En Guatemala, se está entrando en la etapa decisiva en la que se definirá, seguramente, el futuro de los próximos diez o veinte años. Se trata de la confrontación entre una forma de hacer política apegado a la modernidad republicana regida por el estado de derecho, y la que sigue arrastrando las rémoras que vienen del pasado oligárquico autoritario con ecos coloniales.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
Durante toda la segunda mitad del siglo XX se pagaron las consecuencias de la imposición de ese proyecto que se impuso a sangre y fuego y que solo retrocedió parcialmente cuando le convenía tácticamente. Así la llamada apertura democrática a partir de la mitad de los años ochenta, un proyecto salido del seno de los militares que se dieron cuenta que les era imposible seguir con el proyecto genocida que llevaban adelante.
Más adelante, no tuvieron más alternativa que aceptar con recelo las llamadas a cuenta que se les hicieron por los crímenes cometidos en la segunda mitad del siglo XX y por la corrupción que había permeado las estructuras del Estado. Esperaron el momento oportuno, y se desembarazaron en 2019 del principal instrumento que los ponía en evidencia y los llevaba al banquillo de los acusados: la CICIG.
Desde entonces, sintiéndose con las manos libres, quienes hasta entonces estaban amenazados ante la posibilidad de ser llamados a cuentas se desbocaron. Han conformado lo que ahora se conoce como el Pacto de Corruptos, un conjunto de interesados en mantener la impunidad y perseguir penalmente a quien se le oponga.
Apertrechados en el Ministerio Público, utilizan de manera espuria los mecanismos que les brinda el aparato jurídico del país. Sin embargo, en principio, tendrían los días contados: en unos cuantos meses termina el período para el que fueron nombrados sus máximos cabecillas, y quedarían ante la posibilidad de ser llamados a cuentas.
Pero, como gatos panza arriba, intentan revertir a su favor a toda costa la marcha de los acontecimientos, y atacan denodadamente a quien debería dictar la sentencia final: el poder ejecutivo, en el que en el 2023 fue electo un grupo político que busca frenar sus desmanes, e intenta construir lo que en Guatemala nunca ha habido plenamente: un estado de derecho.
Al ejecutivo encabezado por Bernardo Arévalo le compete esta tarea. Llegó al gobierno con esa promesa y recibió el apoyo mayoritario de una ciudadanía cansada de gobernantes autoritarios y cleptómanos. Es, sin embargo, un gobierno desgastado, y ha perdido mucho del apoyo que se le dio en 2023 ante las dificultades que sufrió para que le dieran el poder.
Pero la coyuntura en la que se encuentra el país es determinante: de lo que suceda ahora depende que se afiance uno u otro rumbo en los años venideros. Como nunca antes, hay la posibilidad real de ponerle un alto a las fuerzas oscurantistas, pero eso solo será posible con el apoyo decidido de la ciudadanía que en el 2023 supo imponer el respeto a la voluntad que había expresado en las urnas.
No se trata solo ni, en primer lugar, de defender al gobierno actual, sino de defender un rumbo de futuro en el que puedan abrirse vías de convivencia democrática moderna. Ojalá podamos entender esto con claridad y actuemos en concordancia.
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