sábado, 21 de noviembre de 2026

Centroamérica: dos asesinatos sintomáticos

Independientemente del perfil ideológico, el lugar que ocupaban Solórzano Foppa y Rodríguez en el entramado político de sus respectivos países y las diferencias nacionales coyunturales, ambos asesinatos evidencian que en Centroamérica el crimen organizado es omnipresente, y que no vacilará en quitar del medio a quien crea que lo entorpece en sus negocios.

Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

El 16 de noviembre pasado fue asesinado por sicarios a sueldo el periodista costarricense Camilo Rodríguez. Fue un crimen como muchos otros que conocemos en Centroamérica; una pareja de motociclistas lo emboscó mientras conducía en el denso tránsito de una ruta de salida de la ciudad de San José, y le dejaron ir una lluvia de balas que no le dejó ningún chance de salir con vida.
 
Camilo Rodríguez era un periodista que en los últimos años utilizó las redes sociales para difundir fuertes señalamientos, denuncias públicas y críticas contra supuestas redes del crimen organizado y funcionarios corruptos. No escatimaba la denuncia de nombres, situaciones ni lugares en una actividad frenética que muchos catalogaron de suicida. Ante amenazas de muerte cada vez más frecuentes, la Fiscalía General de la República le ofreció protección que rechazó.
 
Fueron tantas y tan variadas sus acusaciones de supuestas irregularidades, tantas las personas a las que nombró y tantos los intereses políticos que tocó, que una vez asesinado hay espacio para que por todas partes salten quienes señalen a sus contrincantes políticos como los asesinos.
 
Lo que sí es seguro es que en el centro de sus acusaciones estaba el crimen organizado y los vínculos que ha establecido con quienes ostentan el poder político. Costa Rica es un país en el que este ha penetrado todos los estratos sociales y políticos. De ser un país tranquilo, que se vanagloriaba de haber quedado al margen de la violencia característica de sus vecinos centroamericanos, ha pasado a constituirse en el segundo país más violento de Centroamérica con una tasa de 17,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.
 
Según informes del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) adscrito a la Universidad de Costa Rica, una parte muy significativa de la población (cercana al 45% en mediciones recientes) percibe la inseguridad como el principal problema nacional. 
 
Hay varias razones que se encuentran en su base. Especialistas señalan que el problema responde a factores profundos: 1) el debilitamiento de la inversión social y reducción de recursos en educación y programas de prevención y apoyo social; 2) vulnerabilidad por altas tasas de desempleo juvenil (superiores al 20%) y deserción escolar, lo que facilita el reclutamiento de menores por estructuras criminales; y 3) la ubicación geográfica del país, que se encuentra en una ruta clave dentro de la cadena del narcotráfico internacional entre Sudamérica y Norteamérica.
 
Medios y encuestas de opinión han señalado que más de la mitad de la población costarricense duda de la eficacia para combatir esta lacra por parte de las administraciones de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, los dos presidentes bajo cuyos mandatos ha sido más fuerte la ola de violencia e inseguridad. Inclusive, varias medidas que se efectuaron durante el mandato del primero parecieron sugerir que contribuían a facilitar el trasiego de droga.
 
Por su parte, en Guatemala, el 17 de octubre pasado también fue asesinado a mansalva Julio Solórzano Foppa, un abogado también reconocido por denuncias de un tenor similar a las del costarricense Camilo Rodríguez. Su asesinato no se llevó a cabo en medio del tránsito citadino, sino en una cancha de fútbol rodeada de instalaciones militares una mañana de sábado y ante su hijo de 14 años. 
 
Los dos, Rodríguez y Solórzano Foppa, murieron in situ, acribillados por más balazos de los que eran necesarios para matarlos, seguramente para enviar un mensaje de advertencia para todos los que quedamos con vida, pasmados ante tanta violencia e impunidad. 
 
A diferencia de Costa Rica, Guatemala ha sido pasto de la violencia durante toda su vida republicana. Es un país en el que campea la prepotencia y la impunidad, aunque en los últimos años la violencia física, del tipo que alcanzó a Solórzano Foppa, había sido guardada para ciertos sectores de la población, como los opositores a las grandes mineras, las reivindicaciones campesinas y los pueblos originarios. 
 
Para los opositores a las mafias asociadas al Estado se había reservado hasta ahora el lawfare, que llevó a decenas de operadores de justicia, activistas sociales y periodistas al exilio. Así que el asesinato de Solórzano Foppa puede entenderse como un viraje en el modus operandi del crimen organizado.
 
Independientemente del perfil ideológico, el lugar que ocupaban Solórzano Foppa y Rodríguez en el entramado político de sus respectivos países y las diferencias nacionales coyunturales, ambos asesinatos evidencian que en Centroamérica el crimen organizado es omnipresente, y que no vacilará en quitar del medio a quien crea que lo entorpece en sus negocios.
 
Los gobiernos centroamericanos no parecen estar a la altura de las circunstancias, y oscilan entre la adopción superficial y demagógica del “modelo Bukele”, y la apertura de puertas irrestricta ante los Estados Unidos, cuya solución es también violenta y no exenta de complicidades con quienes dicen combatir. Ambas opciones apuestan exclusivamente por la represión y el confinamiento masivo de los supuestos delincuentes.
 
A un mundo ensombrecido por las guerras, la pérdida de límites y los abusos impunes, Centroamérica le añade su granito de arena con este cuadro sombrío. Los dos asesinatos que aquí tratamos, relevantes por ser quienes eran los dos implicados, forman parte, sin embargo, de cientos de casos similares. Son sintomáticos de la descomposición que nos ahoga, que incluso a alcanzado a la otrora “suiza centroamericana”, vergel de paz, país más feliz del mundo, país inspirador del “pura vida”.

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