Pese al tremendo riesgo que representan las tecnologías mineras con sus incontables accidentes y sus secuelas de pueblos contaminados y abandonados, sus gravísimos daños a los ecosistemas, a las fuentes de agua, al aire, a los suelos y a la salud de las personas, todavía el mundo y el mercado se niegan a renunciar, entre otras cosas, a aquellos principios de la civilización donde la acumulación y el crecimiento económico son fundamentales, donde importa más el lucro desmedido que la protección de los bienes que pertenecen a todos.
Pedro Rivera Ramos / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Desde Ciudad Panamá
El miércoles 30 de septiembre de 2026 en una comparecencia televisiva del gobierno panameño actual, se anunciaba que los tres ministros designados para evaluar el informe de auditoría integral, realizada a la minera de cobre ubicada en el distrito de Donoso, entregarían ese día sus recomendaciones al presidente del país. El día anterior, en otra comparecencia también televisiva, la aprovechó el gobierno de turno para autoelogiarse porque --según los datos disponibles-- habían conseguido bajar la tasa del desempleo en dos puntos porcentuales, en comparación con septiembre del 2025. Estas noticias extraña y curiosamente, coincidían con una marcha que las organizaciones populares y otros sectores de la sociedad panameña, llevaban semanas anunciando para ese mismo miércoles 30.
Aun cuando la mayor parte de la sociedad panameña esperaba que después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre 2023, lo único que restaba era cerrar completamente la actividad minera en Donoso, el gobierno que preside José Raúl Mulino, siguiendo los pasos de casi todos sus antecesores, parece decidido a reabrir ese yacimiento mineral bajo el endeble y cuestionable argumento, que para cerrarlo se necesita reabrirlo durante algunas décadas. Otra vez el afán por el lucro y la prioridad por los negocios, se impone ante la necesidad de proteger y garantizar los ecosistemas naturales y la biodiversidad panameña. Otra vez está de vuelta entre nosotros el fantasma del filósofo inglés Francis Bacon, que sostenía una visión altamente utilitarista de la naturaleza y que solamente la concebía al servicio del ser humano que, siendo así su dueño, podía dominarla, someterla y explotarla para sus fines y necesidades. Allí está el verdadero espíritu de lo anunciado ese 30 de septiembre, por mucho esfuerzo que hicieron para ocultar el retorno total de la actividad extractivista y su duración hasta agotar el último gramo de cobre existente.
Volviendo a Bacon que, aunque murió hace 4 siglos, puede ser considerado como el inspirador del extractivismo moderno, cuando conforme a su pensamiento, este se define como la actividad donde se extraen recursos naturales no renovables con métodos intensivos y en volúmenes considerables, que pueden ser no solo minerales, sino también petróleo, actividades pesqueras y hasta agrarias, representando un despojo y saqueo de las riquezas naturales de territorios que vacían, trastocando las vidas de comunidades y pueblos con violencia, violando sus derechos humanos y provocando grandes impactos ambientales, sociales y culturales.
Ahora bien, el extractivismo tiene a fin de cuentas una connotación más de saqueo y despojo de nuestros países, que de herramienta de desarrollo, prosperidad y progreso para nuestros pueblos, ya que en esencia lo que buscan primordialmente es sostener las industrias energéticas, tecnológicas y militares de las naciones desarrolladas. El cobre es, dentro del litio, cobalto, níquel y las tierras raras, los minerales más codiciados en nuestro tiempo y que deben ser saqueados cuanto antes sin importar siquiera donde se encuentren. Por eso el problema minero es más un problema político, que una disputa técnica, económica o ambiental. Tiene una relación profunda con la soberanía, el modelo de desarrollo, la democracia y los territorios de las comunidades donde se encuentran los yacimientos.
Eso viene a explicar por qué se considera que el modelo extractivista tiene una articulación casi directa y hasta histórica con la conquista y colonización de América y con la explotación y saqueo de los recursos de nuestros territorios. Y ni siquiera empieza ni termina allí con esos acontecimientos, porque se conoce que, desde los tiempos del escritor y militar romano Plinio el Viejo, la actividad minera y principalmente el interés por los metales preciados, estaba íntimamente relacionada con la conquista de territorios y la avaricia y el afán por conseguir riqueza y poder. Eso demanda entonces, que la lucha contra este modelo forme parte de una aspiración mayor, que es la que reconoce primero la crisis civilizatoria actual y la necesidad de transitar hacia una civilización distinta.
En Londres, en noviembre de 1966, se constituyó el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra conocido también como Tribunal Russell, con el objetivo inicial de investigar y evaluar la intervención militar estadounidense en Vietnam. Años más tarde, se volvió a convocar como Tribunal Russell II, con el fin de condenar los crímenes que cometían las dictaduras en América Latina y que facilitaban la creación de las condiciones necesarias para que las corporaciones transnacionales, pudieran seguir causando perjuicios irreparables contra el ambiente y las comunidades de nuestros pueblos, a través de la minería, la agricultura industrial, el control de sus fuentes de agua. Estas preocupaciones del Tribunal Russell en su segunda edición, llevaron al escritor argentino Julio Cortázar, uno de sus principales miembros, a escribir en 1977 la obra “Fantomas contra los vampiros multinacionales”, como forma de llamar a través de este villano francés de historietas, la atención sobre las audiencias, testimonios y sentencia del Tribunal, donde, entre otras cosas reconoce: “…en el saqueo de las riquezas naturales de estos países, de su suelo, de su medio ambiente, de sus materias primas, de su mano de obra, de sus recursos intelectuales y también de los capitales creados por el proceso de acumulación interna”. (2)
Una de las principales actividades económicas dentro del modelo extractivista que se desenvuelve en el planeta, es la minería metálica industrial de gran escala, que contrario a lo que afirman sus defensores sobre el impulso al empleo que representa y según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solamente logra emplear en todo el mundo cerca del 1% de la fuerza laboral, aproximadamente unos 20 millones de personas, mientras que la pequeña minería o de pequeña escala lo hace con unos 6 millones. Precisamente uno de los mitos más extendidos sobre la actividad minera en los países en desarrollo, consiste en sostener que con ella se generan grandes oportunidades económicas y laborales, toda vez que en las fases iniciales demanda una gran cantidad de trabajadores. Pero olvidan señalar que mucha de esa mano de obra termina siendo reemplazada con mejoras o por la introducción de nuevas tecnologías. A esto hay que añadir que a menudo, la mayoría de la fuerza laboral calificada vive casi siempre en otros países y que la duración de una mina es de 10-30 años y su rentabilidad es cíclica, porque depende de los precios de los metales en el mercado internacional.
Casi siempre el establecimiento de una mina dificulta --sino impide-- que aparezcan otras actividades económicas independientes de la actividad minera. Pese a su baja generación de empleos, como ya vimos, las actividades mineras en el mundo causan el 8% de todos los accidentes mortales en los centros de trabajo; otro motivo adicional en Panamá para preocuparse ante los esfuerzos gubernamentales, por justificar la reapertura de la mina en Donoso, sumado al hecho que nuestro país no ha ratificado aún, el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas del año 1995 de la OIT.
El discurso más frecuente de las compañías mineras en estas zonas relativamente aisladas e históricamente marginadas por los gobiernos, consiste en prometer el progreso y desarrollo de las comunidades y pueblos vecinos, aunque ello suponga una amenaza de muerte a las formas de vida de los campesinos e indígenas de esas regiones. Las inversiones que hacen las empresas mineras son las necesarias y fundamentales para su explotación y extracción minera, mientras que en otras infraestructuras que pueden beneficiar a la población, sus inversiones son mínimas o emplean recursos estatales para ello. Estas empresas se las ingenian para que muchas acciones que pueden beneficiar a sus empleados y poblaciones locales, sean descontadas de las regalías o aportes de dinero a instituciones estatales locales. Los grandes beneficios de la actividad minera no se quedan ni se invierten en los países donde operan; además, suelen contar con un marco legal que las favorece considerablemente, pagan pocos impuestos manipulando sus balances para que reflejen pérdidas, mientras van dejando a su paso contaminación y destrucción ambiental permanentes.
La minería es una actividad industrial difícilmente sustentable, por ser irreversible en términos ecológicos y por ser un proceso extremadamente agresivo para el agua, los suelos, la flora y la fauna; ya que al remover toda la capa vegetal, favorece los procesos erosivos sobre el suelo, la pérdida de la calidad del agua y la degradación de los ecosistemas existentes. Eso la lleva también a ser absolutamente incompatible con la agricultura, porque no solo contamina con sus actividades los suelos y las aguas, sino que además hasta los alimentos producidos. Es una actividad tan perjudicial para todo tipo y forma de agricultura, porque extrae minerales del suelo sin reponerlos, sin compensación, destruyendo sus estructuras, agotándolos de manera irremediable.
La minería metálica se divide fundamentalmente según los métodos de extracción y de procesamiento. Por la forma de extracción o explotación la minería es subterránea o superficial (a cielo abierto). La explotación de minerales metálicos a cielo abierto es aquella donde se necesita remover totalmente la vegetación, que se encuentra sobre un territorio para descubrir el suelo y así extraer los minerales que se encuentran en las rocas y la tierra removida del subsuelo. Este tipo de explotación tiene entre sus perjuicios, que acaba con los bosques y la biodiversidad de un lugar, aumenta la escorrentía superficial, favorece el drenaje ácido por la exposición de los minerales de las rocas extraídas al agua y los vientos, produciéndose así una gran cantidad de desechos tóxicos. Las alteraciones de la minería a cielo abierto son tan devastadoras y tan degradantes, que impiden el desarrollo de los ciclos naturales y hacen imposible a los suelos recuperar su estructura original y la fertilidad de manera natural. Es decir, que la capacidad de los suelos de autorrepararse es totalmente destruida, lo que los convierte en sitios o terrenos estériles.
En un mundo donde cada día es más palpable la estrecha fusión entre Estado y mercado y donde las lógicas y visiones impuestas por la modernidad conducen a la sociedad en general al desastre, la actividad minera a gran escala sirve para demostrar de manera palpable, los efectos perniciosos del modelo económico actual. Por eso no hay duda que la minería en general como actividad económica, no tiene gran impacto para la mayoría de los países, toda vez que lo se practica con ella, para decirlo sin precaución alguna, es simple y llanamente expoliación cruda, donde para entenderla hay que apuntar la fuerte implicación que han tenido en ello los organismos internacionales de crédito como el FMI y el BM, verdaderos artífices de la pavimentación de la práctica del extractivismo en nuestros países. Y todo eso a pesar que hace más de 20 años, en un libro producido por el propio BM, se concluyó que los países donde sus economías dependían de la explotación de sus recursos naturales, sufrían de un “desarrollo al revés” o retroceso socioeconómico, es decir, aumento de la pobreza, corrupción, abandono de actividades generadoras de empleo, crecimiento de las desigualdades sociales, de la delincuencia y el crimen organizado.
Por otra parte, nada impide a las empresas mineras utilizar métodos más arriesgados cuando comienzan a percibir el agotamiento de las reservas de un mineral. Al final nunca sus actividades han sido ni seguras ni poco riesgosas; preocupación muy alejada de las prioridades de sus directivos, cuando las áreas o emplazamientos donde operan no están habitadas según ellos, por seres humanos plenos. Casi todas se encuentran en lugares apartados, de baja densidad poblacional, pobres y sin poder político alguno, donde los trabajos de mayor riesgo e inseguros son ofrecidos a la población de las comunidades donde se asientan, mientras los mejores salarios y los puestos más seguros, están reservados para personal especializado y casi siempre nacionales de otros países.
Es práctica muy común entre las empresas mineras, incrementar sus costos reales para ocultar sus verdaderas ganancias. También es muy frecuente declararse en quiebra cuando van a cerrar, así como no reportar en sus informes a las naciones donde operan, otros minerales como oro o tierras raras que se extraen en el proceso principal. La minería a gran escala está formada por grandes empresas que practican una concentración y monopolización de esta actividad, existiendo entre ellas, además, un grado de encubrimiento asombroso. En resumen, al ser expertas en fraude, suelen operar desde distintos paraísos fiscales, situación que les permite reducir de modo artificial las utilidades que declaran localmente.
Pese a los ingentes esfuerzos que realizan las empresas mineras para presentarse como actividades sustentables, asegurando que todos sus procesos están exentos de producir contaminaciones en el ambiente y que llevan progreso a las áreas que intervienen solucionando problemas como la pobreza y el hambre, lo cierto es que la realidad es muy distinta y cada vez les resulta más difícil ocultar los desastres medioambientales, que van dejando a su paso en diferentes partes del planeta, los accidentes mineros con consecuencias graves o mortales, así como los pueblos abandonados y contaminados de forma permanente e irreversible, por sus operaciones de extracción de minerales.
El mito de que la minería representa una solución eficaz a la pobreza, se viene abajo cuando se constata que en muchas regiones del mundo donde la minería lleva explotándose medio siglo o más, siguen siendo muy pobres. Por ejemplo, la mina de oro más grande de América del Sur y que se encuentra entre las más grandes del mundo, la mina de Yanacocha, en Perú, opera desde hace más de 30 años en uno de los distritos más pobres de esa nación. La pobreza prevaleciente en las zonas mineras tiende a acentuarse, sobre todo con el despojo de los recursos naturales y por el daño ambiental y social sobre esos recursos. Precisamente el distrito de Donoso donde se encuentra el yacimiento de cobre que explotaba Minera Panamá, figura junto a Portobelo, Chagres y Santa Isabel, como los distritos más pobres de la provincia de Colón.
Fue una isla sacrificada en nombre del progreso, conforme a la visión que los mercaderes de la minería les deparan a nuestros pueblos. Los nauruanos por gestiones de la ONU y Australia, tomaron el control de su país con una declaración política y de soberanía sobre su territorio, el último día del mes de enero del año 1968. Cuando descubrieron los daños que les estaba causando la minería del fosfato, se propusieron cerrar escalonadamente la mina y rehabilitar el ambiente destruido. Ambos planes fracasaron estrepitosamente. Así, una nación que exportaba un ingrediente principal para un fertilizante agrícola en el mundo, se convirtió en infértil. Se fue literalmente extinguiendo por un polvo blanco, que durante años se creía que era el fundamento de toda su riqueza nacional. No había ya tierras fértiles para cultivar nada; las personas casi no cocinaban y comían en restaurantes mucha comida chatarra, lo que hizo que entre ellos creciera rápidamente la obesidad.
Nauru no ha sido el único ni el último sitio del mundo donde las explotaciones mineras han hecho un daño considerable. Las tecnologías que con mayor frecuencia se usan en las extracciones mineras son altamente contaminantes y sus efectos más notables suelen aparecer cuando se cierra la mina y cesan sus operaciones, generando impactos ambientales, sociales y de salud en las poblaciones muy importantes. Así se han abandonado en distintas partes del mundo y desde hace muchísimo tiempo, los llamados pueblos fantasmas, ya sea por agotamiento de los minerales, caída de los precios internacionales y, sobre todo, por los riesgos químicos y la grave contaminación y toxicidad que ha aparecido.
En los Estados Unidos se han identificado como pueblos fantasmas o abandonados, que en el pasado fueron prósperas ciudades mineras, la ciudad de Pitcher en el estado de Oklahoma (abandonado por contaminación por plomo y zinc y considerada la ciudad más tóxica de ese país), Kennecott en Alaska (abandonado por los riesgos asociados con la extracción de cobre), Bodie en California, donde la minería de oro que la hizo florecer marcó también su muerte. En el país vecino, Canadá, se ha reportado la existencia de pueblos fantasmas como el Cassiar, Anyox y el Kitsault en la Columbia Británica, mientras que en Europa aparecen como pueblos abandonados el Pyramiden (Noruega) y el pueblo Geamana en el condado Alba de Rumanía, donde desde 1977 se inició la explotación de un yacimiento de cobre a cielo abierto, que años después quedaría sepultado bajo decenas de metros de barro tóxico y metales pesados.
Asimismo, en Asia sobresale un número considerable de pueblos enteros abandonados en China por las afectaciones químicas de la minería de tierras raras, igual ha sucedido en Tailandia, Camboya y Laos, donde la contaminación por mercurio, arsénico y plomo, han degradado severamente muchos de sus ecosistemas. El continente africano no ha estado exento de las minas y pueblos abandonados por las graves contaminaciones, que han dejado sus procesos industriales y tóxicos, donde países como Sudáfrica, Namibia, Zambia y el Congo, han sufrido y sufren los perjuicios de afectaciones en suelos, ríos, aire y la salud de las personas por minas de asbesto, carbón y cobre.
Y es que los minerales son un recurso natural no renovable, algún tiempo después se acaban. En esos momentos es cuando se descubre que los pasivos ambientales de la minería, sus desechos y la contaminación generada, nunca cuentan con fondos suficientes para remediar o encarar las soluciones. Realmente aquí siempre restaurar es un gran problema, porque es casi imposible hacerlo. Allí está el caso del que es considerado todavía el mayor desastre ambiental del Brasil, cuando en el 2015 la represa de Fundaçao en la ciudad de Mariana, Estado de Minas Gerais, construida para retener y almacenar los desechos procedentes de las minas de hierro se rompió y más de 50 millones de toneladas de lodo que contenían grandes cantidades de plomo, mercurio y arsénico, arrasaron con pueblos enteros, dejando detrás un saldo de más de un millón de damnificados y 19 muertos. Casi cuatro años después, otro dique colapsó en el mismo Estado, ahora en el municipio de Brumadinho causando más de 250 muertes, contaminando seriamente importantes ríos de la región y destruyendo cientos de miles de hectáreas por efectos del lodo tóxico y residuos mineros.
PARTE II
Pese al tremendo riesgo que representan las tecnologías mineras con sus incontables accidentes y sus secuelas de pueblos contaminados y abandonados, sus gravísimos daños a los ecosistemas, a las fuentes de agua, al aire, a los suelos y a la salud de las personas, todavía el mundo y el mercado se niegan a renunciar, entre otras cosas, a aquellos principios de la civilización donde la acumulación y el crecimiento económico son fundamentales, donde importa más el lucro desmedido que la protección de los bienes que pertenecen a todos. La tragedia de Nauru y de todos los pueblos fantasmas no debiera volver a repetirse, aunque seguramente para algunos la explotación industrial del cobre puede resultar hasta aceptable, si una parte considerable de los fondos recaudados se utilizan en beneficio, por ejemplo, de las pensiones y subsidios que reciben las personas. Es decir, se puede permitir, aun cuando los despojos sean usados para una causa noble. Quizás eso explica un poco el cambio que ha adoptado El Salvador, que llegó a ser en el 2017 el único país del mundo que había prohibido la minería metálica, para ahora derogar esa norma en diciembre del 2024, a pesar que diversas encuestas arrojaban que más del 60% de la población estaba en contra de que se hiciese. Esta decisión parece que estuvo fuertemente influenciada, por la existencia de claros indicios de que familiares del presidente tienen vínculos e intereses en el sector minero de ese país. Como era de esperarse tal medida generó manifestaciones y huelgas por todo el país, acciones que fueron recibidas con más persecución y represión por parte del gobierno Bukele.
El objetivo principal de The Metals Company es extraer los millones de toneladas de níquel, cobre, cobalto y manganeso contenidos en los abundantes polimetálicos existentes en las profundidades del mar y que pertenecen realmente a toda la humanidad. De autorizarse tal extracción de recursos marinos amparándose en regulaciones de una sola nación, que además no es firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y no es miembro de la Autoridad Internacional sobre los Fondos Marinos (ISA), se crearía un precedente tan nefasto que cualquier otra nación podría hacer lo mismo. Si al final se extrajeran minerales de forma unilateral como pretende la empresa, contaría casi únicamente con el mercado estadounidense para venderlos. De todos modos, para este tipo de empresa con ese solo mercado le sobra y basta… por el momento.
Sin dudas, que en la economía mundial hay un crecimiento en la demanda de materias primas que se encuentran en el subsuelo de zonas específicas de pocos países, en forma de níquel, cobre, cobalto, wolframio, boro, litio y tierras raras, entre otras, y que resultan necesarias para la fabricación de teléfonos móviles, tabletas, vehículos eléctricos. Aquí el argumento de materias primas “necesarias para la economía global” no se ajusta mucho en el caso del oro, porque del total de ese mineral extraído en el año 2015, solamente el 8% fue empleado en tecnologías y casi el 60% en joyería. Sin embargo, es muy atractivo y tentador explotar minas de oro, cuando el kilogramo se valora en 135,000 dólares estadounidenses (4-9 veces más que un kilo de cocaína en los Estados Unidos). A este dato alentador del oro hay que añadirle que en su explotación se generan daños y riesgos, como los grandes volúmenes de agua que se necesitan, así como las cantidades considerables de cianuro en su tratamiento, un veneno muy letal para los seres vivos.
Entretanto, el mineral cobre en estos momentos es fundamental en la construcción de coches eléctricos, paneles solares, tubos de cobre, cables de construcción y turbinas eólicas. Se cree que para el año 2040 la demanda de cobre podría llegar a alcanzar hasta un 50% de los niveles actuales, que se estima rondan los 42 millones de toneladas métricas anuales. Situación que se complica para el mercado mundial cuando se prevé que, en una década, este metal industrial podría experimentar un déficit del orden del 25% y cuando desde agosto del año 2025, el gobierno estadounidense impuso un arancel del 50% a las importaciones de productos de cobre semielaborados y derivados con alto contenido de cobre.
Ciertamente en la economía mundial el cobre está considerado un recurso estratégico, de su existencia depende de manera muy marcada para sostener todo el avance relacionado con la inteligencia artificial, centros de datos, redes eléctricas y otras aplicaciones. Sin embargo, ante esto se debe considerar que las concentraciones de cobre y otros metales en el subsuelo son muy pobres, hasta el punto que para producir una tonelada de cobre puro, se necesitan procesar casi 1000 toneladas del subsuelo. Esa extracción viene acompañada a menudo con otros minerales en concentraciones muy bajas o metales pesados contaminantes.
En general, la actividad minera se caracteriza por ser extremadamente degradante y destructiva de los ecosistemas planetarios. Tanto la minería subterránea como la de cielo abierto necesitan grandes cantidades de agua y energía para la realización de todos sus procesos mineros y una vez que las rocas son expuestas al aire libre se ponen en marcha los procesos de erosión, lixiviación y contaminación en suelos y aguas. Es decir, que la minería a gran escala reclama cantidades considerables de agua para funcionar, que para el cobre necesita entre 10,000 a 30,000 litros de agua por día; mientras que el uso de químicos supone un riesgo considerable de contaminación a tantos afluentes, que pueden terminar comprometiendo toda una cuenca hidrográfica. Considérese aquí que mucha minería se practica donde los bosques protegen fuentes de agua importantes y son hábitat de cientos de especies en vías de extinción, prevaleciendo en esas áreas una creciente pluviosidad, que hace todavía más peligrosa la actividad minera porque la contaminación puede llegar fácilmente a los acuíferos, poniendo en riesgo a las comunidades cercanas en su suministro de agua. Asimismo, algunos proyectos mineros consumen una cantidad considerable de energía, que llegan incluso a sobrepasar el consumo de provincias enteras, lo que explica que algunas empresas se ven obligadas a generar su propia electricidad.
Para tratar de restarle importancia a las críticas por el gran consumo de agua que la actividad minera industrial exige, los proyectos mineros suelen aducir que usan en sus procesos enteramente agua de lluvia. Con ese argumento tan endeble se les olvida reconocer, que de ese modo están separando a las lluvias del sistema hídrico al que está conectado en las comunidades, es decir, que cuando las empresas mineras capturan la lluvia están despojando y privando a los ríos, lagos, suelos y raíces de las plantas, del agua que forma parte del ciclo de ella en la naturaleza.
El drenaje ácido cuando llega a ríos, quebradas o arroyos, tiene un impacto ambiental inmediato en los ecosistemas acuáticos porque los envenena, lo que hace imposible la sobrevivencia de toda vida en ese medio, junto a sus riesgos potenciales para la salud humana por contaminación de las fuentes de agua. Este drenaje tóxico se torna aún más grave cuando las explotaciones mineras, se encuentran muy próximas a cabeceras de cuencas hidrográficas. A esta seria preocupación ambiental que es totalmente inherente a la minería, hay que agregarle el peligro que representan las tinas o piscinas de relaves, que son estructuras diseñadas para acumular de manera temporal o permanente los desechos sobrantes de la minería, o sea, el material conformado por agua, roca molida y lodo contaminado por metales pesados, provenientes del proceso de extracción y concentración de los minerales. De colapsar una tina de relave la devastación que causaría sería inmensa.
Con mucha frecuencia las empresas extractivistas aseguran siempre, que ningún proyecto de explotación se comienza sin el consentimiento e información previa de las comunidades locales. Ocultan por otro lado, que estas consultas suelen venir precedidas de mucha labor de cooptación entre los habitantes, engaños, manipulación social y fuertes presiones para que las mismas no se realicen sin la presencia de los empresarios de la explotación extractiva. Las comunidades locales tienen el legítimo derecho de rechazar las arbitrariedades y los abusos empresariales que traen los proyectos extractivistas, energéticos o mineros, así como defender la gestión colectiva de sus territorios, su identidad y experiencias, sus relaciones comunitarias y prácticas sostenibles. Y es que uno de los problemas principales que generan grados de conflicto entre las comunidades y estas empresas, es la eventual contaminación de los recursos naturales que necesitan las personas, para sus diversas actividades productivas y humanas.
Toda la experiencia existente sobre estas relaciones conflictivas demuestra que las poblaciones que comparten territorio con empresas o industrias mineras, por ejemplo, ven sus actividades cambiar de forma dramática, sobre todo, las ambientales y sociales. Desde la misma fase de exploración, la mina causa impactos importantes en los territorios por la gran cantidad de perforaciones que se hacen y que consumen miles de litros de agua, químicos y combustible. A esto se le suma después la deforestación, destrucción y devastación de toda la capa vegetal y problemas sociales que crecen alrededor de la mina, como el alcoholismo, la prostitución y la delincuencia.
En muchos países se suele amenazar a la sociedad con el argumento, que de no aceptar y permitir las concesiones mineras legales y con contratos con los Estados, se creará un vacío tan importante que terminará favoreciendo la incursión creciente de la explotación ilegal en las actividades mineras, caracterizada por sus acciones peligrosas y nocivas al contaminar los recursos hídricos con mercurio y otras sustancias tóxicas. Sin embargo, la minería legal no se diferencia mucho de la ilegal, ya que ambas formas son responsables de la desertificación acelerada que han experimentado amplias regiones del territorio amazónico, que comprende países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Brasil.
La megaminería maneja con mucha destreza, como casi ninguna otra actividad económica transnacional, el uso y utilidad del cabildero, los prestanombres y las alianzas con los gobiernos de turno y sus principales instituciones de decisión. En el caso de los cabilderos políticos o lobistas para otros, es un verdadero profesional que tiene como misión conseguir lo que puede ser, que a todas luces no se puede conseguir. Y no lo hace necesariamente comprando votos, hay otras formas más sutiles de realizar este trabajo para las empresas mineras. Por otra parte, en la explotación minera de muchos países están apareciendo los prestanombres y las cooperativas mineras, que florecen con mucha rapidez debido al gran desprestigio que rodea a las mineras canadienses y de otros países, junto al creciente rechazo y desconfianza de las comunidades hacia estos proyectos. Sin embargo, su entrada reciente y repentina está siendo disfrazada, bajo el criterio de que es para favorecer la participación de miembros de las comunidades en esas asociaciones particulares. El resultado real y efectivo que se busca con esto es para que la empresa minera al final, actúe como intermediaria en la comercialización de los minerales.
Las empresas mineras transnacionales tienen como costumbre en los países, tener como aliados a sectores empresariales, financieros y la banca, lo mismo que al Estado nacional que sin mucha dificultad, cae seducido por los beneficios que le llegan de esa clase corporativa. Junto a estos, también se suman cautivados, medios de comunicación, fundaciones, bufete de abogados, consultores empresariales y hasta sectores académicos de universidades. En el caso de los gobiernos, su actuación se traduce en ser facilitadores del despojo minero cuando hacen concesiones sobre los territorios y las aguas, construyen infraestructura con fondos públicos, otorgan atractivos incentivos tributarios y conceden todos los permisos ambientales necesarios con mucha celeridad. De ese modo, a las empresas mineras les resulta más fácil proporcionar servicios sociales y cooperar con los gobiernos, en el fortalecimiento de programas asistenciales en las comunidades, como forma de disminuir la presión o el rechazo popular que estos proyectos extractivistas generan.
No obstante, es muy frecuente que los gobiernos cuando no pueden convencer a las comunidades de los presuntos beneficios de la minería, prefieren fortalecer su alianza con las empresas mineras, poniéndose completamente al servicio de ellas, antes que darles algún crédito a las objeciones de sus ciudadanos. Así las cosas, las organizaciones comunitarias terminan fuertemente vigiladas, ya no solo por las empresas y sus aparatos para esos fines, sino también por los órganos de seguridad de los Estados, lo que ayuda a reconocer aún más la connivencia entre los gobiernos y estas empresas, donde las comunidades y los pueblos son considerados como “sobrecarga”, palabra del argot minero para referirse a la tierra sobrante, así como a la vegetación y rocas machacadas por la maquinaria minera.
Lo cierto es que la postura que adoptan los gobiernos con estos proyectos extractivistas, presentándolos como una especie de salvación de la economía nacional, denota, por un lado, la clara debilidad del Estado para proteger eficazmente los recursos naturales y el medio ambiente de las poblaciones que se encuentran cercanos a los mismos, y, por el otro, que tal conducta de gobernar al servicio de las corporaciones y empresarios tiene sus límites, cuando el pueblo sabe que los costos ambientales por la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del hábitat de especies, lo va a pagar la nación entera, sino lo impedimos antes.
Citas:
1. Klein, Naomi (2014). Esto lo cambia todo. p. 177-178
2. Cortázar, Julio (1977). Fantomas contra los vampiros multinacionales. p. 74
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