La institución del
Procurador de los Derechos Humanos (PDH) ha constituido uno de los principales
pilares en la búsqueda de garantizar un Estado que respete los derechos de toda
la ciudadanía guatemalteca.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Fue instituida
constitucionalmente con el objeto de defender los derechos humanos establecidos
en la Carta Magna y, por consiguiente, en el ordenamiento internacional
correspondiente. A partir de 1986 se convirtió en un factor fundamental que
contribuyó a mermar las políticas violatorias de derechos humanos que desde el
Estado se implementaron durante el conflicto armado. Siendo que las violaciones
de los derechos humanos persisten, es una institución vigente y necesaria.
La investigación, el
seguimiento y la sanción ética del PDH han sido fundamentales para lograr
mayores garantías sociales y políticas, en especial tratándose de sectores
sociales vulnerables que, en busca de resolver problemas históricamente
postergados y de frenar la persecución y los crímenes políticos, recurren a la
organización, protesta y participación propositiva. En ese sentido, en el
cumplimiento de sus funciones, la institución del PDH ha enfrentado a grupos de
poder político, económico y militar comprometidos con violaciones de derechos
humanos. Esa ha sido la causa por la cual instituciones y funcionarios
pertenecientes a tales grupos comprometidos con violaciones en el pasado y en
el presente o controlados por estos mantienen una política constante de
desprestigio, ataque y bloqueo hacia dicha institución y sus funcionarios.
El caso más grave ha
sido protagonizado por el Congreso de la República. En el afán de defenderse de
señalamientos certeros sobre prácticas reñidas con los parámetros democráticos
y de probidad —así como sobre casos de investigación que fundamentó la Cicig—,
quienes han dirigido dicho organismo en los últimos años han llegado al extremo
de bloquear asignaciones presupuestarias al PDH, con lo cual han atentado
contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que allí laboran.
Contrario a la búsqueda de fortalecer el ente constitucional, quienes han
dirigido el Congreso han llevado al organismo a desplegar una
política atentatoria de las funciones del PDH, incluso desobedeciendo
resoluciones de la Corte de Constitucionalidad al respecto.
Durante el gobierno de Jimmy Morales, el ataque y
bloqueo al PDH constituyó parte de la estrategia de la extrema derecha, que, en
su afán de mantenerse en el poder y de evitar la investigación y el
procesamiento judicial de corruptos y mafiosos, ha pretendido copar toda
institución estatal y ciudadana que le resulte contraria a sus intereses y a su
imaginario conservador in extremis. Su capacidad para controlar
organismos del Estado, medios de comunicación masiva, etcétera, ha sido
esencial para el crecimiento de una corriente de pensamiento simple y maniqueo
que considera a la institución del PDH como defensora de delincuentes.
Sin duda, la idea que se expresa en la fórmula derechos
humanos es igual a defensa de delincuentes procede de grupos de poder y se
reproduce en segmentos ciudadanos que evidencian su vulnerabilidad ante la
manipulación de estos, en su ignorancia sobre el carácter de la institución del
PDH y en el significado de los derechos humanos mismos. Son segmentos que
carecen de consideración sobre su calidad de sujetos de derechos humanos y
sobre cómo sus ataques discursivos o institucionales contra el PDH contribuyen
a vulnerar sus propios derechos como ciudadanos y ciudadanas.
En el peor de los casos, la difusión de esa idea
errónea sobre el PDH es muestra de demagogia y de un compromiso con grupos que
en el pasado y en la actualidad han estado y están comprometidos con
violaciones de derechos humanos, que se sienten evidenciados por la sanción
ética del PDH en el ejercicio de sus cargos como servidores públicos o que
están vinculados a casos de corrupción e impunidad.
Está por verse si el nuevo gobierno y la nueva
dirección legislativa garantizarán la función de una institución tan necesaria
en nuestro país, dada la continuidad en la violación de los derechos humanos o
su falta de vigencia, o si, contrariamente, darán continuidad a la política
retrógrada que impulsaron las anteriores autoridades de tales organismos.
En cualquier caso, es menester que la ciudadanía
informada, crítica y democrática defienda los derechos humanos y la institución
encargada de su defensa, ya que esto significa defender nuestros derechos, los
derechos comunes, los derechos de todos los guatemaltecos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario