Es absurdo que la extrema derecha intente ahora culpar al expresidente Correa y a sus partidarios de la crisis de Ecuador.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde hace menos de dos meses el presidente es Daniel Noboa, un joven con mínima experiencia política, proveniente de la familia bananera más poderosa del país. Ganó las presidenciales después de que Guillermo Lasso renunciara para evitar un juicio político por sus enredos con la mafia albanesa.
Además de la crisis de seguridad, la situación económica del país es gravísima. Hay un enorme déficit fiscal y una altísima deuda externa, en riesgo de no pago. El Estado carece de recursos incluso para pagarles a los empleados públicos. Aparte de esto, hay una grave crisis energética y el país está sometido a apagones.
Pero regresemos al tema de la seguridad. La crisis se exacerbó con la fuga de peligrosos narcotraficantes de las cárceles y la posterior toma del canal de televisión pública de Guayaquil, en la que trabajadores y periodistas fueron convertidos en rehenes. También hubo un ataque armado a la Universidad de la ciudad costera.
Para enfrentar la situación, el presidente Noboa expidió el decreto 111 que invoca la existencia de un conflicto armado interno y permite que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo necesario para combatir a al menos 22 bandas criminales, catalogadas en el decreto como terroristas.
Para entender el origen de esta crisis hay que volver atrás. Entre 2007 y 2017 gobernó Rafael Correa, al frente de la Revolución Ciudadana. Sus medidas redujeron notoriamente la criminalidad en el país. En el momento de su salida, Ecuador era el segundo país más seguro de Latinoamérica, después de Chile. Siete años después está entre los cinco países más inseguros del mundo.
¿Cómo se llegó a tan grave situación? Este es el fondo del asunto al que poca atención se le presta. Mediante políticas de corte neokeynesiano, Correa propició el desarrollo económico y social del país, fortaleció la inversión pública, en particular en educación, salud, bienestar social e infraestructura.
Logró renegociar la deuda externa para liberar recursos de inversión, se enfrentó a las multinacionales y, por supuesto, afectó los intereses de las elites que tradicionalmente gobernaron al país. Mantuvo una permanente confrontación con los poderosos medios que desde entonces se dedicaron a desprestigiarlo.
Aparte de ello, desarrolló un liderazgo y una política internacional soberana, acorde con el progresismo de comienzos de siglo. En 2009 no renovó la base militar de Manta, fundamental para EEUU en la región.
Pero Lenin Moreno, su sucesor, bien pronto cambió el rumbo de la Revolución Ciudadana que lo llevó al poder. Sucumbió a las presiones internacionales y pactó con EEUU y con las poderosas elites del país para revertir el proceso transformador.
En medio de una fuerte campaña mediática, Moreno y Lasso, quien lo sucedió, desataron una persecución política sin tregua en su contra. Correa fue condenado por algo tan vago como “influjo psíquico” en una causa por sobornos. Se buscaba inhabilitarlo políticamente y golpear a su partido.
Siguiendo la ortodoxia neoliberal, ambos le apuntaron a desmantelar el Estado. Y lo lograron. Acabaron con el Ministerio de Justicia, encargado de las penitenciarías y de la rehabilitación social de los reclusos; con el Ministerio de Coordinación de Seguridad, que coordinaba estos asuntos con Colombia, y con el Ministerio del Interior, a cargo de la Policía. Se dio un proceso de desinstitucionalización de las Fuerzas Militares y un golpe al Estado de derecho.
Por ello, es absurdo que la extrema derecha intente ahora culpar al expresidente Correa y a sus partidarios de la crisis. Insinúa también su responsabilidad en el crimen de Villavicencio, por las denuncias de corrupción que este hiciera contra su mandato.
Todo ello hace parte de los montajes judiciales que se han venido desarrollando en la región, con el objeto de impedir que los gobernantes progresistas alcancen sus propósitos. Es el llamado Lawfare. Por supuesto que ha habido expresiones de corrupción en muchos de ellos, pero la cruzada apunta a acabarlos para fortalecer los intereses políticos de la extrema derecha.
Basta recordar los casos de Lula y Dilma Roussef en Brasil, o de Cristina Kirchner en Argentina. Los montajes los sacaron de la política y la contienda electoral, lo que propició el triunfo electoral de Bolsonaro y Milei, respectivamente. Un peligro similar también se cierne sobre el gobierno de Petro en Colombia.
Un factor importante en la actual crisis es la presencia y actividad creciente de los grupos mexicanos del narcotráfico en los últimos años y su desplazamiento hacia Ecuador, por su situación estratégica. Allí el crimen organizado se ha fortalecido y ha infiltrado las altas esferas del Estado y también a una juventud sin oportunidades ni esperanzas.
Sin duda, EEUU tiene mucho interés en la suerte de Ecuador. El pasado 11 de enero, la Corte Constitucional debía ratificar un acuerdo de seguridad entre los dos países. De hecho, Ecuador es hoy el primer receptor de ayuda militar y antinarcóticos en la región (US172 millones entre 2021-2022), superando a Colombia.
Este Acuerdo, producto del acercamiento creciente de Ecuador a EE. UU. en los dos anteriores gobiernos, les otorga a los militares y civiles estadounidenses todo tipo de privilegios, inmunidades y garantías. Permite su libre desplazamiento en territorio ecuatoriano por tierra, aire y agua.
Se anunció una nueva visita al país de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, para examinar conjuntamente cómo enfrentar el crimen organizado.
Por último, señalemos que Rafael Correa respaldó al presidente Noboa frente a la grave crisis de seguridad, llamando a la unidad de la patria. Pero también le dejó muy en claro que, para superar la crisis, su gobierno debe fortalecer el equipo de gobierno y reactivar la economía del país.
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