Entender el Estado panameño como un “Estado dual” permite interpretar la crisis nacional y examinar sus posibles salidas. Excluir al Estado del análisis político supone también dejar de lado a las clases sociales, esenciales para comprender los conflictos.
Enoch Adames M. / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
A comienzos del siglo XX, Panamá se separó de Colombia sin constituir un Estado nacional. La estructura de poder heredada del período departamental sostuvo una forma política sin soberanía efectiva. La oligarquía compartía el ejercicio de la “violencia legítima” con los “marines” del enclave militar neocolonial, mientras sus limitadas capacidades institucionales le impedían ejercer la soberanía fiscal y territorial.
La separación política tutelada de 1903 y la instalación del complejo militar-comercial estadounidense incorporaron a la naciente “república” a los procesos internacionales de valorización y acumulación en condiciones de dependencia colonial. Así, la globalización imperialista en curso reconfiguró la histórica función transitista del istmo.
Dos procesos marcaron la problemática de “larga duración” de la nación panameña a principios del siglo XX: la creación de la “zona del canal” como enclave colonial y la formación de un poder político que negaba la condición de Estado nacional. Su resolución exigiría prolongados conflictos socioeconómicos entre clases y fracciones sociales, con intensas manifestaciones políticas e ideológicas durante ese siglo.
Las tradiciones inventadas
El transitismo configuró la política y la cultura desde su base socioeconómica. También moldeó la intersubjetividad histórica: una manera compartida de sentir, pensar y actuar que condiciona la vida comunitaria y se reproduce en la convivencia, los conflictos y las referencias sociales comunes. Como ideología y práctica, operó como un “momento constitutivo” que instaló en el sentido común la idea de que el comercio y los servicios eran un destino histórico inevitable (Zavaleta Mercado).
Los intelectuales del poder elaboraron una “historiografía tradicional” centrada en próceres y acontecimientos, y fomentaron una intersubjetividad conformista. Esta “tradición histórica” inventada alentó la pasividad política al situar el origen del “Estado” y de la “democracia política” en la separación de Colombia, atribuyéndoles una temprana afirmación de la participación y la soberanía nacional.
Para el historiador británico Eric Hobsbawn (1917-2012), las “tradiciones inventadas” son prácticas simbólicas o rituales sujetas a normas explícitas o tácitas. Mediante la repetición, inculcan valores y conductas y establecen unacontinuidad con el pasado acorde con sus fines. Las agrupa en tres tipos superpuestos: a) cohesión y pertenencia a comunidades reales o artificiales; b) establecimiento o legitimación de instituciones, estatus y autoridad; y c) socialización mediante creencias, valores y pautas de conducta.
Estas prácticas simbólicas sostienen el imaginario de una democracia republicana idílica anterior al golpe militar de 1968. Sin embargo, la “democracia restringida”, como la denomina M.A. Gandasegui, estuvo marcada por vicios, fraudes, violencia e intervenciones yankees, propios de un régimen oligárquico concentrador y excluyente. Gandaseguiescribe:
“La historia política panameña registra solo una experiencia donde la oposición triunfa en elecciones presidenciales y el poder es transferido sin conflicto al ganador”. Se refiere a 1960, cuando el liberal Roberto F. Chiari venció al candidato oficialista de la Coalición Patriótica Nacional y recibió el mandato del presidente saliente, Ernesto de la Guardia. En la mayoría de las contiendas de esa etapa oligárquica, la oposición se retiró por falta de condiciones electorales o, tras participar, denunció abusos y fraude.
Cuatro etapas del poder
El transitismo, entendido como una modalidad de inserción en la acumulación global, configura también a la clase comercial. Como sujeto político, esta organiza el régimen estatal según sus necesidades de reproducción interna y hace sostenibles sus conflictivas relaciones sociales y estructuras de dependencia. En este marco, proponemos cuatro períodos de ruptura y continuidad en la compleja construcción del Estado nacional:
- Proto-estado oligárquico-liberal restringido (1903-1930)
- Estado oligárquico-liberal ampliado (1932-1968)
- Estado militar-desarrollista (1969-1989)
- Estado democrático-neoliberal (1990- )
Esta periodización permite comprender las fragilidades institucionales y políticas del país. Muestra cómo la mediación colonial condicionó la articulación del Estado nacional: las relaciones entre supraestructura e infraestructura; y entre Estado, política y clases sociales. Este condicionamiento de la formación social transitista persiste en el orden político actual.
La crisis del transitismo neoliberal posterior a la invasión de 1989 es social y político-cultural. El desgaste de su hegemonía ha abierto espacio a otras visiones del Estado-nación, favorables a una participación social y política más amplia e inclusiva. En la última década, la ecología política ha consolidado una perspectiva crítica de la economía transitista-extractivista.
Esta perspectiva ha debilitado la pasividad conformista de determinadas clases subalternas y sectores sociales. La hegemonía simbólico-cultural de las “tradiciones inventadas”, que presenta el transitismo-extractivista como el mejor de los mundos posibles, se fragmenta y avanza hacia una crisis profunda, acompañada de una creciente degradación institucional.
El Estado dual
Según el jurista alemán E. Fraenkel (1898-1975), el Estado discrecional fue una constante en los siglos XIX y XX, incluso donde el Estado de derecho parecía consolidado. Se expresó en los estados de excepción, la represión del movimiento obrero y la administración colonial, y predominó en numerosos regímenes. La tensión entre el Estado normativo y el discrecional —el “Estado dual”— es consustancial al capitalismo contemporáneo. Los sectores económicos dominantes necesitan normas que protejan sus derechos patrimoniales y garanticen previsibilidad, pero también discrecionalidad para contener el descontento social, abrir oportunidades extraordinarias de enriquecimiento y afrontar crisis sin modificar el statu quo socioeconómico.
Entender el Estado panameño como un “Estado dual” permite interpretar la crisis nacional y examinar sus posibles salidas. Excluir al Estado del análisis político supone también dejar de lado a las clases sociales, esenciales para comprender los conflictos. En las sociedades modernas, el Estado es un referente central de lo nacional. En Panamá, su construcción ha sido compleja y ha adoptado diversas expresiones políticas. Un análisis integrado y actualizado de la política y de lo político debe considerar:
· La naturaleza de la formación histórico-social.
· El carácter de las clases sociales.
· Las formas articuladas de los bloques históricos de poder.
· La intersubjetividad colectiva y las identidades.
El Estado articula, por tanto, dos dimensiones: una visible, como organización institucional sustentada en la legalidad territorial y el monopolio de la violencia legítima; y otra subyacente, como relación social que expresa un pacto de orden y dominación política.
La disputa de la nación
La nación es el referente de esta doble articulación. Siguiendo al politólogo G. O’Donnell, constituye el “arco de solidaridades” que une al “nosotros” por la pertenencia a un territorio delimitado por el Estado. Pero existen distintos “nosotros”: el estático, homogéneo y sin alternativas de la “tradición inventada”; y el histórico, diverso y cambiante, abierto a distintas identidades. La agenda política debe impulsar un programa de construcción de la estatalidad nacional que permita abordar, desde esa pluralidad, las disputas del presente, articuladas en torno a:
· La pluralidad de identidades.
· La democratización y la inclusión plena.
· La defensa socioambiental como cuestión política.
· La integración y la diversidad productiva.
En síntesis, la crisis actual refleja tanto la debilidad institucional del Estado nacional como las limitaciones estructurales del modelo económico transitista-extractivista. También revela la tensión democrática entre la política de la representación y la política de la presencia.
El autor es sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Panamá.

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