En las vacunas, como en la pandemia, el gobierno ha sido errático e indolente, no se conocen los contratos firmados con las farmacéuticas, ni las cláusulas, y hay indicios de sobrecostos.
Desde Colombia
La pelea desde entonces no ha sido fácil. Es cierto que la investigación y desarrollo (I&D) tiene costos elevadísimos. Pero también que estos se exageran y la llamada Big Pharma genera enorme rentabilidad a costa de la salud de los pueblos.
En la cumbre de la OMC celebrada en Doha, Catar, en 2001, con el liderazgo de la India, Sudáfrica, Brasil y China se logró aprobar el uso de las licencias obligatorias, lo que permite liberar patentes y producir genéricos antes de lo estipulado por la norma, en caso de emergencia sanitaria. Esto se dio en medio de la pandemia del VIH.
La crisis frente a la actual pandemia es todavía más grave y ha vuelto a mostrar la voracidad de las farmacéuticas. Bien pronto, al percibir la posibilidad de una ganancia segura y enorme, emprendieron una carrera contra el tiempo para encontrar la vacuna salvadora. Hoy hay más de 200 en proceso, lo que resulta muy positivo y esperanzador.
Sin embargo, no se trata de una carrera solidaria para salvar a la humanidad, como pedía la OMS. La competencia se da en medio de una intensa disputa geopolítica.
Cuando Rusia anunció que empezaría pruebas con su vacuna Sputnik V, se produjo un impacto similar al de 1957, cuando la antigua URSS lanzó el Sputnik 1, dando comienzo a la carrera espacial. Con argumentos geopolíticos, no científicos, los grandes medios la presentan como una opción riesgosa e insegura, desconociendo la trayectoria rusa en materia de vacunas. Pero lo cierto es que las acciones de Pfizer y de otras empresas cayeron en la bolsa con el anuncio.
Las farmacéuticas han recibido más de 8.300 millones de dólares de EE. UU. para desarrollar la anhelada vacuna. Se les confirió también la autoridad para establecer su precio y distribución, anteponiendo sus intereses comerciales. Ningún compromiso con la salud pública, a pesar de contar con financiación estatal.
En este contexto tan difícil, ¿qué ha hecho Colombia? Como en el manejo general de la pandemia, el gobierno ha sido errático e indolente frente a los sufrimientos, angustia y muerte de las personas.
En medio del desconcierto, se supo que el flamante gerente de la pandemia, Luis Guillermo Plata, no tenía nada que ver con esto. Que el encargado de negociar con las farmacéuticas sería nada menos que Pacho Santos, muy ocupado en sus intrigas diplomáticas contra Cuba y Venezuela y en la campaña de Trump. Eso sí, quedó claro que las vacunas para el país no vendrían de Rusia ni de China, ni menos de Cuba, cuya oferta de brigadas médicas fue recibida con desdén.
En debate en la Cámara de Representantes en agosto 11, el representante José Daniel López afirmó que Colombia estaba retrasada en la negociación global de la vacuna, lo que implicaría “comprar más caro y con menor prelación de tiempo”.
Y así sucedió. No se conocen los contratos confidenciales firmados con las farmacéuticas, ni las cláusulas secretas que el gobierno aceptó. En Argentina Pfizer pidió “glaciares y permisos de pesca” como garantía para vender la vacuna, lo que el gobierno rechazó.
En Colombia las empresas fueron exoneradas de cualquier responsabilidad. Hay indicios de sobrecostos. Existe un cronograma de vacunación con cinco etapas pero sin fechas. Eso sí aparecieron contratos para Miguel Uribe Turbay sobre la subcuenta Covid-19. Quedó claro también que los venezolanos no serían vacunados. Mientras tanto, varios países latinoamericanos ya están vacunando.
Lo cierto es que como no se negoció a tiempo, Colombia quedó con 165 países más a merced del mecanismo Covax cuya viabilidad ha sido cuestionada por la OMS. Tanto esta como la ONU advierten que el acceso equitativo a las vacunas está en riesgo y el mundo al borde de un fracaso moral catastrófico. Un grupo de países ricos, con el 13 % de la población mundial, compró más de la mitad de las dosis disponibles de vacunas, informó Oxfam.
Pero ha habido reacciones favorables. En reciente reunión del grupo Alba, liderado por Cuba y Venezuela, se establecieron mecanismos para garantizar el acceso masivo y gratuito a la vacuna y los medicamentos para los países miembros del Caribe y Centroamérica.
A nivel global, se constituyó una alianza por las vacunas, conformada por Oxfam, Amnistía Internacional y otros. Se convocó a los gobiernos a garantizar que estas se conviertan en un bien público gratuito.
Un primer paso es apoyar en la OMC la propuesta de Sudáfrica y la India que pide la renuncia a la propiedad intelectual de las vacunas, pruebas y tratamientos relacionados con la covid-19 hasta que todos los países estén protegidos. Esto permitiría multiplicar la producción de vacunas. Pero, como podía esperarse, Colombia se abstuvo de apoyarla.
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