El poder del narcotráfico está desestabilizando a uno de los países más ricos del continente, está infiltrado y controla parte del aparato del Estado en otro, y llega a jaquear la presidencia de un tercero. El tráfico de drogas maneja miles de millones de dólares anuales e impacta en las economías locales, en el poder político y en los aparatos represivos que deberían combatirlo.Ricardo Daher / ADITAL
La pasada semana el ex jefe paramilitar y narcotraficante colombiano, Salvatore Mancuso fue doblemente protagonista de los medios noticiosos. En una entrevista a la revista Semana concedió el primer cálculo de los ingresos al país por el narcotráfico al estimarlo en 7.000 millones de dólares al año (equivalente a un 25% de las exportaciones de toda Colombia el pasado año), y poco después como corresponsable de la detención del ex general Rito Alejo del Río al que vinculó con sus actividades criminales.
Casi al mismo tiempo, el presidente de Guatemala, Alvaro Colom, denunciaba el descubrimiento de micrófonos ocultos en la sede presidencial y un vasto operativo de espionaje a autoridades y políticos, en una maniobra que se le atribuyó al creciente poderío de los narcotraficantes en ese país.
Simultáneamente, el gobierno mexicano reveló que los carteles locales de la droga mueven alrededor de 10.000 millones anuales en el país, una cifra ridícula comparada con las estimaciones de los organismos internacionales, que sostienen que los carteles mexicanos obtienen ganancias superiores a los 70.000 millones de dólares anuales, de los cuáles el 30 por ciento es invertido en el país en la compra de funcionarios públicos y en mantener su infraestructura.
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