Ecuador en una coyuntura de paradojas

 Se ha clarificado en la región el contenido de la actual coyuntura histórica: hay una confrontación entre bloques de poder empresariales-oligárquicos (cada vez con mayores vínculos mafiosos), dispuestos a defender el sistema de economías para el privilegio privado, rentista y elitista, mientras, en el otro frente se encuentra el conjunto de la ciudadanía, con empresarios menores y diversificadas capas medias, bajas y populares, que anhelan economías sociales para el bienestar colectivo.

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com

Después de una década de dictaduras militares, que felizmente no siguieron el rumbo del terrorismo de Estado que se instaló en el Cono Sur para extirpar al “comunismo” en América Latina, Ecuador inició, en 1979, la más larga fase de gobiernos constitucionales de su historia. Prácticamente se han sucedido cuatro ciclos: el primero, entre 1979-1996 con 5 gobiernos (1 por sucesión constitucional); el segundo, entre 1996-2006 con 7 gobiernos (3 electos y derrocados, más 1 dictadura nocturna); el tercero, entre 2007-2017 con 1 presidente reelegido en 2 oportunidades, y el cuarto, entre 2017-2023, con 2 gobiernos. Han regido 3 Constituciones: 1979, con enfoque desarrollista; 1998, que consagró el neoliberalismo; y 2008, con los principios de una economía social del Buen Vivir. Durante cuatro décadas y media se afirmó la democracia representativa, que no es lo mismo que una democracia social.

 

A partir del desarrollismo inicial, desde 1984 los sucesivos gobiernos, a pesar de sus diferencias ideológicas, consolidaron un modelo de economía empresarial. Se dijo que respondía a las condiciones mundiales determinadas por la globalización transnacional y el derrumbe del socialismo de tipo soviético, que volvían utópica la búsqueda de una sociedad postcapitalista. Pero respondió también a la crisis de la deuda externa, los condicionamientos del FMI y la difusión de la ideología neoliberal. Ese proceso fue interrumpido durante la década 2007-2017, porque logró impulsarse un modelo de economía social distinto, con fuertes capacidades estatales, que desplazó la hegemonía empresarial privada y el privilegio al capital en el Estado. Desde 2017 este ciclo fue revertido por dos gobiernos sucesivos, que recuperaron el modelo empresarial y, además, lo han reforzado con características oligárquicas, similares a las que América Latina mantuvo hasta mediados del siglo XX y que Ecuador desarrolló particularmente entre 1912-1925, durante la primera “época plutocrática”.

 

La evolución del Ecuador no está alejada de lo que ocurrió en América Latina. Los gobiernos empresariales, inspirados en el neoliberalismo, han sido devastadores en la región, al impedir transformaciones sociales para el bienestar colectivo. El privilegio de los negocios privados, afectando todo tipo de capacidades estatales, desnaturalizó el desarrollo económico, convirtiendo a la democracia representativa y al régimen político en instrumentos de afirmación del poder de los grandes grupos económicos y de garantía de las rentabilidades privadas. Los gobiernos progresistas del primer ciclo, que articularon economías sociales, fueron gravemente perseguidos y sus logros destruidos por la recuperación del poder por parte de las derechas políticas más radicales, las elites ricas y los grupos económicos. Desde 2017 en Ecuador se produjo una literal destrucción de fuerzas productivas, al descuidarse servicios que ya estuvieron avanzados y al abandonar, bajo su natural deterioro, a las mayores obras e infraestructuras construidas en una década. Es un fenómeno históricamente inédito.

Los gobernantes del segundo ciclo progresista, que no han logrado un frente común por las evidentes debilidades y claudicaciones políticas en varios países, no por ello han dejado de ser asediados desde el primer momento por las elites económicas y las fuerzas políticas desplazadas, que buscan cohesionar bloques de poder unidos con el único propósito de impedir una nueva afectación a sus intereses. El golpismo despierta en Colombia. Mientras en Ecuador el gobierno de Guillermo Lasso, deslegitimado socialmente y confrontado con antiguos aliados de la derecha política, ensaya todo tipo de acciones para sostenerse ante un juicio político en marcha, sin dejar de contar con el respaldo del grueso del bloque de poder empresarial, político y mediático, que a toda costa busca impedir el retorno del “correísmo” o de lo que cree que es.

 

Se ha clarificado en la región el contenido de la actual coyuntura histórica: hay una confrontación entre bloques de poder empresariales-oligárquicos (cada vez con mayores vínculos mafiosos), dispuestos a defender el sistema de economías para el privilegio privado, rentista y elitista, mientras, en el otro frente se encuentra el conjunto de la ciudadanía, con empresarios menores y diversificadas capas medias, bajas y populares, que anhelan economías sociales para el bienestar colectivo. En esta confrontación central, la misma democracia representativa está en jaque, porque las derechas empresariales y políticas (neo-derechas) se volvieron anti democráticas, rechazan el pluralismo, condenan a los movimientos sociales y no están dispuestas a que su poder acabe en manos de “comunistas”, “terroristas” o “progresistas”. 

Lo paradójico es que también en las filas de las izquierdas hay ambigüedades. En Chile partidos como el Comunista se unen a las derechas pinochetistas que ahora hegemonizan el proceso constituyente; mientras en Ecuador partidos de la izquierda tradicional, junto con una serie de líderes y dirigentes del FUT, Pachakutik y CONAIE apuntalaron al gobierno de Lenín Moreno y lo repitieron con el de Guillermo Lasso. En el juicio político que deberá afrontar el presidente, son asambleístas de Pachakutik, la Izquierda Democrática y varios “independientes” los que han anticipado pronunciamientos en defensa del mandatario (https://bit.ly/42Sf5HH).

Ecuador, país poco estudiado en el contexto latinoamericano, tiene singulares experiencias históricas que pueden compararse con otros. Hasta 2016, llegó a ser el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por Chile (los informes y estudios al respecto son contundentes; entre tantos: https://bit.ly/3M1GqAD ; https://bit.ly/3I8oQK9 ; https://bit.ly/3nWliDE ; https://bit.ly/42Dl2sn ; incluso un Informe de la Policía Nacional en 2016, que ya no está en la página web: https://bit.ly/42UknSW). Pero ahora, de la mano de gobiernos derechistas, es el país más inseguro (https://bit.ly/42UC4Ss ; https://bit.ly/3Bn7rJJ ; https://bit.ly/3Bmaim7), en una región en la que se extiende, en forma imparable, la delincuencia internacional. 

 

Hace poco se aprobó en Chile la jornada laboral de 40 horas semanales, una conquista conseguida en Ecuador en 1979. En ambos países las consignas empresariales desnaturalizaron esa jornada, sujeta ahora al reparto semanal a conveniencia del capital. La nueva Constitución chilena va a ser fruto de un proceso hegemonizado por el pinochetismo y las derechas, está sujeta a una comisión de expertos (puede seguirse los esclarecedores análisis del historiador chileno Sergio Grez); pero en Ecuador, una asamblea constituyente, que se asumió por encima de los intereses nacionales y populares, aprobó la neoliberal Constitución de 1998, que ahora añoran los grupos de poder, en contra de la progresista Constitución de 2008. En Chile, el presidente Garbiel Boric ha frustrado las esperanzas del progresismo latinoamericano; mientras en Ecuador el presidente Lasso ha frustrado las de sus aliados, que ven con terror el posible retorno del “correísmo” y, por tanto, concluyen en defenderlo, a pesar de que claman contra su ineptitud. En Argentina se discute la posibilidad de “dolarización” monetaria, que en Ecuador se adoptó en 2000, por presión de un sector empresarial y del capital financiero.

En Ecuador hay un amplio sector social progresista, democrático y de izquierdas que anhela ser representado por alguna fuerza política renovadora que supere la vía empresarial oligárquica en que se halla el país y que solo ha traído el estancamiento del desarrollo nacional con el privilegio a las élites del capital privado.