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Para la percepción popular, la inseguridad pública es uno de los principales problemas a afrontar, si no el mayor, tanto o más que la pobreza histórica. El continuo bombardeo mediático contribuye a reforzar este estereotipo, alimentando un clima de paranoia colectiva donde aparece la “mano dura” como la opción salvadora.
Marcelo Colussi / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
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| En mayo de 2013, Barack Obama tuvo una reunión con los presidentes centroamericanos en Costa Rica. |
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| Seguridad nacional y control: los objetivos de Obama en su gira a Centroamérica. |
En Centroamérica vemos el triple encuentro del poder político, militar y económico: recientemente se lanzó el proyecto multimillonario de un corredor seco entre las costas del mar Caribe y las del Océano Pacífico en Guatemala, de 362 kilómetros de extensión, para el que el Ejército ya participó formando técnicos, y en el que algunos de los principales accionistas son exmilitares que, por su cercanía con el presidente electo, se sienten eufóricos con el futuro de esta obra de infraestructura.
Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica
Rafaelcuevasmolina@hotmail.com
(Fotografía ilustrativa: soldados del ejército de Guatemala)
De distintas formas y maneras, los militares vuelven a ocupar lugares centrales en la política y la economía centroamericana. Alguien podría preguntarse, en buena lid, si en algún momentos éstos se fueron realmente y sí, se le puede responder que los militares tuvieron un período de reflujo en la política después de la culminación de la guerra, que puede identificarse simbólicamente con la firma del último tratado de paz de la región entre la guerilla guatemalteca y el gobierno; eso sucedió en 1996.
En función de ellos, los ejércitos de El Salvador y Guatemala redujeron sus efectivos considerablemente, y el estamento militar dejó de participar activamente como instrumento principal de la política estatal. Los organismos policiales se desmilitarizaron y, por lo menos formalmente, disminuyó la influencia que tenía el Ejército sobre ellos.
En Guatemala, sin embargo, algunos de los protagonistas de la aplicación de la política de seguridad nacional siguieron participando, pero en su calidad de exmilitares. Un caso ejemplar en este sentido es el del exgeneral Efraín Rios Montt, quien llegó a ser presidente del Congreso de la República. Sin embargo, el protagonismo de los militares ha conocido una escalada en los últimos años, tanto en la política como en la economía o, para decirlo más claramente, en la política y la economía, pues éstas se encuentran estrechamente vinculadas en su accionar.
Un factor que coadyuva de forma importante a este retorno de los militares al protagonismo es la llamada guerra contra el narcotráfico, que tiene como principal impulsor a los Estados Unidos de América, y que necesita de la presencia de la “mano dura” que los militares respresentan. Los militares son, también, socios fiables, con los que han trabajado en Centroamérica desde, por lo menos, los años 30 del siglo XX, cuando pusieron a Tacho Somoza al frente de la recién creada Guardia Nacional de Nicaragua, y del cual nunca ignoraron que se trataba de un corrupto y cruel dictadorzuelo de una Banana Republic,pero que servía fielmente a sus intereses políticos: “Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta” dijo de él Franklin Delano Roosevelt.
Ahora, cuando el poder norteamericano flaquea en América Latina, Centroamérica retoma, con toda nitidez, el destino de ser su patio trasero, y ahí están los militares para echarles una mano.
No se trata, sin embargo, de un camino de una sola vía, es decir, de ser ejecutores fieles de los dictados del imperio, sino de ida y vuelta, a saber, en el que los intereses de ambos se satisfacen.
En medio de la vorágine que vive diariamente la sociedad a causa de la violencia, los militares aparecen para mucha gente como el último salvavidas al cual agarrarse antes de morir. Son la imagen de la represión por excelencia, de la mano dura, y ya han demostrado en el pasado que pueden ser implacables con quien se ensañan. No sabe la mayoría, sin embargo, que mandos medios y altos de los ejércitos centroamericanos se encuentran profundamente penetrados por el narcotráfico y la criminalidad organizada, constituyendo eslabones imprescindibles para el trasiego de drogas por la región. No sabe, tampoco, que en ese negocio se encuentra inmerso hasta las cachas los mismos Estados Unidos de América que, en muy buena medida, como afirma el salvadoreño Carlos Rojas, tienen en el narcotrafico al gran sustentador subterraneo de su quebrada economía, por lo que no les interesa resolver el problema ni en su propio territorio; al contrario, lo exacerba asegurando el libre flujo de narcóticos en la región.
Por eso, los militares cuentan con un horizonte prometedor para su retorno. En El Salvador, a pocos días de cumplirse el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz, y violándolos claramente, el gobierno de Mauricio Funes nombra a un militar en la cartera de seguridad. En Guatemala es electo el general retirado Otto Pérez Molina, lo que envalentona a la recalcitrante derecha guatemalteca.
No se trata solo de política. Atrás de todo, ocultos y silenciosos, están lo negocios millonarios que consolidan al estamento militar como un grupo con poder económico importante: en esta semana que termina se lanzó el proyecto multimillonario de un corredor seco entre las costas del mar Caribe y las del Océano Pacífico en Guatemala, de 362 kilómetros de extensión, para el que el Ejército ya participó formando técnicos, y en el que algunos de los principales accionistas son exmilitares que, por su cercanía con el presidente electo, se sienten eufóricos con el futuro de esta obra de infraestructura.
En la Cuenca del Caribe, Estados Unidos mantiene 28 bases militares. Ha impulsado el Plan Colombia, el Plan Mérida, La Iniciativa Mesoamérica, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otro con Centroamérica y República Dominicana.
La cuenca es su mare nostrum y los militares una pieza vital de su estrategia.
Para las grandes mayorías de la región, la inseguridad no empieza por la ola delincuencial que barre todas estas sociedades y que puede arrebatar un teléfono celular, un par de lentes o un vehículo quizá: empieza por la forma misma en que se vive, por las condiciones elementales en que se desenvuelven las poblaciones, siempre al borde del colapso, resignadas a esa postración.
Marcelo Colussi / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Centroamérica constituye el área más pobre del subcontinente latinoamericano. Con índices socioeconómicos semejantes a los del África Sub-sahariana, los problemas estructurales convierten a sus países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) en una virtual bomba de tiempo; en todo caso Costa Rica escapa en parte a esta tendencia, pero con los planes neoliberales vigentes también allí las cosas están calentándose. En todos ellos encontramos altas tasas de desnutrición, analfabetismo, falta de oportunidades laborales, salarios de hambre, Estados deficitarios y corruptos, escasez de servicios básicos, más una serie de factores históricos que a continuación veremos, que hacen de esta zona un lugar particularmente inseguro. Algunas capitales centroamericanas (San Salvador, Guatemala) figuran entre las ciudades más peligrosas del mundo por los alarmantes niveles de criminalidad.
No es ninguna novedad que la pobreza extrema funciona como caldo de cultivo fértil para la delincuencia. A este telón de fondo de la pobreza crónica se suman enormes movimientos migratorios desde el campo hacia las ciudades, lo que crea presiones inmanejables en las grandes concentraciones urbanas -capitales de entre dos y tres millones de habitantes, o más-, trastocando la capacidad productiva de las comunidades de origen dando lugar a procesos fuera de control como son los barrios llamados “marginales”, que en realidad son, lisa y llanamente, barriadas pobres.
Los Estados Unidos, principal mercado y, por lo tanto, origen final de todos el tráfico de drogas, trasladó el combate frontal contra las organizaciones criminales que controlan el narcotráfico al sur de su frontera.
Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica
rafaelcuevasmolina@hotmail.com
La geografía centroamericana ha determinado, en muy buena medida, el destino de este trozo de tierra que se extiende desde Colombia hasta México. Ha sido puente en el que especies de fauna y flora de las dos masas continentales del norte y del sur encuentran un límite o continúan, metamorfoseadas, hacia el otro lado del continente. La depresión del Gran Lago de Nicaragua, por ejemplo, pone fin a los extensos y olorosos bosques de pinos que caracterizan las tierras altas de México, Guatemala y Honduras que, en la actual Costa Rica, no existen.
Por esta tierra estrecha transitaron las tribus nómadas que provenían de las estepas de Mongolia Central hace unos 10 o 15 mil años, y que paulatinamente fueron poblando esta tierras después llamadas Nuevo Mundo o América. Algunos de ellos se establecieron aquí y construyeron, a través de los siglos, civilizaciones impresionantes como la maya o la olmeca, cuyos rastros pueden verse aún en sus ciudades maravillosas en medio de la selva y en sus descendientes contemporáneos que hoy, como el resto de sus congéneres en otras partes del continente, ocupan los estratos más bajos de la pirámide social.
Cuando llegaron los europeos, obsesionados como estaban por encontrar rutas expeditas de navegación que permitieran sacar las riquezas que se saqueaban de nuestras tierras, se encontraron con que en el Estrecho del Darién, en donde ahora es Panamá, el continente se hacía tan delgado que se podía transitar del Océano Pacífico al Atlántico en solo una semana.
Desde entonces, Centroamérica quedó marcada por su destino de istmo, es decir, de espacio de tierra entre dos océanos, dejando de lado su condición de puente, es decir, de lengua terrestre que une a las dos masas continentales del norte y del sur. Por esa razón, durante la época colonial y sobre todo después, ya en el período republicano, la construcción y control de un paso entre las dos masas de agua se transformó en objetivo de las grandes potencias.
Como era de esperarse, por la cercanía de la región con ellos, y por el ímpetu que traían en su ascenso, en la disputa por el control de ese paso salieron gananciosos los Estados Unidos de América. Tanto Panamá, en donde se construyo un canal, como Nicaragua, en donde existía la posibilidad de construir otro utilizando el río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, vieron signada buena parte de su vida como naciones por esa condición de su geografía: Panamá accedió a su conformación como nación independiente al separarse de Colombia respaldada por los Estados Unidos que estaban urgidos por construir el canal. Nicaragua sufrió la presencia de las tropas norteamericanas desde 1912 y solo se fueron, en 1934, cuando pudieron dejar a una guardia pretoriana que vigiló celosamente sus intereses hasta 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional le hizo morder el polvo.
Hoy, sin embargo, la condición de puente de Centroamérica vuelve a estar en la palestra. En efecto, colocada entre el lugar en donde se produce la materia prima para la elaboración de algunas de las drogas más potentes, y el más grande mercado de ellas en el mundo, miles de toneladas del polvo blanco cruza de sur a norte en lanchas, submarinos, camiones, automóviles, personas, aviones, avionetas, helicópteros, etc. La avalancha es solamente comparable con las fabulosas ganancias que terminan proporcionando.
Es tan grande el problema que le crea su condición de puente de la droga, que los Centroamericanos identifican sus consecuencias, en primer lugar la violencia, como el principal flagelo que los aflige. Los Estados Unidos, principal mercado y, por lo tanto, origen final de todos ese tráfico, trasladó el combate frontal contra las organizaciones criminales que controlan el narcotráfico al sur de su frontera. La situación de México es el ejemplo más claro de esto, pero en situación parecida se encuentra los países centroamericanos que ven crecer exponencialmente las consecuencias de esa verdadera guerra en sus territorios.
Entre el 22 y el 23 de junio, se realizó en Guatemala la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, a donde asistieron más de 40 países. Según datos del diario La Nación de Costa Rica, como resultado de la reunión “las autoridades garantizaron el acceso a $2.000 millones, pero cerca del 75% de ese monto corresponde a fondos ofrecidos en calidad de préstamo. Por ejemplo, el Banco Mundial puso a disposición $1.000 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) $500 millones. La ayuda mediante donación es menor: Estados Unidos ofreció $40 millones que se sumarán a los $260 millones que inyectará este año al Istmo; Australia donará el equivalente a $25 millones en un plazo de tres años y Alemania completará proyectos por varios millones de euros. Otras naciones ofrecieron capacitación, logística y becas.”
Es decir, endeudarnos hasta el cuello para resolver un problema que el causante principal es nuestro vecino del norte.
Mejor no me ayudes, compadre.
Mientras no se atiendan con igual ímpetu los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión social, segregación cultural y racismo, o la impunidad que carcome los sistemas judiciales, por citar solo algunos de los temas pendientes, no será posible construir otra Centroamérica realmente democrática.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
La crisis de narcotráfico, crimen organizado e inseguridad ciudadana que sufre Centroamérica (con una tasa de homicidios 33% superior a la del resto del mundo) está poniendo a prueba la capacidad de construcción política y la vocación democrática de los gobiernos de la región, tanto en la manera de alcanzar acuerdos sociales en torno a las acciones más adecuadas que deben emprenderse, como en la profundidad y radicalidad –en su sentido transformador- de la soluciones que se proponen frente a esta problemática.
Hasta el momento, el balance no es halagüeño: nuestra clase política no logra –o no quiere o no puede- ver más allá de las soluciones impuestas desde arriba, con enfoques marcadamente guerreristas y que, en el fondo, hacen parte de estrategias geopolíticas cuyos intereses van más allá del entorno centroamericano.
En efecto, casi todas las medidas tomadas para enfrentar esta crisis en nuestros países apuntan en la dirección de las experiencia de guerra contra el narcotráfico desarrolladas, bajo la tutela de los Estados Unidos, a través del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, es decir, la militarización del conflicto y la ausencia de una perspectiva integral de sus posibles soluciones.
En ese sentido, la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que concluyó el pasado jueves en Guatemala, si bien a nivel del discurso de los organizadores intentó desmarcarse de ese enfoque, al final, demostró las limitaciones regionales e internacionales para realizar un abordaje diferente e integral de la crisis.
Aislados y protegidos de la realidad por ejércitos y guardaespaldas, los mandatarios centroamericanos pidieron más armas, servicios de inteligencia más modernos, recompensas por la captura de drogas y traficantes, y dinero, muchos más dinero para los presupuestos nacionales de seguridad y para financiar la Estrategia de Seguridad regional, cuyo costo estimado supera los $6 mil millones de dólares.
La delegación estadounidense, encabezada por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton (de fugaz presencia: llegó tarde al evento el primer día, habló y se marchó), no fue muy receptiva de las peticiones centroamericanas. En respuesta al emplazamiento por aumentar la ayuda económica, Clinton dijo –no se sabe si en broma o en serio- que no habrá más dinero hasta que los Estados recauden más impuestos entre los sectores de altos ingresos, para sufragar así las necesidades de seguridad de las sociedades. ¿Los ricos centroamericanos, desde sus exclusivas y confortables fortalezas, financiarían la seguridad de los pobres? La idea de la funcionaria norteamericana, aunque puede parecer sensata, termina por convertirse en una burda mueca progresista a la vista de las estructuras profundas de la desigualdad y los privilegios en Centroamérica.
De parte de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se obtuvo fueron nuevas ofertas de créditos por un monto cercano a los $2000 millones de dólares. Un endeudamiento que, como bien se sabe y lo demuestra la historia, de una u otra forma, siempre terminan pagando los sectores de la población de más bajos ingresos, vía impuestos directos o indirectos.
Esto, y poco más, puede decirse de los resultados concretos del cónclave de Guatemala. En cambio, fueron muchas y muy notorias las ausencias: no participaron de la cita los movimientos sociales, los pueblos indígenas, los afrocaribeños, los ciudadanos y ciudadanas “de a pie”, los migrantes y sus familias, los excluidos del crecimiento económico y, en fin, las miles de víctimas de la violencia y la barbarie criminal: como si los pueblos centroamericanos no tuviesen mucho qué decir a la clase política sobre las hondas raíces de la crisis que nos golpea.
Precisamente, ese vacío democrático en la discusión y la toma de decisiones es uno de los desafíos transversales en el diseño de planes y respuestas ante la crisis de seguridad. ¿O se nos olvida que esos mismos poderes que hoy buscan soluciones, hace apenas dos años dieron un golpe de Estado en Honduras; o que uno de los responsables de los genocidios perpetrados en Guatemala durante la década de 1980, podría llegar a la presidencia de ese país en los próximos meses, y estará a cargo de la política de seguridad?
Está bien concentrar esfuerzos en el combate y la prevención del delito, la reinserción de los delincuentes y el fortalecimiento penitenciario e institucional, como lo intenta la Estrategia de Seguridad regional. Pero mientras no se atiendan con igual ímpetu los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión social, segregación cultural y racismo, o la impunidad que carcome los sistemas judiciales, por citar solo algunos de los temas pendientes, no será posible construir otra Centroamérica realmente democrática: una en la que participen todos los actores sociales, sin murallas ni intereses soterrados, y donde la seguridad no sea el resultado de la militarización, sino de la justicia social, la igualdad, la educación, el empleo digno y el respeto a la diversidad cultural.
En el debate sobre los “Estados fallidos” en Centroamérica, periodistas, políticos, militares, policías y diplomáticos padecen de una sospechosa tendencia a eximir de juicios críticos al modelo económico y social -propio del capitalismo neoliberal de nuestros días- que incuba a criminales, narcotraficantes y toda clase de organizaciones delictivas.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
(Fotografía: La Asamblea General de la OEA discutió la crisis de violencia y narcotráfico en Centroamérica)
La tesis de que Centroamérica va en camino a convertirse –si no lo es ya- en una región de “Estados fallidos”, está profundamente asentada, casi de modo incontestable, en el sentido común dominante de las elites gobernantes, los medios de comunicación hegemónicos y los grupos de poder político-económico (especialmente, en aquellos que están vinculados al nuevo mercado de la seguridad privada).
A esta idea del inminente colapso de los países del istmo, le acompaña otra de singular cariz: la solución a la nueva crisis centroamericana pasa por el reforzamiento de los aparatos de seguridad y represión, por las alianzas y planes regionales (al estilo de las iniciativas Mérida o Colombia) y, por supuesto, requiere el aumento de la ayuda financiera de los Estados Unidos (otra forma de profundizar los compromisos con los intereses geopolíticos de ese país). En ese sentido, por ejemplo, el Ministro de Seguridad de Honduras, cuyo gobierno ha demostrado sus afectos por los militares norteamericanos, aseguró recientemente que esa cooperación financiera debía pasar de los $200 millones de dólares actuales, a $900 millones de dólares.
En la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, celebrada en San Salvador en días pasados, también abundaron los diagnósticos sobre la delicada situación que experimenta Centroamérica: asediada por la inseguridad ciudadana, la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico. En este foro, como era de esperarse, las posibles soluciones no pasaron del ya reiterado –pero todavía poco efectivo- compromiso de los Estados miembros para diseñar un plan regional de seguridad, que se dará a conocer hasta el próximo año en Bolivia.
Fuera del frenesí mediático, el manejo político del tema o las declaraciones diplomáticas, y por supuesto, sin menospreciar el dolor que provocan las muertes cientos de familias, es claro que algo no anda bien en los discursos que enuncian a Centroamérica como región “fallida”. Y no anda bien porque periodistas, políticos, militares, policías y diplomáticos padecen de una sospechosa tendencia a eximir de juicios críticos al modelo económico y social -propio del capitalismo neoliberal de nuestros días- que incuba a criminales, narcotraficantes y toda clase de organizaciones delictivas.
Porque, ¿quién podría negar que el narcotráfico, a pesar de su ilegalidad e informalidad, no es hoy un componente central de la economía capitalista, que moviliza miles de millones de dólares anuales en todo el mundo? Y la violencia que desatan las rivalidades y la lucha por mercados entre bandas del crimen organizado, ¿acaso no tiene un inocultable contenido de clase? Basta con repasar el perfil socioeconómico de las víctimas de las masacres: se asesina sin piedad a campesinos e indígenas, pero no a los terratenientes; y en los registros de muertos, abundan las legiones de reclutados del pobrerío urbano, pero difícilmente se encontrarán ejecutivos de compañías transnacionales, banqueros o inversionistas extranjeros.
¿Es inocente, entonces, ese modelo de sociedad neoliberal, de democracia restringida y procedimental, que hace del mercado un dios, del éxito a toda costa el supremo valor, y del egoísmo una religión? Con Estados encorsetados por el neoliberalismo, no es posible desarrollar una política social, económica y cultural coherente con las expectativas de bienestar de los pueblos. Desgraciadamente, tal perspectiva está ausente en el debate sobre la violencia y el narcotráfico en Centroamérica, y más bien, se imponen los enfoques militaristas y policíacos.
En todo caso, resulta evidente la necesidad de recuperar las capacidades –o construirlas allí donde sea necesario- de los Estados para atender las necesidades de amplios sectores de la población, afectados por la pobreza, la falta de oportunidades, el abandono y la desigualdad. Está ampliamente documentado que allí donde el Estado no llega, o pierde el control de zonas urbanas y rurales, los narcotraficantes expanden su dominio.
Es un error pensar que solo con más militares y policías, más fusiles y equipos de inteligencia y espionaje, o con leyes más estrictas y políticas de cero tolerancia, se resolverán las desigualdades que traspasan y fracturan las sociedades centroamericanas, y que están en la raíz de los problemas profundos de la región. Sin justicia social, democracia auténtica y participativa, sin abolir el racismo y la segregación cultural, sin redistribución de la riqueza, ningún plan de seguridad será sostenible en el largo plazo.
A lo que se debe aspirar es a transformar radicalmente las históricas estructuras de exclusión y desigualdad de Centroamérica. Lo demás, es el intento de poner un parche más en eso que Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, bien ha definido como una red llena de huecos.
