“El voto nulo” es una
acción desatinada, políticamente irresponsable, porque supone dejar el campo
libre a las fuerzas que obstaculizan perversamente una recomposición o
reestructuración del Estado de derecho, antes que pelear hasta el último voto
para allanar el camino de aquellas fuerzas opositoras no tradicionales con
reales intenciones de generar cambios en las estructuras de poder dominantes.
Byron R. Barillas Girón* / Especial para Con
Nuestra América
Primera observación
Hay que decir, sin
pretensiones descalificadoras y más bien con espíritu constructivo, que en la
coyuntura política actual de cara a las próximas elecciones guatemaltecas, las
posturas políticas de los sectores y fuerzas sociales que han logrado
estructurar partidos opositores emergentes, no tradicionales, como es el caso
del MLP (de base rural y campesina) y SEMILLA (de base urbana y clase media), además
de aquellas otras expresiones de izquierda con alguna trayectoria político
electoral, ponen en evidencia, la falta de voluntad política para configurar un
proyecto aglutinador, que conjugue
intereses de clase con intereses nacionales estratégicos, que por ahora otorgue
menor relevancia a la lucha ideológica izquierda-derecha en función de un proyecto de transición, que desde el
poder, allane el camino primero y siente bases de transparencia y democracia,
en cuyo marco las distintas corrientes de pensamiento de esta oposición encuentren
asidero y puedan expresarse pero no con
discursos sino con hechos, con programas de trabajo.
En política, es
esencial distinguir entre las alianzas para llegar al poder y los consensos
para gobernar. Las alianzas deberán garantizar el voto masivo, los consensos la
gobernabilidad.
Cuando decimos fuerzas
políticas con estructuras partidarias emergentes, no tradicionales, se hace
referencia a aquellos sectores sociales participantes en la contienda
electoral, que han marcado la cancha y muestran un distanciamiento real de los sectores
y partidos tradicionales de la derecha y extrema derecha, a sabiendas de que éstos
últimos, todos, están plagados de corrupción, insensibilidad social, acríticos y
cómplices de un sistema político dominante en donde la oligarquía, la mafia y
los militares que comparten el poder, han desfigurado y cooptado el Estado, han
expoliado los recursos públicos que pertenecen a la sociedad, erosionando la
frágil institucionalidad democrática que se aspiraba construir después de los
Acuerdos de Paz.
Segunda observación
La lucha contra la
corrupción es una acción legítima y necesaria, es parte del compromiso político
de quien aspire cambiar el ocaso del Estado de Derecho en Guatemala, quien
aspire revertir la prostitución de la política y la podredumbre de los
gobernantes que exhiben su desfachatez y descomposición moral a granel, con
mayor intensidad en la última década, aunque se sabe es un mal endémico. Pero la lucha contra la corrupción, no es o
no podría ser el proyecto político, es un medio y no un fin.
La propuesta debería
perfilarse como un proyecto político transicional de corto y mediano plazo, que
comience por rearticular la institucionalidad pública, es decir que comience
por devolver a las instituciones públicas su función de servicio a la
ciudadanía y no como fuente de enriquecimiento, tráfico de influencias y compadrazgos
para beneficio de individuos y grupos en el poder. Que reestructure y reordene
las finanzas públicas haciendo uso del ordenamiento jurídico y no al margen de
éste. Que con criterios realistas y sólidos estudios técnicos defina los
recursos del presupuesto nacional destinados a programas sociales básicos. Una
visión de crecimiento económico con desarrollo.
En síntesis, una transición
de corto y mediano plazo, orientada a remontar las estructuras de lo que hoy apenas puede considerarse un
Estado liberal en su forma más primitiva, al que se le ha impedido evolucionar
al menos hacia un Estado Liberal de derecho y siente las bases de un sistema político
democrático inclusivo. Inclusivo, porque
ninguna agrupación política en este momento histórico, puede pretender gobernar
sin la participación de diversos sectores sociales que ejercen influencia en el
equilibrio de fuerzas y son determinantes el desarrollo socioeconómico del
país. Inclusivo políticamente, porque en él tiene cabida la izquierda, los
progresistas e incluso individuos de derecha comprometidos con el cambio.
Tercera observación
Seguir el camino de una
lucha ideológica sectorial y sectaria, de un caciquismo que aunque tenga
probidad política y moral, no cede a la tentación de los egos y la arrogancia
de considerar que no tiene por qué hablar con el otro, “porque soy a quien
tienen que buscar”, porque soy el auténtico, el legítimo, solo expresa la
incapacidad de generar alianzas tácticas con fines estratégicos, en lo cual la
derecha política tradicional nos lleva la delantera y por eso se mantiene en el
poder. Y eventualmente, de llegar a gobernar alguna de estas fuerzas emergentes
comprometidas realmente con el cambio, pero unilateralmente, sin alianzas y
consensos mínimos con las otras fuerzas, será cuesta arriba, sometidos al
cercamiento del poder legislativo desde donde justamente, la podredumbre tiene
cooptado al Estado. Un poder Ejecutivo
sin respaldo Legislativo está condenado al fracaso, a la ingobernabilidad, máxime
en Guatemala, en donde las bancadas diputadiles de la vergüenza conocen su
oficio y saben como batallar con la correlación y “la condensación de fuerzas”
que como bien señala el teórico marxista Poulantzas, es una de los factores
esenciales que caracterizan al Estado y permiten o no gobernar.
Corolario
Valga decir, después de
Álvaro Colom al frente de la UNE, los guatemaltecos vuelven a contar con
alternativas de voto que den oportunidad de gobernar a organizaciones
partidarias no tradicionales, independientemente que éstas no alcancen un
proyecto conjunto. Desde esta perspectiva
“el voto nulo” es una acción desatinada, políticamente irresponsable,
porque supone dejar el campo libre a las fuerzas que obstaculizan perversamente
una recomposición o reestructuración del Estado de derecho, antes que pelear
hasta el último voto para allanar el camino de aquellas fuerzas opositoras no
tradicionales con reales intenciones de generar cambios en las estructuras de
poder dominantes. En otras palabras, promover el “voto nulo” significa castrar
la posibilidad de ejercer los derechos políticos ciudadanos de forma
responsable e inteligente, utilizando argumentos maniqueos, animados únicamente
por el boicot, cuyo resultado es indefectiblemente la incertidumbre e incluso
se podría colapsar el sistema electoral si el cálculo numérico funciona, pero
todo esto, para que el final los mismos sigan gobernando.
En los años 70 y 80 el
proyecto político estaba claro, era un proyecto revolucionario para tomar el
poder por la vía armada, un proyecto liderado por la izquierda y en el cual
confluyeron diversos sectores sociales dispuestos a dar su vida por un porvenir
de justicia y menor desigualdad. Hoy, un
proyecto político de transición para
sentar bases de un Estado de Derecho y un funcionamiento aceptable de la
democracia formal, es un cambio revolucionario en las actuales condiciones y
por ello, es también una lucha frontal (aunque no militar) en donde sus
detractores de la oligarquía, la mafia y la clase media reaccionaria no cederán
fácilmente.
*Sociólogo
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