La tesis central de la ponencia que presenté en el XVI Congreso Nacional de
Sociología consistió en demostrar cómo la irrupción política de la Guardia
Nacional en la institucionalidad gubernamental en 1968 tuvo como objetivo
principal el reordenamiento de las relaciones entre las fuerzas sociales del
país. La ponencia se preparó en el contexto del cincuentenario del golpe
militar.
Marco Gandásegui, h. / Para Con
Nuestra América
Desde
Ciudad Panamá
Todos los autores examinados coinciden en que los actores sociales
principales del golpe de 1968 fueron la oligarquía, las capas medias, los
sectores populares y EEUU. El instrumento que se utilizó para dar el golpe fue
la Guardia Nacional. El objetivo central de este golpe fue reconstituir la
hegemonía perdida de la oligarquía como consecuencia de la insurrección popular
de enero de 1964. También destacan como detonante la insatisfacción de los
mandos medios de la Guardia Nacional por los anuncios de una reestructuración
de la institución armada.
Para alcanzar el objetivo deseado – recuperar la hegemonía perdida – era
necesario desplazar a la oligarquía del poder político. Puede parecer
paradójico que para resolver la crisis política de la oligarquía, esta misma
tenía que desplazarse del poder. La oligarquía tenía dos problemas centrales
que no era capaz de resolver. Para acometer la tarea, necesitaba la ayuda – ni
más ni menos – de los dos actores sociales que eran sus problemas: Por un lado,
los sectores populares y, por el otro, EEUU.
Para EEUU era claro que la insurrección popular ocurrida en enero de 1964
no podía repetirse. Este punto aparentemente no estaba claro en los círculos de
la oligarquía. Además, era urgente resolver “las causas del conflicto” con EEUU
en torno al Canal de Panamá.
El gobierno militar cumplió, aparentemente, con ambos objetivos. Por un
lado, logró la firma de los Tratados de Canal con EEUU en 1977, bajo la
conducción del general Torrijos. Por el otro, logró cooptar a segmentos
importantes de los sectores populares. Lograda la misión a principios de la
década de 1980, todo indica que había que reestablecer la hegemonía de la
oligarquía. Torrijos lo tenía en su agenda cuando hablaba del retorno de la
Guardia Nacional a los cuarteles. Lo pensaba en un contexto donde la
correlación de fuerzas sociales sería otra a la que encontró en 1968. El
general Torrijos fue eliminado del escenario en 1981. La recuperación de la
hegemonía por parte de la oligarquía se hizo, en forma tardía, mediante una
operación traumática que incluyó una devastadora invasión militar
norteamericana en 1989.
Los autores examinados reconocen el papel de los cuatro grupos sociales
mencionados al principio: la oligarquía, las capas medias, los sectores
populares y EEUU. Coinciden que las condiciones para que se diera el golpe
militar descansaban sobre la cambiante correlación de fuerzas. Algunos señalan
que el golpe se dio en contra de la oligarquía dividida y debilitada. Otros
plantean que fue a favor de una fracción de la oligarquía.
Sostenemos que el golpe fue promovido por la misma oligarquía incapaz de
gobernar y temerosa de un desenlace con ribetes similares a la Revolución
cubana. Esta solución a la crisis, galvanizada por la insurrección de enero de
1964, fue aceptada por EEUU. La falta de una dirección política coherente en
las capas medias y en los sectores populares obligó a estos sectores a
convertirse en observadores del proceso en la medida en que se desenvolvía.
Para Soler, por ejemplo, se produjo una inclinación de los militares hacia
soluciones ‘nacionales’, con la cooptación creciente de los sectores populares
y capas medias. En cambio, la lectura del mismo proceso por Ardito Barletta
abría las puertas a un populismo peligroso y contrario a la democracia liberal.
La Guardia Nacional cumplió su misión. Logró reestablecer un orden entre
los 4 grupos sociales que le permitió a la oligarquía recuperar la hegemonía
perdida y regresar al poder político en 1989. El sector ‘mayoritario’ de la
oligarquía que menciona Soler asumió el poder político y la fracción
‘minoritaria’ (reformista) desapareció. A su vez, la institución armada
resolvió el problema ‘nacional’ con los Tratados del Canal, negociados por
Torrijos. Sin embargo, el desorden gubernamental que han caracterizado los 30
años de administración de la oligarquía ha desestabilizado la institucionalidad
política y puede estar anunciando una solución traumática a la actual crisis.
El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, ya le dio aviso a las “20 familias” que
dominan la vida política panameña: O ponen orden o se arriesgan a otra
intervención.
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