Sebastián
Piñera ha alcanzado el récord más bajo de aceptación para un mandatario.
Carolina Vásquez Araya /
www.carolinavasquezaraya.com
Cuando el
nivel de aprobación de un gobernante se reduce hasta índices tan bajos como el
6 por ciento alcanzado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el
restante 94 por ciento debe interpretarse como un franco rechazo a su
administración. Esto lo entiende cualquier lego. Sin embargo, la tozudez de
este empresario -cuyo afán de aferrarse al mando denota su ambición desmedida
por el poder- mantiene a ese país en un constante estado de emergencia,
paralizado por las protestas en las cuales se pueden observar reiteradas
violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población con total
impunidad por las fuerzas policiales.
En el
escenario mundial, la contundencia de las manifestaciones ciudadanas a todo lo
largo de Chile ha despertado una enorme ola de solidaridad con ese pueblo. Por
primera vez en su historia, la población ha llegado a constituirse como un
cuerpo sólido integrado por habitantes de todos los sectores, capaz de poner en
jaque al más depredador de los sistemas económicos –el neoliberalismo- y
haciendo tambalear el poder hegemónico de los círculos de poder al plantarse de
frente contra sus abusos. El estado de total negación de Piñera, por lo tanto,
constituye una trasgresión contra las bases mismas del sistema democrático al
transformar el suyo en un régimen similar a la dictadura pinochetista con
desapariciones forzadas, asesinatos y secuestros a mansalva.
El caso
no es único. También el presidente francés, la actual dictadura boliviana y la
administración autoritaria y de extrema derecha de Brasil, entre otros, se
encuentran arrinconados con un mínimo porcentaje de aprobación, del mismo modo
como otros mandatarios cuyas prioridades se alejan de los intereses de la
ciudadanía para proteger los de las clases dominantes y las grandes
multinacionales. Lo que está en juego, entonces, es la supervivencia de los
Estados democráticos, asediados desde hace mucho por una especie de súper
gobierno ejercido por la cúpula económica mundial bajo la sombrilla siempre
alerta del Departamento de Estado.
El mayor
peligro de este sistema depredador es la pérdida progresiva del poder
ciudadano. Es decir, los sistemas se han modificado con el propósito de
garantizar beneficios a sectores poderosos por medio de una legislación ad hoc
cuyo objetivo es reducir las posibilidades de participación de las grandes
mayorías en las políticas públicas; uno de los más importantes espacios en
donde se aplican estas tácticas es la privación de acceso a educación de
calidad y a servicios básicos, dado que en una ciudadanía informada y activa
reside el mayor peligro para los planes hegemónicos de los grupos de poder. Por
el contrario, una población reducida a la supervivencia jamás tendrá la energía
ni el tiempo necesarios para ocupar el lugar que le corresponde en los asuntos
públicos.
El caso
de Chile se eleva como un ejemplo de cómo los abusos de poder logran sacar al
pueblo de un estado de apatía para transformarlo en un fuerte protagonista en
los asuntos que le competen. Es preciso resaltar el papel fundamental de la
juventud chilena, cuya fortaleza y perseverancia ha sido capaz de poner en
jaque al poderoso sistema que a lo largo de los años le ha ido quitando
espacios de participación para mantener un estatus orientado a satisfacer
intereses corporativos y guetos políticos contrarios a las más importantes
iniciativas de desarrollo social. Otras naciones en similares circunstancias
ven hacia el Sur como un espejo en donde aspiran reflejarse.
La juventud
es la protagonista indispensable en todo proceso de cambio.
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