La calma aparente del verano, oculta una ominosa incertidumbre que invade las mentes más optimistas, que si bien, advierten un crecimiento de la economía muy por encima del 10% proyectado, el nivel de inflación recién verificado y la virulencia de los temas en danza, imponen seguir moviéndose con pies de plomo.
Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América
Desde Mendoza, Argentina
Sin presupuesto 2022 aprobado, dos temas importantes se entrecruzan y conducen a un mismo destino: la oposición macrista que gobernó por cuatro años el país. El primero es la larga y compleja discusión por la abultada deuda contraída con el FMI y el segundo y no menos trascendente, las escuchas de la Agencia Federal de Investigaciones AFI a propios y ajenos.
La administración Biden, aunque opuesta al ex presidente Donald Trump que favoreció con el mayor préstamo del FMI, ahora presiona para que la burocracia de la institución financiera en donde es el socio mayor, no ceda ante los reclamos de Argentina.
De hecho que el ministro de economía Martín Guzmán ha tenido reuniones con organizaciones obreras, empresarias y gobernadores de todas las provincias para llevar un consenso generalizado a las reuniones con la entidad crediticia. No obstante el respaldo de otros países obtenido previamente por el presidente argentino y varias reuniones al respecto con la directora Kristalina Kristeva, transitan en el mismo sentido.
Como un baldazo frío (tal vez por el país de quien lo hizo), el 23 de diciembre último fue conocido un dossier de 100 páginas elaborado por el economista noruego Odd Per Brekk, vicejefe de Asia y Pacífico del FMI, donde reconoce las irregularidades cometidas, al tiempo en que el país desembolsó 8 mil millones de dólares en concepto de capital e intereses de la deuda. El mismo ya era conocido días antes por el presidente, la vice y el ministro Guzmán.
Cabe recordar que el préstamo fue otorgado en tiempo record y no tuvo el aval del Congreso de la Nación, como también – según reconoció el ex mandatario responsable – el mismo fue utilizado para el pago a entidades financieras; hecho también dado a conocer por Mauricio Claver-Carone, representante en aquellos días del presidente Trump. Ese destino incierto favoreció a funcionarios amigos del ex presidente, quien desde luego, no se hace responsable del daño realizado.
Todo esto está atado al rápido descenso del déficit fiscal exigido por el Fondo que no le permitiría al país crecer económicamente para hacer frente en mejores condiciones para el desembolso de los pagos programados. Eje que marcará las futuras reuniones a llevarse a cabo en los meses venideros.
Todo un complejo entramado de decisiones en torno a crecimiento de la economía, precios y nivel de inflación hacen a un mejor desempeño financiero frente a los primeros pagos que debe hacer el país, y en tal sentido, la fijación de precios controlados de alimentos vienen desarrollándose desde la Secretaría de Comercio Interior que tienden a garantizar alimentos baratos para la población, como cortes de carne cuya exportación ha sido prohibida por dos años.
En este sentido, tampoco puede desconocerse que en los últimos años hubo una alta concentración de empresas productoras de bienes y servicios que oligopolizaron la oferta. Su tamaño está en estrecha relación con su poder decisivo y político y que, sugieren veladamente, se las trate con mano de lana. Tampoco puede desconocerse que esa misma dimensión y poder operó en el deterioro de los salarios e influyeron sobre las pequeñas y medianas empresas, imponiendo su criterio rentístico. El poder real se manifiesta erosionando la voluntad y capacidad de diálogo gubernamental en este tire y afloje que imponen las circunstancias.
El índice de precios al consumidor según el Indec para diciembre 2021, fue de 3,8% y acumuló un incremento de 50,9% en los doce meses del año pasado.
El otro tema preocupante desde un comienzo y cuya trascendencia viene erosionando la confianza pública desde hace varios años es la judialización de la política. Esto es el uso jurídico de la política con el objeto de atacar a los oponentes, ajenos en principio, pero también propios de modo de neutralizar futuros rivales.
Esto se ha quedado al descubierto con las imágenes filmadas en las oficinas del Banco Provincia, donde funcionarios de la ex gobernadora Vidal, más precisamente su ministro de trabajo, hablaban de la constitución de una “Gestapo” para presionar y perseguir a dirigentes gremiales. No es extraño dado que la alianza política que tomó la presidencia, la CABA y la provincia de Buenos Aires, era un grupo de empresarios y Ceos que concebían su programa político en beneficio de unos pocos, poquísimos, tras lo cual se desreguló, desmanteló y endeudó como nunca al Estado.
Ante las numerosas evidencias encontradas, ha sido imputada la ex gobernadora y actual diputada, María Eugenia Vidal, mientras que el ex responsable de la conducción nacional de la administración pasada, elude responsabilidades a pesar de estar procesado en múltiples causas. Es más, cada tanto sale con alguna tontería con el objeto de reinstalarse en la opinión pública y cumplir con “el segundo tiempo” de su libro.
Sería pecar de una inmensa ingenuidad pretender que alguno de estos peces grandes vayan presos. No irán. Decenas de amanuenses adictos o no, estarían dispuestos a defender su pellejo.
El arcaico mecanismo de la elusión ha funcionado universalmente en todos los tiempos. El villano triunfador en las revueltas al ser erigido en autoridad, lavó sus pecados y delitos, y con ello quedó listo y dispuesto a perseguir a sus enemigos; el pueblo con un poco de pan y circo, vivaba al ganador. La vida y gloria de Julio César en el imperio romano es apenas uno de los tantos ejemplos.
Deuda importante de la democracia recuperada desde 1983, de lograr un sistema jurídico saludable, ha sido una meta utópica. Habida cuenta los resabios de la feroz dictadura que han quedado adheridos en los diversos estamentos y jurisdicciones. Ignorar esto también es pecar de ingenuidad. Los enfrentamientos conocidos son parte de esa evidencia.
Ante ese hartazgo generalizado, para el primer día de febrero está prevista una marcha solicitando la renuncia de los cuatro integrantes de la suprema Corte de Justicia, frente a la sede del organismo, en Talcahuano 550 en la CABA; hecho que ya había solicitado el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, en diciembre último.
Desde diversas organizaciones han exhortado a la ciudadanía a que concurra a ejercer sus derechos.
De modo que la calma aparente del verano, oculta una ominosa incertidumbre que invade las mentes más optimistas, que si bien, advierten un crecimiento de la economía muy por encima del 10% proyectado, el nivel de inflación recién verificado y la virulencia de los temas en danza, imponen seguir moviéndose con pies de plomo.
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