Así como lo ocurrido en Rumania no es cuestionable porque el presidente actuó en términos de la constitución y las leyes, lo de Venezuela tampoco lo puede ser porque aquí hay un estado de derecho, nadie ha podido demostrar lo contrario. La administración de Estados Unidos y sus gobiernos subordinados deberían medir las consecuencias jurídicas que significan avalar como nuevo método electoral la autoproclamación en una plaza y se deben atener a las consecuencias.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra América
Desde Caracas, Venezuela
Rumania vivió una extraña jornada electoral en la que la oposición social demócrata se “alzó con la victoria de manera sorpresiva”, pero perdió según la ley, como lo señalan casi todos los medios de prensa “dueños de la verdad universal”. El Partido Socialdemócrata (PSD) obtuvo 30 % de los votos y el gobernante Partido Nacional Liberal (PNL) de derecha logró un 25% de apoyo.
La derrota del PNL significó que el primer ministro Ludovic Orban dimitiera del cargo. La tradición de los sistemas parlamentarios es que a la agrupación más votada le corresponda formar gobierno. Sin embargo, lo que no resultó sorpresivo fue que los ganadores resultaran perdedores por obra y gracia de la decisión del presidente rumano Klaus Iohannis quien designó como primer ministro al titular de Defensa, general Nicolae Ciuca, quien llegó al Ejecutivo en noviembre de 2019 tras derrocar al anterior gabinete socialdemócrata en una moción de censura.
El presidente Iohannis comunicó que, pese a la victoria del PSD en los comicios, no le encargará formar gobierno -tal como lo había advertido previamente- cuando dijera que no permitiría a los social demócratas regresar al poder, optando entonces por un primer ministro de centro-derecha que busque una coalición entre el PNL gobernante, la alianza centrista USR-Plus (que obtuvo un 16% de los votos) y otros partidos de la misma ideología. Es decir por decisión del presidente, los ganadores en las elecciones no podrán formar gobierno, instando de manera desvergonzada a construir una alianza de derecha y ultra derecha para entregarle el gobierno del país.
¿Es ilegal o ilegítima la decisión del presidente Ioannis? No, no lo es. Actuó en absoluta consonancia con la constitución política del país que no lo obliga a respetar los resultados si el partido vencedor no logra una mayoría absoluta. Si este punto de vista se atiene a criterios éticos es otro tema a discutir.
Lo que es repudiable políticamente es que se le “eche tierra” a la supuesta tradición de los sistemas parlamentarios de la tan publicitada democracia representativa a la que se acude solo cuando es conveniente, de llamar a formar gobierno al partido que más votos haya logrado y si éste no es capaz de hacerlo, dar oportunidad a otras agrupaciones. Mucho más deplorable es que Ioannis -haya querido de forma descarada- negar a priori esa posibilidad a la socialdemocracia solo para encargar gobierno a su partido, el PNL.
El canal de televisión por suscripción France 24 opina sin ningún análisis que: “Más de 18 millones de electores estuvieron llamados a las urnas, pero solo alrededor del 30% de ellos terminó participando de una jornada más que sorpresiva. Se trata de la cifra más alta de abstención en unas elecciones parlamentarias desde 1989, tras la caída del comunismo que dio paso a la democracia”, y agrega que: “Los expertos atribuyen la apatía de los votantes al temor a contagiarse de Covid-19, en medio de la segunda ola de contagios que afecta a Rumania. Pero, añaden, que el desinterés hace parte también de una desilusión contra la clase política rumana”.
En el caso de Venezuela, aunque se da a conocer que el chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional, la primera mención resaltada de casi todas las agencias es la abstención de alrededor del 70% de los electores. ¡La misma cantidad que en Rumania!
Pero los medios, no informan que en Venezuela se votó en medio del acoso, las agresiones, las amenazas, las sanciones y el bloqueo que impide el abastecimiento normal de insumos para la vida de la población. Ninguna mención al Covid19, como si Venezuela quedara en otro planeta que no ha sido afectado por la pandemia. En lo único que se podría coincidir es en la apatía de los ciudadanos por las elecciones para una instancia que nada ha hecho por solucionar sus problemas y que, en los últimos años, al contrario, ha sido parte fundamental del problema.
A continuación, el eje “informativo” se orienta a señalar las opiniones de la oposición en torno a los resultados, poniendo el énfasis en el supuesto fraude dictaminado por Washington y acatado por Bruselas y el Cartel de Lima, no como en el caso de Rumania en la que señalan como idea fuerza los argumentos del presidente para justificar su decisión.
Los relatos y entrevistas giran alrededor de la escasa participación, mencionando de forma tangencial y casi sin querer decir que el proceso se desarrolló de forma pacífica como lo avaló el Consejo Nacional Electoral elegido por un acuerdo entre oposición y gobierno, el “Plan República”, operativo especial de las Fuerzas Armadas que se estructura en las fechas electorales el cual informó que no hubo ninguna, óigase bien, ninguna denuncia de alteración del orden en los comicios, al contrario de lo que ya es habitual en casi toda América Latina, pero como la noticia esperada por los medios trasnacionales de la información era que hubiese violencia y desorden, hicieron mutis frente a este hecho. Finalmente, los resultados fueron garantizados por los cientos de observadores internacionales convocados por gobierno y oposición a tal efecto.
La principal preocupación de los medios asalariados fue no poder desentrañar la confusión que le produce no saber cómo informar: si como lo quiere Trump o como lo desea Biden (quien guardó silencio). Estos resultados electorales evidencian el fracaso del proyecto Guaidó que fue calurosamente apoyado con igual entusiasmo por republicanos y demócratas a partir de lo cual la cancha “había quedado rayada para la prensa” cipaya que ahora no sabe cómo informar acerca de un gobierno que siempre han sabido inexistente.
Así como lo ocurrido en Rumania no es cuestionable porque el presidente actuó en términos de la constitución y las leyes, lo de Venezuela tampoco lo puede ser porque aquí hay un estado de derecho, nadie ha podido demostrar lo contrario. La administración de Estados Unidos y sus gobiernos subordinados deberían medir las consecuencias jurídicas que significan avalar como nuevo método electoral la autoproclamación en una plaza y se deben atener a las consecuencias.
A favor de la estabilidad de la Unión Europea, espero que el líder del PSD de Rumania Marcel Ciolacu no vaya al Parque Floreasca de Bucarest a autoproclamarse presidente, porque lo más probable es que dando continuidad a su práctica “democrática”, Donald Trump y Josep Borrell lo declaren presidente de Rumania.
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