Durante el siglo XIX, aunque con pocas regulaciones diplomáticas y sin claras ni compartidas regulaciones, en América Latina hubo distintos casos de asilo político, así como también de refugiados e incluso expatriaciones, expulsiones y extradiciones, que son hechos y conceptos distintos.
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com
Desde Ecuador
El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas (1945), que reemplazó a la Sociedad de las Naciones (1919), la aprobación de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (1948) y la creación de la Corte Internacional de Justicia en La Haya (Países Bajos, 1945), fueron el punto de partida. El Art. 14 de la Declaración reconoció el derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en caso de persecución. Entre los nuevos instrumentos que ampliaron y perfeccionaron la dimensión de los principios y conceptos iniciales están: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 1950), Convención sobre Refugiados (Ginebra, 1951) y Protocolo Adicional (1967), Convención sobre Asilo Diplomático y Convención sobre Asilo Territorial (Caracas, 1954), Convención sobre Relaciones Diplomáticas (Viena, 1961), Declaración sobre el Asilo Territorial (1967). Varias Constituciones latinoamericanas garantizan el asilo y el refugio.
El respeto internacional a las normas sobre asilo es una institución en el mundo de la segunda postguerra. Ha caracterizado particularmente a los países de América Latina, región a la que se le reconoce como un ejemplo en la concesión de asilos. Y el país que más destaca entre todos es México, con larga tradición en el uso de este instrumento internacional para proteger personas. Sin embargo, han existido momentos críticos: policías venezolanos irrumpieron en la embajada de Perú para detener a cinco militares y tres civiles (1961); militares uruguayos, en la época de las dictaduras terroristas anti-comunistas del Cono Sur, sacaron de la embajada de Venezuela a la maestra Elena Quinteros (1976); militares guatemaltecos, en plena guerra civil contra la “subversión”, asaltaron la embajada de España y provocaron la muerte de decenas de campesinos y varios funcionarios (1980); fuerzas cubanas incursionaron en la embajada de Ecuador para capturar a un grupo que había asaltado la sede (1981); comandos del ejército peruano tomaron la embajada de Japón, asaltada por miembros del grupo Túpac Amaru y los liquidaron (1996/97). Todos los casos conmovieron al derecho internacional y provocaron serias reacciones de los países atacados. De todos modos, ni las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Jorge Videla en Argentina violentaron las varias embajadas en las que se asilaron centenares de personas a fin de salvar sus vidas, observando así, paradójicamente, las Convenciones de Caracas (1954) y Viena (1961).
El asilo político bien puede remontarse a casos como el del presidente Balmaceda en Chile, derrocado en medio de la guerra civil, quien logró proteger a su familia en la embajada de los Estados Unidos, al tiempo que se asiló en la de Argentina, donde se suicidó (1891). En nuestros tiempos, han tenido enorme impacto una serie de casos: Víctor Raúl Haya de la Torre, acusado de delincuente en Perú, permaneció asilado en la embajada de Colombia entre 1949-1954, y su salida negociada le permitió refugiarse en México; el destituido Manuel Urrutia pasó dos años entre las embajadas de Venezuela y México, a raíz del triunfo de la Revolución en Cuba (1959); al dejar el poder el represivo dictador Marcos Pérez Jiménez logró trasladarse a EE.UU., pero fue extraditado (1963) a pedido de Venezuela; algo más de tres años estuvo el ex presidente argentino Héctor Cámpora en la sede de México en Buenos Aires, tras instaurarse la dictadura militar (1976); Manuel Antonio Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica de Panamá al producirse la invasión de los EE.UU. (1989), hasta que se entregó; el expresidente peruano Alan García logró refugiarse en Colombia (1992) tras el asalto a su vivienda con orden de captura “vivo o muerto”; Nicaragua asiló al expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2016), quien estaba condenado por la justicia de su país. En Ecuador, el exvicepresidente Alberto Dahik se exilió en Costa Rica (1995) al conocerse la orden de captura por malversación de fondos; también el expresidente Abdalá Bucaram se refugió largos años en Panamá; Gustavo Noboa, acusado de malversación de fondos sobre la deuda externa, logró asilo en República Dominicana (2003); Lucio Gutiérrez obtuvo asilo en la embajada de Brasil (2005) y Julian Assange, fundador de Wikileaks, fue asilado en la embajada de Ecuador en Londres (2012). Otros episodios tienen más actualidad y generaron profundas controversias: Manuel Zelaya fue expulsado de Honduras al ser derrocado (2009); Uruguay negó asilo a Alan García (2018) luego de examinar su caso, que le involucraba en el asunto de Odebrecht, una empresa acusada de los más grandes escándalos de corrupción en América Latina; el expresidente Boliviano Evo Morales tuvo que asilarse en México tras el “golpe blando” de 2019.
El trasfondo de los eventos de la actualidad tiene múltiples aristas. Varios gobernantes y políticos progresistas latinoamericanos han sido perseguidos por gobiernos derechistas, empresariales y neoliberales. Para los EE.UU. los gobiernos progresistas y de izquierda representan un frente político que cuestiona sus geoestrategias neomonroístas y hegemónicas. Los grandes capitales externos y las oligarquías empresariales latinoamericanas prefieren los gobernantes que representen sus intereses. El lawfare y la criminalización de la protesta social pasaron a formar parte de la lucha política por el dominio del Estado. En ese “clima” se agudizan las conflictividades, se ha generado una ideología que justifica el poder para acabar con los adversarios de las élites privilegiadas y se ahondan una serie de verbalismos y poses entre varios gobernantes, todo lo cual impide los acercamientos para mutuas políticas soberanistas en la región. En Ecuador esos procesos se cohesionan alrededor de la irracionalidad del anticorreísmo, de modo que los tres gobiernos sucedidos desde 2017 (Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa) han alimentado, con sus propias acciones, la imagen internacional de persecución política interna, que se cruza o se impone a los procesos judiciales en los que han sido involucradas personas identificadas con la Revolución Ciudadana y el gobierno del expresidente Rafael Correa.
En tales circunstancias, Ecuador es el único país que en el siglo XXI ha permitido la incursión de la policía en su embajada en Londres, para que se detenga a Assange (11/abril/2019), y el único en incursionar en la embajada de México (5/abril/2024) para detener al expresidente Jorge Glas (un “delincuente común”: https://t.ly/9Dl1M), quien estaba allí en condición de asilado. Las motivaciones y razones que ha tenido el gobierno de Daniel Noboa podrán tener el valor que se quiera; pero es indudable que en primer plano aparece el aplauso complacido del anticorreísmo fanático que mueve a distintos sectores del país y a la gran prensa, mientras en el ámbito externo la incursión en la embajada se antepone como grave atentado al derecho internacional y a las Convenciones sobre el asilo. Por eso, es México quien ha recibido la solidaridad y el respaldo de América Latina, así como los pronunciamientos de condena al gobierno ecuatoriano por parte de los EE.UU., la OEA, la CELAC y otros países. Finalmente, las resoluciones que adopte la Corte Internacional de Justicia, a la que ha acudido México, definirán la situación en el problema diplomático. Será un asunto que se sumará a las confrontaciones políticas para las elecciones ecuatorianas de 2025, en un contexto de restauración oligárquica neoliberal, creciente subdesarrollo e inédita explosión de la inseguridad ciudadana.
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