La justicia mexicana es entonces una justicia atravesada por los intereses del crimen organizado y los de la clase empresarial. Es una justicia que se ceba sobre todo en los pobres, porque pobres son la inmensa mayoría de los reclusos en las distintas cárceles del país.
Carlos Figueroa Ibarra / Para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Estos dos grandes bloques se volvieron a enfrentar electoralmente en 2021 cuando el primero de ellos tuvo avances importantes principalmente en la capital del país y luego en 2024 cuando el segundo logró una victoria abrumadora que dejó a las derechas en una correlación de fuerzas muy desfavorable. Esta victoria abrumadora que permitió que el bloque de voluntad posneoliberal consiguiera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, ha creado las condiciones para que hoy estemos en las puertas de reformas constitucionales que profundizarán la Cuarta Transformación.
De todas las reformas constitucionales que hoy se están planteando en México (reforma energética, reforma electoral, reformas salariales etc.,) la reforma judicial es la que estratégicamente es la más importante en la guerra de la que metafóricamente estamos hablando. La batalla por la reforma judicial resulta ser decisiva en dicha guerra, porque el Poder Judicial es el bastión fundamental de la derecha dentro del Estado. Habiendo perdido el Poder Ejecutivo en 2018 y en 2024, habiendo perdido el Legislativo por mayoría simple en 2018 y en 2021 y en 2024 por mayoría calificada, el bloque histórico de la derecha mexicana defiende enconadamente su control del Poder Judicial.
En efecto, la derecha se ha atrincherado desde 2018 en el Poder Judicial. Desde aquel año la Suprema Corte de Justicia ha aumentado en 75% la invalidación de leyes emitidas por el Poder Legislativo argumentado “faltas al proceso legislativo”, esgrimiendo pretextos de diversa índole entre ellas el del irrespeto a la “democracia deliberativa” un motivo que ella misma hizo jurisprudencia. Ha echado por la borda la reforma energética, la electoral y leyes como la de comunicación social y la de remuneraciones que reforzaba el precepto constitucional de que ningún funcionario debería ganar más que el presidente de la República. La SCJ ha ignorado dicho precepto y hoy sus ministros tienen ingresos mensuales de hasta 750,000 pesos (alrededor de 37,000 dólares).
Cuando escribo estas líneas la Cámara de Diputados ya ha aprobado la reforma constitucional del Poder Judicial y es inminente su aprobación por la Cámara de Senadores si logra al menos 86 votos de los 128 escaño de dicha cámara. Una vez hecho esto se turnará la reforma a las 32 legislaturas locales de las cuales el bloque encabezado por Morena tiene mayoría en 24. La confrontación que hemos observado en la capital del país y en otros lugares se multiplicará por que la derecha ha propiciado ya una huelga en tribunales y juzgados y ha sacado a las calles a un sector de los trabajadores judiciales. La batalla es tan decisiva que Norma Piña, la presidenta de la SCJ, ya salió a la calle a unirse a los manifestantes que adversan la reforma. Y otras dos ministras de dicha Corte que son partidarias de la reforma, Lenia Batres y Loretta Ortiz, han hecho lo mismo.
La narrativa derechista con respecto a la reforma del Poder Judicial es que esta es motivada por el ánimo dictatorial de Andrés Manuel López Obrador y las fuerzas políticas que encabeza. Según esta narrativa, la reforma judicial anulará la independencia del poder judicial que quedará subyugado por la presidencia. Será un retroceso democrático que además desvirtuará la carrera judicial ya que, según la reforma, ministros de la SCJ, magistrados de circuito y jueces de distrito serán elegidos por votación. Se corre un gran riesgo que en lugar de personas que han hecho méritos dentro del sistema judicial, se hagan cargo de la justicia del país personas incompetentes, corruptas, vinculadas a partidos políticos o al crimen organizado. Es necesario remarcar que, para poder participar en la elección de importadores de justicia, los candidato/as tendrán que ser sometidos a un proceso de selección que compruebe que tienen las calificaciones suficientes. Además de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la reforma judicial contempla un Tribunal Disciplinario Judicial independiente del SCJ, una evaluación periódica de los impartidores de justicia y una reducción de salarios y prerrogativas de ministros, magistrados y jueces.
La narrativa reaccionaria de la reforma judicial es contradicha por hechos que parecen contundentes. En realidad, la carrera meritocrática se respeta muy poco en el sistema judicial en México. El nepotismo es una de las fuentes principales de reclutamiento de los funcionarios judiciales. El Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del Plan Integral de Combate al Nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal detectó en 2022 la asombrosa cifra de 6,755 redes familiares en tribunales y juzgados federales (La Jornada, 7 de septiembre de 2024). Otros datos publicados indican que el 50% de los funcionarios judiciales tienen al menos dos familiares trabajando en el sistema y que 25% tienen al menos cuatro parientes. Se ha logrado determinar que un juez tenía a 65 parientes trabajando en diferentes juzgados y tribunales. El periodista Jesús Lemus autor de El Cartel Judicial (Grijalbo, 2024) ha denunciado el caso de un magistrado en Nayarit que tenía trabajando a parientes en su tribunal en 18 de las 22 plazas que existían en dicho tribunal.
En su libro Lemus afirma que aproximadamente el 80% de los jueces son corruptos, que aproximadamente 633 (en México hay 1,633 magistrados y jueces) son sospechosos de corrupción por la cantidad bienes muebles e inmuebles que poseen. También que los 75 carteles del narcotráfico que operan en México tienen al menos a un juez a su disposición (pueden ser muchos más) y que eso puede intuirse cuando alguna figura relevante de dichos carteles es capturada porque logran que sean asignados a jueces que por algún motivo terminan liberándolos. La mayor parte de los presuntos delincuentes son liberados en los fines de semana para obstaculizar cualquier acción contraria a su liberación. El Consejo de la Judicatura Federal opera en sentido contrario a los propósitos por los cuales fue creada. Los jueces reciben vehículos o inmuebles en pago a sus fallos absolutorios y el origen de esos bienes no es investigado, basta con el magistrado o juez los declare parte de su patrimonio para que se les otorgue impunidad. Es total la impunidad a la corrupción judicial.
Además de estar fuertemente influenciado por el crimen organizado, el Poder Judicial en México está controlado por el poder del gran empresariado. Hasta el mismo Diego Valadés, destacado jurista que forma parte del bloque de la derecha opositora, ha aceptado recientemente en el programa de Sabina Berman que el diseño institucional del sistema judicial está enderezado a proteger los intereses de los más ricos. El caso emblemático es el de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TVAzteca y Elektra, a quien la SCJ ha protegido para evitar que pague los 35,000 millones de pesos (1,750 millones de dólares) que debe al fisco.
Y en ese mismo programa, la ministra de la SCJ Lenia Batres expresó que, habiendo revisado 258,000 tesis jurisprudenciales, encontró que 11,399 estaban destinadas a perdonar impuestos, 1,387 estaban dirigidos a defender derechos de propiedad y 891 a defender la competencia económica la cual es considerada por las leyes mexicanas como un derecho humano. Solamente 195 estaban destinadas al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al de vivienda y 13 al derecho al agua. Lenia Batres expresó que en un determinado momento el 80% de los casos judiciales eran fiscales. No son los causantes cautivos los que judicializan sus pagos de impuestos, ni los pequeños empresarios, son los grandes empresarios los que lo hacen.
La justicia mexicana es entonces una justicia atravesada por los intereses del crimen organizado y los de la clase empresarial. Es una justicia que se ceba sobre todo en los pobres, porque pobres son la inmensa mayoría de los reclusos en las distintas cárceles del país. Habiendo 4 abogados defensores por cada 100,000 mil habitantes, pocos pobres puede pagar entre 30 y 70,000 pesos por un abogado que los defienda. El pobre que cae preso, más aún si es indígena, corre el riesgo de pasar muchos años en prisión sin que siquiera sea juzgado y sentenciado. De cada 10 personas encarceladas, 6 no han sido sentenciadas. En términos generales la justicia mexicana es clasista, corrupta y morosa.
La derecha opositora está desplegando todas sus fuerzas para hacer naufragar a la reforma judicial. Hemos visto movilizaciones callejeras, bloqueos y concentraciones. Jóvenes universitarios, principalmente estudiantes de derecho, han salido a “defender la democracia”. También ha habido manifestaciones de jóvenes partidarios de la reforma. Finalmente, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70% de la ciudadanía desconfía del Poder Judicial. Sobran Motivos para que esto sea así.
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