Desde el comienzo de la política de seguridad democrática en Colombia, en junio de 2002 y hasta junio de 2007, se verificaron 955 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, a las que hay que sumar 235 casos de desapariciones forzadas. Un incremento de casi el 68% frente a los 5 años precedentes. ¿Si las FARC son justamente considerados enemigo público número uno por detener 700 colombianos, un ejército que mata a más de mil, cómo se tiene que considerar?
Simone Bruno / ALAI
(En la fotografía, el general Mario Montoya, quien renunció a la jefatura del ejército colombiano tras la confirmación de las ejecuciones extrajudiciales)
"Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército que tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con el Ejército para cometer esos crímenes".
Esta sorpresiva declaración no la hizo algún solitario defensor de los derechos humanos que grita contra el viento, sino el presidente de la República Colombiana Álvaro Uribe Vélez, que según la Constitución es también el comandante último de las fuerzas armadas.
La frase ha sido acompañada por el retiro de las fuerzas armadas de 20 oficiales —incluidos tres generales— y siete suboficiales. Hecho sin precedentes en Colombia.
Según el presidente, que habló a la nación el pasado miércoles al amanecer, acompañado por el ministro de la defensa Juan Manuel Santos y el general Freddy Padilla, al mando de las fuerzas armadas, las culpas de los militares serían gravísimas.
Una comisión interna de las fuerzas armadas habría comprobado la negligencia, cuando no la complicidad, de 27 militares en el escándalo de los falsos positivos, manera políticamente correcta de indicar: algunos jóvenes de la periferia de Bogotá secuestrados y luego resultados muertos en un falso enfrentamiento con el ejercito.
Entre los retirados del servicio se encuentran: José Joaquín Cortés, comandante de la II División, responsable de Santander, Norte de Santander y Arauca, el general Roberto Pico, comandante de la VII División, con base en Antioquia, y el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 en el Norte de Santander, bajo cuya jurisdicción se encontraron enterrados en fosas comunes varios de los jóvenes secuestrados en Bogotá. El mismo General Paulino Coronado apareció varias veces en los medios declarando que los jóvenes habían muerto en combate y no se trataba de falsos positivos.
“Como siempre pasa con el gobierno Uribe, una vez que el escándalo llega a los medios de comunicación el problema empieza a existir” han declarado para ALAI algunos defensores de los derechos humanos. Leer más...
1 comentario:
South American militarism must cease. War is an obsession of the weak.
Publicar un comentario