La vida confirma lo que ya decía Marx desde el siglo XIX: el capitalismo es la ley de la selva en economía. Si queremos una sociedad donde lo priotario sea la vida de la gente, el bienestar y la justicia social, basados en la administración racional de los recursos naturales y económicos, no pueden seguir gobernando los capitalistas y sus agentes.
Olmedo Beluche / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
A la memoria de Marco Gandásegui
Las epidemias siempre han existido y seguirán existiendo por dos motivos básicos. Por un lado, vivimos en la naturaleza y somos parte de ella, junto con las bacterias y los virus. Por otro, somos seres sociales, convivimos e interactuamos en colectividad. Esta es la principal característica que ha hecho fuertes a los humanos por encima de otras especies, pero de ella también se aprovechan virus y bacterias para transformarse en epidemias y, gracias a la globalización, en pandemias.
Las ciencias - y en particular las médicas – nos proporcionan hoy las armas para combatir las epidemias y sobrevivir como especie. La medicina, sin emabrgo, no puede resolver cómo se reparte la carga social de la pandemia en el terreno económico. Eso pertenece al campo de la política y se decide en el enfrentamiento entre la clase económicamente dominante, y quienes desde abajo se les oponen y resisten defendiendo sus derechos, luchando por un mundo distinto. En esto consiste la lucha de clases.
En Panamá eso se ha visto plenamente confirmado con el manejo que ha hecho el gobierno Cortizo-PRD de la epidemia del COVID-19. Nunca antes fue tan evidente para la absoluta mayoría de las personas en este país que el gobierno defiende primordialmente los intereses de la clase dominante, así sea a costa de la vida de las clases populares. Primero el mercado y el capital que la vida y la salud.
El capital financiero ha sido el niño mimado del gobierno, A los banqueros se les ha permitido utilizar más de mil millones de las reservas que debían estar como garantía de los ahorros depositados y, como a todos los empresarios, postergar el pago de impuestos y la cuota patronal del seguro social. En medio de la crisis, ellos decidan la relación con sus clientes respecto a deudas e hipotecas. No en balde los bancos reportaron utilidades por B/. 1,800 millones de dólares en 2019.
También están contentos los especuladores financieros internacionales. Este es el gobierno que con mayor rapidez ha endeudado al país: 2000 millones en bonos a mitad de 2019; otros 2500 millones en bonos en marzo-abril de 2020; 300 millones con el BID; 500 millones con una agencia del Banco Mundial; 500 millones con el FMI.
Sumados estos números a la deuda previamente acumulada, superan los B/ 30 mil millones de deuda pública, más del 50% del PIB. Si se considera que esta deuda habrá que pagarla en un futuro mediato contra el gasto social, como en otros países del mundo, es para perder el sueño. Solo este año 2020, el gobierno había presupuestado el pago por servicio de la deuda por más de 3,700 millones de balboas.
La otra gran beneficiaria del gobierno ha sido Minera Panamá, que siguió saqueando nuestros recursos sin control del estado, incluso cuando ya se había impuesto la cuarentena a todo el país, hasta que los trabajadores empezaron a enfermar y morir por contagio del COVID. Solo entonces, ante los reclamos de los sindicatos y la ciudadanía, el gobierno impuso a la minera que detuviera sus actividades.
El presidente, por su parte, no ha querido firmar el Proyecto de Ley que establece una moratoria en el pago de servicios públicos, en beneficio de decenas de miles de asalariados que acaban de perder sus empleos por la crisis; de otros miles de micro, pequeños y medianos empresarios que se han visto obligados a cerrar, y de medio millón de cuentapropistas que viven del día a día. En cambio, el 20 de marzo de 2020 el gobierno emitió un Decreto Ejecutivo que suspende los contratos de trabajo de todas las empresas que cierren por la crisis del COVID-19, con lo cual los “empleadores no están obligados a pagar los salarios”. Con esto, quedaron en el desamparo decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país.
A cambio, el gobierno ha ofrecido a los pobres el Plan Panamá Solidario, que les proporciona una bolsa de comida por valor de unos 20 balboas, y un bono de 80 balboas por familia. El gobierno sabe, porque los cálculos los hace el Ministerio de Economía (MEF), que al empezar la crisis el costo de una Canasta Básica de Alimentos en Panamá para una familia promedio de 4 personas era de poco más de B/. 300.00, sin considerar el costo de otras necesidades básicas (Canasta Básica General), que incluye vivienda, electricidad, agua, transporte, vestido, etc. Un bono de B/. 300 no es imposible. Lo están pagando en Costa Rica y otros países de la región: solo hay que decidirse a tomarlos de los B/. 3,000 millones programados para pagar el servicio de la deuda.
La represión, en cambio, ha sido rápida y eficiente. Miles de policías en las calles que, en un mes, ya habían arrestado a más de 20 mil personas por no cumplir la cuarentena. Han sido reprimidas las comunidades que han salido a exigir su bono. Se han comprado miles de dólares en equipos de pistolas “taser” y cámaras que no solo miden la temperatura, sino que identifican a la persona y su lugar de residencia, y se ha hecho gala del lema “proteger y servir” … a la burguesía.
Por otra parte, el “equipo económico” del gobierno no deja lugar a sorpresas. Todos sus integrantes están vinculados a la dirección de la política económica durante los último 40 años. Son los responsables de la debacle social y económica que ha sufrido el pueblo panameño, y del deterioro de los sistemas públicos de salud y educación. Ahora planifican, junto al presidente, la salida económica de la crisis detonada por la pandemia, a través del asalto a las finanzas públicas y a los derechos de la clase trabajadora.
El empresario Carlos González De La Lastra, develó hace poco, lo que podría ser parte de esa salida.[1] Lo fundamental es mantener el apoyo al sector logístico (comercio y servicios) y la inversión pública en grandes proyectos de infraestructura. Y en consonancia con el modelo neoliberal, propuso un estado más pequeño y menos democrático con una Asamblea chica y manejable. Sin duda, tuvo al menos el mérito decir en voz alta lo que los otros piensan.
El diario La Prensa, por su parte, apunta en en un artículo reciente que en los últimos diez años “la planilla estatal aumentó en más de 70 mil funcionarios, hasta alcanzar los 242 mil en diciembre de 2019, y el gasto anual se elevó en más de $2 mil 400 millones, hasta $4 mil 172 millones”.[2] Todo esto abre un abanico de preguntas sin respuesta. ¿Quién va a absorber esa fuerza de trabajo si queda cesante? ¿La empresa privada? ¿Los salarios de los empleados públicos no ayudan a dinamizar la economía?
Lo que se viene es una política económica que seguirá beneficiando a los dueños de la banca, de los puertos y aeropuertos, de los comercios de la Zona Libre de Colón y los capos de la especulación inmobiliaria. Allí darán sus frutos la pérdida de los derechos y conquistas laborales, y el despido de miles de empleados públicos despedidos o que han visto rebajados sus salarios, para asegurar que el déficit no se dispare y garantizar así el pago de la deuda pública y sus intereses a la banca.
La codicia de los capitalistas es tal, que les impide ver cómo su gula pone en jaque el propio sistema capitalista. Ante una crisis crisis sistémica, más explotación y más ganancias implican a un tiempo menos empleos y menos salarios,y menos consumo y mayor reisgo de contracción económica.
La vida confirma lo que ya decía Marx desde el siglo XIX: el capitalismo es la ley de la selva en economía. Si queremos una sociedad donde lo priotario sea la vida de la gente, el bienestar y la justicia social, basados en la administración racional de los recursos naturales y económicos, no pueden seguir gobernando los capitalistas y sus agentes.
El presente y el futuro no tienen que ser esa pesada losa de explotación y miseria para las clases trabajadoras. De la tragedia de la Primera Guerra Mundial nació el primer gobierno de obreros y campesino en Rusia y desaparecieron los imperios. De la desgracia de la Segunda Guerra Mundial nacieron los movimientos de liberación y las revoluciones en China, India, Argelia, Vietnam, etc. De esta crisis debe nacer la conciencia de que necesitamos un gobierno de las mayorías trabajadoras, que nos permita enfrentar nuestros problemas con un plan verdaderamente solidario y socialista.
Esto demanda la unidad de los sectores populares en la lucha contra la pandemia del coronavirus y del gobierno al servicio de los empresarios. Debemos exigir una renta básica universal para todos los afectados equivalente a una canasta básica familiar; la ratificación de los proyectos de ley 287 y 295; seguridad alimentaria para todas las familias comprando toda la producción agropecuaria nacional; cese de la represión y el autoritarismo, y una gestión democrática de la crisis reactivando los comités de salud comunitaria como lo propuso recientemente el Prof. Gandásegui. De esa lucha podrá nacer el proyecto político unitario que proponga al país otro Panamá posible.
Panamá, 24 de abril de 2020.
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