La corrupción en los cuerpos policiales; las violaciones de los derechos humanos contra los propios agentes policiales; las aplicaciones de torturas y maltrato hacia los detenidos, así como la militarización, tienen efectos negativos en la lucha antidelincuencial en Latinoamérica
Juan José Dalton / Revista ContraPunto (El Salvador)
SAN SALVADOR – Finalizada la etapa de guerras civiles en Centroamérica y la dictaduras militares en el Cono Sur, los ejércitos retornaron a sus cuarteles. Al cabo de aproximadamente dos décadas, los militares vuelven creyéndose “los salvadores” de las sociedades.
Un caso típico, ejemplar, de este fenómeno, es El Salvador, país en el cual la dictadura militar había ejercido el poder gubernamental durante casi todo el siglo pasado. Los militares controlaban la defensa del territorio nacional, la soberanía y la seguridad pública interna.
Al terminar la guerra civil en 1992, la guerrilla ganó una batalla histórica: la desmilitarización de la sociedad. Se le suprimió a la fuerza armada su función de seguridad pública y se creó la Policía Nacional Civil (PNC), que operaría sujeta al mando civil.
La Fuerza Armada salvadoreña fue depurada y encerrada en sus cuarteles, según el mandato de los acuerdos de paz. Sin que haya transcurrido dos décadas, los militares en El Salvador, que sembraron terror y que cometieron en el pasado graves violaciones a los derechos humanos, pretenden ser lanzados al protagonismo en el combate antidelincuencial. Paradójico que ello lo enarbole un gobierno de izquierda.
México, ejército y seguridad pública
Recién ContraPunto estuvo presente en un foro internacional celebrado en la Ciudad México, auspiciado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (OMDHD), así como por la alemana Fundación Heinrich Böll, mismo que se denominó “Diálogo sobre la seguridad pública con derechos humanos ¿reto inalcanzable?”.
En dicho evento se debatieron casos que ocurren en el propio México y en Brasil, respecto al uso de las fueras militares para el combate de la delincuencia.
Los mexicanos pusieron en relieve la fragilidad legal que existe en el combate en contra la delincuencia; la corrupción en los cuerpos policiales; las violaciones de los derechos humanos contra los propios agentes policiales; las aplicaciones de torturas y maltrato hacia los detenidos, así como la militarización en algunas zonas.
Entre otros, un documento entregado en el foro y firmado por José Luis Pérez Canchola, ex procurador de Derechos Humanos de Baja California, y destacada personalidad de las luchas por la defensa de los DDHH, denuncia arbitrariedades en cuarteles militares de su zona, como torturas y “fabricaciones de culpables” en base a presiones físicas y psicológicas.
El gran debate en el México actual es a causa de unas reformas penales que se pretenden imponer, las cuales presuntamente atentan contra preceptos democráticos universales como la presunción de inocencia, el arraigo y la acción contra los sospechosos, entre otros.
Rocío Culebro, directora del IMDHD, resaltó la importancia de los encuentros académicos y de debates por parte, no sólo de la sociedad civil organizada, sino también interinstitucionales para tratar de buscar soluciones efectivas al combate a la delincuencia, sin que ello afecte a la democracia ni a los derechos civiles.
Brasil contra las mafias
Por momentos en los debates académicos se llega a creer que nada está salvado, que las instituciones, definitivamente no funcionan y que la corrupción se torna invencible. Pero al final los foros públicos han servido para intercambio de experiencias, manifestación de la crítica y formulaciones de propuestas.
Ignacio Cano, académico de origen español y residente en Brasil, es uno de los estudios más destacados en los temas de violencia en Latinoamérica. Su disertación en el foro sirvió para hacer una revisión detallada de la realidad que el continente vive después de finalizados los conflictos y tras el ejercicio de las democracias, afectadas en la actualidad por fenómenos nuevos: el narcotráfico, el crimen organizado y pandillerismo violento.
Cano, enumeró problemáticas brasileñas, pero que en realidad son comunes en Latinoamérica: Intensa percepción de la violencia y el miedo en la sociedad; una criminalidad con alta letalidad; altos niveles de corrupción y la respuesta a ello por parte de los estados es “la guerra a la delincuencia”.
Cano mencionó también la fragilidad del sistema de seguridad pública, es especial de la policía: entrenamiento deficitario, bajos salarios, sistemas duales (policía y agente de seguridad privada); existen diferencias de poderes en el seno de la policía (entre oficiales y agentes), así como reglamentos obsoletos y resistencias a los cambios.
Con situaciones así, el combate a una delincuencia organizada, armada, letal y con enormes recursos, es imposible de vencer.
La disyuntiva está centrada en el uso de la Fuerza Armada, considerada por los estamentos políticas como la institución última a salvar a la sociedad, o recurrir más a la sociedad, dándole poder a los gobiernos locales y a las comunidades para que participen en diversos escaños de la seguridad pública, sobre todo como fiscalizadores del accionar de los agentes del estado.
Académicos y activistas mexicanos consultaron a Cano sobre la participación de la sociedad civil en Brasil en la lucha antidelincuencial. Él apuntó que donde la sociedad civil presiona al gobierno, denuncia, apoya técnicamente y con recursos calificados a las policías, donde se denuncian a los malos policías y se estimulan a los buenos, los índices delincuenciales tienen a bajar y existe mayor efectividad policial y judicial.
En todo caso, Cano es contrario al uso de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. “Lo que se debe hacer es fortalecer la policía, su sistema de investigación e implementar todas formas de prevención desde muy temprano”, dijo finalmente el académico español.
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