Costa Rica: el interregno y la disputa por el sentido común

 Costa Rica ya no es la excepción que fue. Bajo la superficie de su estabilidad institucional, se acumulan tensiones que revelan el desgaste del pacto social que sostuvo su democracia durante décadas. El país vive un interregno gramsciano: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no logra nacer. En ese vacío, la política se reorganiza en torno al miedo, el enojo y la desconfianza. 

Juan Carlos Cruz Barrientos / LA JORNADA

Lejos de ser un caso aislado, Costa Rica se inscribe en una tendencia regional marcada por la expansión de narrativas autoritarias que prometen orden en contextos de incertidumbre. La distopía ha dejado de ser una advertencia para convertirse en experiencia cotidiana: debilitamiento de contrapesos, simplificación del conflicto social y normalización de respuestas de excepción.

 

El auge del discurso securitario es una de sus expresiones más visibles. Frente al crecimiento del crimen organizado transnacional, la respuesta estatal privilegia el castigo sobre la prevención y la espectacularidad sobre la estrategia. Se construyen enemigos internos y se prometen soluciones inmediatas a problemas estructurales, mientras el Estado parece actuar más, pero resuelve menos. En este contexto, la disputa política ha mutado. 

 

Sin un relato hegemónico capaz de articular expectativas colectivas, el conflicto se reorganiza en antagonismos morales que reducen la complejidad a oposiciones binarias: pueblo versus élite, orden versus caos. La hegemonía no ha desaparecido; se ha transformado. La derecha contemporánea ha sabido leer este momento. 

 

Su eficacia radica en la capacidad de conectar con el malestar social mediante un lenguaje directo, emocional y sin mediaciones. No es ausencia de proyecto, sino una forma distinta de construir sentido: más afectiva que programática. Los sectores progresistas, en cambio, han tendido a subestimar esta dimensión, confiando en que la evidencia y los argumentos racionales bastan. Pero en un entorno mediado por plataformas digitales, donde los algoritmos moldean percepciones y amplifican la polarización, la disputa es también simbólica. 

 

El llamado digitalismo reorganiza la vida pública: la conexión permanente sustituye la acción colectiva, y el sentido común se construye en entornos gobernados por lógicas de mercado. En ese escenario, la política se vuelve inmediata, fragmentada y emocional, debilitando los marcos de deliberación democrática.

 

Al mismo tiempo, la narrativa de crisis permanente habilita decisiones que erosionan al Estado en su dimensión sustantiva: presiones sobre el Poder Judicial, concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento de capacidades estratégicas. No se trata de una ruptura abrupta, sino de una degradación progresiva. La salida no es meramente técnica. Es, ante todo, política. 

 

Disputar la distopía implica disputar el sentido común. Esto exige reconocer el malestar social sin traducirlo en odio, reconstruir un relato democrático anclado en la vida cotidiana y proyectar un horizonte que combine seguridad con derechos. También supone intervenir en el ecosistema digital, fortaleciendo lo público frente a la lógica algorítmica. Pero, sobre todo, implica repolitizar lo estructural: devolver centralidad a la desigualdad, al modelo económico y a las brechas territoriales que han sido desplazadas por la inmediatez del conflicto cotidiano. 

 

La disputa de fondo es por el significado del orden. Mientras las respuestas autoritarias lo asocian con control y exclusión, una alternativa democrática debe vincularlo con inclusión, derechos y capacidad estatal. Costa Rica se encuentra en un punto crítico. En este interregno, lo que está en juego no es solo la orientación de las políticas públicas, sino la forma misma de entender la democracia. El desenlace no está escrito: será resultado de la disputa por el sentido común.