Con el crepúsculo del régimen de acumulación neoliberal, nuevamente el Estado ha vuelto a retomar un protagonismo de primer orden mediante aranceles, políticas industriales, endeudamientos públicos, geofragmentación de las cadenas de valor e, incluso, redefinición de las propias fronteras estatales.
Álvaro García Linera / Diario Red
En política, la situación es aún peor. Se observa el crepúsculo de la ideología globalista, polarización política, ascenso de las extremas derechas autoritarias, colapso de los sistemas de partidos tradicionales, ascenso de las pasiones oscuras, frustración y resentimiento social desbordado e incertidumbre general. Y, paralelamente, una intensificación de los “desequilibrios globales” con el incremento de la deuda pública, del proteccionismo o del poder estatal para chantajear, usurpar e invadir naciones. Se trata de los síntomas clásicos de toda crisis de Estado que, a lo largo de los distintos ciclos históricos, desencadena un movimiento paradójico y simultáneo de espasmódicas contracciones y expansiones estatales.
Por una parte, el declive estructural de los consensos y las alianzas sociales, que mantuvieron la estabilidad de un régimen de acumulación económica, debilita la autoridad de las clases gobernantes. Las decisiones que toman los gobernantes tradicionales carecen de apoyo activo de la población y son cuestionadas por fracciones opositoras de las propias clases dominantes. El ejercicio del dominio se vuelve tortuoso y se ve obligado a remontar, a cada momento, obstáculos, disensos y resistencias crecientes. Es la “crisis de autoridad” de la que habla Gramsci (Cuadernos de la Cárcel, C.3. §34).
Pero no solo es un tema de descomposición de la capacidad de hacerse obedecer por parte de los gobernantes tradicionales, sino que además es también un momento de recorte de la capacidad distributiva del Estado, que se repliega a políticas de austeridad, recorte de derechos y contracción económica.
Esto llevará a las clases dirigentes en ocaso hegemónico a replegarse y protegerse en el poder del Estado, en los monopolios que el Estado preserva como acumulación de fuerza y capacidad decisoria. Se trata, entonces, de un protagonismo estatal no por irradiación expansiva, sino por compactación defensiva en la que el poder de decisión estatal tiende a garantizarse más en la imposición que en el convencimiento, propios de las crisis estatales. Deteriorados los componentes de legitimidad de clase y de la legitimidad estatal, este uso de la fuerza estatal no es una exhibición de autoridad, sino de su debilidad, pues la autoridad más sólida es la que ha sido interiorizada y normalizada en los propios actos de los ciudadanos.
Pero el protagonismo estatal y la apelación a la fuerza del Estado, en tiempos de transición liminal, también tiene una segunda cualidad paralela, esta sí, disruptiva y creadora.
La fragmentación de los acuerdos y alianzas sociales que mantuvieron el ciclo de estabilidad del régimen de acumulación da paso a una renovada lucha de fracciones y alternativas por reencauzar el crecimiento económico y la cohesión social.
Mientras se trate de proyectos de oposición gubernamental, su fuerza radica en el apoyo que logran obtener de sectores sociales descontentos y del conjunto de estructuras sociales que esos respaldos pueden movilizar (“opinión pública”, asociaciones ciudadanas, sindicatos, comunidades agrarias, centros de estudio, grupos de presión empresarial, etc.).
Se trata de una fuerza organizativa y simbólica que tiende a instalarse como sentido común cuanto más deteriorada esté la economía, más acentuada la parálisis política y la “crisis de autoridad” del bloque del viejo poder.
A partir de ello, pueden derivarse varios posibles cursos de transición: el llamado “empate catastrófico”, en el que ninguna de las fuerzas en pugna puede imponerse a la otra, entrando en un periodo de agotamiento mutuo que podrá ser remontado por una fuerza externa (invasión) o una “solución de compromiso” (cesarismo), dirigida por una “personalidad heroica” o un régimen parlamentario de coaliciones, etc.
Otra opción es que la fuerza de transformación se imponga y ocupe las instituciones del Estado para llevar adelante las reformas propuestas. Pero también, excepcionalmente, pueden darse procesos revolucionarios que transformen radicalmente la estructura estatal.
En todos los casos, el Estado asume un protagonismo canalizador y dirimidor de la conflictividad social, ya sea de manera temporal o duradera.
Los bloques sociales emergentes concurren al poder del Estado no de manera pasiva o administrativa. No lo pueden hacer porque se está en medio de una crisis económica y política que reclama acciones rápidas y efectivas para atender las demandas que agobian a la sociedad. No hacerlo los llevaría a ser devorados por la vorágine de los problemas que precisamente permitieron su rápido ascenso político.
Y la única manera de intentar resolver los conflictos y penurias sociales de manera rápida será mediante acciones del poder del Estado, que posee el monopolio de los efectos vinculantes, inmediatos y universales a todo el país de cada decisión que toma.
A través de la fuerza económica del Estado, se pueden imponer decisiones a aquellas fracciones del antiguo bloque de poder que se oponen militantemente a los cambios que pueden afectar sus intereses materiales particulares. Pero también, y por lo general, para forzar los “sacrificios” a aquellas mayorías sociales sobre cuyos recursos y derechos se busca cimentar el nuevo ciclo de acumulación empresarial.
Con el poder del Estado y el monopolio de la legalidad, se puede incorporar al nuevo curso político a aquellos otros sectores sociales que se mantienen pasivos en el conflicto, pero sin cuya tolerancia o apoyo a las determinaciones públicas no se puede avanzar en la resolución de los antagonismos sociales.
A través del poder económico del Estado, se puede reorganizar la asignación de recursos monetarios en favor de tal o cual sector social para apaciguar demandas y lograr apoyo político; se pueden modificar tipos de propiedad (monetaria, de bienes inmuebles, de empresas, crediticia, accionaria, cultural, simbólica, etc.) para reorganizar el aparato económico de toda la sociedad en búsqueda de un nuevo régimen de acumulación que retome el crecimiento.
En las crisis económicas que dan lugar a crisis de Estado y de autoridad, es el Estado el que asume un papel decisivo en la construcción de iniciativas que intentan remontar el origen de esa crisis. En estos casos, su intervención tendrá una cualidad constructora del nuevo orden, buscando apuntalar ese papel “creativo” en la propia disponibilidad, expectativa y, a veces, acciones parciales, que la misma sociedad viene desplegando frente al peso de la crisis. De hecho, las crisis de Estado siempre vienen acompañadas de extraordinarios márgenes de tolerancia a arbitrariedades estatales que pretendan resolver las aflicciones que embargan a la sociedad.
Todo ello lleva a que, en el tiempo liminal, los Estados concentren toda su fuerza social monopolizada —coercitiva, legal, económica, y de legitimación — para que los bloques sociales emergentes impulsen agresivos intentos de posibles nuevos órdenes socioeconómicos, acelerando las transformaciones internas de cada país. Igualmente, coadyuvan a la caída de las viejas ideologías de legitimación y del propio orden global de relaciones interestatales hasta entonces vigente.
Este papel decisivo de la acción estatal en los procesos de transición económica fue clara y magistralmente advertido por Marx hace más de 150 años. En el capítulo XXIV de El capital, estudia el proceso histórico de la acumulación originaria que dio lugar al capitalismo. Pero también es un capítulo sobre el papel decisivo que desempeñan los Estados en los tiempos de transición social. En esas circunstancias, el Estado, como “fuerza concentrada y organizada de la sociedad” se presenta como una “potencia económica” que viabiliza, como una “partera”, el paso de una forma de sociedad vieja a otra nueva (El capital, Tomo I).
Pero no solo en los inicios del capitalismo sucede todo ello. Como el pecado original de la teología, las cualidades de la acumulación originaria estarán presentes, de manera intermitente, a lo largo de toda su historia. En momentos del curso regular y estable de la sociedad moderna, el orden y la reproducción del capitalismo contemporáneo se mantienen por la presencia de la “coacción sorda” de la educación, el hábito y la tradición de las “leyes naturales de la producción”. Pero en tiempos “excepcionales”, de crisis, la fuerza estatal vuelve a su protagonismo de “potencia económica”, cuya acción permite el tránsito de un régimen de acumulación capitalista viejo a otro nuevo. Esto ha de suceder de manera cíclica en la historia del capitalismo.
Los recursos señalados por Marx, a la hora de estudiar el protagonismo de la fuerza económica estatal en los momentos de transición social, son sorprendentemente actuales:
A) Expropiación privada de bienes públicos.
B) Expropiación privada de bienes comunales.
C) Cambios en la legislación laboral que regulan el tiempo, la intensidad y el monto salarial.
D) Transformación de “recursos nacionales” que beneficiaban a los trabajadores en “fuentes de acumulación de capital”.
E) Reorganización del mercado interno, del modo de acceso a los alimentos y a los medios de trabajo.
F) Conquista y saqueo de regiones mediante modificaciones del “sistema colonial” y de las fronteras estatales.
G) Guerras comerciales entre potencias económicas.
H) Proteccionismo como “modelo artificial de fabricar fabricantes”.
I) Uso de la deuda pública para transformarse en capital empresarial.
J) Reorganización del sistema crediticio internacional.
En las fases de transición de un modelo de acumulación a otro, la fuerza estatal podrá apelar a varias de estas acciones y a otras nuevas adecuadas a las nuevas circunstancias. También es el momento de ensayar nuevos mecanismos de gobernabilidad y legitimidad. Pero siempre será el Estado el escenario privilegiado donde buscarán cristalizarse institucionalmente las nuevas correlaciones de fuerzas sociales y proyectos históricos en pugna. Y, además, el Estado será la materialidad política fundamental que será empleada para impulsar las características del nuevo orden económico y político emergente.
Los diferentes periodos de transición liminal que se han dado en el último siglo muestran este mismo patrón de comportamiento estatal.
El fin del ciclo liberal decimonónico (1870-1915) y el inicio del tiempo liminal vinieron de la mano de la Primera Guerra Mundial interestatal, la reorganización del dominio colonial de los Estados imperiales, el repliegue hacia una economía nacional de guerra (Alemania, Rusia), la apuesta por el Estado de bienestar (EE. UU.) y, finalmente, una nueva guerra entre Estados (Tooze, El Diluvio, 2014) El nuevo ciclo de acumulación fordista-taylorista, en Occidente, se consagró con los acuerdos de Bretton Woods, que crearon el FMI y el Banco Mundial para financiar la reconstrucción de las economías nacionales, el patrón de intercambiabilidad de las monedas nacionales en relación al cambio fijo del dólar respecto al oro, procesos de industrialización, en algunos casos con parcial sustitución de importaciones; y una etapa de descolonización y división geopolítica del mundo en dos grandes áreas de influencia global a cargo de EE. UU. y la URSS (Steil, The Battle of Bretton Woods, 2013).
El fin del ciclo de acumulación fordista-taylorista (1940-1970) tuvo en las agresivas iniciativas estatales norteamericanas su eslabón decisivo. El orden internacional de Bretton Woods fue desmantelado por las decisiones gubernamentales del presidente Nixon, que puso fin a la convertibilidad del dólar en oro. Esto permitió ajustar la oferta monetaria con políticas expansivas, financiar el déficit fiscal y ampliar la deuda pública sin necesidad de respaldar las emisiones monetarias con reservas en oro. Paralelamente, se reordenó el comercio mundial al subir los aranceles a las importaciones, obligando a los países a revaluar sus monedas. También se congelaron salarios (Garten, Three Days at Camp David, 2021).
Inmediatamente después, con Reagan, el Estado continuaría como una super potencia económica transformadora al reducir los impuestos a las empresas, desregular la economía, recortar el gasto público —el llamado salario indirecto de los trabajadores — y estrangular la filiación sindical. Desde allí se impulsaron las políticas de libre comercio a escala global mediante la acción coercitiva de los Estados y los brazos operativos de los organismos internacionales. En el caso del FMI, se hizo por medio de los Programas de Ajuste Estructural o los Acuerdos de Derechos de Giro. En tanto que el Banco Mundial implementaría sus Acuerdos de Préstamo para el Ajuste Estructural. Tras el colapso de la URSS, esto se extendió a Europa del Este y Asia, consolidando a EEUU como el único hegemón mundial.
Y hoy, con el crepúsculo del régimen de acumulación neoliberal, nuevamente el Estado ha vuelto a retomar un protagonismo de primer orden mediante aranceles, políticas industriales, endeudamientos públicos, geofragmentación de las cadenas de valor e, incluso, redefinición de las propias fronteras estatales.
Pero, lo que resulta lamentable es que esta dualidad de comportamiento de los regímenes estatales en tiempos de crisis —contracción y expansión simultáneamente— hoy es ininteligible desde las distintas teorías “mainstream” del Estado vigentes en el debate político y académico. Ni las lecturas de la “gubernamentalidad”, ni los “checks and balances”, ni el anclaje “institucionalista”, ni el “neoweberianismo” del “Estado garante” son útiles hoy para comprender la naturaleza de las actuales mutaciones estatales. Mucho menos para direccionarlas.
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