Enoch Adames M. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Entiendo por “esfera pública”—tal cual la concibe el sociólogo y filósofo alemán J. Habermas—, como el dominio que tiene una sociedad de la vida social a través de la conformación de la opinión pública. “Un espacio abierto a todos los ciudadanos (…). Los ciudadanos actúan como público cuando se ocupan de los temas de interés general sin ser coaccionados”. Agrega Habermas: “Hablamos de una esfera pública política cuando las discusiones públicas se refieren a los asuntos relacionados con las prácticas del Estado”. Es precisamente en el debate público donde ha estado ausente la temática constituyente.
Un tema teórico y práctico
Estamos ante un tema que no es meramente teórico; también es una cuestión práctica de importancia capital. Si no hay deliberación en relación con el proceso constituyente, deliberación que nos concierne a todos, cualquier iniciativa llevada cabo en este momento para tal fin carece de importancia, es absolutamente insignificante. La cuestión es que quienes impulsan el proceso constituyente a través de la formula paralela (partidos políticos y asociaciones de la sociedad civil), no han hecho ningún esfuerzo por generar un debate nacional ciudadano.
La Página Pensamiento Social en su contribución a un pensamiento social reflexivo y crítico en el país, ha aportado insumos conceptuales, metodológicos y estratégicos al contorno de un debate público informado. Los aportes de distinguidos sociólogos, politólogos, juristas, desde perspectivas difícilmente desestimables, deben considerarse si se quiere entrar al “núcleo duro” del debate: ¡que constituyente! ¡qué constitución!
Un Ideal Regulativo
R. Gargarella (politólogo y jurista argentino) plantea la necesidad de partir de un “ideal regulativo” de democracia con tal de poner en evidencia las grandes falencias de lo existente, y con ello establecer lo que no puede preservarse en un futuro cambio constitucional. Comparto el concepto de “democracia deliberativa, que pone en el centro de la justificación de ésta los rasgos de discusión pública e inclusión social”. Esto significa para los efectos prácticos de nuestro país, que las propuestas de procesos constituyentes deben servir “para expandir las posibilidades de un debate inclusivo, igualitario”. Si esto no es así, no benefician en nada.
Por supuesto, que no se trata tampoco de propiciar un “debate de expertos”, y menos de los expertos de la partidocracia, que concentra la discusión en un grupo de ilustrados o burócratas de partidos. Se trata desde ahora, de superar los peores vicios de un régimen político presidencialista; pero también, avanzar en los mejores rasgos de un posible cambio institucional fundado en la participación, la deliberación y la inclusión social.
El pasivo político como obstáculo
No siempre se piensa la política en Panamá desde la perspectiva histórica. Hay una perversa tendencia a concebirla en la coyuntura. Si se le piensa en largo plazo es solo para verla en el prisma que “en política todo es posible”; es decir, una política sin principios.
No obstante, la política en este país esta fuertemente condicionada por la manera en que se han construido los componentes institucionales del sistema político de Estado. Para mencionar solo dos: el régimen político (el presidencialismo) y los partidos políticos (la partidocracia). Por supuesto que están los elementos históricos-culturales que inciden también en la manera de practicar la política (el clientelismo).
Estos tres elementos están fuertemente arraigados en el imaginario político de la población. Es el circulo vicioso “presidencialismo-partidocracia-clientelismo”, que en sinergia producen algo que podríamos llamar, el pasivo político del país. Pasivo político que como deuda al pasado histórico, se constituye en un duro obstáculo para la construcción de una democracia deliberativa e inclusiva.
El Estado y la política
La conformación del Estado y la política en Panamá tienen como constante, la de forjarse mediante un complejo proceso marcado por la dialéctica de dos tensiones. Una historicidad política configurada a partir de fraudes electorales y golpes de estado; y una institucionalidad mediatizada, por las sucesivas intervenciones militares de Estados Unidos. Las solicitadas:1906,1912,1925,1989. Las de facto: 1916,1918,1921,1964.
En esta dialéctica de fraudes, golpes e intervenciones, son cuatro los períodos identificables de los denominados “momentos constitutivos” de las diferentes formas institucionales de la dominación política en Panamá:
El Estado oligárquico-liberal restringido (1903-1932); el Estado oligárquico-liberal ampliado (1932-1968); el Estado militar-desarrollista (1969-1989); y el Estado democrático-neoliberal (1990- ).
En la histórica acumulación política y económica panameña, estas “formas” de Estados articulan modalidades de sistemas políticos presidencialistas (incluso el aporte institucional del llamado período militar al verticalismo político), y constituyen la expresión de las diferentes formas históricas concentradoras y excluyentes de los procesos de dominación política que se han articulado de manera variable, a una matriz transitista de organización socioeconómica del país.
A partir del período post-invasión, esta forma de gobierno que se renueva cada cinco años, se ve acompañada en su accionar como orden político, por los dispositivos que tiene el propio sistema: partidos políticos; disposiciones de centralización y delegación en la toma de decisiones, concentradas estructuras de poder, una cultura política clientelista acorde a las necesidades funcionales de la forma presidencialista de gobierno y una gobernanza altamente centralizada.
Desde esta perspectiva, la gran debilidad estructural del Estado panameño son sus grandes limitaciones para la autodeterminación; y una gran vulnerabilidad política al afirmarse mediante un arreglo institucional presidencialista altamente concentrado, al servicio de un bloque de poder comercial y financiero exportador de servicios, que fundamenta su acumulación en la exclusión y la desigualdad social y regional del país.
Sin institucionalidad participativa no hay desarrollo
Esta institucionalidad que coexiste con una realidad socioeconómica caracterizada por fuertes desigualdades y exclusiones es propensa a no cumplir con los propósitos para las cuales fueron creadas. Es una institucionalidad cuyos contextos son propicios para la manipulación política y sirve de soporte al clientelismo y la corrupción. No olvidemos que la actual institucionalidad surge de una violenta invasión. Pero también, de un programa político de mercantilización de la política y la sociedad, que conllevó la privatización de empresas estatales y el sometimiento de instituciones del estado a los valores de mercado.
Corolario final
La exigencia de una nueva institucionalidad—de un nuevo acuerdo jurídico-político—, no debe hacernos olvidar que la política en Panamá en su concepción se acerca más a la experiencia de mercado, que al servicio público; y los partidos políticos en su actual práctica a empresas comerciales. Con una política sumergida en la coyuntura de las transacciones mercantiles, sólo nos quedan los sectores de la academia, del magisterio, del mundo del trabajo y de la sociedad civil, problematizados por la ecología, la sostenibilidad ambiental, la igualdad social y de género, el trabajo decente, y la sustentabilidad productiva. ¡Qué constituyente! ¡qué constitución! dependerá de la correlación de fuerzas sociales y políticas.
El autor es sociólogo. Académico de la Universidad de Panamá
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