sábado, 20 de octubre de 2018

Panamá: cincuenta camino a treinta, y más allá

A cincuenta años del golpe de Estado de 1968 el Estado panameño controla el Canal, sin duda. Con eso, pasa a primer plano el problema de quién controla el Estado. Esta no es una pregunta retórica.

Guillermo Castro H. / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá

La historia construye sus problemas desde los temores que nos inspira el futuro, iluminando el pasado con una suerte de luz negra que resalta de maneras insospechadas el perfil de los acontecimientos. Así ocurrió en Panamá el pasado 11 de octubre pasado. Ese día se cumplieron 50 años del golpe de Estado que en su momento abrió paso a negociación del Tratado Torrijos Carter de 1977, cuya ejecución culminaría en 1999 con la eliminación de la presencia militar norteamericana en Panamá y el traspaso del Canal de manos del Estado norteamericano a las del panameño.

Ese medio siglo incluye, por cierto, la agresión militar norteamericana de 1989 – cuyo XXX aniversario ocurrirá el próximo año -, la cual, siendo una invasión por su forma, constituyó un golpe de Estado por los objetivos que se propuso lograr, y logró. De aquí resulta un dato curioso. El periodo 1968 – 1989 es aquel que –   Immanuel Wallerstein dixit – se inició con la primera gran fractura en el consenso liberal desarrollista que vino a ser hegemónico en la geocultura mundial tras la Gran Guerra de 1914 – 1945, para concluir con el derrumbe del orden que sustentaba ese consenso al desintegrarse de su ala izquierda, la Unión Soviética y lo que fuera el campo socialista en Europa Oriental.

Entender la razón de estas cosas requiere verlas en su devenir. En Panamá, a todo lo largo del siglo XX, ese devenir llevó a sus formas más extremas un proceso iniciado en el siglo XVI y abrió, quizás, la posibilidad de encarar lo peor de sus consecuencias en el XXI. Lo que se inició en aquel entonces con la conquista europea fue una modalidad de organización del tránsito interoceánico a través del Istmo, que concentró esa actividad en una sola ruta bajo control de la Corona española y estableció una frontera interior que segregaba a todo el litoral Atlántico y el Darién. Panamá pasó de este modo a ser organizado como país en una cuarta parte de su territorio, y así permaneció hasta mediados del siglo XX.

Aquella concentración del tránsito en una sola ruta concentró también en quienes la controlaban el poder económico y político sobre el Istmo y su destino. La lucha por el control de ese poder vino así a convertirse en un factor de primer orden en la vida política del Istmo.

La intensidad y el ritmo de esa lucha estuvieron asociadas, por otra parte, a la función singular cumplida por Panamá en la economía regional. Este, en efecto, es el único país de la región que no se define por lo que exporta, sino por los servicios que ofrece al comercio exterior de los demás.

A ese hecho responde nuestra organización territorial. Para todo fin práctico, Panamá nació como un enclave transitista. Como tal se independizó de España en 1821 para integrarse en la Gran Colombia bolivariana, de la que se separó en 1903 para acogerse a un régimen de protectorado pactado con los Estados Unidos, y liberarse de esa tutela en 1999 para asumir, finalmente, el pleno ejercicio de las responsabilidades de la soberanía.

El siglo XX panameño, en efecto, se vio marcado por la disputa entre los Estados Unidos y Panamá por el control de la renta generada por la operación del Canal interoceánico construido por el gobierno norteamericano entre 1904 y 1914 al interior de un enclave militar-industrial conocido como Zona del Canal. Esa disputa estuvo marcada por la negociación de tratados entre ambos países, que modificaron primero los privilegios políticos y económicos concedidos a Estados Unidos por el tratado de 1903, y finalmente cancelaron este último, liquidaron la Zona del Canal y transfirieron la administración del Canal al Estado panameño.

Importa notar, si, dos características de este proceso. La primera consiste en que todos los mandatarios panameños que firmaron esos Tratados – Harmodio Arias, José Remón y Omar Torrijos – estuvieron previamente involucrados en golpes de Estado que de un modo u otro abrieron paso a esas negociaciones. La segunda es que el Tratado Torrijos – Carter, al resolver a favor de Panamá el control de la renta canalera, trasladó al interior de la sociedad panameña la disputa por el control de la misma.

A cincuenta años del golpe de Estado de 1968 el Estado panameño controla el Canal, sin duda. Con eso, pasa a primer plano el problema de quién controla el Estado. Esta no es una pregunta retórica. En las vísperas del XXX aniversario del golpe de Estado que restableció el orden liberal democrático en Panamá, y al cabo de una década de notable expansión económica, el país sigue enfrentando una circunstancia en la que se combinan un crecimiento económico incierto, una inequidad social persistente y una degradación ambiental constante.

A eso ha venido a agregarse, en la última década, un deterioro institucional creciente que – a través de la creciente demanda por la convocatoria a una Asamblea Constituyente – reclama ya una trasformación del Estado que contribuya a culminar la construcción de una sociedad democrática sustentada en una economía próspera, sostenible y equitativa. Necesitamos, en breve, culminar la construcción de una República con todos y para el bien de todos. Así de latinoamericano es hoy nuestro problema fundamental.

Panamá, 19 de octubre de 2018.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Compartimos el enfoque de Guillermo porque en tanto la sociedad panameña en su conjunto no reconozca que Panamá estuvo hasta el 31 de Diciembre de 1999 en un estado colonial, dependiente de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, no podremos lograr una clara definición de nuestra identidad y encarar el futuro con la seguridad que nos da el conocimiento de la historia