Rodolfo Mattarollo dirige la Comisión de UNASUR que investiga la masacre de Pando, Bolivia. Asegura que su trabajo no estará terminado hasta que haya escuchado a todas la voces. “Escuchar a todas las voces no significa hablar con las distintas partes porque acá no hay partes –aclara–. Hay un gobierno constitucional y las personas que han violado la ley a través de muertes, torturas y desapariciones.”Santiago O’Donnell / Página12
El jurista Rodolfo Mattarollo es uno de los expertos en derechos humanos más reconocidos que tiene la Argentina. En los últimos 20 años Naciones Unidas lo mandó a El Salvador, Etiopía, Haití y Sierra Leona y él no fue una semana o un mes, sino que pasó años en cada destino. Ahora encara otra misión, tan importante como las anteriores o quizá más, porque esta vez el encargo no llega desde Naciones Unidas sino de un organismo supranacional nuevo, de la región, una institución que prácticamente estará debutando con esta misión que le está encomendando. Y de alguna manera todo esto representa la culminación de un sueño compartido que empezó en los ’70 con el escritor Haroldo Conti y los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
“Quisimos cambiar el mundo y conseguimos la democracia”, dice en el escritorio con vista al jardín de su casa, en Boedo, a las ocho y media de la mañana. Saborea un rico café preparado por Beatriz Grosso, madre de sus tres hijos, abuela de sus cuatro nietos y compañera de la vida, justo antes de hacer las valijas para viajar a Pando, Bolivia, donde ocurrió la masacre que le han encomendado investigar.
Será su tercera visita a la escena del crimen en los últimos 40 días. La masacre ocurrió del 11 de septiembre. Ese día, un escuadrón de paramilitares abrió fuego con armas automáticas contra una caravana de indígenas que marchaba a la vera de un río en la localidad de Porvenir, camino a un consejo tribal. La emboscada causó al menos doce muertos, decenas de heridos y más de cien desaparecidos. Las víctimas provienen de distintas comunidades de Pando y Beni. Marchaban a lo que ellos llaman una “ampliada”, o cumbre regional, convocada de urgencia para apoyar al gobierno de Evo Morales. En esas horas el presidente enfrentaba un intento de golpe de los prefectos y comités cívicos de la Media Luna que había llevado al país al borde de una guerra civil.
La primera visita la hizo el 16 de septiembre, cuatro días después de la masacre y 48 horas después de la reunión de urgencia que los presidentes sudamericanos sostuvieron en Santiago para analizar la crisis boliviana y apuntalar al gobierno de Morales. En esa reunión se nombró al ex canciller chileno Juan Gabriel Valdez como delegado del bloque para mediar en la crisis y, a instancias de Cristina Kirchner, a Mattarollo para investigar la masacre. Diez días más tarde los presidentes de la región formalizaron el mandato de Mattarollo en otra reunión de Unasur, esta vez en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Le encargaron tres cosas: que investigue con celeridad, que lo haga con imparcialidad y que elabore conclusiones y recomendaciones para combatir la impunidad.
La comisión que preside el jurista argentino cuenta con un equipo de apoyo de antropólogos forenses, peritos criminalistas, investigadores legales, equipos para grabar testimonios y especialistas en informática. Salvo un par de expertos legales chilenos, los demás colaboradores los aporta la Argentina y los costean el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería. La Unión Europea prometió financiamiento pero todavía no se ha materializado. Hasta el gobierno de Bush, enfrentado con el de Morales, hizo público su apoyo al trabajo de la comisión.
“Esto refuerza el papel de liderazgo de la Argentina en materia de derechos humanos en la región y en el mundo, porque demuestra que el país no sólo tiene iniciativas doctrinarias, sino que las lleva a cabo en el terreno práctico, desplegando sus recursos”, dice con orgullo Mattarollo, que hasta hace pocos días fue subsecretario de Derechos Humanos.
Hasta ahora la comisión se ha limitado a entrevistar a los sobrevivientes y recoger información sobre las víctimas. Pero Mattarollo asegura que su trabajo no estará terminado hasta que haya escuchado a todas la voces. “Escuchar a todas las voces no significa hablar con las distintas partes porque acá no hay partes –aclara–. Hay un gobierno constitucional y las personas que han violado la ley a través de muertes, torturas y desapariciones.”
Las distintas voces que escuchará la comisión incluyen la del ahora ex prefecto Leopoldo Fernández, acusado de ser el autor intelectual de la masacre. Fernández está preso en La Paz por orden de una comisión de la Cámara de Diputados bajo la ley de estado de sitio que impera en Pando desde el día de la masacre, después de que grupos cívicos tomaran el aeropuerto y los edificios federales de Cobija, la capital.
Las voces que serán escuchadas también incluyen las de cientos de simpatizantes de Fernández que cruzaron la frontera después de la emboscada escapando a Brasil, donde reclaman status de refugiados políticos que hasta ahora les ha sido negado. Mattarollo quiere entrevistarlos en ese país.
“Hay dos tesis. O fue un enfrentamiento espontáneo entre facciones opuestas o fue una masacre –dice el jurista y no hace falta ser adivino para saber cuál le resulta más convincente–. Si fue una masacre, hay que investigar si fue una agresión dirigida desde el Estado, de grupos organizados de sicarios contra civiles desarmados o armados con armas primitivas.”
Las evidencias parecen apuntar en esa dirección. Todos los muertos en el supuesto combate pertenecen al mismo bando. Y todos los que se escaparon a Brasil pertenecen al otro. “Somos una comisión orientada a las víctimas, a victims-oriented comission”, explica Ma-ttarollo, usando la expresión en inglés.
“No hacemos calificaciones jurídicas de figuras delictivas, no tenemos que demostrar culpa más allá de la presunción de inocencia ni de toda duda razonable. Nuestro standard es estadístico: medimos si hay más información a favor de una versión que en contra.”
El informe de la comisión constará de una narración de casos paradigmáticos, y se evaluará la conducta de los sicarios y de la policía. “Es importante saber si cada atacante actuaba por su cuenta o recibía órdenes dentro de una estructura jerárquica. Los testigos que entrevistamos hasta ahora dicen que los atacantes actuaban como una fuerza organizada –señala el experto–. Además hay que investigar por qué la policía (de la prefectura de Pando) habría tenido una actitud pasiva y no hizo nada para detener a los sicarios.”
La comisión también analizará el asesinato del ingeniero Pedro Oshiro, empleado de la prefectura de Pando, que fue baleado en un corte de ruta de Porvenir poco antes de la masacre. Algunos indígenas declararon ante la comisión que el ingeniero murió en un accidente automovilístico, pero la autopsia no avala esos testimonios. “Si hubo una respuesta desproporcionada de parte del sector cívico se habría violado el Protocolo para el Uso de Armas de Fuego de Naciones Unidas, que habla de ‘necesidad y proporcionalidad’”, advierte Mattarollo.
El delegado de Unasur dijo que hasta ahora no encontró pruebas de la supuesta presencia de militares venezolanos o cubanos acompañando a los indígenas atacados, ni de cadáveres enviados a Caracas, como dice una versión que suena fuerte en Santa Cruz de la Sierra. “Sí hubo médicos cubanos que atendieron a los heridos de bala”, aclara, en referencia a la ayuda que prestaron en el hospital de Cobija los enviados de Operación Dignidad.
La comisión nombrará a las personas involucradas en los hechos y describirá sus comportamientos, pero no hará valoraciones al respecto. “Vamos a citar nombres y describir conductas sin atribuir responsabilidad penal. Por ejemplo, podemos hablar de un ‘autor mediato de tal cosa’, pero no decimos que ‘tal cosa’ constituye un crimen, mucho menos cuál crimen”, ejemplifica.
En el informe final habrá también un capítulo dedicado a las reparaciones para las víctimas, aspecto que el jurista considera fundamental.
El trabajo será presentado a fines de diciembre a las autoridades de Unasur y a la comisión de diputados que investiga los hechos de Pando desde el Congreso boliviano. “El seguimiento del tema va a ser fundamental. Por eso es muy probable que incluyamos una recomendación para que se cree una estructura permanente de derechos humanos dentro de Unasur.”
El viernes pasado Mattarollo y la comisión se habían reunido con Morales en el Palacio Quemado. “Dijo que el trabajo de la comisión es importantísimo para Bolivia y nos pidió que investiguemos con total imparcialidad. Dijo que si teníamos que criticar al gobierno, que lo hiciéramos. Y yo le dije que había que estar atento a la bandera de la amnistía que están levantando ciertos sectores, que pretenden que la reconciliación pueda realizarse a través de la amnistía, el perdón y el olvido. Pero si no hay memoria, verdad y justicia no se puede construir nada sólido.”
Mattarollo no lo puede decir todavía, pero sabe que la masacre de Pando fue un crimen de lesa humanidad. Su misión es documentarlo. Destapar el manto de impunidad que oculta la verdad.
El experto en derechos humanos es también autor y traductor de poesía. Durante dos décadas hurgó en los rincones más oscuros de la condición humana por encargo y convicción propia. Pensó que ya tenía la piel curtida. Pero no. Confiesa que los relatos que escuchó en estos días le desgarraron el corazón.
Mira el reloj y apura el final de la entrevista. Es tiempo de hacer la valija. Otra vez la valija. Parece cansado. No pudo cambiar el mundo. Para recordárselo, Pando lo espera con sus muertos y sus fantasmas.
“Quisimos cambiar el mundo y conseguimos la democracia”, dice en el escritorio con vista al jardín de su casa, en Boedo, a las ocho y media de la mañana. Saborea un rico café preparado por Beatriz Grosso, madre de sus tres hijos, abuela de sus cuatro nietos y compañera de la vida, justo antes de hacer las valijas para viajar a Pando, Bolivia, donde ocurrió la masacre que le han encomendado investigar.
Será su tercera visita a la escena del crimen en los últimos 40 días. La masacre ocurrió del 11 de septiembre. Ese día, un escuadrón de paramilitares abrió fuego con armas automáticas contra una caravana de indígenas que marchaba a la vera de un río en la localidad de Porvenir, camino a un consejo tribal. La emboscada causó al menos doce muertos, decenas de heridos y más de cien desaparecidos. Las víctimas provienen de distintas comunidades de Pando y Beni. Marchaban a lo que ellos llaman una “ampliada”, o cumbre regional, convocada de urgencia para apoyar al gobierno de Evo Morales. En esas horas el presidente enfrentaba un intento de golpe de los prefectos y comités cívicos de la Media Luna que había llevado al país al borde de una guerra civil.
La primera visita la hizo el 16 de septiembre, cuatro días después de la masacre y 48 horas después de la reunión de urgencia que los presidentes sudamericanos sostuvieron en Santiago para analizar la crisis boliviana y apuntalar al gobierno de Morales. En esa reunión se nombró al ex canciller chileno Juan Gabriel Valdez como delegado del bloque para mediar en la crisis y, a instancias de Cristina Kirchner, a Mattarollo para investigar la masacre. Diez días más tarde los presidentes de la región formalizaron el mandato de Mattarollo en otra reunión de Unasur, esta vez en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Le encargaron tres cosas: que investigue con celeridad, que lo haga con imparcialidad y que elabore conclusiones y recomendaciones para combatir la impunidad.
La comisión que preside el jurista argentino cuenta con un equipo de apoyo de antropólogos forenses, peritos criminalistas, investigadores legales, equipos para grabar testimonios y especialistas en informática. Salvo un par de expertos legales chilenos, los demás colaboradores los aporta la Argentina y los costean el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería. La Unión Europea prometió financiamiento pero todavía no se ha materializado. Hasta el gobierno de Bush, enfrentado con el de Morales, hizo público su apoyo al trabajo de la comisión.
“Esto refuerza el papel de liderazgo de la Argentina en materia de derechos humanos en la región y en el mundo, porque demuestra que el país no sólo tiene iniciativas doctrinarias, sino que las lleva a cabo en el terreno práctico, desplegando sus recursos”, dice con orgullo Mattarollo, que hasta hace pocos días fue subsecretario de Derechos Humanos.
Hasta ahora la comisión se ha limitado a entrevistar a los sobrevivientes y recoger información sobre las víctimas. Pero Mattarollo asegura que su trabajo no estará terminado hasta que haya escuchado a todas la voces. “Escuchar a todas las voces no significa hablar con las distintas partes porque acá no hay partes –aclara–. Hay un gobierno constitucional y las personas que han violado la ley a través de muertes, torturas y desapariciones.”
Las distintas voces que escuchará la comisión incluyen la del ahora ex prefecto Leopoldo Fernández, acusado de ser el autor intelectual de la masacre. Fernández está preso en La Paz por orden de una comisión de la Cámara de Diputados bajo la ley de estado de sitio que impera en Pando desde el día de la masacre, después de que grupos cívicos tomaran el aeropuerto y los edificios federales de Cobija, la capital.
Las voces que serán escuchadas también incluyen las de cientos de simpatizantes de Fernández que cruzaron la frontera después de la emboscada escapando a Brasil, donde reclaman status de refugiados políticos que hasta ahora les ha sido negado. Mattarollo quiere entrevistarlos en ese país.
“Hay dos tesis. O fue un enfrentamiento espontáneo entre facciones opuestas o fue una masacre –dice el jurista y no hace falta ser adivino para saber cuál le resulta más convincente–. Si fue una masacre, hay que investigar si fue una agresión dirigida desde el Estado, de grupos organizados de sicarios contra civiles desarmados o armados con armas primitivas.”
Las evidencias parecen apuntar en esa dirección. Todos los muertos en el supuesto combate pertenecen al mismo bando. Y todos los que se escaparon a Brasil pertenecen al otro. “Somos una comisión orientada a las víctimas, a victims-oriented comission”, explica Ma-ttarollo, usando la expresión en inglés.
“No hacemos calificaciones jurídicas de figuras delictivas, no tenemos que demostrar culpa más allá de la presunción de inocencia ni de toda duda razonable. Nuestro standard es estadístico: medimos si hay más información a favor de una versión que en contra.”
El informe de la comisión constará de una narración de casos paradigmáticos, y se evaluará la conducta de los sicarios y de la policía. “Es importante saber si cada atacante actuaba por su cuenta o recibía órdenes dentro de una estructura jerárquica. Los testigos que entrevistamos hasta ahora dicen que los atacantes actuaban como una fuerza organizada –señala el experto–. Además hay que investigar por qué la policía (de la prefectura de Pando) habría tenido una actitud pasiva y no hizo nada para detener a los sicarios.”
La comisión también analizará el asesinato del ingeniero Pedro Oshiro, empleado de la prefectura de Pando, que fue baleado en un corte de ruta de Porvenir poco antes de la masacre. Algunos indígenas declararon ante la comisión que el ingeniero murió en un accidente automovilístico, pero la autopsia no avala esos testimonios. “Si hubo una respuesta desproporcionada de parte del sector cívico se habría violado el Protocolo para el Uso de Armas de Fuego de Naciones Unidas, que habla de ‘necesidad y proporcionalidad’”, advierte Mattarollo.
El delegado de Unasur dijo que hasta ahora no encontró pruebas de la supuesta presencia de militares venezolanos o cubanos acompañando a los indígenas atacados, ni de cadáveres enviados a Caracas, como dice una versión que suena fuerte en Santa Cruz de la Sierra. “Sí hubo médicos cubanos que atendieron a los heridos de bala”, aclara, en referencia a la ayuda que prestaron en el hospital de Cobija los enviados de Operación Dignidad.
La comisión nombrará a las personas involucradas en los hechos y describirá sus comportamientos, pero no hará valoraciones al respecto. “Vamos a citar nombres y describir conductas sin atribuir responsabilidad penal. Por ejemplo, podemos hablar de un ‘autor mediato de tal cosa’, pero no decimos que ‘tal cosa’ constituye un crimen, mucho menos cuál crimen”, ejemplifica.
En el informe final habrá también un capítulo dedicado a las reparaciones para las víctimas, aspecto que el jurista considera fundamental.
El trabajo será presentado a fines de diciembre a las autoridades de Unasur y a la comisión de diputados que investiga los hechos de Pando desde el Congreso boliviano. “El seguimiento del tema va a ser fundamental. Por eso es muy probable que incluyamos una recomendación para que se cree una estructura permanente de derechos humanos dentro de Unasur.”
El viernes pasado Mattarollo y la comisión se habían reunido con Morales en el Palacio Quemado. “Dijo que el trabajo de la comisión es importantísimo para Bolivia y nos pidió que investiguemos con total imparcialidad. Dijo que si teníamos que criticar al gobierno, que lo hiciéramos. Y yo le dije que había que estar atento a la bandera de la amnistía que están levantando ciertos sectores, que pretenden que la reconciliación pueda realizarse a través de la amnistía, el perdón y el olvido. Pero si no hay memoria, verdad y justicia no se puede construir nada sólido.”
Mattarollo no lo puede decir todavía, pero sabe que la masacre de Pando fue un crimen de lesa humanidad. Su misión es documentarlo. Destapar el manto de impunidad que oculta la verdad.
El experto en derechos humanos es también autor y traductor de poesía. Durante dos décadas hurgó en los rincones más oscuros de la condición humana por encargo y convicción propia. Pensó que ya tenía la piel curtida. Pero no. Confiesa que los relatos que escuchó en estos días le desgarraron el corazón.
Mira el reloj y apura el final de la entrevista. Es tiempo de hacer la valija. Otra vez la valija. Parece cansado. No pudo cambiar el mundo. Para recordárselo, Pando lo espera con sus muertos y sus fantasmas.
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