La integración de los países de una región cualquiera debe pasar por etapas de ruptura de sus sentidos de identidad y lealtades nacionales: sobre todo cuando los mismos han sido forjados por sus clases dominantes en confrontación o para el distanciamiento con los vecinos.
Jaime Delgado Rojas, AUNA Costa Rica
Vale la pena hacer una revisión de lo que dicen las constituciones políticas de las naciones involucradas para valorar si hay cláusulas (habilitantes) que hagan posible el inicio de cualquier negociación orientada a la construcción de una institucionalidad como la que se plantea. Esos textos constitucionales darían cuenta, en su letra, del resultado de los debates en sus sociedades sobre límites, lineamientos y murallas que podría matizar de manera diversa la propuesta.
La constitución política más integracionista, sin lugar a duda es la de Nicaragua. En sus artículos 5, 8 y 9 apuesta a favor de la “Gran Patria Centroamericana”, se define como “parte integrante de la nación centroamericana” y “defiende firmemente la unidad centroamericana, (subrayando que) apoya y promueve todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y la cooperación en América Central, así como los esfuerzos por establecer y preservar la paz en la región”.
Le sigue, en entusiasmo, la constitución salvadoreña que anota como fin de la educación el propiciar “la unidad del pueblo centroamericano” (art. 55); y en su artículo 89 declara su interés en la integración de las “repúblicas americanas y especialmente con las del istmo centroamericano”, más su compromiso de propiciar la “reconstrucción total o parcial de la República de Centro América, en forma unitaria, federal o confederada”.
En la de Guatemala hay un artículo (el 150) que se refiere a la “comunidad centroamericana” y un compromiso para “adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política o económica de Centroamérica.”
Finalmente, la constitución hondureña solo señala en su Preámbulo su fe “puesta en la restauración de la unión centroamericana” y su apego a la integración económica en el artículo 335.
La constitución costarricense no alude a Centroamérica. Solo establece como función legislativa (art. 121, inc.,4) la aprobación de tratados negociados por el Poder Ejecutivo que establezcan “un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes”. Este texto es una reforma estampada en 1968 cuando el país llevaba años participando en la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y en el Mercado Común regional (MERCOMUN), a contrapelo de lo dictado por la constitución de 1949; aunque muy distante, el texto y su reforma, a lo que señalaba el artículo 1 de la Constitución de 1917 “Podrá (Costa Rica), … llegar a constituir una sola unidad política con una, varias o todas las demás de América Central”, cuya vigencia no pasó de 1919.
Los textos constitucionales de las otras repúblicas que integran el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) Panamá, Belice y República Dominicana no dan cuenta de compromiso alguno, no obstante que hayan suscrito o ratificado algún instrumento del Sistema.
En el pasado fueron El salvador, Honduras y Nicaragua, particularmente los más entusiastas en el tema, desde la disolución de la Federación Centroamericana de inicios del Siglo XIX. En esa línea, en 1895, firmaron un tratado que creaba la Federación Centroamericana y más tarde otros instrumentos que prefiero no citar por su cantidad y relevancia. Pero también fue por culpa del no acatamiento de Nicaragua a un fallo en su contra de la Corte de Justicia Centroamericana que este órgano comunitario dejó de funcionar a 10 años de su creación, en 1917. Más tarde, será en El Salvador donde se firme la Carta de San Salvador que creó la ODECA en 1951 la que tuvo, desde entonces su sede en esa capital centroamericana.
Así, pues las declaraciones del presidente Bukele no lo hacen distinto de sus antecesores ni dan señal de que, por lo declarado, se enuncie alguna ruptura de clases en un país, básicamente controlado por los sectores oligárquicos conservadores, desde sus orígenes. Pueda que el mensaje entusiasme a algunas dirigencias políticas regionales, pero el mensajero ha dejado mucho que desear en relación con el respeto a los derechos de las personas y al estado de derecho.
La integración de los países de una región cualquiera debe pasar por etapas de ruptura de sus sentidos de identidad y lealtades nacionales: sobre todo cuando los mismos han sido forjados por sus clases dominantes en confrontación o para el distanciamiento con los vecinos. Esto no se hace con una declaración política coyuntural, aunque el mensajero ilusione, sino con trasfondos que van desde lo educativo y cultural, hasta lo económico y político, lo que tarda años: el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática debe ser su base y su norte. La historia larga de la Unión Europea es un buen ejemplo.
De las cinco repúblicas históricas de la frustrada Federación Centroamericana de inicios del Siglo XIX Costa Rica ha sido la parte más reacia hacia la integración política. No obstante, ha albergado importantes encuentros por la integración y organismos comunitarios. Incluso, podría decirse que mucho de lo avanzado ha sido posible transgrediendo normas nacionales.
Panamá no ha formado parte de esa historia común pues su independencia a inicios del Siglo XX fue de Colombia y no ha sido sino desde el final de ese siglo que participa en algunos de los órganos del Sistema. Belice primero tuvo que superar su falta de reconocimiento por parte de Guatemala para poder acercarse a sus vecinos, mientras era reconocido como independiente dentro de la Commonwealth e integrante del sistema de integración del Caribe. En cuanto a República Dominicana, al otro lado del Caribe, se acerca al istmo para superar su aislamiento de los otros sistemas de integración en marcha en Nuestra América: la ALADI y el CARICOM. Con su ingreso al SICA inicia su vida militante de país integracionista con una constitución política que se compromete con la integración hemisférica para fortalecer una comunidad de naciones (art. 26, inc.5).
Así entonces, las repúblicas a las que pudiese entusiasmarse en una unidad más profunda, tal vez con el nombre de Federación, deberían pasar, al menos en sus formas, con las etapas clásicas de la integración económica (Unión Aduanera, aun incompleta y Mercado Común apenas de nombre) y profundizar una cultura de unidad y no discriminación, de respeto a las diferencias y de ruptura de xenofobias; además de participar, con militancia entusiasta, en los órganos que el sistema ha ido creando: el PARLACEN y la CCJ, la SIECA y los consejos de Ministros según el ramo.
Pero deben, sin más, apurar esfuerzos en acercar las poblaciones de estos países, en calidad de vecindades inmediatas de una Latinoamérica más hermanada. Para esta tarea, hay que destacar que las migraciones han hecho y harán un papel enorme de acercamientos y confraternidad. Realmente, queda mucho por hacer para empezar, no simplemente ponerle oídos a un dictador populista de retóricas para agradar redes sociales y trolles bien pagados.
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