Ecuador y Argentina, con derechas triunfantes, tienen caminos económicos comparables: “gradualismo” en el pequeño y “shock” en el grande. Ninguno para hacer posible una sociedad de bienestar colectivo, sino de privilegios para élites ricas y oligarquías revividas.
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com
Desde Ecuador
Argentina es un país siempre destacado en la historiografía sobre América Latina. Se trata de un Estado con procesos de enorme importancia para la comprensión de la forma en que se ha desarrollado el capitalismo en la región. En la actualidad capta la atención mundial, pues por primera vez en la historia ascendió a la presidencia un político libertario anarcocapitalista, que ha comenzado a imponer las medidas que considera necesarias para cambiar el rumbo del país y encaminarlo a la utopía del reino de la “libertad” económica. Los efectos de semejante camino estallan de semana a semana, de modo que el presidente Javier Milei está jugando al éxito o al fracaso del paraíso de la empresa privada -porque ese es el trasfondo histórico-, a costa de toda la sociedad.
Pero hay otro país, pequeño, poco referido en la historiografía latinoamericana, sin la dimensión que han tenido Argentina, Brasil o México y tampoco la que adquirieron sus vecinos Colombia y Perú. Se trata de Ecuador, donde están ocurriendo procesos que merecen atención en América Latina. Señalo los principales.
En 1979 Ecuador fue el primero en volver a la “democracia” tras una década con dos dictaduras militares, ninguna comparable a las terroristas/anticomunistas del Cono Sur. Pero el avance neoliberal fue indetenible en las décadas siguientes. Ese proceso fue cortado por la década progresista del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), con quien se inició una economía social para el Buen Vivir. Sin embargo, desde 2017, el gobierno de Lenín Moreno restauró la vía neoliberal-empresarial de fines del siglo XX, que el sucesor, banquero y millonario Guillermo Lasso, consolidó bajo inspiración mediocremente “libertaria”, aún antes de Milei. Esos dos gobiernos han representado a un férreo bloque de poder empresarial-oligárquico y comunicacional, guiado por el anti-correísmo, una vía no solo de persecución política y judicial a los antiguos funcionarios de la Revolución Ciudadana, sino de agresivo cerco a toda fuerza que intente levantar un proyecto de sociedad popular y antineoliberal, fácilmente acusada de “correísta”.
La recuperación del modelo empresarial neoliberal y oligárquico, como ya ocurrió a fines del siglo XX, no produce desarrollo. La economía se orienta por los grandes negocios, las políticas de beneficio a una élite de empresarios carentes de cualquier espíritu schumpeteriano, el uso del Estado y sus recursos para fortalecer las actividades privadas y ninguna solución a los problemas sociales de la miseria, pobreza, informalidad, desempleo y subempleo. Hay suficientes estudios y estadísticas que comprueban esta situación histórica. Desde 2017 hasta el presente, el Estado literalmente ha sido capturado por intereses de élites empresariales y por empresarios-presidentes. Y la idea de “achicarlo” ha provocado la más grave desinstitucionalización y desarticulación de los aparatos de Estado vivida desde 1979.
Esa desinstitucionalización ha favorecido la penetración de mafias en diversas instancias estatales. Los casos que la Fiscalía persigue dan cuenta de ello, mientras los informativos de todo tipo de medios permiten demostrar que funciones como la Judicial o instituciones como la policía, están copadas por escándalos de corrupción y de “penetración” de la delincuencia organizada (https://t.ly/j8O6N). Diversos investigadores han puesto en claro el origen y las características de esos procesos y han destacado que Ecuador pasó de ser el país más seguro en América Latina en 2017, a ser el más violento entre 2023-2024 (https://t.ly/ccZNW). Y, además, ocupa los primeros lugares en cuanto a corrupción.
Hasta el momento, solo se ha seguido una política de militarización interna contra 22 grupos calificados como “terroristas”. Pero el aparecimiento del fenómeno delincuencial con las características que ahora vive Ecuador es un fenómeno inédito en toda su historia. Y esto es lo que ha servido para que, bajo la idea de cooperación, se consoliden lazos con los Estados Unidos, que rebasan el ámbito de la seguridad interna, porque sujetan Ecuador a las estrategias de esta potencia, tanto en el campo del combate al crimen transnacional, como en asuntos relativos a la coordinación -tipo TIAR- en asuntos militares, consolidados por los tratados suscritos por Guillermo Lasso y aprobados por el presidente Daniel Noboa, a pesar de las disposiciones de la Constitución de 2008. Esto convierte a Ecuador en territorio central -y hasta “experimental”- de las geoestrategias americanistas-monroístas, y lo involucran en la conflictividad global entre la hegemonía norteamericana y el mundo multipolar-multicentral, provocado por el ascenso de China, Rusia y los BRICS.
El significativo movimiento obrero al inicio de la época democrática perdió fuerza. Le afectaron el derrumbe del socialismo, la sucesión de gobiernos neoliberales, las divisiones por causas políticas, gremiales e individuales y la arremetida empresarial contra los derechos laborales. Desde los 90 creció el movimiento indígena, uno de los más fuertes y organizados en Latinoamérica. Sin embargo, ha contado con dirigentes con distintos vaivenes políticos. Y ha sido víctima de la estigmatización derechista, la criminalización constante y la represión durante los dos últimos gobiernos. Pero ninguno de los movimientos sociales tiene capacidad para impulsar, en forma aislada, un proyecto popular independiente. Las izquierdas políticas y partidistas suelen idealizar la “unidad”. Sin embargo, entre las más tradicionales y la izquierda woke, todavía pesa el anticorreísmo, se asumen como “marxistas, auténticas y verdaderas” y han apoyado distintas políticas impulsadas por los gobiernos de derecha sucedidos desde 2017. El correísmo ha preferido seguir su propio programa, que coincide en puntos sustanciales con los planteamientos de los trabajadores e indígenas; pero no ha sabido o querido determinar, con eficacia, las estrategias para vincularse a esos -y otros- movimientos sociales, aunque mantiene una evidente representatividad en el amplio espectro del progresismo ecuatoriano, que lo respalda por el contraste de los resultados económicos, sociales e institucionales de la Revolución Ciudadana con los que el país ha retrocedido durante los últimos siete años.
En el campo internacional Ecuador dejó de ser un país atractivo y pasó a provocar alertas (https://t.ly/Ksj7I). Hay un extendido anhelo de quienes desearían “irse del país” (https://t.ly/O4wV8), al mismo tiempo que la emigración se ha disparado (https://t.ly/o3wK9). El desastre nacional dejado por los gobiernos de Moreno y Lasso contrasta con la opinión favorable que todavía tiene el presidente Noboa entrando al cuarto mes de gestión. De modo que la pregunta que ronda entre los analistas es ¿cómo un gobierno de derecha, con presidente millonario, que profundiza el modelo empresarial-neoliberal tiene apoyo ciudadano? Asunto complejo con múltiples factores. Sin duda cuenta el impacto de asumir la lucha contra la delincuencia, con la imaginativa comparación que se hace con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. También la ilusión por animar el “recetario” de Milei, en un ambiente de hegemonía cultural (Gramsci) de las derechas, que reproduce el renacer de las derechas en América Latina. Cuenta la impotencia generalizada ante las condiciones sociales que genera el subdesarrollo y la búsqueda de cualquier esperanza. Ecuador y Argentina, con derechas triunfantes, tienen caminos económicos comparables: “gradualismo” en el pequeño y “shock” en el grande. Ninguno para hacer posible una sociedad de bienestar colectivo, sino de privilegios para élites ricas y oligarquías revividas.
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