De aquí a la mitad del año observaremos sin lugar a dudas un escenario político en el que las tensiones irán en crecimiento.
Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica
Guatemala ha entrado en un momento sumamente peligroso para la posibilidad de avance de su institucionalidad democrática. En los próximos meses se renovarán los puestos directivos de instituciones muy importantes de su aparato estatal, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, gran parte del cual ha estado tomado hasta ahora por fuerzas asociadas al crimen organizado.
La decisión de los guatemaltecos de elegir al actual presidente de la República Bernardo Arévalo en 2023, desbancando a otros candidatos y candidatas que formaban parte de ese conglomerado llamado Pacto de Corruptos, fue un duro golpe a sus aspiraciones de controlar íntegramente el aparato estatal.
Ahora, maquinan para evitar perder los baluartes que mantienen en esas instituciones. Cuentan para eso con un mecanismo montado por años, intereses coaligados, recursos para coaccionar a los indecisos. Es un cuadro de situación que, con sus características particulares, reproduce una tendencia presente en toda América Latina que se conoce con el nombre de lawfare, que refiere al uso estratégico y abusivo de procesos judiciales con fines políticos para dañar, desprestigiar, deslegitimar o neutralizar a un adversario político, o social transformando disputas políticas en causas legales y creando una percepción de legitimidad. Es una forma de persecución política o "golpe blando".
Con una tradición de autoritarismo y uso de la violencia, en Guatemala esas estrategias se combinan con otras que estas fuerzas ya han usado en el pasado, que llevan a cuadros de situación como los que se han observado en el país a partir del 17 de enero pasado: hubo una sublevación en algunas cárceles de criminales conocidos como “mareros”, es decir, integrantes del crimen organizado, especialmente de las maras MS-13 y Barrio 18, que dijeron protestar por el traslado de una prisión a otra de algunos de sus cabecillas y, un poco más tarde, una oleada de atentados contra fuerzas de seguridad policiales en la que resultaron muertos nueve policías.
Todo lo anterior estuvo acompañado por acciones de guerra sicológica en redes sociales: se conminó a la población a no salir a las calles por razones de seguridad, y asociaciones de extrema derecha llamaron a la renuncia del presidente por no poder ofrecer seguridad a la ciudadanía.
Un golpe blando en toda forma.
El Gobierno de Bernardo Arévalo respondió imponiendo por un mes el estado de sitio, lo cual aligera trámites judiciales para mejor enfrentar la situación. Es la más contundente respuesta a un estado de cosas que viene escalando desde que llegó al Gobierno, pero sus recursos son limitados y tienen una desventaja esencial frente a las acciones del Pacto de Corruptos: se atiene a las reglas de la institucionalidad democrática, lo cual es natural ya que su principal esfuerzo se dirige a afianzarla, mientras sus contrincantes utilizan todos los mecanismos a su alcance, sobre todo los ilegales.
Es una caso de tigre suelto contra burro amarrado.
De aquí a la mitad del año observaremos sin lugar a dudas un escenario político en el que las tensiones irán en crecimiento. El Pacto de Corruptos siente que puede perder, aunque sea parcialmente, espacios de poder, y no cejará en sus intentos de desestabilizar y eventualmente defenestrar al Gobierno de Arévalo. Este debería apoyarse con mayor fuerza en la ciudadanía que le dio su apoyo en las elecciones de 2023 e instarla a que se movilice, puesto que en el pasado ya se vio que su presencia y accionar puede llegar a ser fundamental para dirimir encrucijadas.
Seguramente de este tipo de movilizaciones puede salir lo que es necesario en el país: un gran frente amplio que haga sentir su fuerza en las calles, en las elecciones y en circunstancias coyunturales como las que se viven ahora. Es la única alternativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario