domingo, 20 de julio de 2008

El embrollo argentino

De “el país de las espigas de oro”, cantado por Rubén Darío, al país de la soja de oro. Sí, pero con villas miseria y niños desnutridos.
Osvaldo Bayer / Página12
(Desde Bonn, Alemania)
Otra vez el mismo clima. Otra vez parece que marchamos por una calle sin salida. Hubo un hombre de mi tiempo, Aldo Ferrer, que dijo lo valedero, lo equitativo. Pero nadie lo escuchó. Hay que distribuir las ganancias para llevar adelante una sociedad integrada; si no, quedaremos cada vez más en el subdesarrollo. La sociedad tiene que ser integrada, regulada. Recordemos aquello de la economía social de mercado. Con la que la Alemania destruida de posguerra logró levantarse. Redistribuir las ganancias en la ciencia, en la técnica, en la paz social, en la educación, en la salud, en una industria que vaya eliminando las dependencias. Una sociedad con miserias es una sociedad injusta, corrupta, en sí, inmoral. Además se equivoca aquel que siempre quiere tener más, porque ese afán de dominar es el que crea violencia en la sociedad. Porque el que tiene más es casi siempre traicionado por los cuidadores de ese status.
Una sociedad moderna ya no puede vivir sin las regulaciones. Porque, si no, terminaremos en los grandes castillos de la Edad Media donde se refugiaban los autodenominados nobles para “gozar” de su poder: vestidos desopilantes, joyas, coronas, armas, minués, cuarteto de cuerdas en el almuerzo de los señores, caza del jabalí rodeados por una comitiva de uniformados bien remunerados. Mientras, a su paso, los esclavos bajo el látigo o los eternos peones de la tierra, con sus harapos y sus ojos plenos de miedo y de hambre. Ahora las figuras han cambiado, todo es más disimulado. Pero las vallas morales y materiales son las mismas. Los dueños en sus countries de lujo con las mismas defensas –esta vez ya de empresas de vigilancia– y, a las pocas cuadras, las villas miseria con su increíble cuadro de las fantasías morbosas de la brutal realidad.
En la Argentina ha ocurrido otra vez un golpe, como ya alguien lo ha dicho. Y como todos los golpes se originó, por un lado, por la incapacidad de quienes gobiernan de convencer, y por el otro, los de la filosofía “no me toquen el bolsillo”.
Los autores del golpe sin armas pero con medios salieron a defender lo “suyo”, todos juntos, algunos de bolsillo flaco y los otros, los tradicionales dueños de la tierra, de los medios, de las empresas que compran y venden.
El error de quienes tienen que ser los administradores racionales y justos fue meterlos a todos en la misma bolsa. Los de poca tierra y los eternos señores de la tierra y del cielo. Y todo se convirtió en dos mitades. Y desempató Cobos, un político esencialmente argentino, que cuando le tocó hablar lo hizo a ritmo de tango, y votó con lágrimas en los ojos. Tal vez lo ayudó a decidirse la virgencita de Luján. Recemos. Cuando lo ético, si se forma parte de un gobierno y no se está de acuerdo con una resolución de ese gobierno, es renunciar y no votar en contra de los que justamente lo pusieron segundo en la lista. Se vuelve a la base y no se sigue aferrándose al poder, por si las moscas. Pasó a ser el héroe de la derecha con voz entrecortada. Primero borocoteó a su partido y puso cara sonriente al peronismo K. Ahora, una vez en el poder, vota emocionado en contra y dice que espera ser aceptado de nuevo por su antiguo partido. En letra argentina eso se llama ser radical. Qué curioso, diría un gramaticólogo estructural alemán observando el uso argentino de la palabra “radical”, y se deprimiría al no encontrar una explicación idiomática consensuada. Porque claro, en sí, radical es ser, como lo dice su raíz: revolucionario, avanzado, definitivo. Definitivo. ¿Ad infinitum? ¿Definitivo? De radical argentino pasó a radical K y de K –probablemente– a la fórmula Cobos-De Angeli, de la cual ya se habla.
Pero eso no es el problema fundamental. El patetismo está en las dos Argentinas actuales de las que, desde su nacimiento, nadie fue capaz de hacer una. Fue muy cómico ver al presidente de la Sociedad Rural, el señor Miguens, cantar el Himno Nacional, emocionado, después del voto de Cobos: “ved en trono a la noble igualdad”. Cuando lo vi en la pantalla recordé las orgullosas crónicas de los diarios patagónicos La Unión y El Orden, de 1922, describiendo el gran banquete de la Sociedad Rural a los oficiales del 10 de Caballería que acababan de fusilar a centenares de peones patagónicos. Fue para 120 comensales y se cantó también, con emoción, el Himno Nacional. “Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad” (esto es necesario remarcarlo siempre). Se descorchó champagne y los estancieros ingleses presentes le cantaron al teniente coronel Varela –el fusilador– el “for he is a jolly good fellow” (sí, “porque eres un buen camarada”).
Cobos, cuando se emocionó en la madrugada del jueves, ya que votó por el “campo”, tendría que haber mencionado la tragedia de los peones patagónicos, ya que fue un gobierno radical, el de Yrigoyen, el que dio la orden de los fusilamientos. Cobos tendría que haber aprovechado esa oportunidad en que todos los ojos argentinos lo miraban, para pedir perdón –como radical– por tan trágica y tremenda injusticia. Señalar que fue un error garrafal y un crimen de lesa humanidad. ¿No les suscita ninguna culpa, a los radicales K y a los radicales J, tantos peones asesinados?
Cuando Cobos votó por el no, los manifestantes de Palermo todos en coro cantaron el Himno Nacional. (¿No hubo ninguno, que mirando a Cobos, le tararee el “for he is a jolly good fellow? Las crónicas no lo dicen, no seamos mal pensados.) Pero, eso sí, el diario La Nación describió gozoso y engolosinado cómo estaban vestidos los manifestantes de Palermo que vivaron a Cobos: “... un matrimonio con galeras abanderadas de las que colgaban cintas brillantes, con su bebé en cochecito... o looks más vanguardistas (sombreros tipo diseños de autor) realizados con el mismo motivo... Jeans y pantalones livianos con cintos de cuero, camisas y remeras, y uno que otro sombrero, más anteojos de sol, entre las mujeres, y la onda casual Friday entre los varones... un estilo relajado matizado por el traje y la corbata... Y como silencioso detalle anti-K, una suerte de gorro llevado por algunos con esa letra en círculo cruzado, a la manera de la dialéctica vehicular, más la aclaración ‘yo no lo voté’”. (Aquí hago una pausa y pienso: pero Cobos sí lo votó a K, o mejor dicho, a la K.) Y prosigue la crónica muy significativa: “Y como voto al campo, cintas colgantes en verde soja con la leyenda: ‘Apoyo el campo’”. (Aquí también pienso: claro, con el precio de la soja se explica todo.) Y sigue: “El respeto y la amabilidad fueron la constante... a eso de las 6 de la tarde emergieron, entre otros personajes vinculados con la moda, algunos diseñadores de renombre y también el peluquero más famoso, entusiasmado con la multitud. A un paso, chicos y grandes con mascotas. Así, como en familia”.
Qué idílico. Tendríamos que estar orgullosos de que haya argentinos tan finos y delicados. Somos una familia.
No tanto. Tenemos un país dividido, como en toda nuestra historia. Federales y unitarios, el progreso de Roca y los indios bárbaros y salvajes, los argentinos de bien y los anarquistas extranjerizantes; los cabecitas negras y los libertadores, los argentinos desaparecedores y los desaparecidos; perucas, paraguas, bolitas y argentinos rubios y de ojos celestes.
Celebro que un grupo grande de intelectuales argentinos haya escrito tres cartas sobre la temática del país y así hayan tomado posición en la discusión. Por fin los intelectuales salen a la palestra. Ojalá que esto prosiga y sean tomados en cuenta cuando opinan. Y sería bueno que los políticos de vez en cuando los convoquen para escuchar su opinión. Porque el principal deber del intelectual es ése: salir a la calle cuando en la sociedad hay injusticias o se reprimen las libertades.
El diario alemán Frankfurter Rundschau informó ayer en su página editorial sobre el conflicto que sacude a nuestras pampas. Y lo titula “El embrollo argentino”. ¡Qué delicado y fino el periodista! Hablando en lunfardo, más que un embrollo es un verdadero quilombo. De “el país de las espigas de oro”, cantado por Rubén Darío, al país de la soja de oro. Sí, pero con villas miseria y niños desnutridos.

¿Autonomía o hegemonía?

El paso de la defensiva –concentrada en la resistencia social- a la lucha por una nueva hegemonía, caracteriza la década actual del continente, que se transformó, de laboratorio de experiencias neoliberales, en el eslabón más frágil de la cadena neoliberal del mundo.
Emir Sader / Rebelión
La resistencia al neoliberalismo, especialmente a lo largo de la década de los 90, fue protagonizada particularmente por los movimientos sociales, sea por la renuncia de muchas fuerzas partidarias a desempeñar ese papel, sea porque los efectos mas crueles del neoliberalismo se dan, precisamente, en el plano social. En ese momento se formuló la expresión "autonomía de los movimientos sociales", con el sentido de luchar contra la subordinación a las fuerzas políticas y luchar por el predominio de las fuerzas que más directamente expresaban los intereses populares.
Pero ¿qué significado puede tener la autonomía social? ¿Autonomía frente a qué? ¿El "otro mundo posible" puede ser construido a partir de la "autonomía social"?
Esa autonomía apunta a la centralidad de la "sociedad civil", para contraponer al Estado, a la política, a los partidos, al poder – conforme fue consagrado en la Carta del Forum Social Mundial. En el límite, se identifica con dos versiones teóricas: la de Toni Negri, por un lado, y la de John Holloway, por el otro, ambas tienen en común la contraposición al Estado, promoviendo, en contraposición, la esfera social.
Esa concepción prevaleció durante la década de los 90 cuando, puestas en defensiva las fuerzas anti-neoliberales se concentraron en el plano social, desde donde lanzaron sus principales movilizaciones. A partir del momento que se puso en evidencia el desgaste precoz del modelo neoliberal – particularmente después de las crisis en las tres mayores economías del continente, México, Brasil y Argentina – la lucha pasó a otra fase: la de construcción de alternativas y de la disputa por una nueva dirección política.
Se fueron sucediendo así las elecciones de presidente, como rechazo a los gobiernos neoliberales, en 8 países del continente – ya con tres reelecciones – marcando la fase de transferencia de la esfera predominante hacia la política.
Quien no entiende esa nueva fase, dejó de captar la marcha de la lucha anti-neoliberal. Quien persiste en la “autonomía de los movimientos sociales” quedó relegado al corporativismo, oponiendo autonomía a hegemonía y renunciando a la lucha por la construcción del “otro mundo posible”, que pasa por la conquista de gobiernos, para afirmar derechos – dado que el neoliberalismo es una máquina de expropiación de derechos. Además de que otros elementos esenciales del anti-neoliberalismo, como la regulación de la circulación del capital financiero, la recuperación de la capacidad reguladora del Estado, el freno a los procesos de privatización, el avance en los procesos de integración regional, entre otros, suponen acciones gubernamentales.
Transformar la autonomía en una categoría absoluta – en cualquier esfera: social, política, económica o ideológica – significa no captar el peso de las otras instancias y entender la política como una esfera entre otras y no como la síntesis de todas ellas. La evaluación de los gobiernos tiene que ser hecha en función de la naturaleza de su programa y de su capacidad de realización, en el caso de nuestro continente, en el período actual, por la acción contra el modelo neoliberal y a favor de los procesos de integración regional y contra los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Los movimientos sociales son un componente, muy importante, pero no el único, del campo popular o del campo de la izquierda, como se quiera llamar, al que pertenecen también las fuerzas políticas, gobiernos locales, estaduales (provinciales) o nacionales. Nunca los movimientos sociales, autónomamente, dirigirán o han dirigido un proceso de transformación en la sociedad. Para hacerlo, tuvieron que – como en Bolivia – construir un partido, en este caso el MAS (Movimiento al Socialismo); esto significa restablecer, de una nueva forma, las relaciones con la esfera política, para poder construir una hegemonía alternativa.
La autonomía que tiene sentido en la lucha emancipatoria es aquella que se opone a la subordinación de los intereses populares y no la que se opone a la hegemonía, que articula obligatoriamente las esferas económica, social e ideológica, en el plano político. El paso de la defensiva – concentrada en la resistencia social - a la lucha por una nueva hegemonía, caracteriza la década actual del continente, que se transformó, de laboratorio de experiencias neoliberales, en el eslabón más frágil de la cadena neoliberal del mundo.

Un socialismo para el siglo XXI

François Houtart
Ruthcuadernos.org
La hegemonía global del capitalismo, en su forma neoliberal, permitió universalizar la subordinación del trabajo al capital. El proyecto nuevo debe empezar por una deslegitimación clara y radical del capitalismo, en su lógica misma y en sus aspectos concretos en cada sociedad. A este propósito, podemos proponer tres niveles de reflexión: el nivel de la utopía (¿qué sociedad queremos?), los medios y finalmente las estrategias. Trataremos de aplicar estos tres niveles a los varios componentes de la realidad humana: ecológicos, económicos, políticos y culturales, y de proponer, de manera muy sintética, una serie de hipótesis como base de discusión.
Introducción
El socialismo es un proyecto antes que un concepto. Por esta razón es necesario abordar el contenido como paso preliminar a la utilización de la palabra. De hecho, ¿qué es el socialismo hoy? ¿Se trata del estalinismo, del maoísmo, de Pol Pot, de la socialdemocracia, de la tercera vía? Estamos ante la plena ambigüedad, lo que exige un nuevo cuadro de reflexión.
Sin embargo, hay una gran urgencia frente a la destrucción social y ambiental provocada por el modelo económico contemporáneo. La hegemonía global del capitalismo, en su forma neoliberal, no solamente fue edificada sobre nuevas bases materiales (las tecnologías de información y de comunicación) sino que permitió universalizar la subordinación del trabajo al capital («subsunción», según Carlos Marx). No solo se trata hoy de una subordinación real, es decir, dentro del proceso mismo de la producción a través del salario, sino también formal, o sea por medios financieros (precios de las materias primas y de los productos agrícolas, deuda externa, paraísos fiscales, fiscalidad interior que promueve la riqueza individual) y por medios jurídicos (normas de las organizaciones internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, la OMC).
Este último tipo de subordinación afecta a todos los grupos humanos tanto por la destrucción ambiental como por la sumisión a la ley del valor. Hoy día, los pueblos indígenas están afectados en su posibilidad de supervivencia por la explotación de los bosques o la destrucción de la biodiversidad; las mujeres son las primeras víctimas de la privatización de la salud, el agua, la electricidad; los pequeños campesinos son desplazados por las empresas trasnacionales del agrobusiness. De hecho, la vida de la humanidad en su conjunto está siendo agredida. Las consecuencias para la sociedad son profundas porque este proceso agudiza las contradicciones dentro de todas las relaciones entre individuos, no solo por la desigualdad económica y social creciente, sino por un aumento de los conflictos de género, de razas o de castas.
Por estas razones, el proyecto nuevo debe empezar por una deslegitimación clara y radical del capitalismo, en su lógica misma y en sus aspectos concretos en cada sociedad. La conciencia de que no se puede humanizar el capitalismo constituye la base de un nuevo proyecto concreto. A este propósito podemos proponer tres niveles de reflexión: el nivel de la utopía (¿qué sociedad queremos?), los medios y finalmente las estrategias. Trataremos de aplicar estos tres niveles a los varios componentes de la realidad humana: ecológicos, económicos, políticos y culturales y de proponer, de manera muy sintética, una serie de hipótesis como base de discusión.
I. Los objetivos o la utopía
¿Qué sociedad queremos? Esta pregunta puede parecer muy general, un conjunto de ideas abstractas, un sueño. Pero no seríamos seres humanos si se suprimiera la capacidad de soñar. Queremos vivir en una sociedad humana de cooperación y paz. Ya eso significa que no queremos vivir en un mundo de pura competitividad y agresión. Desde su inicio tal perspectiva introduce una contradicción con la sociedad neoliberal. Para definir de manera más concreta lo que podemos llamar la utopía, se pueden distinguir cuatro objetivos o principios, según las ya citadas dimensiones ecológica, económica, política y cultural.
1) Prioridad de una utilización renovable de los recursos naturales
Existe una simbiosis fundamental entre la naturaleza y el ser humano. La naturaleza es fuente de vida (la pachamama, tierra-madre, como dicen los pueblos indígenas de América del Sur). No se puede agredirla ni destruirla sin atentar contra la vida humana. La naturaleza no puede ser explotada en función de una racionalidad puramente instrumental, característica del tipo de modernidad vinculada económica y culturalmente con el capitalismo. Ello resultaría en la destrucción progresiva de la naturaleza. El «grito de la tierra», como escribe Leonardo Boff, se llama desertificación, deterioro del clima, gripe aviar, sida...
Este principio de la prioridad de la utilización renovable significa el rechazo a modos de producción y actividades que destruyen de manera irreversible el ambiente natural. El uso de recursos no renovables será el objetivo de una gestión colectiva, asegurando así su racionalidad. Sin embargo, este principio forma solamente una parte de la realidad y debe entrar en
2) Predominio del valor de uso sobre el valor de cambio
Esta distinción, hecha por Carlos Marx, es útil para pensar el futuro. El valor de uso es lo que contribuye a la calidad de la vida humana en todas sus dimensiones. El valor de cambio es el mercado, que tiene una función subordinada al valor de uso. Sin embargo, dentro de la lógica del capitalismo, el mercado domina hoy no solamente la actividad económica, sino toda la organización colectiva de la vida humana. Para el capitalismo no existe valor económico si el trabajo, los bienes y los servicios no se transforman en mercancías. Es lo que se llama la imposición de la ley del valor, que según Franz Hinkelammert, significa el fin del sujeto. Los seres humanos están sometidos a esta ley que invadió la realidad social sometiendo a la humanidad en su totalidad a la lógica del capitalismo. Es por eso que Karl Polanyi, economista estadounidense historiador del capitalismo, concluye en que es necesario reinsertar la economía en la sociedad.
3) Participación democrática en todos los sectores de la vida colectiva
La participación democrática, es decir, el poder de decisión del sujeto humano, no puede ser limitado al sector político. En este sentido, se puede decir que toda la realidad es política, empezando por la economía. El principio de la participación democrática tiene que aplicarse a todos los niveles de la vida humana colectiva, desde el local hasta el global.
4) Interculturalidad
Todas las culturas participan en la vida cultural y espiritual de la humanidad. Ninguna de ellas puede ser eliminada o marginalizada. Eso incluye todas las expresiones culturales, el derecho, la ciencia, las religiones y las espiritualidades. Las transformaciones que derivan de intercambios, de enriquecimiento mutuo, son bienvenidas porque la cultura no es estática.
Sobre la base de los cuatro principios expuestos se plantea el problema de los medios.
II. Los medios
No basta con afirmar principios. Construir otra sociedad significa aplicar medios para que ellos puedan ser realidad.
1) La relación con la naturaleza
Para llevar a cabo el primer principio de predominio de una utilización renovable podemos proponer tres medios principales. El primero es la apropiación pública de los recursos naturales esenciales para la vida, como el agua, las semillas, el aire. Estos recursos constituyen el «patrimonio de la humanidad» y deben escapar de la ley del valor, tal como está definida por el sistema económico capitalista.
La revalorización de la agricultura campesina es otro medio necesario. Se trata de luchar contra la concentración productivista de la tierra o de los productos agrícolas en manos de empresas trasnacionales que destruyen la naturaleza sin hablar de los desastres sociales y de promover una agricultura orgánica. En tercer lugar, la tarea fundamental de regeneración de la atmósfera, de los suelos, de las aguas y finalmente del clima.
2) El predominio del valor de uso sobre el valor de cambio
Existen varios medios para este predominio en específico. Solamente queremos señalar algunos de ellos.
• Promover la producción orientada hacia la mayoría de las poblaciones con la utilización de instrumentos públicos, lo que se opone al modelo de desarrollo actual que favorece un crecimiento económico espectacular de solamente 20% de la población. Eso es la consecuencia de la lógica del capitalismo, que necesita generar fuertes poderes de compra de una minoría para absorber una producción sofisticada, contribuyendo así a la acumulación del capital.
• La introducción de elementos cualitativos en el cálculo económico, como el bienestar (la calidad de vida), el entorno ecológico, la seguridad alimentaria. Las decisiones serán muy diferentes si se tomaran en cuenta estos elementos en los cálculos de los costos de producción y de intercambio.
• Limitar la influencia del capital financiero mediante un impuesto sobre los flujos internacionales, la abolición de los paraísos fiscales y del secreto bancario y la supresión de la deuda externa de los pueblos del Sur.
• Abolición de las patentes en su forma actual y adaptación del derecho de autor, para evitar el monopolio de las trasnacionales.
• Revalorización de la empresa como lugar de trabajo común a fines sociales y no como fuente de riqueza para los accionistas.
• Reconocimiento y valorización de los empleos no reconocidos (mujeres en el hogar) o desvalorizados (servicio social, servicio de salud) y creación de empleos para sectores cualitativos de interés
colectivo (mejoramiento de la calidad de vida, servicios personales, etcétera).
• Constitución de un seguro social generalizado bajo control público.
• Revalorización del servicio público como servicio a la colectividad y no como atención a «clientes».
3) El principio de la democracia
La democracia no es solamente un fin, sino también un medio. En este sentido se debe extender la democracia representativa a todos los niveles de la actividad colectiva, incluyendo el sector económico. Sin embargo, se necesita también la promoción de la democracia participativa o directa como incremento del control popular en los mismos sectores. No se trata solo de la dimensión territorial (pueblos, barrios, aldeas), sino también de las empresas y de las administraciones.
4) El principio de interculturalidad
Los medios en este sector son también diversos, con prioridad a lo siguiente:
• Afirmar y concretar el derecho de los pueblos frente al derecho de los negocios, lo que significa un cambio fundamental de la filosofía de los organismos internacionales, financieros y comerciales.
• Protección de las culturas por medidas adecuadas en los diversos sectores de sus expresiones.
• Socialización de los resultados de la ciencia, sin monopolio industrial o particular.
• Afirmación de la laicidad del Estado, como base del diálogo filosófico y espiritual y del ecumenismo.
III. Las estrategias
Para poder aplicar los medios susceptibles de concretar los principios hay varios niveles de estrategias.
• Deslegitimar el capitalismo, como expresión de una modernidad deshumanizante, lo que significa la utilización de todos los espacios posibles para el desarrollo de un pensamiento crítico en los sectores de la economía, de la ecología, de la política y de la cultura. En este sentido, los foros sociales han cumplido un papel importante: el desarrollo progresivo de una conciencia colectiva.
• Acelerar la creación de actores colectivos a nivel global, a través de redes de resistencia (un ejemplo es Vía Campesina).
• Renovar el campo político de la izquierda, con la convergencia de varias organizaciones políticas (no se puede pensar en un partido único detentor de toda la verdad) y la centralidad de la ética en las prácticas políticas.
• Promover la emergencia de un nuevo sujeto histórico, que no estará solamente constituido por los trabajadores asalariados, sino por todos los grupos afectados en su vida por el sistema capitalista: pequeños campesinos, mujeres, pueblos autóctonos, etcétera.
• Buscar la centralidad de la ética como actitud colectiva e individual, en coherencia con la utopía, lo que implica una institucionalización de los procesos sociales y políticos como base de los comportamientos individuales y una redefinición permanente de los aspectos concretos de la ética, con la contribución de todos.
Podemos concluir que si es eso a lo que llamamos socialismo, se trata de un proyecto profético y constructor, capaz de contradecir la «barbaridad» y de traducir a la vez en un proyecto poscapitalista la defensa de la dignidad humana y el amor al prójimo.

* François Houtart (Bélgica, 1925): Sociólogo y teólogo. Ha publicado más de cuarenta libros, entre ellos: Sociología de la religión y Mercado y religión.

domingo, 13 de julio de 2008

Inventar o errar, ésa es ahora la cuestión cubana.

La intervención de Raúl Castro en el Parlamento cubano supone un sincero y honesto repaso de la situación de un país expuesto a análisis distorsionados por la ideología de ambos signos.
Pascual Serrano / www.publico.es
Aunque el discurso de Raúl Castro centró la atención de los analistas y medios de comunicación extranjeros, la realidad es que el mensaje trasladado es el resultado del trabajo realizado por las diferentes comisiones parlamentarias durante toda la semana anterior. La puesta en común en plenario supuso un sincero y honesto repaso de la situación de un país que sigue expuesto a análisis distorsionados por la ideología de ambos signos.
Sin duda, el estilo de Raúl, fundado en la sinceridad y en la concreción, ha calado en los dirigentes cubanos. De ahí que lo que más asombraría al profano de la política de la isla es descubrir la crudeza con la que se presentan los problemas y el espíritu colectivo en que se sugieren las soluciones. Es un tono al que no estamos acostumbrados en nuestras latitudes, donde el panorama siempre se caracteriza por el triunfalismo recalcitrante de los gobernantes frente al catastrofismo pertinaz de la oposición, lo cual suele dejar al ciudadano un tanto desconcertado para comprender lo que sucede.
En esta última sesión del Parlamento de Cuba se habló con dureza de los problemas de vivienda, agricultura y productividad laboral, de los retos a los que se enfrentan los cubanos y sobre los que van a girar los principales cambios del país.
Unos cambios que confirmarán la respuesta que Fidel Castro dio a una pregunta del periodista Ignacio Ramonet reconociendo que el “más importante error era creer que alguien sabía cómo se construye el socialismo”. Con ello daba a entender que Cuba seguiría buscando su propio camino sin dejarse llevar por clichés establecidos.
De ahí que entre las iniciativas anunciadas se encuentra la de ligar los salarios al cumplimiento de objetivos. Así lo razonaba Raúl Castro: “Que el trabajador se sienta dueño de los medios de producción no depende sólo de explicaciones teóricas –en eso llevamos como 48 años– ni de que su opinión se tenga en cuenta en la actividad laboral. Es muy importante que sus ingresos se correspondan con el aporte personal y el cumplimiento por el centro de trabajo del objeto social para el que se constituyó, es decir, alcanzar la producción o la oferta de servicios que tiene establecido”.
Raúl dejó claro que el mítico igualitarismo comunista puede ser “también una forma de explotación: la del buen trabajador por el que no lo es, o peor aún por el vago”. El parlamento también reafirmó la necesidad de combinar todos los formatos posibles de explotación agrícola para incrementar la necesaria producción de alimentos. Quienes crean ver una renuncia socialista deben saber que no se trata de nada excepcional en Cuba. El cultivo del tabaco siempre fue sacado adelante por propietarios individuales y, en última instancia, tal y como siempre han reivindicado los movimientos socialistas campesinos, la tierra será de quien la trabaja, sea cooperativa, empresa estatal o campesino particular.
Parece que, entre las tantas influencias que se están generando entre Venezuela y Cuba se encuentra la asimilación en la revolución cubana de la afirmación de Simón Bolívar de que “inventamos o erramos”.

Lea el discurso íntegro de Raúl Castro ante el parlamento cubano en la siguiente dirección: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70223

Los escenarios pos FARC

Venezuela y Hugo Chávez adoptaron la estrategia de reducir la tensión con el gobierno de Uribe. No se trata de una cuestión ideológica, como pretenden algunos analistas. (...) Si se consolida el proyecto imperial, toda la región sufrirá con la polarización, de ahí la urgencia por desmontar los conflictos, tanto en Colombia como en Argentina y Bolivia.
Raúl Zibechi* /Rebelión
En el primer semestre de 2008 se ha producido un fuerte viraje político, que le permite a las derechas, locales y globales, y a las multinacionales, recuperar posiciones y retomar la ofensiva. El viraje no se circunscribe a Colombia, aunque tiene allí su epicentro mayor, sino que se extiende a países como Argentina, Bolivia y Perú, pero en lo esencial afecta a toda la región.
En Colombia, si alguna vez hubo algún equilibrio estratégico entre las FARC y las fuerzas armadas, en los últimos meses se ha quebrado a favor del Estado. La guerrilla perdió toda posibilidad de negociar un acuerdo humanitario en condiciones favorables, no puede mantener ofensivas militares ni políticas, sufre un agudo descrédito entre la población y ya no cuenta con aliados significativos en la región ni en el mundo. Aún así, lo más probable es que las FARC sigan adelante, con menguada capacidad de iniciativa y con la probable fragmentación entre sus mandos y frentes, como lo sugiere el desenlace de la liberación de los 15 secuestrados.
La estrategia delineada por el Comando Sur y el Pentágono, y plasmada en el Plan Colombia II, no contempla ni la derrota definitiva ni la negociación con la guerrilla. Eliminar a las FARC del escenario sería un pésimo negocio para la estrategia imperial de desestabilización y recolonización de la región andina, a la que Fidel Castro definió como “paz romana”. Ese proyecto no puede llevarse a cabo sin guerra, directa o indirecta, o sea sin la desestabilización permanente como forma de reconfiguración territorial y política de la estratégica región que incluye el arco que va de Venezuela a Bolivia y Paraguay, pasando por Colombia, Ecuador y Perú.
Por un lado, se trata de despejar la región andina para facilitar el negocio multinacional actual (minería a cielo abierto, hidrocarburos, biodiversidad, monocultivos para agrocombustibles) que supone tanto la apropiación de los bienes comunes como el desplazamiento de las poblaciones que aún sobreviven en esos espacios. No estamos ante un capitalismo, digamos, “normal”, el que fue capaz en su momento de establecer alianzas y pactos que dieron vida al Estado benefactor, en base a la triple alianza entre Estado, empresarios nacionales y sindicatos. Se trata de un modelo financiero-especulativo y de acumulación por desposesión, que sustituye las negoaciones por las guerras y la extracción de plusvalor por la apropiación de la naturaleza. O sea, un capitalismo de guerra para tiempos de decadencia imperial.
Este sistema asume la forma de capitalismo criminal o mafioso en países como Colombia, porque no sólo es funcional a la guerra y al robo, sino que ellas forman su núcleo central, su principal modo de acumulación. Eso explica la alianza estrecha entre empresas privadas de guerra, que cuentan en ese país con 2 a 3 mil mercenarios apodados ahora “contratistas”, con un Estado paramilitar como el que encabeza Alvaro Uribe, asentado en la alianza con paramilitares y narcotraficantes. En Colombia, a ese orden de cosas le han hecho frente tres fuerzas: la guerrilla, la izquierda del Polo Democrático y los movimientos sociales. La primera cree que puede vencer con las armas o negociar con ese nuevo poder. El Polo desestima el papel de Washington y de las multinacionales, como diseñadores y usufructuarios del Estado paramilitar mafioso, y sobreestima por lo tanto los márgenes democráticos. Los movimientos, por su parte, tienen grandes dificultades para superar la escala local y sectorial y no están en condiciones, por ahora, de erigirse en actores alternativos.
El Plan Colombia II fue el encargado de diseñar ese Estado militarista y en este momento busca afianzarlo. Ahora que las FARC no representan riesgo mayor para ese proyecto, aparece con claridad el objetivo de largo plazo trazado. Lejos de abrir espacios para la negociación, como desea la izquierda, el mensaje de los últimos meses indica un solo camino: ni la paz ni la rendición les garantiza la vida a los guerrilleros. O combaten y resisten o les espera el exterminio, como sucedió a fines de la década de 1980. Se trata de golpear sus núcleos territoriales para desplazarlos hacia las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, donde el Plan Colombia II aspira a convertirlos en instrumento de la desestabilización regional.
Por eso Venezuela y Hugo Chávez adoptaron la estrategia de reducir la tensión con el gobierno de Uribe. No se trata de una cuestión ideológica, como pretenden algunos analistas. Ese debate vale para las mesas de café o los despachos académicos, pero tiene escasa utilidad cuando se trata de la sobrevivencia de proyectos de cambio social. Si se consolida el proyecto imperial, toda la región sufrirá con la polarización, de ahí la urgencia por desmontar los conflictos, tanto en Colombia como en Argentina y Bolivia.
Un eventual triunfo de Barack Obama tampoco modificará las cosas. Puede atemperar los rasgos más autoritarios del uribismo, lo que explica el nerviosismo del gobierno de Bogotá y su solícita alianza con el candidato republicano. Lo cierto es que los planes del Comando Sur no dependen del inquilino de la Casa Blanca, y que estos apuntan a promover una acción integral en la región que la convierta en una zona estable y un baluarte inexpugnable para mantener la hegemonía estadounidense a escala global. En suma, las elites imperiales aspiran usar la fuerza de las armas para revertir su decadencia, que pasa por la recolonización de América Latina. En un período como el actual, sólo la movilización popular y las vías políticas pueden contribuir a debilitar la ofensiva que viene del Norte.
- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.

El Salvador: Los aprietos del modelo perdido

José Mario Zavaleta /ARGENPRESS.info
(En la fotografía, a la derecha, Mauricio Funes, candidato del FMLN).
El ambiente político en El Salvador se proyecta día a día en acontecimientos vinculados al rumbo de la campaña electoral adelantada, escenificada entre los partidos mayoritarios como los verdaderos contendores; por un lado Alianza Republicana Nacionalista, Arena, que en la actualidad sólo cuenta con el candidato a la presidencia, Rodrigo Avila, antiguo director de la Policía Nacional Civil; y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, con Mauricio Funes, popular y destacado periodista, como candidato a la presidencia, y a la vicepresidencia con Salvador Sánchez Cerén, ex comandante de la guerrilla que es predecesora del mayor partido de oposición de izquierda y favorito para ganar las elecciones de enero y marzo de dos mil nueve, cuando se elijan concejos municipales y diputados, y luego al presidente y vice-presidente, respectivamente.
A más de tres meses de ser proclamado, el quince de marzo, Avila no logra repuntar ni entusiasmar ni a los votantes duros de la oficialista Arena, encontrándose a inicios de julio, según las más recientes encuestas de opinión, entre catorce a veintiún puntos abajo de Funes, quien desarrolla su trabajo proselitista tanto en el interior del país a través de la llamada “Caravana de la Esperanza”, donde se pone de manifiesto su multitudinaria simpatía; y en el exterior con visitas a dirigentes y mandatarios en el mundo para concertar vínculos de amistad y cooperación con un futuro gobierno - precisamente en estos días ha acudido como invitado al congreso del PSOE en Madrid, España - y en especial a las comunidades salvadoreñas de la diáspora, principalmente de los Estados Unidos, donde igualmente recibe adhesiones cada vez más de parte de empresarios, líderes, asociaciones y ciudadanos compatriotas que ven en él la persona ideal para lograr la unificación de la sociedad salvadoreña, que anhela la superación de los grandes niveles de pobreza, desigualdad e injusticia social.
Por su lado el candidato arenero sólo recibe el apoyo de sectores del gobierno y vinculados con la cúpula que actualmente dirige el país, y que tiene de su mano a los grandes medios de comunicación que son los que difunden todas las actividades que Avila realiza en sus actos de proselitismo, tanto con la masiva campaña publicitaria, como a través de noticias disfrazadas que en el fondo son lo mismo, propaganda pagada o concedida al partido oficial. Y que en las últimas semanas ha estado recibiendo presiones de sus militantes y de los llamados analistas políticos afines, que en patéticos y vibrantes artículos periodísticos y exposiciones en la televisión y la radio, piden que hagan algo para evitar la debacle, que llaman a la posible victoria del partido de izquierda y su candidato Funes.
Precisamente en los últimos días se han divulgado supuestas negociaciones con figuras políticas no pertenecientes al partido, y entre ellos a Arturo Zablah, un ex ministro de economía de las administraciones de Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, de la que salió desencantado, convirtiéndose en férreo crítico de las acciones de los gobiernos de Arena, a quienes ha responsabilizado de la crisis que el país enfrenta, entre cuyos señalamientos destaca la dolarización y la corrupción; pues a él actualmente se le vincula como posible candidato a la vicepresidencia por la misma Arena. Habría que destacarse que hace unos meses el propio Zablah ha lanzado su iniciativa públicamente con el objetivo de sacar a Arena del gobierno, intentos que fracasaron en medio de las disputas que hicieron de él partidos minoritarios de derecha y de centro izquierda que pretendieron enrolarlo como su candidato.
Pues precisamente él es el centro de atención de las noticias y foros de discusión, también de funcionarios de gobierno y actuales dirigentes de Arena - por supuesto entre ellos Antonio Saca - y a quien lo presentan mediáticamente ante la sociedad como el salvador de la derecha que ha gobernado el país los últimos veinte años, aunque aún no asegurado pues hasta la fecha Zablah no lo ha aceptado públicamente, pero que en la desesperación del momento pretenden haber encontrado la fórmula que resuelva sus pesadillas, olvidando que la población ha decidido hacerlos a un lado no por la figura de un candidato, sino por la actuación de sus gobiernos leales al modelo neoliberal, señalados como responsables de la situación presente, en especial el del señor Antonio Saca.
Pero aún falta conocer la fuerza de los detractores al interior del partido que empiezan a aparecer expresándose contra esta salida estratégica, desde los que consideran la opción con este acérrimo crítico a los últimos gobiernos como una traición, un error garrafal autodestructivo, hasta una locura. Pero el régimen está realmente conmocionado y cualquier cosa pudiera esperarse, y no extrañaría que sectores de centro o tránsfugas de izquierda pudieran también estar dispuestos a impedir el derrumbe del partido oficialista con el propósito de evitar a toda costa que el FMLN llegue a casa presidencial. Son tantas las cosas que tendrían que perder y que realmente no tienen nada que ver con el eslogan de las libertades amenazadas, pero tal vez sí con las huellas de la corrupción de la que han sido acusados sus administraciones y los privilegios de los que han disfrutado los serviles y sus patrocinadores.

Aquí y allá

Emir Sader / La Jornada
El cartel de una manifestación de inmigrantes ecuatorianos –son más de 700 mil en España, que llegaron después de la dolarización de la moneda de su país– decía: “Estamos aquí porque ustedes estuvieron allá”. Es una afirmación sintética sobre la relación entre colonizadores y colonizados, entre globalizadores y globalizados.
La conocida como Directiva de la Vergüenza –así caracterizada en una carta del presidente Evo Morales en que pide a los gobiernos europeos no aprobarla– refleja un viraje general hacia la derecha en Europa, de tal forma que, al mismo tiempo que fue aprobada la durísima legislación contra los migrantes, la duración de la jornada de trabajo aumentó a más de 48 horas semanales, incluidas las horas extra. Ahora la jornada debe ser negociada directamente entre patrones y trabajadores, pudiendo llegar hasta las 78 horas, más del doble de las 35 horas aprobadas hace dos décadas por Francia.
En ciertas regiones la policía tiene la posibilidad de detener a cualquier persona, sin acusarla, por el término de 42 días. Algunos servicios secretos están autorizados para violar, sin la debida autorización judicial, los correos electrónicos. Los migrantes indocumentados pueden ser detenidos hasta por 18 meses. Los niños pueden ser enviados a países distintos a los de su origen. El gobierno italiano envió al Parlamento un proyecto de ley por el que se habilita el castigo hasta con cuatro años de prisión a los inmigrantes indocumentados. Autoriza, también, a la policía a expulsar a los gitanos. Francia, de su lado, fijó cuotas de extranjeros para ser expulsados cada año, número ascendente conforme pasa el tiempo.
En Inglaterra se aumentó de 28 a 42 días la detención sin acusación formal de los sospechosos de terrorismo. En Francia se autorizaron los interrogatorios a los sospechosos durante seis días sin participación de abogados, mientras las normas que regulan los aeropuertos se volvieron secretas.
La misma España –es el país que regularizó la situación de centenares de miles de extranjeros– representa el caso más evidente de discriminación. Por un lado, tolera a los latinoamericanos –blancos que hablan español y practican religiones occidentales–, al punto de haberlos reclutado para hacer la guerra en Irak y Afganistán, con uniformes españoles. Al mismo tiempo, rechaza a los africanos, que arriban diariamente a sus fronteras, especialmente desde Marruecos, Senegal y Mauritania. Solamente en este año llegaron 12 mil 260 que fueron rechazados.
Los legalizados lo fueron cuando la economía española crecía, la población disminuía y nadie quería hacer trabajos no calificados. Pero ahora, cuando llegó la recesión, cierran las puertas a los inmigrantes.
“El mensaje europeo es claro –escribe un columnista español–: inmigrantes, no; petróleo, pase, por favor.” En otras palabras, libre comercio, pero en una sociedad que considera a los seres humanos mercaderías; éstos –o éstas– son excluidos(as) de las leyes generales. Las mercaderías pueden y deben circular libremente, los seres humanos, no.
Los seres humanos –en este caso inmigrantes– están acompañados por las ideas. El norte globalizador envía sistemáticamente sus interpretaciones sobre el mundo –mediante los grandes medios de comunicación masiva, la Internet, el cine, sus casas editoras, etcétera– hacia el sur globalizado, que no tiene cómo difundir sus percepciones acerca del mundo visto desde la periferia.
No es necesario recordar que aquí siempre aceptamos a los migrantes europeos, sin ninguna política de cuotas. Pero las reacciones son inmediatas: en una oportunidad García Márquez anunció que no permitiría más la venta de sus libros en España si se les imponía la obtención de una previa visa de ingreso a los colombianos. Ahora, Hugo Chávez anuncia que dejará de venderle petróleo a los países que apliquen la Directiva de la Vergüenza. El Mercado Común del Sur condenó expresamente la medida. Migrantes sin papeles invadieron en París los centros que debían atenderlos. Los marroquíes aprovecharon que los españoles seguían en la televisión el cobro de penales –con los que su selección derrotó a la italiana– para saltar (en Ceuta y Melilla) los muros de las fronteras en grandes cantidades.
La frontera entre derecha e izquierda nunca ha sido tan clara como en lo referido a política migratoria. Porque ellos estuvieron aquí, hay tantos de nosotros allá.
Traducción: Ruben Montedónico

Los dueños de 20.000 hectáreas

Grupos económicos y familias tradicionales como B&B, Blaquier, Bullrich y Pueyrredón, entre otros, fueron los que introdujeron el modelo de agronegocios en Argentina. Hoy se oponen a las retenciones fiscales que propone el gobierno de Cristina Fernández.

David Cufré / Página12
(En la fotografía, Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina).
Parece difícil imaginar que el conflicto entre un sector del campo y el Gobierno (argentino) pudiera haber alcanzado semejante magnitud si sólo expresara las reivindicaciones de pequeños chacareros al borde de la ruina. Antes de su alianza con la Sociedad Rural, Federación Agraria no consiguió jamás el espacio mediático y la incidencia política que exhibe en esta oportunidad. Cuando Eduardo Buzzi era integrante del Frenapo, la iniciativa de principios de década que exigía un subsidio universal para mitigar una pobreza creciente, no aparecía a diario en la televisión. A esta altura queda claro que no está peleando por la reforma agraria, ni siquiera por la vuelta de las juntas de granos y de carnes, sino por lo mismo que un actor social que históricamente sí consiguió los más variados apoyos políticos y una amplia difusión de sus ideas, al punto de que son dueños de diarios nacionales y provinciales, además de miles y miles de hectáreas.
El investigador de Flacso Eduardo Basualdo elaboró un informe que describe a ese sector económico de elite, nombre por nombre. Son los tradicionales dueños de la tierra. Los mismos que en la década pasada extendieron aún más sus propiedades sacando provecho de un modelo económico y una política agrícola que provocó la desaparición de más de 100 mil chacareros. En aquellos años hubiera resultado imposible la alianza entre ellos y la estrella del momento, Alfredo De Angeli, ya que en aquel tiempo no había cámaras para registrar los remates de campos que se producían a diario. De Angeli ahora dice que el secretario de Agricultura de los ’90, Felipe Solá, es quien más sabe de política agropecuaria.
Basualdo realizó su investigación centrándose en quienes poseen más de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Y llegó a la conclusión de que siguen siendo los “actores decisivos” del campo argentino, incluso por sobre los pools de siembra. Son el verdadero poder del campo, en una economía donde la renta agraria volvió a prevalecer sobre otras actividades por los precios record de las materias primas. Las retenciones móviles se meten con esa renta extraordinaria. Esa es la razón profunda del conflicto. Lo demuestra el hecho de que los pequeños y medianos productores no pudieron hacerse oír cuando se fundían, sólo lo consiguen ahora que su reclamo coincide con el de ese segmento clave del establishment.
El mismo Buzzi reconoció el 16 de marzo en un reportaje con PáginaI12 que lo peor que les puede pasar en este momento a los pequeños productores es entregar su campo en alquiler, a valores inéditos, para convertirse en rentistas, una realidad muy alejada de aquella de los remates, cuando perdían la propiedad de la tierra.
En ese entonces, dice Basualdo, cinco grupos económicos y 35 grupos agropecuarios lograron ampliar sus dominios en el campo. Los primeros son Bunge & Born, Loma Negra (Amalia Lacroze de Fortabat), Bemberg, Werthein y el ingenio Ledesma (familia Blaquier). En total poseen 396.765 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, lo que arroja un promedio de 79.353 hectáreas cada uno. La familia Bemberg, ex propietaria de Cervecería Quilmes, diversificó sus negocios en distintos rubros, pero se declara propietaria de 60.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, otras 73.000 en Neuquén y 10.000 en Misiones. La característica común de esos grupos económicos es que construyeron sus imperios a partir de las ganancias surgidas de las actividades rurales.
Los grupos agropecuarios están constituidos mayormente por familias de la aristocracia, que dieron origen a la Sociedad Rural. Son 35, que reúnen un total de 1.564.091 hectáreas, a razón de 44.688 hectáreas cada una en promedio. Figuran las familias Gómez Alzaga, con 60.000 hectáreas, Anchorena, con 40.000, Balcarce, Larreta, Avellaneda, Duhau, Pereyra Iraola, Ballester, Zuberbühler, Vernet Basualdo, Pueyrredón, Bullrich, Udaondo, Ayerza, Colombo, Magliaro y Lanz, entre otras (ver listado aparte).
En total existen en la provincia de Buenos Aires 1294 propietarios con más de 2500 hectáreas. Son 799 los que tienen entre 2500 y 4999 hectáreas, 242 entre 5000 a 7499 hectáreas, 92 entre 7500 y 9999 hectáreas, 108 entre 10.000 y 19.999 hectáreas y 53 de 20.000 en adelante, incluidos los estados nacional y provincial. En conjunto, son dueños de 8,8 millones de hectáreas, algo más del 32 por ciento del total de la provincia.
Basualdo ubica como causa central del predominio dentro del campo argentino de los grandes propietarios de más de 20.000 hectáreas la posibilidad de aprovechar economías de escala. Fueron los que introdujeron el modelo de agronegocios imperante. Desde mediados de los ’90, explica, “se consolidan modificaciones tecnológicas y en el proceso de trabajo que tienen un efecto desigual en los productores de distinto tamaño, porque potencia las denominadas economías de escala. Es decir, hacen más pronunciada la reducción del costo por hectárea a medida que aumenta la superficie trabajada”. El investigador de Flacso sostiene que los pools de siembra imitaron el modelo que impusieron los grandes propietarios. Fueron éstos quienes lo consolidaron y perfeccionaron: “Primero con las privatizaciones, después con las semillas transgénicas y finalmente con la difusión de la siembra directa”, detalla.
Los grandes propietarios tienen un acceso diferenciado a los servicios privatizados, como los trenes de carga, señala Basualdo. Los sucesivos lockouts de las entidades ruralistas no fueron para cuestionar este esquema, sino en su defensa, expresado en el rechazo a las retenciones móviles. Los representantes de los verdaderos pequeños campesinos, dueños de una, cinco o diez hectáreas en la zona extrapampeana, no lograron repercusión pública para explicar los efectos de la sojización sobre sus producciones. Ellos sí se ven forzados a entregar sus tierras en provincias como Santiago del Estero, Formosa, Salta o Chaco, por la llegada de la soja. De ese espacio no logró emerger ningún De Angeli.

Allendistas nuevamente…

Alexis Meza Sánchez* / ALAI-AMLATINA
Han pasado algunos días desde la conmemoración de los 100 años del natalicio de Salvador Allende. Varias actividades y publicaciones abordaron el tema desde diversas aristas y con distintos matices.
¿Que nos queda de todo esto?, ¿cuál es el sentido de esta conmemoración?
Allende, como personaje clave de nuestra historia reciente interpela nuestra memoria política en perspectiva de futuro. Su último discurso, que retumba las aún estrechas alamedas, evoca las tareas de mañana. No es posible pensar a Allende sin cuestionar políticamente el país que, a casi 35 años de su muerte, estamos construyendo.
La Concertación agotó su proyecto político. Se ha hecho evidente lo que años atrás el senador Sergio Aguiló denominó “Chile entre dos derechas”. No hay proyecto país que aglutine al conglomerado oficialista, cuya única preocupación parece ser encontrar un candidato que enfrente las próximas elecciones presidenciales. Las alternativas que circulan (Lagos, Insulza, Frei, Alvear) demuestran la ausencia de capital político y de alternativas que seduzcan por quinta vez a la ciudadanía.
Por otro lado tenemos una Alianza que usa ‘todas las formas de lucha’ para impedir reformas sociales en beneficio de los más pobres. Además, a través de diversos mecanismos legales y políticos impide la distribución gratuita de la píldora del día después, se opone a realizar transformaciones estructurales en la educación, buscando de este modo frenar e invisibilizar los cambios culturales que la sociedad chilena vivencia. La Alianza desprecia al Estado en su rol de protección social, pero acude a el cada vez que se ve en apremios, demostrando nuevamente que el empresariado chileno es reacio a los riesgos.
¡Que daño le ha hecho el ministro Viera Gallo al gobierno! Su penoso rol de interlocutor con el parlamento, lo ha cumplido sin cautelar ni siquiera los apoyos mínimos de sus bancadas. El lograr los votos de la derecha a cualquier precio, lo sitúan más bien como un ministro de la Alianza instalado en el gobierno. En nombre de replicar la noventera ‘política de los consensos’ cruza sin problemas la cada vez más tenue línea gobierno/oposición. Su accionar para aprobar la LGE en la Cámara de Diputados y el desprecio mostrado por las movilizaciones estudiantiles y del profesorado, enterraron definitivamente el slogan de ‘gobierno ciudadano’.
En este cuadro, quienes se consideran herederos de Allende (que claramente no están en la Concertación), tienen múltiples desafíos que afrontar, pues su accionar tampoco ofrece hoy por hoy, un panorama digno de elogios. La izquierda debe recuperar el pensamiento crítico. Crítico de las estructuras de dominación, pero también crítico de su propia praxis. Releer a Allende, puede ser útil en ese sentido.
En primer lugar, la izquierda debe superar el martirologio de la derrota. Quejarse de falta de espacios y de los abusos de un empresariado, amparado por el pacto político Alianza-Concertación, es negar su propia historicidad. Las conquistas sociales, culturales y políticas del campo popular, no han sido concesiones de los grupos dominantes, sino fruto de su constante lucha por cambiar el estado de las cosas. Allende le ofreció al pueblo futuro y no solo se dedicó a denunciar los atropellos de los sectores dominantes.
El aparente desinterés por la ‘cosa política’, vale decir por lo público, es parte de la construcción dominante. La izquierda en la post-dictadura se ha construido desde la marginalidad. Ya sea para conseguir un cupo en el parlamento o para luchar desde la trinchera de ‘lo social’, se debe referenciar un discurso que supere la marginalidad en que hace política la izquierda chilena, que no supera aún los cánones de una derrota latamente analizada. Es necesario que todas las prácticas de sociabilidad popular, de búsqueda del camino propio, se expresen en el espacio público. Esto quiere decir que dejen de ser expresiones marginales, que se constituyen en ‘una expresión episódica de protesta’ para que pasen a ser alternativas de incidencia política, que se imaginen una/otra historia.
En segundo lugar, debe reconocerse unitariamente. En la izquierda chilena conviven distintas tradiciones, generaciones y métodos de acción. Esto no es nuevo. Lo importante es que esa diversidad se exprese unitariamente. Hay que articular esa heterogeneidad, construyendo unidad desde la diferencia y no solo buscando los puntos de acuerdo. Esto no pasa necesariamente por construir mega-referentes u organizaciones, sino por el respeto a esas diversas tradiciones. Ser Allendistas nuevamente, significa recuperar las banderas de la unidad, la democracia y la justicia social, de las cuales se ha apropiado por largo rato la concertación gobernante.
Recordar a Salvador Allende no puede ser un ejercicio aséptico. Es pensar críticamente el presente y el futuro. Allende encarnó un proceso muy amplio de politización de la sociedad civil, de emergencia de nuevos actores y organizaciones y de ensanchamiento del espacio público. Solo si la izquierda se decide a actuar históricamente, en esa misma senda, podrá retomar las anchas alamedas construyendo una nueva utopía.
* Escuela de Historia y Ciencias Sociales Arena Pública, Plataforma de Opinión de Universidad ARCIS

domingo, 6 de julio de 2008

Hacia el fin de la década progresista

Raúl Zibechi (Rebelión)
A lo largo del año 2008 van cobrando forma algunas tendencias que ya se venían perfilando pero que, colocadas en su debido contexto, adquieren la forma de una nueva coyuntura regional. Los actores principales son los gobiernos progresistas de Sudamérica, la política del régimen de George W. Bush y las grandes multinacionales. Por desagradable que resulte, debe reconocerse que desde la llegada al gobierno de Lula, Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner, pero también Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa, el protagonismo de los movimientos sociales y populares ha decaído significativamente.
Todo indica que estamos en un momento de inflexión. La ofensiva especulativa del capital financiero, una máquina enloquecida y fuera de control que no puede detenerse, pero que funciona destruyendo seres humanos y medio ambiente, está jugando un papel determinante desde comienzos de la década actual en el rediseño del mapa regional. Ante su potencia, los propios estados se han revelado actores frágiles que las más de las veces se limitan a pavimentar su expansión. Apenas un ejemplo: el gobierno uruguayo contempla, sin el menor entusiasmo, el avance incontenible de los cultivos de soya sin aplicar la menor política reguladora, lo que convierte al país en un nuevo y potencialmente gran exportador soyero. Mientras eso sucede, debe implementar la importación de papas, manzanas, zanahorias, boniatos, ajos y cebollas porque los agricultores uruguayos ya no pueden siquiera abastecer el mercado interno.
No es muy distinto lo que sucede en los demás países del Mercosur, donde los diferentes monocultivos siguen avanzando y destruyendo las economías campesinas que aseguran el plato de comida diario. Incluso cuando un gobierno como el de Cristina Fernández implementa elevadas retenciones a los exportadores de soya, superiores a 40 por ciento, los impuestos que pagan las multinacionales mineras se limitan a un ridículo 5 por ciento. No es sencillo confrontarse con el capital financiero, capaz de provocar crisis incluso en los grandes centros imperiales. Pero lo cierto es que durante media década los gobiernos progresistas se limitaron a acompañar el crecimiento del capital especulativo en la región, cuando no lo fomentaron. Ahora tiene la suficiente fuerza como para bloquear los más pequeños cambios, como lo está demostrando el caso argentino.
No es la falta de alternativas lo que ha impedido a estos gobiernos poner freno a la especulación multinacional, sino el temor a las crisis sociales y políticas que es capaz de generar. Lo cierto es que viene siendo el capital financiero el encargado principal de diseñar el futuro de nuestros países, muy por encima de los estados nacionales impotentes y decrépitos. Si a esta ofensiva multinacional se suma la agresiva política de la administración Bush, el panorama es ciertamente desalentador. Desde la implementación del Plan Colombia, Estados Unidos ha conseguido neutralizar los principales proyectos de integración, que avanzan con demasiada lentitud y no consiguen generar una masa crítica que los coloque en un camino sin retorno. Tanto la Unasur como la ALBA han mostrado pocos avances cuando nos acercamos al fin de la década más “progresista” que conoció la región en mucho tiempo.
Pero la política de Washington no se limita a impedir la integración. Es mucho más agresiva. Va encontrando formas y modos de colocar a la defensiva a los gobiernos más audaces. A través del apoyo a movimientos separatistas amenaza con la división de Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde los movimientos con epicentro en Santa Cruz, el estado petrolero de Zulia y la provincia de Guayas, capital Guayaquil, se han convertido en focos desestabilizadores. Los estrategas del imperio descartan golpes de Estado y la división de estos países parece poco probable. Sin embargo, estos movimientos han mostrado –de modo muy particular en Bolivia– su capacidad de bloquear los cambios por los que una generación de movimientos sociales luchó con tesón. Estamos ante nuevas estrategias, que aplican una suerte de “desestabilización de masas” al servicio de las elites que estimula la acumulación del capital.
Que los tres gobiernos mencionados se encuentren a la defensiva a la hora de implementar cambios no es ninguna casualidad sino el fruto tangible de una estrategia que está mostrando buenos dividendos. Ella incluye la polarización hasta extremos peligrosos, como viene sucediendo en los últimos meses en Bolivia. Las elites han aprendido a manejar los mismos métodos de lucha de los movimientos, generando grados de confusión y parálisis en organizaciones que hasta hace pocos años mostraban un empuje capaz de destituir gobiernos neoliberales.
No todo, por cierto, es achacable a la alianza entre el capital especulativo y el imperio. Sólo una decidida política de movilización social hubiera podido desarticular esta alianza depredadora. Pero aun para los gobiernos más comprometidos con los cambios, como el de Evo Morales, la apuesta a la movilización social no ha sido ni consistente ni permanente. Hasta ahora han optado por la negociación, pese a los escasos resultados obtenidos. Por otro lado, son las propias políticas de los gobiernos progresistas las que han facilitado la ofensiva del capital, al no ponerle límites.
Cuando nos acercamos a la fase final de la era progresista, se impone una amplia evaluación de un periodo que comenzó con grandes esperanzas de cambio. Uno de los elementos a tener en cuenta es el papel del Estado en una estrategia de cambio social. Buena parte de estos gobiernos asumieron en un periodo de profunda crisis del Estado, que lo inhabilita como instrumento capaz de modificar el estado de cosas a favor de los de abajo. No es solamente un debate teórico acerca de la conveniencia de la toma del poder estatal. Se relaciona, en esta coyuntura, con el tipo de mecanismos necesarios para torcerle el brazo a los poderosos, única forma de producir cambios de larga duración.

John McCain en México: la visita de un halcón

Editorial La Jornada
(5 de julio de 2008)
En su segundo viaje fuera de Estados Unidos como candidato presidencial republicano –el primero fue a Canadá–, John McCain no ha emitido mensajes ambiguos. De entre los 21 países que conforman Latinoamérica escogió como destino dos, Colombia y México, que ostentan los gobiernos más militaristas, autoritarios y proestadunidenses en la región, así como los que ocupan los lugares segundo y tercero –el primero corresponde a Estados Unidos– en violaciones a los derechos humanos en el hemisferio.
En cuanto al discurso del aspirante presidencial en nuestro país, McCain no dejó margen para la duda: su prioridad en la relación bilateral es fortificar la frontera común para cerrar el paso a los trabajadores mexicanos; es hostil a toda posibilidad de corregir las asimetrías e inequidades contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, en consecuencia, a cualquier revisión de ese instrumento trilateral; el único tema común que le produce algún entusiasmo declarativo es la llamada “guerra contra las drogas” y, en particular, la Iniciativa Mérida, pacto de cooperación policiaco-militar que ha sido severamente cuestionado en ambos países porque hace más probables las violaciones a los derechos humanos y porque significa una cesión de soberanía por parte de México. Por lo demás, en las escasas horas que permaneció en territorio nacional, el senador por Arizona visitó la Cámara Americana de Comercio, la Basílica de Guadalupe y un centro de mando de la Policía Federal Preventiva, y con ello dejó asentado, así fuera de manera simbólica, su interés por los intercambios de mercancías y su desdén por puntos sensibles de la circunstancia política de nuestro país, en la que se desarrollan enconados debates por las infracciones que el grupo en el poder comete al carácter laico del Estado y por el abuso de la fuerza pública como recurso de gobierno.
Ciertamente, los mensajes referidos no se dirigen a la opinión pública mexicana –la cual conoce de sobra el perfil de McCain como halcón de la política–, sino a los sectores conservadores y chovinistas de la sociedad estadunidense: da la impresión de que el candidato republicano quiere reiterar ante ellos su disposición a expandir mercados externos, especialmente los de armamentos, y a consolidar la relación con los más estrechos aliados regionales de la administración de George W. Bush; parece que, al visitar a dos gobernantes inequívocamente derechistas del subcontinente –Álvaro Uribe y Felipe Calderón–, McCain busca asegurarse el respaldo de la porción más conservadora del voto latino, conformada por las comunidades del exilio cubano en Miami; en cuanto a los anglosajones, les garantiza que no habrá acuerdo migratorio con México sino, por el contrario, frontera blindada para impedir la llegada de nuevos migrantes. La rígida defensa del visitante de la “guerra contra las drogas” va dirigida a ese mismo sector, consternado por la proliferación de críticas a las estrategias antinarcóticos en curso: significativamente, un editorial de The New York Times señaló hace unos días que esa guerra, al menos en su modalidad actual, “no se está ganando”, por lo que es necesario reducir los presupuestos previstos en la Iniciativa Mérida para equipar a las fuerzas de seguridad y priorizar el desarrollo económico y el mejoramiento del sistema judicial mexicanos.
En suma, la visita de McCain a México, aunque breve, permite hacerse una idea precisa de lo que podrían esperar nuestro país y América Latina en caso de que el republicano llegue a la Casa Blanca: más ofensivas y presiones político-diplomáticas para la apertura de los mercados, más militarismo, más protagonismo de la seguridad nacional como eje central de las relaciones regionales, más fobia antimigrante, más arrogancia imperial y más insensibilidad ante los problemas internos de las naciones del continente, es decir, algo así como un tercer periodo de Bush.

El Plan México en marcha

Lo llaman “Iniciativa Mérida” para diferenciarlo del Plan Colombia. Sin embargo, antecedentes y distintos análisis sostiene que su objetivo es otro.

Verónica Torres Benaim (Agencia Periodística del MERCOSUR)
Es de conocimiento público que el Plan Colombia es parte de una estrategia de militarización de Sudamérica diseñada a finales del siglo pasado por Estados Unidos. Cerca del primer decenio de este joven siglo XXI, América Central y México tendrán un modelo similar.
De esta manera, la cámara de representantes de Estados Unidos dio comienzo a la “Iniciativa Mérida”, un plan que el Congreso estadounidense aprobó a finales de junio para proporcionar este año a México mil 400 millones de dólares y 65 mil millones a países de América Central, con el fin de “combatir el narcotráfico en el continente”, según informó Lynne Weil, asesora del representante demócrata Howard Berman, presidente del comité de Asuntos Internacionales de la Cámara.
La “Iniciativa Mérida” -según manifestaron- tiene como características frenar el flujo de narcóticos ilegales en América central y sobre todo en México, teniendo en cuenta que la circulación de drogas que llegan a Estados Unidos son por parte de organizaciones delictivas mexicanas.
El proyecto de diseñado por Washington sostiene que apunta a “colaborar” con la política que lleva adelante el actual presidente mexicano, Felipe Calderón. Este hizo de la lucha al narcotráfico el eje de su Gobierno desde que asumió en el año 2006 y ha desplegado a unos 25.000 soldados en varios estados para combatir el crimen organizado y el tráfico de tóxicos.
Cabe destacar que violencia desatada ha dejado más de 1.400 muertos en lo que va del año, según datos del Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manaus.
Por otro lado, “esta iniciativa tiene como requisito hacer que las operaciones policiales de México sean más transparentes y tengan una mayor capacidad de respuesta para las quejas de sus ciudadanos, como para asegurar que se realicen investigaciones sobre los informes de abuso”, así lo informa Merle D. Kellerhals Jr del servicio Noticioso de Washington.
También, incluye fondos escáneres iónicos y unidades caninas para que México y América Central puedan interceptar drogas, armas, dinero en efectivo y delincuentes. Además se proveerá de sistemas de comunicación seguros, helicópteros y aviones de vigilancia, al igual que capacitación y programas de acción comunitaria contra las pandillas.
Dicho proyecto, fue llamado “Iniciativa Mérida” para evitar ser comparado con el polémico “Plan Colombia”, el paquete de ayuda –sobre todo militar- que se deriva al país sudamericano desde el año 2000. Sin embargo, resulta inevitable hacer un paralelismo.
A diferencia del primero que fue visto –en principio- como la tabla de salvación de un Estado acorralado por el poder del narcotráfico y el fortalecimiento de guerrillas y paramilitares que se nutrían con los recursos de la droga, el Plan Mérida ha sido recibido más bien con escepticismo, marcado por la desconfianza y la falta de objetivos claros.
Por este motivo, varios sectores de la política mexicana están en contra del Plan México porque sostienen que es un “plan es una injerencia a la soberanía mexicana, porque se parece mucho al Plan Colombia que no solamente no erradico el narcotráfico sino que gran parte de la ayuda sirvió para engrosar a las fuerzas armadas”.
Esta desconfianza -a pesar de las diferencias en el nombre y en los presupuestos involucrados (mil 400 millones de dólares proyectados en el caso mexicano y más 5 mil millones ya invertidos en Colombia desde el 2000)- según analistas tiene que ver con un mismo espíritu que anima ambos proyectos: la necesidad de Estados Unidos y, en especial del agonizante gobierno de George W. Bush, de relanzar una iniciativa estratégica de seguridad nacional. Una especie de Plan Marshall para América Latina que corra a la par de su desastrosa y costosa incursión en Afganistán e Irak.
De esta manera, se puede observar nuevamente un proyecto del gobierno estadounidense de larga data sumergido en el concepto de Guerra de Baja intensidad (GBI).
La GBI es un elemento clave de una estrategia estadounidense que tomó vuelo en Estados Unidos en los años 80 en la plenitud de la administración de Ronald Reagan, derivada de los diseños militares que, durante la Guerra Fría, habían conducido a la guerra de Vietnam.
El principal objetivo tiene que ver con la militarización que se reproduce en todo el continente latinoamericano, que conforma el diseño estratégico de contrainsurgencia de Washington y su política exterior definida como seguridad nacional con fronteras imprecisas.
Según el sociólogo estadounidense James Petras “si en los años 60 la contrainsurgencia se basaba en la amenaza del comunismo internacional, ahora se encuentra la justificación en la llamada amenaza de la droga”. Es por esto que en los documentos básicos de esta estrategia aparece el gran proyecto geopolítico de Estados Unidos de la resometimiento de América Latina a través de la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y la seguridad fronteriza.
Cabe recordar, que el Plan Colombia -en líneas generales- proponía una “reingeniería” destinada a reestructurar radicalmente el ejército colombiano para que actuara dentro de las coordenadas militares del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, pero también significaba extender el control militar estadounidense por toda la zona, lo que significó un enorme dispositivo de bases en toda la región.
En agosto del 2001 el analista colombiano Jaime Caycedo Turriado, profesor de la Universidad Nacional de su país, advertía que el Plan Colombia no era fundamentalmente un plan antinarcóticos: “Su cobertura o justificación, sí. Pero su propósito resulta evidente cuando se contrasta con las reales condiciones en que se desenvuelve el inmenso mercado global de las drogas”.
Para Caycedo Turriado, este plan “era un proyecto de fumigaciones masivas y de guerra contrainsurgente. En esta óptica, su blanco es sociopolítico y se reduce a aquella parte del tema narcóticos que copa menos del dos por ciento del negocio y deja sin tocar lo que representa el 98 por ciento restante. Los circuitos financieros de los narcocapitales, el lavado masivo de divisas y los paraísos fiscales quedan por fuera de su radio de acción. El plan es, en realidad, político y militar, dirigido a destruir el movimiento guerrillero, especialmente las FARC-EP, y a disciplinar el país en una perspectiva ligada con el proyecto homogeneizante y globalizador del ALCA”.
¿Por qué resulta tan importante América Latina para Estados Unidos? según Albert Coll, ex primer vicesecretario de Defensa para Operaciones Especiales y CBI, Los intereses estratégicos se dividen en militares, económicos y políticos.
“En lo militar los principales intereses son: controlar el surgimiento de cualquier amenaza al territorio de los Estados Unidos que pueda venir del continente. Impedir que potencias hostiles ganen influencia en la región y aumenten su capacidad de dañar los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. En lo económico se ha trasformado cada vez mas importante para la economía estadounidense en los últimos 15 años como resultado del creciente flujo de capital y comercio. Esta el interés de Estados Unidos por promover el desarrollo general de América Latina en direcciones que sean congruentes con nuestros intereses económicos, específicamente políticas que mantengan los mercados latinoamericanos abiertos a los productores y al capital de los Estados Unidos. Políticamente, los intereses de los Estados Unidos son servidos por los gobiernos democráticos”.
Finalmente, no hace falta aclarar que tanto el Plan México, como el Plan Colombia esconden una estrategia de dominación de la región por parte de Estados Unidos. Como plantea el investigador Raúl Benítez Manaus en su texto “La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México”: “Lo que se oculta en todo esto, que además resulta negativo para Latinoamérica, es que puede llevar a una no deseada mayor militarización de la estrategia de combate al crimen organizado, pues podría tener consecuencias negativas en materia de derechos humanos, y también puede implicar un predominio de las Fuerzas Armadas en el control de muchos cuerpos de seguridad policíacos que deben ser civiles por naturaleza institucional”.

Evo ante un desafío crucial

Ángel Guerra (La Jornada)
En Bolivia se libra una contienda decisiva, que pone a prueba al extremo la posibilidad de avanzar en la liberación de los pueblos latinoamericanos dentro de una institucionalidad impuesta por el imperialismo y la oligarquía.
No se trata tanto del referendo revocatorio de agosto próximo sino del escenario político que lo precede, con gran parte de la oligarquía, la prensa y los prefectos departamentales colocados al margen de la ley en actitud sediciosa. País con mayoritaria población indígena sumida en la pobreza y la exclusión por siglos, donde una exigua y opulenta minoría subordinada al capital transnacional usufructúa gran parte de la tierra y del ingreso, su movimiento popular logró la proeza de llevar a uno de los suyos a la presidencia. Desde allí, Evo Morales ha hecho en 29 meses una fecunda obra de gobierno en resuelta defensa de los intereses y aspiraciones de los de abajo y del rescate de la soberanía y la dignidad nacional.
No es extraño, por eso, que conserve el apoyo de las masas en medio del gran proyecto desestabilizador en marcha, el ataque incesante de la mafia mediática local e internacional, las acciones de intimidación y violencia contra la población originaria cargadas del racismo y el odio más primarios, la realización ilegal y manipulada de referendos autonómicos oligárquicos prometiendo el oro y el moro a las clases medias y sectores despolitizados del oriente golpeadas por el neoliberalismo, a los que se ha engañado con la falsa promesa de la bonanza a costa de desmembrar la nación. Es un intento de reconquista por Estados Unidos y sus aliados europeos para despojar de nuevo a los bolivianos de los estratégicos recursos asentados en esa región, ávidos más que nunca de gobiernos dóciles que faciliten el saqueo.
Su plan y el de la ultraderecha local es incrementar la guerra mediática y la campaña de terror fascista en el molde de las acciones vandálicas de la Unión Juvenil Cruceñista, de inspiración nazi y formada por la peor ralea, que ha extendido en la llamada Media Luna sus métodos de apalear y vejar indios, atacar oficinas públicas y montar incidentes violentos que luego achacan a partidarios de Evo. A dos miembros de la banda les fue ocupado recientemente por la policía un fusil con mirilla telescópica cerca del lugar donde aterrizaría el avión presidencial.
De la Bolivia virtual, que venden el Grupo Prisa, su nave insignia El País y el conglomerado mediático internacional con CNN a la cabeza, en que “tumbar al indio” está a la vuelta de la esquina, a la real, existe una distancia abismal. Todas las encuestas encargadas por la oposición y las que realiza la embajada yanqui arrojan hasta hoy una ratificación de Evo y su vice Álvaro García Linera, con una votación superior al 54 por ciento obtenido cuando fueron electos. Y, más importante aún, anuncian la revocación, si no de todos, de casi todos de los prefectos departamentales en rebeldía, lo que significaría una contundente victoria política y moral del gobierno, que expondría ante el mundo el repudio popular a la jauría fascista. Ello explica el rechazo a la consulta acordado por los prefectos y comités separatistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, que harán todo lo posible por impedirla, y su ruptura por ahora con el neoliberal ex presidente Jorge Quiroga, líder de PODEMOS, formación que promovió su aprobación en el Senado, donde tiene mayoría.
La actitud de los separatistas choca con importantes sectores populares que desean el referendo como la vía pacífica para relegitimar al gobierno y poner un alto a los conspiradores. Las semanas que restan de aquí a su celebración serán cruciales en el destino de Bolivia y del rumbo de independencia tomado por América Latina. Exigirán de Evo y los movimientos sociales un extraordinario despliegue de talento político y unidad, como lo han hecho antes frente a grandes desafíos.

Tras la balcanización de América Latina

Después de los referéndum autonomistas en Santa Cruz, Beni y Pando en Bolivia, ha quedado abierta una puerta hacia un proyecto de balcanización en América Latina que deja muchos interrogantes para el futuro de la región
Decio Machado (Diagonal / Rebelión)
El reclamo autonómico de los prefectos de la llamada ‘medialuna’ boliviana (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), que pretende socavar el poder del presidente Evo Morales, está sentando precedentes peligrosos en el resto de América Latina. De esta manera, el eje conformado por Santa Cruz (Bolivia), Zulia (Venezuela) y Guayaquil (Ecuador), intenta quebrar el proceso de integración regional. La particularidad de este eje autonomista es que las mismas regiones son bastiones fuertes de la oposición a los presidentes Morales, Chávez y Correa respectivamente. Asimismo, poseen ingentes recursos naturales (petróleo y gas) y representan una parte importante del PIB de sus respectivos países.
Según declara a DIAGONAL Rigoberto Martínez, investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, “todo este movimiento es una estructuración de un conjunto de instituciones que propician el libre comercio en regiones ricas, promocionando las autonomías como una simple estrategia de desestabilización de gobiernos progresistas y planteando el control de las oligarquías locales sobre sus recursos naturales”.
Zulia, Estado petróleo
Desde el siglo XIX alrededor del Zulia ronda la idea del separatismo. Hoy, a pesar de que el país es una republica única e indivisible, los planes secesionistas, impulsados por las elites opositoras, parecen retomar posición en el tapete político nacional.
El presidente Hugo Chávez denunciaba ante los medios de comunicación el pasado 30 de mayo : “Zulia es tierra de petróleo, de pueblo alegre y dicharachero. Pero al mismo tiempo hay que recordar que más allá de toda esa belleza geográfica, histórica y cultural que reúne, aquí está el epicentro del plan separatista contra Venezuela, y ese plan se expande ahora hacia Táchira y Mérida”, y proseguía : “Tomando el ejemplo de Bolivia, los opositores a la revolución bolivariana han ideado un plan divisionista que se expande ahora hacia el Estado Apure, en lo que ellos han llamado el arco, la media luna venezolana”.
Según el mandatario venezolano, la intención separatista va a intentar ser puesta en marcha en caso de que la oposición obtenga gobiernos regionales “estratégicos” en las elecciones del próximo noviembre.
El gas secesionista de Bolivia.
A pesar de lo que ocurre en Venezuela, es en Bolivia donde los sectores autonomistas están más empoderados. El pasado 4 de mayo se realizó en Santa Cruz la primera consulta autonómica. A pesar del triunfo del ‘sí’, es necesario recordar que dicho referéndum fue convocado fuera de los canales que estipula la Constitución del Estado y que no gozó del aval de la Corte Nacional Electoral boliviana ni de los exigidos controles electorales. De igual manera, el 1 de junio también se desarrollaron referéndum en Beni y Pando, con objetivo de convalidar los estatutos redactados por sus correspondientes comités cívicos locales. Representantes de la oligarquía cruceña, como el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, viajaron a estas regiones para respaldar la “causa autonómica”.
Durante las votaciones llevadas a cabo en Beni y Pando, se sucedieron fuertes disturbios con varios heridos en algunas localidades de estos departamentos. En estos sucesos fue asesinado Carlos Ali, simpatizante del MAS y opositor a las consultas autonómicas. La víctima murió por ocho disparos de bala. Los enfrentamientos se dieron entre opositores al referéndum con el grupo de choque Unión Juvenil Cruceñista. Esta organización recorrió las calles armada para amedrentar a la población. La propuesta secesionista del Comité Cívico de Santa Cruz no tiene discusión : “Serán de dominio originario del Departamento, la región o la nación que le corresponda, todos los recursos naturales que contengan el suelo y el subsuelo. Toda la concesión de los mismos a empresas nacionales o extranjeras deberá ser aprobada, previamente, por las instancias legislativas y ejecutivas a nivel departamental o regional”.
Según Ramiro Vinueza, director del periódico ecuatoriano Opción, vinculado al Movimiento Popular Democrático, “este regionalismo y localismo reaccionario está exacerbado por los intereses del capital financiero internacional y las transnacionales del petróleo, que pretenden sustituir el supuesto centralismo establecido desde la capital boliviana, por la sumisión al centralismo de las grandes transnacionales, los separatistas pretenden negociar con éstas la entrega de los inmensos recursos naturales que posee esta región, de los cuales recibirán miserables privilegios, pero que les asegura su posición dominante frente a los pueblos pobres y explotados”.
Guayaquil, capital opositora
A primeros de mayo, el embajador boliviano en Quito, Javier Zárate, denunció que grupos opositores están coordinando en Ecuador y Venezuela referendos autonómicos como los organizados en Bolivia. Según declaró a DIAGONAL el mandatario ecuatoriano Rafael Correa : “Lo que está ocurriendo en Bolivia no es una acción aislada, tiene el soporte de países extranjeros, que quieren desestabilizar la región ; y de las elites separatistas de Guayaquil y de Zulia en Venezuela”. Guayaquil es considerada la ciudad más próspera y poblada del Ecuador, bastión de la derecha que se opone a Correa y cuyo alcalde Jaime Nebot, se referencia ante la ciudadanía guayaquileña por su proyecto de regeneración urbana y la privatización de la administración pública municipal. Su proyecto autonómico es un plan económico, político y social de carácter local y no nacional : intenta convertir a Guayaquil en una plataforma de exportación de bienes y servicios, sin pasar por el Estado central.
En la actualidad, Nebot intenta pactar con los 25 alcaldes existentes en la provincia del Guayas la formalización de un proyecto autonómico de corte separatista, que pudiera extenderse a través de la costa ecuatoriana, incluyendo entre sus objetivos la colindante provincia de Manabí, cuya segunda ciudad más importante es Manta. En esta ciudad se ubica la base norteamericana más importante del continente, que será desmantelada a finales del año que viene, según indicaciones del presidente Rafael Correa, y cuya única posibilidad de subsistencia sería a través de una proceso secesionista o bien por el derrocamiento del régimen.
¿Quién financia el separatismo ?
Bolivia supone un buen ejemplo. La abogada venezolana-estadounidense Eva Golinger demostró documentalmente hace apenas un mes, que el Gobierno de los EE UU ha transferido 120 millones de dólares a la oposición desde 2005.
El Gobierno estadounidense ha utilizado a la National Endowment for Democracy (NED) y a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros organismos, para financiar a la oposición a Evo, incluso momentos antes de su ascenso. La argumentación fue la de destinar fondos a la lucha contra el narcotráfico. Este reparto de millones se desarrolló entre organizaciones de todo tipo, incluyendo estudiantiles, periodistas y empresas mediáticas, partidos políticos, empresariado y otros. El objetivo era preciso : provocar el fracaso de la Asamblea Constituyente. Los medios, amplios : fuerzas de choque, enfrentamientos, movimientos por las autonomías, paros “cívicos”, movilizaciones permanentes en las siete regiones del país, “violencia callejera”, hasta llamamientos para derrocar al Gobierno. Todo esto es palpable en la mayoría de los medios de comunicación masiva, en manos de la derecha, y activos protagonistas políticos de la disidencia, que impulsan un enfrentamiento interno y una intervención externa.
Durante 2007 incluso se produjeron atentados con dinamita contra el consulado de Venezuela y una residencia de médicos cubanos en Santa Cruz, sin olvidar el intento de atacar a un avión venezolano en el aeropuerto de esa ciudad. Entre otros graves hechos, destacó una serie de atentados realizados por una pareja de estadounidenses y la detención de una funcionaria de EE UU que traía cajas de municiones para su ‘sede’ diplomática, según explicación oficial de la Embajada de los EE UU. Durante el mes de abril, previo al referéndum, EE UU posicionó en diversas regiones de Bolivia a la USAID a través de la empresa Casals & Associates para entregar 13,3 millones de dólares a 379 organizaciones de la “sociedad civil”, partidos opositores y proyectos separatistas.
CONFILAR : UN PROYECTO SECESIONISTA EN UN CONTINENTE EN TRANSFORMACIÓN
La Confederación Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional (Confilar) fue creada el 19 de septiembre de 2006 en Guayaquil (Ecuador), y tiene como misión, según recoge su acta fundacional, “impulsar y difundir en Latinoamérica y el mundo el ideario de libertad y autonomía mediante foros, cursos, talleres, seminarios, conferencias y otros medios de difusión”. Se definió explícitamente que esta Confederación brinde total apoyo a los cuatro departamentos “autonómicos” bolivianos (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). La iniciativa del evento provino de Alberto Mansueti, vicepresidente del Movimiento Rumbo Propio para el Zulia, y director presidente de la Conferencia Liberal Hispanoamericana. En este evento se eligió como presidente de la Confilar a Carlos Dabdoub, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia y secretario departamental de Autonomía y Constituyente del Gobierno de Santa Cruz. También fue nombrado José Luis Tapia como secretario general. Tapia es miembro del Instituto de Libre Empresa y director ejecutivo de la Conferencia Liberal Hispanoamericana, recibe donaciones en una cuenta bancaria en Georgia, Estados Unidos, y cuenta entre sus “asesores académicos” con dos conocidos ideólogos de la derecha latinoamericana como Carlos Alberto Montaner, buscado por actividades terroristas en Cuba, y Álvaro Vargas Llosa, director del Centro de Prosperidad Global del Independent Institute de EE UU. Firmaron su creación organizaciones de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, y acordaron hacer su segundo foro en Santa Cruz, el cual se realizó en septiembre de 2007. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció en su enlace radial del pasado 3 de mayo que esta Confederación es promotora de “intentos separatistas” en Bolivia, y mencionó que estas acciones son apoyadas por elites de Guayaquil y de Zulia, en Venezuela. Agregó a su vez que intereses internacionales “están financiando estos grupos para crear problemas a gobiernos progresistas, y una balcanización en América Latina”.