Crear un Estado capaz de ejercer la soberanía nacional como expresión de la soberanía popular, es el mayor reto político que ya encara Panamá.
Guillermo Castro H./ Especial para Con Nuestra América
Desde Alto Boquete, Panamá
“Del abuso de la tierra pública, fuente primaria de toda propiedad, vienen esas atrevidas acumulaciones de riquezas que arruinan en la competencia estéril a los aspirantes pobres: vienen esas corporaciones monstruosas que inundan o encogen con su avaricia y estremecimientos la fortuna nacional: vienen esos inicuos consorcios de los capitales que compelen al obrero a perecer sin trabajo, o a trabajar por un grano de arroz: vienen esas empresas cuantiosas que eligen a su costo senadores y representantes; o los compran después de elegidos, para asegurar el acuerdo de las leyes que les mantienen en el goce de su abuso; y les reparten, con la autoridad de la nación, nuevas porciones de la tierra pública, en cuyo producto siguen amasando su tremenda fuerza.”
José Martí, 1886[1]
Todo ello, a su vez, en las vísperas de una campaña electoral, cuyos protagonistas visibles – y de los otros – aprovecharon la coyuntura para desprestigiar al gobierno que llevaba las relaciones con la empresa minera, y desgarrarse a dentelladas entre sí. En el debate así ocurrido unos rechazaban la inconstitucionalidad y las desventajas del contrato entre el Estado y la empresa propuesto por el gobierno, pero no la minería como actividad económica. Otros exaltaban la mina como un privilegio de la fortuna, y otros más rechazaban a un mismo tiempo el contrato, la mina y la minería.
Estos últimos generaron un movimiento nacional masivo de capas medias, liderado por un grupo de organizaciones ambientalistas de presencia hasta ahora marginal en nuestra vida política, pero de muy activa presencia en las redes sociales. A estos se agregaron, en paralelo, organizaciones sindicales y movimientos sociales que en la cultura política nacional son considerados como de izquierda. La irrupción de lo ambiental en un debate político que hasta entonces tenía su ala izquierda en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD, y la derecha en un conservacionismo de espíritu tecnocrático, generó una circunstancia que desembocó en que la Corte Suprema de Justicia decretara la inconstitucionalidad del contrato previamente aprobado con extrema celeridad por la Asamblea Nacional, a lo que se agregó la aprobación de una ley de moratoria minera.
A partir de allí, se ha producido un realineamiento de las partes involucradas. Por una parte, ninguno de los partidos políticos en funciones desde la instalación del régimen político vigente por la intervención militar norteamericana de 1989 se ha pronunciado contra el negocio minero y, como suele ocurrir en el país, parecen esperar que eventualmente la masa entre en razón y acepte un contrato adecentado. Por otra parte, la izquierda del caso – que buscaba imponer la derogación del contrato Ley, debió resignarse a que las capas medias impusieran la declaración de inconstitucionalidad por el Poder Judicial.
De momento, el conflicto se ha desplazado a la lucha por el control del proceso de cierre de la mina, que no tiene nada de sencillo en el plano técnico, y seguirá siendo muy volátil en el plano político. Ambos planos se vinculan en la posibilidad de que el cierre de la mina pueda ser encarado desde una visión de desarrollo alternativo para el país, que prevenga tanto el fracaso en que desembocó el desmantelamiento del enclave bananero de Chiquita Brands en el Pacífico occidental de Panamá, que pasó a ser administrada por una cooperativa de trabajadores en 2003, como el gigantesco despilfarro de instalaciones construidas generado por la estrategia de liquidación comercial inmobiliaria de las áreas revertidas de la antigua Zona del Canal.
El proceso de cierre, en este sentido, podría ser visto como uno de desenclave, que permita aprovechar en lo posible la infraestructura construida por la empresa minera para avanzar hacia un ordenamiento territorial de la región Centro occidental del Atlántico que estimule, y facilite, su integración económica y social al resto del país. Un paso en esa dirección debería ser el de crear un corredor interoceánico desde el puerto de Aguadulce, en el Pacífico, al construido para la mina, y de allí al puente sobre el Canal en el Atlántico para enlazar con los puertos de la terminal Atlántica del Canal en la ciudad de Colón. Esto, además, proporcionaría nuevos puertos auxiliares a un Canal cuyas dificultades de abastecimiento del agua necesaria para su funcionamiento no tendrán solución en el corto plazo.
Sería útil también incluir en el proceso de integración a la termoeléctrica de la mina, pasando del uso del carbón mineral a otro combustible menos contaminante, para proveer la energía que facilite el desarrollo de toda la región. Y todo ello, además, debería verse en su relación con el plan de creación de un embalse del río Indio, cercano a la mina, para trasvasar agua al Canal, en el marco de un plan de desarrollo socioambiental sostenible, en alianza con la Autoridad del Canal de Panamá.
Todo esto, sin embargo, demandaría que el Estado estuviera en capacidad (y disposición) de articular la participación activa de la población del área con la de otros sectores productivos de la región y el país. Un Estado así tuvo una primera expresión en la década de 1970, pero fue desmantelado en lo político en la de 1980, y en lo económico a partir de 1990.
Crear un Estado capaz de ejercer la soberanía nacional como expresión de la soberanía popular, es el mayor reto político que ya encara Panamá. De momento, es muy probable que buena parte de las energía acumuladas por los movimientos sociales en la lucha contra el contrato minero se vea despilfarrada en el intercambio de culpas, improperios y descalificaciones, como ha ocurrido en otros casos en el pasado. Aun así, aquí ha ocurrido una fractura del sentido común, que deja abierta la necesidad de ejercer la experiencia ganada en la construcción de un movimiento social capaz de trascender los límites a la imaginación y la acción impuestos desde hace tanto tiempo por una formación económico-social que ha entrado en su fase de agotamiento.
En esa perspectiva, siempre convendrá distinguir entre la contradicción principal -en este caso, el impacto destructivo del modelo de gestión territorial dominante en el país desde el siglo XVI - y el aspecto principal de esa contradicción en cada momento histórico, que esta vez correspondió al conflicto en torno al contrato minero. Sea cual sea la solución de ese aspecto principal, la contradicción de fondo seguirá agudizándose porque el modelo de gestión territorial hasta ahora dominante ha entrado ya en una fase de autofagia senil.
Alto Boquete, Panamá, 7 de enero de 2024
[1] “Nueva York en junio”. La Nación, Buenos Aires, 15 de agosto de 1886. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. XI, 19.
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