Una gran ola xenofóbica se ha levantado en Panamá. Cuando parecían
pasados los conflictos por la masiva llegada de venezolanos, porque
el flujo migratorio de ese país ha disminuido notablemente desde que se impuso
la visa hace 2 años, la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD),
y primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Zulay Rodríguez Lu, ha
vuelto a levantar la xenofobia con más bríos por medio de un anteproyecto de
ley draconiano contra los migrantes pobres.
Olmedo Beluche / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad
Panamá
Una campaña plagada de mentiras
Para justificar las propuestas de endurecimiento de la legislación
migratoria se ha lanzado una campaña masiva por los medios formales y
alternativos para crear un ambiente propicio cimentado de falacias y mentiras
descaradas. La campaña se sustenta en afirmaciones como que los inmigrantes,
sobre todo venezolanos, ofenden a los nacionales, nos irrespetan y desprecian
nuestras leyes. A lo que se suma el mito de que “nos quitan los puestos de
trabajo” y que el creciente número de delitos es producido por extranjeros.
La diputada Rodríguez, en una entrevista en un canal televisivo
internacional, llegó a afirmar que en Panamá había 1 millón de extranjeros,
pero los mismos medios xenófobos estiman, sin confirmación oficial, la reciente
ola migratoria en unas 140 mil personas, lo que apenas representaría el 3,5%
del total de la población del país. Es poca gente, pero sirve para distraer a
los incautos respecto a los verdaderos responsables que permanecen intocables
de las disparidades sociales. Así que los migrantes pobres se han convertido en
chivos expiatorios.
El “enemigo” son los migrantes pobres
Parece que Panamá se ha vuelto una sucursal de los Estados Unidos de
Donald Trump, o de la Alemania de Hitler, en la que los migrantes de los
países hermanos deben andar con temor, ya que a diario se producen incidentes.
La diputada Rodríguez Lu, quien es descendiente de inmigrantes chinos
por la vía materna, y los grupos organizados de xenófobos que la apoyan, se han
ocupado de focalizar la campaña contra el migrante trabajador y pobre, y
expresamente defienden la inmigración empresarial (“vienen a invertir”), e
indirectamente de europeos blancos, contra la que no se dice nada, pese a un
aumento significativo de españoles que llegan a Panamá.
Una ley draconiana
El anteproyecto de ley consta de 17 artículos que reforman la
legislación vigente y la hacen muy difícil de cumplir para el migrante
trabajador. En el artículo 1 deja claro el interés de ciertos grupos de
abogados que, en los últimos diez años, han combatido el programa denominado
“Crisol de Razas” porque les quitó el negocio de tramitar los papeles de
residencia y los permisos laborales para extranjeros, ya que se ha estado
realizando de manera casi gratuita directamente por las autoridades de
migración. Se obliga en ese artículo a la regularización “a través de abogado
idóneo”.
El artículo 2 crea el Servicio Nacional de Migración y lo adscribe al
Ministerio de Seguridad Pública. El art. 4 crea la llamada Unidad Migratoria de
Acción de Campo (UMAC) como una especie de corporación cuasi policial que
vigile el cumplimiento de la legislación por los migrantes y persiga a los
migrantes que no cumplan con las normas.
En 6 meses, desde la entrada en vigencia de la nueva ley el migrante
deberá entregar: “comprobante de domicilio”, que consiste en contrato de
arrendamiento o factura de servicio público; permiso de trabajo; comprobante
legal de su fuente de ingreso no menor al salario mínimo; Paz y Salvo nacional
de rentas; inscripción como asegurado en el sistema de la Caja de Seguro Social
que compruebe pago mínimo de 6 cuotas (mensuales). Todo lo cual debe
actualizarse anualmente (Art. 5).
Quien conoce las difíciles condiciones de vida y trabajo de un migrante
sabe que conseguir el cúmulo de requisitos que se pretenden pedir es casi
imposible. Muchos son superexplotados por los empresarios, no reciben el
salario mínimo legal, o sufren la inestabilidad laboral siendo constantemente
despedidos y recontratados, o directamente los patrones les roban sus cuotas
del seguro social.
Así que es fácil vaticinar que la nueva legislación conseguirá lo
contrario del fin que se propone expresamente, la regularización de los
inmigrantes, los cuales en su mayoría cumplen con los actuales requisitos y
están inscritos por la vía del programa Crisol de Razas. A menos que el
objetivo oculto de la ley sea justamente que no puedan cumplir con la nueva
normativa para justificar su expulsión, piensan algunos.
El incumplimiento involuntario de estos requisitos, que además deben
tramitarse con abogado de por medio y sus “honorarios”, y quien no posea la
documentación actualizada, acarrea una multa de 500 dólares (Art. 8). Y otros
500 dólares para el nacional o extranjero que se haya hecho responsable por el
migrante que incumpla la legislación, incluida la inhabilitación (¿de funciones
públicas?) hasta que pague (Art. 7). Lo cual dificultará que nacionales decidan
respaldar a algún migrante.
El Artículo 9 sanciona al migrante que practique “directa o
indirectamente el ejercicio de una profesión liberal reservada según la
Constitución Política, para los nacionales panameños”.
La apelación al patrioterismo mientras se entrega el país a intereses
imperialistas
El Artículo 13 llega al paroxismo xenofóbico cuando en su acápite 7
dice: “Aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensa e
insultos hacia la nacionalidad panameña”, los equiparan con quienes
delincan y no cumplan la legislación, “… serán deportados inmediatamente
del territorio nacional”.
¿Qué se entiende por “ofensa o insulto”? Entramos al terreno de las
subjetividades, pues la queja más usual que se escucha es de los venezolanos
que reclaman atención correcta y eficiente en almacenes y lugares de atención
al público. Queja que compartimos muchos nacionales, dada una cultura de la
grosería por parte de algunas personas. ¿Un migrante no podrá quejarse jamás de
algo que no le satisfaga?
El Artículo 14 establece que “el extranjero que haya sido deportado
no podrá ingresar al país en un lapso de diez a quince años”. Sin mediar
consideración, reconsideración, ni apelación alguna, ni siquiera que tenga
familiares en la República de Panamá.
Ningún artículo del anteproyecto de ley de la diputada Zulay Rodríguez
va contra los intereses de grandes capitalistas extranjeros que controlan un
alto porcentaje de nuestra economía y someten al saqueo nuestros recursos.
No hay que olvidar que fue un gobierno del partido de la diputada
Rodríguez el que desnacionalizó las empresas públicas y las entrego a empresas
transnacionales. La electricidad y la telefonía nacionalizadas por Omar
Torrijos en los 70, fueron privatizadas por el partido que fundó, irónicamente.
Por supuesto, contra esos empresarios extranjeros no va el anteproyecto xenofóbico,
sino contra los migrantes de la clase trabajadora.
La xenofobia en Panamá es de vieja data
En el pasado nuestro país ha sufrido otras oleadas xenofóbicas. Un año
después de que Estados Unidos nos separara de Colombia para construir el canal
controlado por el Pentágono, se emitía la Ley 6 de 1904, que impedía el ingreso
al país de “norteafricanos, turcos y orientales o asiáticos”. Es probable que
los antecesores de la diputada Rodríguez Lu fueran víctimas de aquella ola
xenofóbica. Ironías de la historia.
El diputado Pablo Arosemena, el xenófobo de entonces, intentaba impedir
la entrada de chinos principalmente, a la vez que intentaba promover la llegada
de europeos blancos para lograr un “cruzamiento” que “cambiaría las condiciones
físicas del pueblo del porvenir” (Pizzurno, P. Memorias e imaginarios de
identidad y raza en Panamá. Siglos XIX y XX. Colección Ricardo Miró. Premio
Ensayo 2010).
En los años siguientes las víctimas de la ola xenofóbica pasaron a ser
los negros antillanos de habla inglesa que se quedaron a vivir en el Istmo
después de terminada la construcción del Canal de Panamá. En los años 20, 30 y
40 se organizaron diversos movimientos que buscaban la expulsión de los
migrantes antillanos. El Movimiento de Acción Comunal y la posterior Doctrina
Panameñista, elaborada por el ex presidente Arnulfo Arias llevaron esa política
racista y xenofóbica al máximo, aunque fracasaron.
La Constitución Política de 1941 declaró a los negros de habla inglesa y
a los chinos como “razas indeseables”. A los chinos principalmente se les
expropiaron negocios y se les prohibió el comercio al detal. Las deportaciones
de antillanos no se realizaron porque Arias fue depuesto por los
norteamericanos que controlaban el país por sus simpatías hacia Hitler (no por racista,
que no es lo mismo).
La izquierda y el movimiento popular deben tomar posición frente al
problema
Frente a la ola xenofóbica, con ribetes facistoides, semejante a la que
recorre Europa y Estados Unidos, la izquierda y las organizaciones populares
deben elaborar una respuesta unitaria y contundente. Al igual que en otros
países, en Panamá muchos trabajadores han sido manipulados para convencerles de
que sus enemigos son sus hermanos de clase de origen extranjero.
Hay que corregir la falsificación ideológica que pretende convertir la
xenofobia contra humildes trabajadores como si se tratara igual que la lucha
por la soberanía contra Estados Unidos en la Zona del Canal. Por el contrario,
los políticos que aúpan la actual histeria xenófoba son los que promueven la
entrega del país al capital transnacional.
Panamá, 16 de julio de 2018
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