Argentina: lawfare desatado

 La enésima conspiración para encarcelar ilegalmente a Cristina Fernández de Kirchner es un recordatorio para todos los habitantes de América Latina de que las derechas tienen en el lawfare (uso político del aparato judicial) una de sus principales armas para desmantelar opciones progresistas y destruir a sus adversarios. 

Editorial de LA JORNADA (15 de noviembre de 2024)

La Cámara Nacional de Casación de Argentina confirmó el miércoles la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en la causa conocida como Vialidad, referente a la compra de una obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz. Los únicos elementos de prueba presentados por los jueces en este proceso –por el que también se ha condenado a otros ex funcionarios– son noticias falsas inventadas por medios de comunicación que lamentaron el fracaso del atentado contra Fernández en septiembre de 2022. Al contrario de la incesante persecución que ha padecido la líder peronista, la investigación por el intento de asesinarla se encuentra totalmente paralizada.

El Poder Judicial y la reversión política en América Latina

 La división de poderes se elimina, otorgándole una función deliberativa al Poder Judicial, único poder no electo, capaz de revertir procesos. Son los golpes de Estado de guante blanco.

Marcos Roitman /LA JORNADA

Gramsci no es sólo patrimonio de la izquierda, tampoco lo es el pensamiento marxiano. La derecha teórica es consciente de la capacidad explicativa y comprensiva de los descubrimientos realizados por el pensamiento crítico, lo suficiente para anclar en ellos sus proyectos de dominación. Sabedores de su importancia, abrevan en sus fuentes. De esta manera, se apropian de ideas fuerzas, reinventan los mecanismos de control social y profundizan en su propuesta política.

Las nuevas armas de la represión reaccionaria

 El caso de Fernández Kirchner revela  las dos grandes armas que hoy usa la represión reaccionaria. De la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se ha pasado al asesinato moral mediante el linchamiento mediático  y también al asesinato judicial.

Carlos Figueroa Ibarra / Para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

Cristina Fernández fue condenada el 6 de diciembre a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en un juicio amañado y que no contó con pruebas para sentenciarla por “administración fraudulenta en perjuicio de  la administración pública”. El propósito era condenarla a doce años de cárcel pero el delito de asociación ilícita  fue desestimado. Finalmente el tribunal compuesto por tres jueces vinculados al establishment reaccionario argentino ha logrado su cometido: manchar la imagen de la ex mandataria y actual vicepresidenta argentina y crear condiciones para que no participe como candidata  presidencial en los comicios de diciembre de 2023.

El lawfare en América Latina: guerra contra la política

 Los últimos acontecimientos regionales vuelven a poner en evidencia la actualidad y la eficacia de la guerra política por vía judicial. ¿Qué es el lawfare? ¿Quiénes son sus actores protagónicos? ¿Qué incidencia tienen en él los Estados Unidos?

Silvina Romano / ALAI

América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El lawfare, inicialmente asociado a una «guerra contra la corrupción», se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que no se restringe a la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos.

Golpe blando en Perú

 En el caso del Perú más temprano que tarde, la insurgencia popular volverá a tomar fuerza para revertir por vías democráticas  la presidencia y darle de nueva cuenta una lección a la oligarquía y a los parlamentarios conservadores peruanos.

Adalberto Santana / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad de México

El golpe de Estado en el Perú fue contra el presidente Pedro Castillo Terrones, quien venía padeciendo un constante acoso por parte de los partidos políticos opositores a su gobierno, especialmente los mayormente identificados con las fuerzas de la derecha peruana. También en buena medida no le simpatizaba a la oligarquía económica y política un presidente  de auténtico origen campesino, profesor normalista y sindicalista del magisterio quien  es identificado con las corrientes de la izquierda de su país y del continente. 

Lawfare contra Cristina o el Sanedrín argentino

 La instrumentación del derecho con fines políticos es una de las estrategias preferidas del fascismo que, aunque cueste, debemos reconocer que ha regresado, y lo ha hecho en todo el mundo.

Baltazar Garzón / Página12

El derecho es, ante todo, un instrumento facilitador de la convivencia humana pacífica, ya que pretende resolver los conflictos acudiendo a reglas, normas y principios previamente definidos, aplicados por un tercero independiente e imparcial, es decir, un juez, que evalúa las pruebas y los argumentos que sustentan una y otra posición en tal conflicto. 

Guatemala y el lawfare: el caso del juez Miguel Ángel Gálvez

 En Guatemala se ceban contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien está llevando adelante el juicio conocido popularmente como del Diario Militar, en el que se está juzgando a responsables de desapariciones y asesinatos que aparecen consignadas en un documento conocido con ese nombre, que fue publicado por primera vez en mayo de 1999.

Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

La profesora, escritora y activista catalana Arantxa Tirado publicó en marzo de 2021 el libro titulado El lawfare: Golpes de Estado en nombre de la ley, en donde a través de un pormenorizado análisis muestra cómo esto que se conoce hoy como el lawfare se ha constituido en uno de los métodos preferidos para impedir el acceso o desbancar del poder a políticos progresistas o de izquierda, especialmente en América Latina.

Argentina: El cóndor vuela

 El Lawfare en su nueva versión concentrada, capitaliza los logros anteriores de disciplinamiento social y político con los que neutralizó durante estos años los mecanismos tradicionales de control del sistema democrático.

Carlos Alberto Rozanski / Página12

El Plan Cóndor I fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña (CELS).

Lula y el lawfare en América Latina

 Lula es un ejemplo relevante, pero solo un ejemplo, de la manipulación generalizada que se hace del Poder Judicial en nuestros días, y de ahí la importancia que se le asigna al nombramiento de magistrados y jueces porque están en juego grandes intereses.

Rafael Cuevas Molina/ Presidente AUNA- Costa Rica

Después de dar tumbos en juzgados de todos los niveles de Brasil, pasó lo que desde el principio todos sabíamos que tarde o temprano sucedería: se evidenció que las acusaciones contra Lula da Silva eran un montaje. Mientras eso llegaba a suceder lo sacaron de la carrera por la presidencia, lo metieron en un calabozo, lo usaron como ejemplo de la corrupción que arguyen que corroía a los gobiernos nacional progresistas, y le hicieron vivir dramas familiares terribles.

El Lawfare como arma del neoliberalismo y neofascismo

Con el Lawfare ya no es necesario el asesinato de gobernantes progresistas o dirigentes políticos y populares de gran arraigo. Tampoco son necesarios los  sangrientos golpes de estado (Guatemala 1954, Chile 1973). Basta  con tener autoridades judiciales facciosas y linchamientos mediáticos. 

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

En noviembre de 2001 el distinguido abogado y general de aviación Charles Dunlap Jr. impartió en  Harvard una memorable conferencia en la que acuñó el término “Lawfare” que en español  significa “Guerra Judicial”.  A diferencia del general prusiano Carl Von Clausewitz quien definió a la guerra  como “la continuación de la política por otros medios”, Dunlap definió al Lawfare como como la continuación de la guerra por medios jurídicos. Pese a dicha diferencia, ambos aforismos tienen un mismo sustrato: la esencia de la política y la guerra  es que ambas son actos de poder.  Para Dunlap, el Lawfare es el uso del derecho como un arma de guerra que paradójicamente evita las operaciones militares y por tanto el derramamiento de sangre. En su versión más ortodoxa,  el Lawfare es un acto jurídico que es ejercido  por militares con objetivos militares. En suma, es un operativo militar realizado con procedimientos jurídicos. Solucionar un diferendo territorial entre países a través de una resolución judicial internacional, una acción judicial que posibilita a un país bloquear económicamente a otro país, el uso del Derecho Internacional Humanitario para neutralizar las posibles acciones militares de un enemigo más poderoso, son algunos ejemplos de Lawfare. Por ello sus partidarios dicen que es un procedimiento loable y  emparentado con el referido Derecho Internacional Humanitario.

América Latina: La guerra jurídica contra la democracia

En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e ‘indictments’ remitidos por la justicia estadounidense.

Enrique Santiago Romero / eldiario.es

El 1 de septiembre de 2016 el Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país en un “juicio político” en el que resultó condenada por supuestamente haber manipulado el presupuesto público.

Entre el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el año 1994.