El fin de la lucha contra la
impunidad será tan destructivo como el más poderoso de los huracanes.
Carolina Vásquez Araya / www.carolinavasquezaraya.com
En Guatemala se vivió
un período extraordinario durante el cual salieron a la luz, por primera vez y
con evidencias contundentes, las redes intocadas de corrupción e impunidad
entre los sectores político y empresarial. Las escandalosas revelaciones de
negocios ilícitos desde las organizaciones del sector privado y funcionarios
públicos –algunas de las cuales se sospechaban desde mucho antes- abrieron un
boquete en el sistema blindado construido por quienes poseen la riqueza y
quienes operan los poderes del Estado. Este tsunami de denuncias, la mayoría de
las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel para un número inaudito
de intocables, despertó la conciencia de la ciudadanía y sacudió una modorra de
siglos.
Las investigaciones
llevadas a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala,
Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, recibidas con expectación y
esperanza por un pueblo agobiado por la pobreza, la injusticia y los abusos
desde los círculos de poder fueron, sin embargo, el detonante que puso en
marcha todos los recursos de las mafias.
Estas, conscientes de la amenaza que significaba la permanencia de la
Comisión, utilizaron hábiles estrategias para dividir a la opinión pública
debilitando así cualquier intento de movimiento popular capaz de poner en
peligro sus planes. De este modo y de manera irregular, violando acuerdos
internacionales, pusieron fin a la misión de la Cicig consolidando así su reino
de la total impunidad.
Lo que espera a
Guatemala a partir de la elección de un equipo de gobierno cuyo perfil revela
el continuismo del sistema, es el acelerado empoderamiento de un sector
económico enfocado en la explotación máxima de su influencia sobre las
políticas públicas y la protección de sus redes en todos los estamentos del
Estado, incluyendo por supuesto al sector justicia. Para el pueblo de Guatemala
la salida de la Cicig –forzada por el gobierno más corrupto y descaradamente
destructivo de los últimos tiempos- será un regreso a los períodos oscuros de
los regímenes autoritarios, con la pérdida de libertades y derechos ciudadanos
como primera medida de las nuevas autoridades.
Si la presencia de la
Cicig fue dolorosa para las organizaciones criminales enquistadas en la
institucionalidad, su ausencia constituye la amenaza de un huracán categoría 5
para la precaria sostenibilidad de los entes en donde se apoya el débil sistema
democrático y la vida social, económica y política de ese país centroamericano.
A ello es preciso añadir la amenaza implícita en el absurdo acuerdo de declarar
“tercer país seguro” al más inseguro, peligroso y empobrecido de la región y
convertirlo en centro de concentración para migrantes pobres, desesperados y
perseguidos, cuyas mínimas perspectivas de conseguir la visa de ingreso a
Estados Unidos auguran una estancia prolongada.
La contradicción entre
los intereses de grupo y los de todo un país quedan en evidencia al observar
cómo las huestes defensoras del sistema de privilegios y saqueo de los recursos
nacionales han reaccionado ante el cierre de operaciones de la Comisión, pero
especialmente ante el fin de la misión del Comisionado Iván Velásquez, quien
representó para esas estructuras el mayor de los peligros. Sin embargo lo
hecho, hecho está; y será muy difícil hacerse el desentendido ante un panorama
que gracias a profundas y bien desarrolladas investigaciones, denuncias y
procesos, es ya parte de la historia política y jurídica de Guatemala.
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