Después de la toma de rehenes entre funcionarios en el norte de Perú, le tocó el turno a la provincia de Tacna, en la frontera chilena. Hubo enfrentamientos con la policía, una masiva sentada y corte de la ruta al sur. La cuestión de fondo del conflicto es la ley minera.NOTAS RELACIONADAS:
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Página/12
La tregua le duró poco a Alan García. Tres semanas después del recambio del gabinete peruano, las protestas regionales volvieron a explotar en todo el país. Ayer (sábado) el centro de Tacna, la provincia lindante con Chile, seguía en huelga general después de una jornada de violencia que llegó incluso a traspasar la frontera. Más de mil personas pasaron la noche en las calles protestando por la nueva ley que distribuye los impuestos de las mineras de la región y bloquearon la ruta a Chile. Un día antes más de ocho mil peruanos se habían levantado en la provincia norteña de Cajamba en demanda de obras de infraestructura que el gobierno prometió, pero nunca cumplió. Al cierre todavía mantenían de rehenes a catorce funcionarios del gobierno regional.
La cuestión de fondo del conflicto en el sur del país es la ley minera. El lunes la provincia de Moquegua retomó una ya conocida demanda. Miles de personas tomaron las calles para forzar una reforma que distribuyera más equitativamente entre las provincias los impuestos que retenía el gobierno central de las mineras. Los movimientos sindicales de esa región acusaban a Lima de favorecer a Tacna, la provincia vecina. Se habían terminado las dos semanas de gracia que le habían prometido al nuevo jefe de gabinete Yehude Simon, un dirigente cercano a los movimientos sociales en los ochenta y noventa.
Las manifestaciones ganaron virulencia con el pasar de las horas. El martes alrededor de mil personas tomaron un puente y detuvieron durante toda la tarde a tres policías. La jornada terminó con decenas de heridos y la amenaza de radicalizar aún más la protesta. El presidente García, quien hace menos de un mes enfrentó un escándalo de corrupción que tumbó medio gabinete, cedió y ordenó la aprobación de la reforma en el Congreso. Pero el mandatario no contó con que los mineros de Tacna, la otra provincia en pugna, también estaban listos para movilizarse.
El jueves más de tres mil personas irrumpieron en la casa de gobierno de Tacna, la saquearon e incendiaron. Inmediatamente la situación se descontroló. Cerca de una veintena de policías resultaron heridos y no hay información sobre los manifestantes. El alcalde de Candarave, la ciudad que bordea la frontera con Chile, denunció que los mineros habían tomado el Consulado del país vecino y algunos incluso se habían pasado del otro lado de la frontera. Más tarde, las autoridades chilenas informaron que cuatro peruanos se habían enfrentado con un grupo de carabineros. Están detenidos y serán deportados.
García envió refuerzos por la noche, pero los mineros de Tacna no paran de abrir frentes. Durante la noche atacaron los acueductos que abastecen a la provincia vecina de Moquegua. Los policías llegaron apenas para evitar que los destruyeran por completo, pero el suministro quedó limitado. Ayer, bien temprano, sorprendieron a las fuerzas de seguridad soldando barras de hierro de un metro de alto al asfalto del puente Locumba de la carretera Panamericana, que conecta Tacna con Moquegua y la costa norte de Perú.
Anoche la policía había logrado recuperar el control del puente, por donde circulan más de nueve mil autos y camiones diarios. El gobierno nacional por ahora no presenta ninguna propuesta. La única reacción vino del ministro del Interior, Remigio Hernani. “Pareciera que esto está orientado políticamente a crear convulsión, a buscar el enfrentamiento, para que la policía tenga la desgracia de matar un niño o una mujer.”
La cuestión de fondo del conflicto en el sur del país es la ley minera. El lunes la provincia de Moquegua retomó una ya conocida demanda. Miles de personas tomaron las calles para forzar una reforma que distribuyera más equitativamente entre las provincias los impuestos que retenía el gobierno central de las mineras. Los movimientos sindicales de esa región acusaban a Lima de favorecer a Tacna, la provincia vecina. Se habían terminado las dos semanas de gracia que le habían prometido al nuevo jefe de gabinete Yehude Simon, un dirigente cercano a los movimientos sociales en los ochenta y noventa.
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