La imagen del Estado fallido, desbordado por la criminalidad y los cárteles de la droga, y que por lo tanto requiere “intervención urgente”, se posiciona cada vez con más fuerza en el imaginario social construido por la prensa.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
(Fotografía: a la derecha, el Ministro de Seguridad de Costa Rica, José María Tijerino. Tomada del diario La Nación)
“En América Latina, el periodismo ha sido (y sigue siéndolo en gran medida) intermediario entre el poder y sus aliados y súbditos más cercanos, entre los dirigentes y sus posibles sucesores”. Carlos Monsiváis.
Con el fervoroso apoyo de los editorialistas del Grupo Nación, el principal consorcio económico-mediático del país, las autoridades del gobierno costarricense se han empeñado en justificar, por todas las vías posibles, el permiso otorgado por la Asamblea Legislativa a la fuerza naval de los Estados Unidos para el eventual ingreso a territorio nacional de naves de guerra, aviones, helicópteros y un enorme contingente de marines y civiles (más de 13 mil), en lo que constituye una cuasi ocupación militar –sin precedentes en ningún otro país latinoamericano- para combatir el narcotráfico.
Estamos en guerra y hay que resignarse ante lo inevitable: tal parece ser la consigna con la que gobierno y medios pretenden aplacar el malestar de buena parte de los ciudadanos ante esa decisión, y las críticas que señalan una traición a la tradición pacífica de Costa Rica. En este escenario, la imagen del Estado fallido, desbordado por la criminalidad y los cárteles de la droga, y que por lo tanto requiere “intervención urgente”, se posiciona cada vez con más fuerza en el imaginario social construido por la prensa.
Un editorial de La Nación (06-07-2010) calificó el permiso otorgado a la armada estadounidense como una “alianza necesaria” ante la invasión del narcotráfico que, como el fantasma del comunismo en tiempos de la Guerra Fría, “amenaza a las instituciones y forma de vida de los costarricenses”. Elevado el narcotráfico a la categoría de problema de seguridad nacional, y condenados los críticos de la presencia militar al infierno de la estridencia y las elucubraciones conspirativas, La Nación sentencia: “Se nos pide permiso para utilizar nuestros cielos y mares. Negar esa ayuda es una decisión grave, que no debemos tomar sobre la base de sospechas atávicas o infundadas teorías de la conspiración”.
Un reportaje del mismo diario, señaló la “desidia estatal” y la insuficiente inversión en embarcaciones como factores que favorecen la “acción del hampa en mares ticos”. El fatalismo de las declaraciones del director del Servicio Nacional de Guardacostas intenta ahorrar todo ejercicio crítico sobre la política pública en esta materia: “No tenemos la capacidad de resguardar todo nuestro territorio marino” (La Nación, 06-07-2010).
El Ministro de Seguridad, José María Tijerino, aportó lo suyo en una comparecencia ante los diputados: según el funcionario, el país necesitaría hasta 13 mil policías más (cantidad similar a la del contingente militar estadounidense autorizado por la Asamblea Legislativa) para hacerle frente a la delincuencia, el crimen organizado y las redes del narcotráfico. “No sé si estamos perdiendo la batalla –dijo el Ministro-, pero sí sé que estamos contendiendo con un enemigo formidable” (La Nación, 08-07-2010).
Por supuesto, de lo que no se habla ni en las esferas de gobierno ni en los medios de comunicación (que sí lo habían hecho en el pasado), es que si bien el narcotráfico es un problema de alcance regional, también es cierto que fue la clase política costarricense, en particular las élites de los partidos políticos tradicionales, uno de los cuales hoy detenta el poder: el Partido Liberación Nacional, quienes abrieron las puertas a la “narcotización” de la política y su penetración en los poderes del Estado, por la vía de la recepción de dineros para el financiamiento de campañas electorales (como ocurrió en la primera campaña del expresidente Oscar Arias, en 1986) y la atracción de inversiones extranjeras de dudoso origen.
En un artículo titulado:
Narcotráfico, democracia y soberanía nacional en Costa Rica, publicado en 1999, Mercedes Muñoz aseguraba que ya “
hacia mediados de 1989 era público y notorio que la narcopolítica había sentado sus redes en la arena política costarricense”
[1]. Ese texto es una valiosa síntesis de información para quien quiera repasar esa página de la historia nacional, y comprender la influencia de los intereses norteamericanos y su permisibilidad en el desarrollo del narcotráfico en Costa Rica y Centroamérica hasta nuestros días, teniendo como punto de partida
la guerra de baja intensidad desatada contra la Revolución Sandinista y las organizaciones revolucionarias centroamericanas en la década de 1980.
Porque, guste o no, en nuestra región el narcotráfico y las políticas diseñadas para combatirlo, lo mismo que las iniciativas comerciales, acaban por subordinarse a la geopolítica norteamericana. No se trata de una diatriba trasnochada, como acostumbran descalificar en Costa Rica a quienes expresan ideas diferentes a las admitidas por el statu quo, sino de la conclusión lógica que se desprende del análisis de los hechos.
En efecto, desde 1984, cuando entró en vigencia la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, con la que Estados Unidos castigó y aisló aún más a Cuba y Nicaragua, cada uno de los proyectos estratégicos de Washington: la Iniciativa para las Américas, el ALCA, el tratado de libre comercio con Centroamérica –condicionado al apoyo político y militar a la invasión a Irak-, la Iniciativa Mesoamericana (antes Plan Puebla-Panamá) o la más reciente Iniciativa Mérida, se han articulado a los ejes de la doctrina de seguridad nacional norteamericana, con sus fobias ideológicas –anticomunismo-, sus estrategias de dominación política y económica –neopanamericanismo-, y sus empeños de expansión y afirmación de enclaves militares, ante el riesgo, hoy más cercano que nunca, del colapso imperial.
Mientras esta perspectiva es convenientemente invisibilizada y anulada en el debate público, desde el gobierno y los medios se insiste en las ideas de amenaza a la nación costarricense, el asedio del enemigo formidable, las insuficientes fuerzas policiales y el estado incapaz –y por lo tanto, fallido. Son estos los elementos clave en la estrategia de preparación de un clima de opinión favorable a la intervención estadounidense, que podría aumentar en la misma medida en que la sociedad civil –adormecida o manipulada- pierda de vista lo que está en juego y tolere niveles mayores de intrusión en el futuro cercano.
El "zar antidrogas" del gobierno de Costa Rica, Mauricio Boraschi, ya anticipó lo que, en buena medida, expresa la visión de los grupos políticos y económicos dominantes: es preferible que transiten por el país soldados estadounidenses antes que sicarios o traficantes de drogas (La Nación, 04-06-2010). La lista de criminales por combatir, por supuesto, no incluye a los delincuentes de cuello blanco.
Estamos advertidos.
