Beneficiar a los que menos tienen, a los de abajo, como ha sido el objetivo del gobierno desde que asumió, es un imperativo que exige no solo decisión política, sino los medios necesarios para poder implementarlo.
Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América
Desde Mendoza, Argentina
En un momento en que todo el sistema educativo de los conglomerados urbanos se realiza a través de estos medios y, donde los docentes cargan con todos los insumos y están dedicados prácticamente las 24 horas del día a disposición de los alumnos, lo menos que puede realizarse – en una nueva etapa de esclavización obrera – contar con ese soporte gratuito, es un paso. Un pequeño paso luego de la devastación neoliberal.
Sin embargo, un pequeño paso, un merecido alivio para millones de argentinos que día a día intentan caminar en una ciénega, calienta los ánimos de la empresas prestadoras que ganaron y ganan de manera escandalosa, a las que se les solicita que reduzcan sus ganancias en un momento crítico del país. Este rentable negocio está en manos de los poderosos de siempre, por ejemplo, tres compañías lideran el servicio de telefonía móvil, que encabezada Movistar, le sigue Claro y luego Personal.
Argentina es uno de los países de la región que más celulares tiene, 39,9 millones, 84 cada 100 habitantes, en tanto usan internet, 80 de 100 habitantes.[2]
Esto dicho así, podría ser interpretado como un adelanto, sin embargo, la penetración de internet en los hogares ronda el 61,4% y el de la conectividad móvil, el 52%.[3]
Números y proporciones que poco explican la conectividad real en un país con un territorio extenso y una distribución de la población altamente concentrada en la CABA, AMBA y unos pocos conglomerados urbanos, en tanto coexisten áreas altamente dispersas en la mayor parte de la geografía nacional. Condiciones éstas que dificultan la implementación de los derechos humanos de manera igualitaria, tanto por distancia como en los diversos estratos de la sociedad.
Beneficiar a los que menos tienen, a los de abajo, como ha sido el objetivo del gobierno desde que asumió, es un imperativo que exige no solo decisión política, sino los medios necesarios para poder implementarlo.
Lo hemos visto con los jubilados y pensionados de la ANSES que todo tienen que hacer en forma virtual y gran parte de ellos no tiene celular o, de tenerlo, no sabe utilizarlo, como tampoco cuentan con familiares o amigos que puedan auxiliarlos en la tarea. Dificultad a la que se suman los habitantes de las zonas rurales, incluidos maestros, alumnos y sus padres que tienen que continuar con sus programas educativos de manera virtual, dado que lo reiterado por el ministro de Educación de la Nación, primero está la salud y luego lo demás. En consecuencia, por ahora no interesa el regreso a las aulas.
Además de todo esto, los maestros, padres y alumnos vienen soportando un cansancio por el largo tiempo que demanda la educación en tiempos de pandemia, como también el agotamiento y rotura de aparatos que deben ser repuestos en un momento de crisis y suba de estos insumos que se cotizan en dólares.
Dentro de los objetivos de gobierno siempre estuvo reforzar el federalismo, que todos los habitantes tengan los mismos derechos. Esta es una deuda de la democracia recuperada que, en un momento para atender gruesos desequilibrios, se quiso trasladar la capital a Viedma; proyecto que no prosperó debido a la presión ejercida por Capital Federal y alrededores.
Un proyecto de traslado es algo imposible en estos tiempos, pero lo que sí ha propuesto el presidente es el traslado del gabinete nacional a cada una de las provincias durante su mandato. Simultáneamente, existen algunos organismos nacionales con sede en alguna provincia, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura en Mendoza. Pero es una excepción. Lo grave y a rever es garantizar idénticos derechos humanos a todos y todas, desde Ushuaia a La Quiaca y desde Mendoza al Plata, incluyendo desde luego a Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Ese es el verdadero desafío que, en cierta medida poder llegar con internet y conectividad a todos es un gran esfuerzo, teniendo en cuenta las grandes empresas que están tras el negocio.
La brecha digital pone de manifiesto desigualdades estructurales, cuya profundización ha ido operando en oleadas tras cada embate de políticas neoliberales. Embate que desde luego, siempre está latente dado la restauración conservadora operada estos últimos cuatro años y que, el impacto de la pandemia puede favorecer su retorno, debido al dominio que poseen sobre la opinión pública y el fomento al hastío que promueven como consecuencia de la contracción económica.
Con un acceso restringido al mercado de capitales, una conflictiva retención a las exportaciones y prudente emisión monetaria, queda observar detenidamente los recursos financieros; sobre todo en materia impositiva, cuya permeable cadena de datos, esconde una masa de dinero negro amparado por un mecanismo de corrupción hormiga. Desde el traslado en camiones desde y hacia a los puertos, como por contabilizaciones truchas de exportaciones.
De allí la necesidad de poner en foco el control de la hidrovía que confluye en el río de la Plata por donde salen las exportaciones cerealeras. El último año el país exportó 100 millones de toneladas de granos y subproductos, por una cifra record de 28.500 millones de dólares en soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y legumbres. Para tener una idea sobre la concentración del sector, las 10 principales empresas conforman el 91% de las exportaciones.[4]
Estatizar el grupo Vicentin que tantas dificultades ha traído, es meterse de lleno a ese importante conglomerado de negocios. Otro de los frentes calientes sobre el que se debe operar con celeridad.
Tener conectividad, intentar mejorar la calidad de la información a través de medios idóneos como planteaba la ley derogada por decreto en el gobierno anterior, son soportes fundamentales para generar una opinión pública que defienda sus propios intereses y no ajenos, conforme la nociva influencia de la prensa sicaria. Esa que todo el tiempo alimenta conflictos y se beneficia con sus llamas.
Cualquier declaración, movimiento, acción o medida gubernamental, es criticada por la oposición. No importa su alcance y mucho menos que sea dentro de un clima tan delicado como el generado por la pandemia. Sus desquiciados seguidores – decimos desquiciados por sus desafiantes manifestaciones al coronavirus realizadas y sus mortales consecuencias posteriores observadas – están atentos a salir a vociferar ruidosamente, como lo están haciendo con la reforma judicial que va a tratarse en el Congreso de la Nación en estos días, conforme lo prescribe nuestra Carta Magna.
El aliento golpista de los que se dicen “republicanos, respetuosos de las instituciones de la democracia”, encabezados por el sensible expresidente y veraneante europeo, fogonea desde afuera, insistiendo con poner en marcha la economía. Economía que, según datos oficiales, ha tenido mejor desempeño en la pandemia que durante su gobierno, si tomamos idénticos períodos para 2019 y 2020, como lo ha expuesto un agobiado presidente, cansado de tanto hostigamiento y que, recién ahora saca a la luz la primer comunicación que tuvo de Macri luego de declarar la cuarentena, el sensible dirigente de la Fundación de la FIFA le dijo a bocajarro, “que se tengan que morir los que tengan que morir”. Sus defensores, desde luego, se revuelcan diciendo que no hay que volver al pasado. Un pasado demasiado pesado para cualquier espalda, mucho más para una que quiere sacar del pozo a la inmensa mayoría sumergida.
A esta afiebrada crítica de la oposición, Alberto Fernández contestó desde su afición a la música popular, con una estrofa de “Sinceramente tuyo” de Serrat: “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, que bien podría utilizar la precedente, “uno siempre es lo que es y anda siempre con lo puesto”.
Por eso, un pequeño paso que tienda a restaurar el debilitado Estado de bienestar y los derechos consagrados, resulta un gran adelanto para las mayorías sufrientes, víctimas de este inacabable azote neoliberal.
[1] Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de agosto de 2020.
[2] INDEC, Tecnologías de la información y comunicación, EPH cuarto trimestre de 2019.
[3] Foetra, Sindicato de las telecomunicaciones, Celulares, el uso de internet en Argentina, 29 de julio de 2019.
[4] La Nación, Belkis Martínez, 18 de junio de 2020.
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