detalles sobre esas modificaciones, indicó que todos los cambios se lograron por consenso.
El ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, aseveró que en el diálogo congresal, que se inició el 8 de octubre, el Ejecutivo se mostró dispuesto a negociar y cedió en “todos los planteamientos estructurales” que hizo la oposición al proyecto de Constitución.
Mencionó, entre otros puntos, la reincorporación de diputados plurinominales, que habían desaparecido en el proyecto; la conformación del organismo electoral por dos tercios de votos del Congreso y la reforma a la Constitución, también con dos tercios de votos congresales.
Además, se adicionan los acuerdos logrados en el diálogo con los prefectos de los departamentos en Cochabamba, que recogieron los planteamientos de los departamentos autonomistas opositores de Santa Cruz, Tarija y Beni, con los cuales se redacto nuevamente el capítulo de autonomías del proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente, y en el que se otorgan 50 competencias a los departamentos autónomos, 30 exclusivas y 20 compartidas con el gobierno nacional.
Tras el anuncio del acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, los cerca de 200 mil indígenas, campesinos y obreros que llegaron a La Paz para presionar al Congreso por la aprobación del referendo, desbordaron en un festejo popular en la Plaza Murillo, en la culminación de la mayor marcha que se haya hecho en la historia de Bolivia, de acuerdo con observadores.

domingo, 19 de octubre de 2008

Colombia: Movilización indígena en todo el país

Un muerto y más de 100 heridos provoca la represión a las protestas por reivindicaciones. La resistencia, conocida como Minga, se extiende por todo el país y pone en jaque a las autoridades. El ejército y la policía utilizan “armas no convencionales y bombas llenas de tornillos”, denuncian organizaciones y pueblos indígenas.
Simone Bruno / ALAI
Bogotá. El castillo construido sobre una burbuja de popularidad del presidente Uribe parece empezar a caerse. Nunca en los 6 años que lleva el mandatario en la presidencia se habían registrada tantas protestas ni en duración, ni en intensidad, ni en participación. La figura presidencial construida sobre una retórica beligerante ha escondido los temas sociales detrás del “sacrificio para ganar la guerra contra los terroristas”. Pero ahora los problemas de la vida real de los colombianos están explotando agraviados por una crisis económica que golpea muy duro al país.
Desde el 12 de Octubre, el mal llamado día de la raza, que la retórica occidental señala como el día en que América fue descubierta, olvidando que ya estuvo habitada, la protesta Indígena se ha sumado a la de varios sectores sociales ya movilizados. El sector judicial ha terminado un paro de 43 días, algo sin precedentes; los corteros de caña de la región del Valle del Cauca llevan más de un mes ocupando los ingenios, pidiendo dignidad y contratación directa con un salario justo; los transportadores han terminado un largo paro hace pocos días. El sector estudiantil prepara un levantamiento para el día 23 y la Registraduría General empieza hoy un paro indefinido.
El 12 se inició la Minga de los pueblos conmemorando los 516 años de resistencia, las movilizaciones se desarrollan por todo el país y esto ha sido un catalizador de la protesta recibiendo apoyo moral y material nacional e internacional. A la Minga se han sumado la CUT (Central Unitaria de los Trabajadores), la más grande del país, el sector judicial (Asonal Judicial), los corteros de caña, el sector de la educación, sectores campesinos y muchos más. Una vez más los pueblos indígenas colombianos, 102 contando los que no son oficialmente reconocidos, están demostrando ser la consciencia y la fuerza moral de un país que se ha olvidado cómo pelear por sus derechos, emborrachado por la retórica presidencial. Este resultado no es casual, los indígenas colombianos, y más que todo los Nasa, ha venido tejiendo relaciones con otros sectores sociales desde hace años en el intento de encontrar puntos comunes mínimos sobre los cuales construir una serie de acciones comunes para intentar romper las divisiones históricas de los actores sociales colombianos.

Las razones de la lucha
En esto momento, en varios departamentos del país (Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá) miles de indígenas siguen movilizándose pidiendo diálogo con el gobierno sobre 5 puntos fundamentales, que, como ellos dicen, contienen muchos más. (1)
Una de las razones de las movilizaciones es el número de homicidios de indígenas que se ha incrementado mucho en las últimas semanas. Según la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia): "Durante los últimos seis años han sido asesinados 1.253 indígenas en todo el país […] cada 53 horas un indígena es asesinado […] y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales". Solo en los últimos 15 días han sido asesinados 19 indígenas.
Otra razón es el incumplimiento del Estado de los acuerdos firmados con las comunidades. Un ejemplo representativo es el del pueblo Nasa. El 21 de diciembre de 1991, 20 indígenas, incluidos mujeres y niños, fueron masacrados con la complicidad de la fuerza pública en lo que se conoce como la masacre del Nilo. El Estado fue responsable de esta masacre y así lo reconoció internacionalmente y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en materia de justicia, reparación individual y colectiva. El propio ex Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado colombiano a las víctimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa. Hasta hoy estos acuerdos no han sido respetados, mas aun, el actual Gobierno se comprometió, el 13 de septiembre de 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hasta hoy no se ha cumplido la restitución de 15.000 hectáreas al pueblo Nasa.
Los indígenas se oponen también a una serie de leyes como el Estatuto Rural, el Código de Minas, Leyes y planes de aguas, la ley de bosques, impulsadas por el gobierno de Uribe, que “optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial”, según la ONIC. Estas leyes se oponen al artículo 120 de la constitución del 1991 que señala: “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”.
En los últimos 6 años, siempre según la ONIC, 53.885 indígenas han tenido que dejar sus tierras y hoy 18 pueblos indígenas colombianos están en riesgo de desaparecer porque les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100. Como ellos reiteran: “indígena sin tierra es indígena muerto”.
Estos derechos a la tierra y a la vida están contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, firmada por todos los países latinoamericanos con excepción de Colombia. Hoy los indígenas se movilizan también por su aprobación en este país.
Estas son las razones que están atrás de la gran movilización de los Indígenas que piden un encuentro directo con el presidente Uribe.
Los comunicados de la ONIC traen la siguiente información sobre las acciones: en Tolima, cerca de 2.000 indígenas Pijaos y Nasas marchan entre El Guamo y El Espinal de forma pacífica, al igual que otros 400 indígenas Embera Chamí en Armenia, capital de Quindío. En Caldas, sigue la concentración en el municipio de Riosucio, así como los indígenas en El Chocó mantienen la toma pacífica de la Defensoría del Pueblo en Quibdó. Dentro de la sede de la Defensoría hay más de 300 indígenas Emberá Dóvida y Katios trabajando en comisiones con autoridades regionales en temas como salud, educación o seguridad alimentaria. Afuera, una cantidad similar de indígenas respaldan la toma pacífica.
En el Valle del Cauca, en la vía que conecta a Palmira con Popayán, la Florida y Pradera, en la glorieta del puente de ese lugar, están más de mil indígenas Emberas Chami, Eperaras Siapidaras y Wannan. En Huila, 9 “chivas” que salían desde los resguardos han sido detenidas por las autoridades, luego de requisar a cada uno de los más de 500 indígenas, no los quisieron dejar pasar.
En Guajira: a pesar del invierno y los desastres en muchas de sus rancherías en Manauare y en las mediaciones de Riohacha, los Wayúu se movilizan en la ruta del Sombrero con rumbo a la capital de la Guajira. Los marchantes, desde el viernes, vienen sanando el territorio con cantos, danzas, ceremonias y con la reafirmación de la palabra; los recibirán indígenas Wiwas, estudiantes indígenas y otros sectores. El punto de encuentro es la Universidad de la Guajira.
En Córdoba: miles de indígenas Zenú y Emberas Katios del Alto Sinú y del Alto San Jorge, se unen en esta Minga, por la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, En total, se calcula que alrededor de 40 mil indígenas han salido a carreteras y centros municipales para unirse a la Minga Nacional de Resistencia Indígena.
La María
Los enfrentamientos más duros se han dado en La María-Piendamó (Cauca) en donde 20.000 indígenas de las etnias Guambiana, Nasa, Yanacona, Totoró, Coconuco y Eperara-Siapirara se han tomado la carretera Panamericana entre Cali y Popayan, para llamar la atención nacional.
El Estado ha enviando el escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), declarando que en 10 minutos despejaría la carretera. La resistencia de los Indígenas se ha mantenido por más de 24 horas y después de dos días, en este momento la carretera parece nuevamente tomada.
En la María se generó un enfrentamiento extremamente violento durante el cual se han registrado más de 70 heridos entre los indígenas y dos muertos, uno de los cuales es Ramos Valencia, proveniente del resguardo Tacueyó, que ha recibido una bala en la cabeza, que le atravesó de lado a lado.
Lo que ha pasado en este resguardo ha sido de extrema gravedad. La policía nacional, bajo la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe, el gobernador del Cauca Guillermo González Mosquera y el comandante del ESMAD, coronel Jorge Cartagena, ha utilizado armas no convencionales contra la población indígena que se defendía solo con bastones de mando y piedras. La fuerzas policiales, además de gases, machetes y garrotes, han utilizados fusiles de balas y tiros recalzados que son una mezcla de pólvora negra, puntillas, tachuelas y vidrios que, al detonar, generan una descarga de esquirlas. Algunas de estas granadas no convencionales no explotadas han sido entregadas a delegados internacionales que desde el día miércoles están presentes Maria Piendamó.
La comunidad internacional se dio cuenta de la gravedad de los hechos y está acompañando la movilización. Han llegado funcionarios de las embajadas de Canadá, Suecia, Suiza, Estados Unidos y España y representantes de Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, ACNUR, OCHA y UNICEF. Los visitantes han pedido a la fuerza pública no invadir el resguardo de la Maria porque, según la Constitución nacional, las autoridades indígenas son autoridad estatal en sus resguardos. Y los resguardos no pueden ser allanados sin la previa aprobación indígena. La fuerza pública, una vez recuperada la carretera, se infiltraron en el resguardo y quemaron varias viviendas.
Además del ataque a bala, los comuneros indígenas han sido víctimas de una ofensiva mediática vergonzosa.
Ofensiva mediática
Varios medios de comunicación no han hecho más que citar fuentes gubernamentales, sin darse la pena de ir a verificar las noticias, y acusan a las Indígenas de utilizar armas de fuego y de estar infiltrados por la guerrilla de las FARC.
Contra estas mentiras hablan los hechos, los muertos y los heridos indígenas documentados en fotos. El proceso de toma de la carretera es una decisión que viene desde abajo, los comuneros en asamblea proponen a los gobernadores de sus cabildos las acciones a tomar, ellos se reúnen, deciden y reportan a las asambleas, no hay guerrilla, hay las decisiones de un pueblo extremamente consciente que toma decisiones en manera comunitaria.
La criminalización de la protesta es un ejercicio muy practicado en Colombia en donde las FARC se trasforman en la excusa para aplastar los movimientos sociales. Según el Presidente, guerrilleros son los estudiantes, los corteros, los jueces, los indígenas, los profesores, los trasportadores y los campesinos. Si así fuese, su política de seguridad democrática seria un verdadero fracaso, estando todo el país infiltrado por la guerrilla.
Los mismos que acusan de ser guerrilleros a los campesinos son los que están juzgados por crímenes de paramilitarismo, estos si reales, como demuestran los 60 parlamentarios involucrados en el escándalo de la parapolitica, o el mismo ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, que tanto ha atacado los indígenas Nasa. Chaux, luego de haber desempeñado el cargo de gobernador, fue nombrado por el presidente Uribe, embajador en República Dominicana, función a la tuvo que renunciar por sus probadas conexiones con el paramilitarismo.

(1)Los 5 puntos se pueden consultar en: http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8925
- Simone Bruno es periodista italiano.