Las evidencias del intento de destituir a Petro y el reclamo de su gobierno generaron una aguda crisis diplomática, cuyos resultados son inciertos.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde Colombia
Dos graves acontecimientos ocupan la atención pública, en Colombia y la región. Primero, la concreción del empeño de la ultraderecha de impedir a como dé lugar que Petro termine su mandato. Segundo, el nuevo enfrentamiento político y diplomático entre Colombia y EE. UU, al parecer más grave que los anteriores.
El pasado 29 de junio el diario El País publicó un artículo con unos audios en los que Álvaro Leyva, excanciller de Petro, se refiere a la necesidad de buscar los mecanismos para lograr que el presidente salga de su cargo.
Después de su paso por el gobierno, se convirtió en su enemigo acérrimo. Publicó tres cartas en donde lo acusa, sin prueba alguna, de ser drogadicto e incapaz de cumplir con sus obligaciones.
En el artículo queda en claro la seriedad de su propósito. Fuentes interrogadas por Quesada, su autor, le confirmaron que en abril pasado Leyva se reunió con asesores cercanos a Trump, incluido Marco Rubio, y con congresistas, para buscar su apoyo.
Destaca que el exministro, convertido en conspirador, les insistió en la importancia de dicha ayuda y en que el presidente no tendría capacidad de respuesta.
Asimismo, Leyva habla de la necesidad de convocar a un “acuerdo nacional” a actores armados (ELN y Clan del Golfo), y desarmados: candidatos de la derecha, dirigentes gremiales, personas representativas. La intensificación de la actividad de los grupos armados resulta por lo menos sospechosa.
El nivel de cinismo e indignidad de Leyva no tiene límite. El sábado pasado, en una larga entrevista en Semana, señaló que continuará trabajando para que el presidente no acabe su gobierno. Añadió que no se trataba de un golpe, porque el golpista era Petro, sino de la “búsqueda de una colaboración armónica”, mediante “el constitucionalismo dialógico”, para salvar al país.
Concluyó con algo todavía más preocupante en el contexto colombiano: “El presidente se puede enfermar, cualquier cosa le puede pasar (…), se puede morir, por ejemplo”.
Todo este escándalo confirmó que la insistencia del presidente en denunciar el intento de golpe tenía fundamento. No era un delirio, como lo señala la oposición de todos los matices. Pero ahora, a pesar de las evidencias, el rechazo tímido o el silencio cómplice de estos sectores han sido la constante.
Hay otro hecho reciente relacionado. El pasado 23 de marzo, un grupo de congresistas opositores, encabezado por Cepeda, presidente del Congreso, viajó a Washington a reunirse con homólogos estadounidenses, entre ellos Díaz-Balart, presidente del poderoso Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras.
Después de discutir sobre asuntos de la agenda bilateral, como los aranceles y la migración, la delegación colombiana les expresó su preocupación por la cercanía de Petro con Maduro y por el incumplimiento en la erradicación de cultivos ilícitos.
Concluyó con un pedido: “No pueden dejar a Colombia a merced de un gobierno cuya paz total fracasó” e invitaron a Rubio a visitar el país.
Al día siguiente de destaparse el escándalo Leyva, el representante Carlos Jiménez se pronunció: “Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza de que Gustavo Petro es un drogadicto, corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Maduro. Petro ha convertido a Colombia en el hazmerreír del mundo”.
De inmediato, el embajador colombiano en Washington le envió una carta oficial, señalando que estos mensajes, “no solo resultan abiertamente incompatibles con los principios elementales del respeto entre naciones democráticas, sino que —por su tono, su carga infamante y su absoluta desconexión con la realidad— incurren en el agravio personal, el desprecio institucional y la desinformación deliberada”.
“Ante ello (…) corresponde no solo rechazar con firmeza su contenido, sino también reiterar, con total claridad, los fundamentos democráticos, constitucionales y políticos que sustentan la legitimidad del actual gobierno de Colombia”.
Días después, treinta congresistas colombianos enviaron otra misiva al congreso estadounidense, pidiéndole investigar y sancionar a Díaz-Balart, Giménez y María Elvira Salazar por su presunta injerencia en los asuntos internos del país.
Fue entonces cuando Marco Rubio decidió llamar a consultas a su embajador interino en Colombia por las “declaraciones infundadas” de Colombia y anunció “otras medidas para dejar clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral”.
En correspondencia, Petro también llamó a consultas a su embajador en Washington.
De ahí en adelante se intensificaron los ataques por parte de estos congresistas, pero en particular Giménez, cuya arrogancia, vulgaridad e ignorancia compiten entre sí. Veamos solo algunos:
“Petro no puede seguir amenazando a EE. UU. y pensar que puede salirse con la suya”, “Estamos con los colombianos que aman la libertad, no con el narcoterrorista y socialista que vive en la Casa de Nariño”, “Su agenda es peligrosa para Colombia y la región”,“La imbecilidad de Gustavo Petro no tiene límites. ¡Qué pena nos da por nuestros hermanos colombianos que tienen a un drogadicto en la Presidencia vendiéndole el país a los chinos comunistas y ladrones!“.
Todo ello sentenció la crisis diplomática y política
Quienes se abstuvieron de condenar las evidencias del golpe, los mismos que insisten en preservar la institucionalidad, ahora le piden al presidente que pida perdón para conjurar la crisis. Por supuesto que para ellos la dignidad nacional es un chiste.
Sin embargo, el extremo de servilismo e indignidad se expresa en la carta a Marco Rubio, publicada por Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta del gobierno de Duque. Aparece suscrita por 30 exministros y empresarios, quienes en su gran mayoría manifestaron no compartirla o no haber sido consultados.
“Queremos significarle que la postura desafiante, agresiva y desobligante del gobierno del presidente Gustavo Petro hacia EEUU no representa a los colombianos y colombianas”, señala.
Podemos concluir señalando que Washington no es para nada ajeno al intento de desestabilizar al gobierno, en el que está empeñada la ultraderecha colombiana. El resultado de la confrontación actual es impredecible, preocupante para Colombia, por lo que se requiere estar alerta.
Petro le envió una comunicación a Trump ayer, ratificándole una invitación que le había hecho el pasado 23 de junio, proponiéndole una cumbre entre la CELAC y EE. UU. para discutir los asuntos de interés común, de igual a igual.
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