sábado, 17 de octubre de 2020

Bolivia: un incierto y difícil retorno al poder

Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Bolivia, postergadas en varias ocasiones por el gobierno, son cruciales para América Latina, por lo que deben llamar nuestra atención. 


Consuelo Ahumada Beltrán / La Bagatela


En primer lugar, porque deben ponerle fin a un gobierno ilegítimo, encabezado por la señora Jeanine Añez, autoproclamada como presidenta después del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019, meses antes de que se cumpliera su período. 

En segundo lugar, porque las elecciones se presentan en medio un profundo malestar social en Bolivia y los países de la región, marcado por dos tendencias contrapuestas: la prevalencia de gobiernos autoritarios y antipopulares y la resistencia de amplios y diversos sectores que luchan por sobreponerse a los estragos de la pandemia y la crisis económica y social, por mejores condiciones de vida y de trabajo, la defensa de la vida, los derechos fundamentales y las reivindicaciones de indígenas, trabajadores/as y campesino/as.

  

Todas las encuestas pronostican el triunfo en primera vuelta de Luis Arce, el candidato del MAS, sobre Carlos Meza y Luis Fernando Camacho, auspiciadores y perpetradores del golpe de Estado. En el año transcurrido desde entonces el panorama ha sido catastrófico. A la violenta represión inicial de las protestas indígenas, se sumó el intento de revertir los avances de todo tipo del gobierno de Evo y la pésima gestión de la pandemia por parte de los golpistas. 

 

Sin embargo, la situación es bastante difícil para las fuerzas democráticas en Bolivia. Hay indicios serios de que se cocina un fraude para impedir el retorno de las fuerzas populares al poder. Hace unos días la vocera del MAS, Marianela Paco, denunció ante el país y el mundo que está en curso un segundo golpe, con la complicidad de la OEA, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía. 

 

Fundamenta su denuncia en la ausencia de transparencia en el conteo rápido de votos, el retorno de los mismos veedores de la OEA que propiciaron el golpe pasado, la declaratoria de toque de queda por seis días y la custodia de las actas por parte de policías y militares que participaron en el golpe del año pasado.

 

Recordemos que el golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia fue planeado y organizado meticulosamente por los sectores más radicales de la oposición boliviana, liderados desde Santa Cruz y La Florida, con la complicidad de la extrema derecha del continente, encabezada por Donald Trump. La OEA, con el funesto Luis Almagro, le dio el toque final. Su informe anticipado con solo el 10% del escrutinio habló de algunas irregularidades y de probabilidades, que nunca concretó. Posteriormente comisiones investigadoras independientes de la CELAG y MIT conceptuaron que no había indicio alguno de fraude y que el candidato ganaba en primera vuelta. 

 

El trabajo sucio de Almagro logró su cometido. Durante las tres semanas siguientes a las elecciones, el candidato derrotado Carlos Meza y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, un personaje de oscuro pasado y presente, incentivaron el desorden y promovieron el incendio de tres de los siete colegios electorales en donde estaban consignados los votos y las actas. Así se configuró el pretexto que necesitaban para el golpe. Almagro recomendó la anulación de los comicios del 20 de octubre y la convocatoria de nuevas elecciones. 

 

Lo que sucedió después era también parte de un libreto conocido, aunque renovado, adaptado a la época de la inmediatez de la comunicación. En medio de la intimidación, la Policía y el Ejército le pidieron al Presidente su renuncia. Recordemos su traumática salida del país con el apoyo del gobierno de México y en medio de la hostilidad de la mayor parte de los mandatarios de la región, quienes no permitieron que el avión mexicano en el que viajaba Evo, junto con el vicepresidente y otros funcionarios, sobrevolara el territorio de sus respectivos países. 

 

A partir de entonces, se desató la represión y persecución contra la población, pero en especial contra los indígenas, con tintes claramente racistas, se atropelló la institucionalidad democrática, se expidió orden de captura contra los principales funcionarios del gobierno y dirigentes del MAS, a quienes se acusó de terrorismo. Algunos de ellos están asilados todavía en la embajada de México en Bolivia. 

 

Sin embargo, hoy está claro que la decisión de impedir el triunfo de Evo y de García Linera el año pasado ya estaba tomada desde tiempo atrás. En ella intervinieron, además del embajador de Estados Unidos, tres senadores republicanos, Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz; miembros del gobierno de Bolsonaro y de la Iglesia Evangélica y del gobierno de Colombia. Precisamente los mismos que participan en el asedio permanente a Venezuela. 

 

¿Por qué derrocaron al Estado Plurinacional de Bolivia y quieren impedir que regrese? Mencionemos algunas razones. En el marco de los gobiernos alternativos de América Latina, el gobierno de Evo fue el más exitoso, no solo en cuanto a resultados económicos, reconocidos incluso, a regañadientes, por las entidades internacionales, sino en términos de inversión pública y social. El primer presidente indígena del continente adelantó una transformación social sin precedentes, en un país sin trayectoria de políticas sociales. Lucho Arce, el hoy candidato del MAS, estuvo al frente de esa transformación como Ministro de Finanzas y Economía. 

 

Con esta experiencia se mostró cómo es posible desarrollar políticas exitosas, en contravía del modelo predominante en el mundo. Otro logro fue la dignificación de los indígenas y en particular, de sus mujeres. La huypala, arrancada y quemada en el Palacio de gobierno por los golpistas Camacho y Añez para reemplazarla por la Biblia, es el símbolo de este logro. 

 

Bolivia es un país muy rico en recursos naturales, históricamente explotados a sus anchas por las multinacionales. Una de las primeras decisiones de Evo Morales fue revertir las ganancias por la explotación de estos recursos, de manera que estos quedaron en manos del Estado y del pueblo. Tiene el salar más grande del mundo, el de Uyuni, de donde se extrae litio, componente fundamental de las baterías y de los automóviles eléctricos. El gobierno resolvió emprender su industrialización. 

 

A pesar de las dificultades, los demócratas y progresistas de Bolivia, América Latina y el mundo entero no pueden bajar la guardia. Como señaló García Linera hace un año invocando a Tupac Katari: “Volveremos y seremos millones”.

 

* Profesora universitaria, directora del Centro de Estudios Nueva Gaceta, integrante del Comité Ejecutivo del Partido del Trabajo de Colombia (PTC). 

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